Las bases sociales del macrismo: accionar y reclamos de la burguesía argentina, 2009-2015

The Social Bases of Macrism: Actions and Claims of the Argentine Bourgeoisie, 2009-2015

Gonzalo Sanz Cerbino

Investigador asistente del Centro de Estudios Regionales y Urbanos (CEUR) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina

Correo electrónico: camilogx@yahoo.com

Nicolás Esteban Grimaldi1

Investigador en el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics), Argentina

Correo electrónico: grimaldi.nicolasesteban@gmail.com

Enviado: 22-mayo-2019. Aceptado: 30-junio-2019.

Resumen

Nos proponemos analizar los reclamos y acciones de las fracciones agropecuaria e industrial de la clase dominante argentina entre los años 2008 y 2015, buscando reconstruir el proceso de génesis de la alianza que impulsó el recambio político instrumentado en 2015. Analizaremos el accionar de las organizaciones corporativas del agro, la industria y los frentes comunes a ambas, articulando una metodología cualitativa (para analizar posicionamientos y alianzas) con una cuantitativa (para analizar las protestas). Reconstruiremos diversos momentos de conflicto, en los que distintas fracciones de la clase dominante fueron rompiendo con el Gobierno encabezado por Fernández de Kirchner y pasaron a conformar la alianza opositora: el conflicto agrario de 2008, las protestas agrarias de 2009 a 2015, la formación de una oposición industrial y la confluencia de ambas fracciones en el Foro de Convergencia Empresarial a partir de 2014. Esta reconstrucción nos permitirá afirmar, a contramano de las interpretaciones dominantes, que el principal componente de la alianza opositora al Gobierno no es la burguesía agropecuaria, cuya debilidad quedó de manifiesto en su incapacidad para erigirse en alternativa política luego del 2008, sino la gran burguesía industrial, cuyo paso a la oposición en 2013 permitió inclinar la balanza en favor del recambio político.

Palabras clave: burguesía agraria, burguesía industrial, renta agraria, kirchnerismo, macrismo, Argentina, política económica.

Abstract

We intend to analyze the claims and actions of the agricultural and industrial fractions of the Argentine ruling class between 2008 and 2015 with the aim of reconstructing the origin of the alliance that drove the political change implemented in 2015. We will analyze the actions of the agricultural and industrial interest groups and the fronts common to both; to do this we will combine a qualitative methodology (to analyze positions and alliances) with a quantitative one (to analyze the protests). We will reconstruct diverse moments of conflict such as the agrarian dispute of 2008, the agrarian protests from 2009 to 2015, the formation of an industrial opposition, and the convergence of both factions in the 2014 Business Convergence Forum, in which different fractions of the ruling class broke up with the government headed by Fernandez de Kirchner and went on to form the opposition alliance This reconstruction will allow us to affirm, in contrast to the dominant interpretations, that the main component of the government´s opposition is not the agricultural bourgeoisie, whose weakness was evident in its inability to set itself up as a political alternative after 2008, but the big industrial bourgeoisie that as a result of joining the opposition in 2013 was able to tip the scales and trigger political change.

Keywords: agricultural bourgeoisie, industrial bourgeoisie, ground rent, Kirchnerism, Macrism, Argentine, economic policy.

1. Introducción

Los Gobiernos instalados en América Latina durante la primera década del siglo xxi, comúnmente llamados “populistas”, dieron origen a profundas discusiones y debates en torno a su caracterización: populistas, progresistas, hiperpresidencialistas o, la que aquí abonamos, bonapartistas2 (Laclau, 2005; Biglieri y Perelló, 2007; Massetti, 2007; Belloni y Peinado, 2013; Svampa, 2006; Grimaldi, 2018a). Tanto el surgimiento de estas experiencias (Coggiola, 2007), como su momento de crisis (Sader, 2016), han sido analizados. Esta última, la crisis (y el giro político a escala continental), ha sido explicada por el ascenso de una “nueva derecha”, caracterizada por no apelar necesariamente a mecanismos extrainstitucionales, poseer un discurso moderado, la ausencia de una agenda reprivatizadora, una alianza geopolítica con EE. UU., propuestas de distribución de ingresos a favor del capital, no adoptar un discurso crítico de la política social aunque tampoco profundizarla y por poseer un discurso republicano y democratizante (Segrera, 2016).

Para el caso argentino, esta matriz interpretativa fue utilizada para explicar el ascenso de Macri a la Presidencia, centrándose principalmente en su capacidad para interpelar a los sectores de la “clase media-alta” que rompieron con el “populismo de minorías” en que habría derivado el kirchnerismo a partir del 2011 y por poder presentarse como la “nueva política” (por ejemplo con cuadros reclutados de organismos no gubernamentales) frente a los viejos partidos tradicionales (Natanson, 2018). Siguiendo esta hipótesis, se ha explicado al macrismo a partir de la politización de los “gerentes”, que terminaron conformando una coalición de sectores medios urbanos, clases altas y los sectores productivos más conectados con el mercado mundial (Vommaro, 2017). Otros autores hacen hincapié en el “republicanismo” como elemento característico de la oposición al kirchnerismo (López, 2014). Otros trabajos han caracterizado la emergencia de un nuevo bloque de poder, de carácter neoliberal, con hegemonía del capital extranjero y financiero, y, en menor medida, agrario, en detrimento de la gran burguesía local, tanto industrial como de servicios (Bona, 2016; Centro de Investigación y Formación de la República Argentina [Cifra] 2016).

