Gobierno y Administración Pública en América Latina y el Caribe: escenarios y desafíos poscovid-19

Al finalizar la segunda década del siglo XXI, el panorama económico mundial mostraba una constante desaceleración. Ya en 2019, la economía decreció de manera drástica, afectando a la industria y al comercio de las economías más avanzadas, así como a los mercados emergentes y en desarrollo, con las proyecciones de menor crecimiento económico desde la crisis financiera internacional de 2009 (FMI, 2019). “En particular, el pasado año 2019 fue el de peor desempeño desde 2009, con una tasa de crecimiento económico mundial de solo un 2,5 %” (Cepal, 2020, p. 17).

     El estallido del coronavirus (covid-19), declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020, genera escenarios económicos aún más dramáticos, en los que se estima una contracción mundial de hasta el 0,9 %, muy inferior al crecimiento previsto de 2,5 % para el año 2020, lo que implica una mayor recesión económica que la registrada durante la crisis financiera del año 2009 (UN, 2020). El confinamiento requerido para enfrentar esta pandemia afecta a una ya debilitada economía mundial. “En la medida en que aumenta la incertidumbre sobre la intensidad y duración esperables de la pandemia, las economías y las sociedades se cierran y paralizan. Los efectos de corto e incluso mediano plazo pueden ser devastadores” (Cepal, 2020, p. 9). Si a esto se suman los efectos colaterales de gran incidencia en la economía global, como la baja en los precios del petróleo, una considerable contracción en la demanda de productos y serias dificultades para el sector financiero global, es complejo pronosticar la real magnitud de la crisis (Banco Mundial, 2020).

     Para la región latinoamericana el panorama es aún más desalentador, ya que al debilitamiento de la economía mundial se suma la excesiva dependencia en la exportación de productos primarios, así como la recepción cada vez menor de flujos financieros y por el contrario un permanente aumento de los niveles de endeudamiento (Cepal, 2019); a lo que se debe incorporar factores de orden político, como el despiadado peso de la corrupción y el populismo durante la última década, inestabilidad política y debilidad institucional; así como factores de orden social como la desigualdad, poblaciones en situación de migración, desempleo, pobreza y pobreza extrema (Grynspan & Kliksberg, 2008). Por último, si los países de América Latina y el Caribe han superado en su historia restricciones económicas similares a las vigentes, la pandemia “añade una nueva dimensión, ya que las medidas necesarias para contener el brote de la epidemia también dan como resultado un gran shock de oferta” (Banco Mundial, 2020, p. 5). Con esta compleja realidad la región debe enfrentar esta pandemia, con desenlaces más que inciertos.

     Por otra parte, ha transcurrido un cuarto de siglo desde que la región colocó a la modernización del Estado entre los temas más recurrentes tanto para el discurso público, como para el discurso académico, con el objetivo de convocar a un nuevo contrato social (Ilpes, 1995). Desde entonces la región ha transitado, por un lado, por la inevitable globalización (Friedman, 2000), apertura de mercados, privatizaciones, reducción del aparato estatal y demás fórmulas propias del neoliberalismo (Friedman & Friedman, 1983); por otro lado, por el sindicalismo, estatismo, nacionalismo, desarrollismo (Bresser-Pereira, 2017) y demás fórmulas extremas del socialismo (Dieterich, 2000). Los movimientos del péndulo han generado un debate permanente e infructuoso entre Estado o mercado, que no ha logrado ni redistribuir la riqueza ni impulsar el desarrollo económico sostenible en la región.

     Sorteando estas oscilaciones, la Administración pública en América Latina y el Caribe muestra una evolución más lineal (Oszlak, 2003; Longo, 2005, 2008), que parte de la visión ortodoxa de la Administración pública, influenciada por el modelo ideal de Weber (Weber, 2014) y la organización científica del trabajo de Taylor (Neffa, 1998), entre los principales; para evolucionar en la nueva gestión pública (Dunleavy & Hood, 1995) o revolución de la gestión (Drucker, 1996), con todas sus variantes de modelos gerenciales de la Administración pública (Falcao Martins, 1997; Barzelay, 2003), unos más cercanos que otros al mercado y a la incorporación del ciudadano a la toma de decisiones públicas (CLAD, 1998).

     A partir del 2011 se posiciona en la cúspide de esta evolución la filosofía política de gobierno abierto (Ramírez-Alujas, 2011; Oszlak & Kaufman, 2014), que resalta varios pilares fundamentales para la administración y las políticas públicas, como son la transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas (CLAD, 2016; Cepal, 2018). La modernización del Estado (Ilpes, 1995), bajo el enfoque de incorporar a la gestión pública la revolución científica, tecnológica y de transformación de información en conocimiento, en los últimos 25 años ha logrado importantes avances en las administraciones de la región en materia de gobierno electrónico (Valenti, et al., 2004; Naser & Concha, 2011), transparencia de la información (Hofmann, 2015), datos abiertos (Muente-Kunigami & Serale, 2018) y en general políticas de innovación pública (Acevedo & Dassen, 2016; Pont Vidal, 2016) que consolidan la noción política de un Estado abierto (Naser, et al., 2017).

     Los avances en mayor o menor grado que presenta la gestión pública al 2020 se ven superados por el embate del populismo, la tecnoburocracia que lo acompañó (De la Torre, 2015) y la corrupción, que en la última década se implantó alcanzando niveles nunca antes vistos (Stanford Law School, s/f). La corrupción, además de mermar los presupuestos públicos, tan abundantes durante la primera década del siglo XX en la región, debilita la sociedad en todos sus pilares, desde la degeneración de los valores primordiales en una sociedad, a la afectación a los niveles de apoyo al sistema democrático, sistema judicial, organismos de seguridad, sector empresarial, como principales ejemplos (Morales, 2009; Saiz Vélez, et al., 2012). En medio de esta pandemia y crisis económica mundial, la lucha contra la corrupción se presenta como uno de los principales retos y requerimientos para que Latinoamérica pueda enfrentarlas.

    La realidad regional descrita, a puertas de la tercera década del siglo XXI, demanda también nuevos enfoques epistemológicos, con los que se pueda categorizar y clasificar los variados paradigmas con que se examina y estudia al gobierno y la Administración pública. La crisis económica global y la pandemia dejan la percepción de que asistimos a “un cambio de época que va de la mano con la perplejidad ante la velocidad de las transformaciones” (Cepal, 2020, p. 11). La realidad mundial y en particular regional conmina a un momento de reflexión histórica para encaminar esfuerzos investigativos, debatir y presentar nuevas inquietudes sobre los principales problemas y desafíos de gobierno y Administración pública para la región, entre ellos:

  • ¿Cuáles son los nuevos escenarios, retos y limitaciones en materia de gobierno y Administración pública en América Latina a partir de la pandemia del covid-19?
  • ¿Cómo se reconfigura el rol del Estado para enfrentar la tercera década del siglo XXI?
  • ¿Cuál será el rol del ciudadano, la empresa y el sector privado en general, en la gobernanza y el ciclo de las políticas públicas en América Latina?
  • ¿Qué resultados y perspectivas de gobierno abierto presenta la región?
  • ¿Hacia dónde se dirigen los avances en innovación y aplicación de tecnologías en la gestión pública en América Latina?
  • ¿Cómo asegurar la implementación de la ética, transparencia y lucha contra la corrupción en el Estado?
  • ¿En qué consisten los nuevos paradigmas epistemológicos en materia de gobierno y Administración pública en América Latina a partir de la pandemia del covid-19?

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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