Muchos de estos trabajos coinciden en establecer el conflicto agrario del 2008 como un “parteaguas” del período. En general, se plantea que este habría dado cuenta de la existencia de una dicotomía entre el Gobierno y una oposición “oligárquica” (Rafart et al., 2009; Ortiz, 2008; Retamozo, 2011). En contraposición, algunos trabajos, partiendo del análisis de las transformaciones recientes del agro, postulan su carácter plenamente capitalista y dinámico, lo que lleva a caracterizar el conflicto de 2008 como un enfrentamiento entre diferentes fracciones de la burguesía (Sartelli, 2008; Barsky y Dávila, 2008; Sanz Cerbino, 2014a). Con posterioridad al conflicto del 2008, se abriría un proceso de “hegemonía escindida” por el surgimiento de un proyecto prehegemónico “republicano, conservador y neoliberal” (Pucciarelli y Castellani, 2017). Como respuesta, el kirchnerismo habría desarrollado un proceso de movilización progresiva para enfrentar a la movilización regresiva que comenzaba a gestarse (Antón, et al., 2011), etapa denominada “radicalización progresista” (Varesi, 2011). Por otra parte, si bien se ha postulado una hegemonía claramente liberal dentro de la fuerza social constituida por el agro (Balsa, 2016), en algunos casos incluso sosteniendo que existía una “fuerza social terrateniente” previa (Ortiz, 2008), trabajos recientes han analizado la existencia de una disputa programática hacia el interior de la alianza, la imposibilidad de cada programa para volverse hegemónico y las dificultades para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad, principalmente por parte de las fracciones más concentradas de la burguesía agropecuaria (Grimaldi, 2018b).

El énfasis que estos trabajos han puesto en el componente agrario de la alianza opositora al kirchnerismo (aliada, a lo sumo, al capital financiero) ha tendido a opacar que, entre 2009 y 2015, a la misma se han ido sumando sectores industriales, como veremos en este artículo. A ello se suma que, en general, los trabajos que se han propuesto analizar esta etapa de la política argentina tienden a darle prioridad al estudio de los discursos políticos y las estrategias de campaña por sobre los intereses y alianzas sociales cristalizados en un programa determinado. A su vez, se tiende a hacer foco en las clases medias que se vieron interpeladas por este nuevo discurso, descuidando el pasaje de fracciones enteras, tanto de la burguesía como de la clase obrera, a la oposición, que rompen con el régimen kirchnerista. En consecuentemente, se tiende a matizar las políticas de ajuste llevada adelante por el kirchnerismo que permiten explicar la ruptura con estas fracciones sociales. Por último, la mayoría de los abordajes mencionados dan por sentado no solo la primacía de los sectores agrarios en la alianza opositora, sino también su carácter dirigente. Como veremos, muchos de estos supuestos pueden ser discutidos a la luz de la evidencia empírica.

En el presente artículo nos proponemos analizar los reclamos y acciones de las fracciones agraria e industrial de la clase dominante local, buscando reconstruir el proceso de génesis de la alianza que impulsó el recambio político instrumentado en 2015 en la Argentina. Analizaremos el accionar de las organizaciones corporativas del agro, las disputas internas en la Unión Industrial Argentina (UIA) y la constitución del Foro de Convergencia Empresarial. Recurriremos, fundamentalmente, a una metodología cualitativa, para reconstruir los posicionamientos y las alianzas trazadas por las diferentes fracciones y capas de la burguesía local. Para ello, analizaremos documentos de las corporaciones empresarias mencionadas, los posicionamientos de sus principales dirigentes e información interna filtrada a la prensa de circulación nacional. A su vez, recurriremos a una metodología cuantitativa, para reconstruir las acciones de protesta de la fracción de la clase dominante más movilizada en el período 2008-2015, la burguesía rural.

Luego de este primer acápite en el que se realiza una presentación del problema y un breve estado de la cuestión, pasaremos a realizar una escueta reconstrucción del conflicto agrario de 2008, momento de quiebre de la alianza que había sostenido hasta ese momento la experiencia kirchnerista. A continuación analizaremos los reclamos y acciones de la burguesía agropecuaria, destacando la incapacidad de esta fracción para erigirse por sí sola en alternativa de recambio político. En un quinto acápite analizaremos las disputas internas dentro de la burguesía industrial en relación con las políticas kirchneristas, para luego, en el sexto acápite, analizar la confluencia de las fracciones agrarias con la burguesía industrial más concentrada, dando forma a la alianza que impulsaría en 2015 el recambio político. Finalmente, presentamos nuestras reflexiones finales, en las que sintetizaremos los principales aportes de este trabajo.

De esta manera, pretendemos aportar elementos para la comprensión del ocaso del Gobierno kirchnerista y del ascenso del macrismo en la Argentina, lo que esperamos que pueda servir para analizar procesos similares que se están viviendo en toda América Latina.

2. Génesis de la alianza macrista

El conflicto del campo de 2008 implicó un quiebre político y económico en la Argentina kirchnerista, es decir, de la alianza social que ascendió al poder tras la crisis del 2001. Meses antes del estallido político y social de diciembre de dicho año, se conformó una alianza entre distintas fracciones y capas de la clase dominante (sumando de manera subordinada a sectores de la clase obrera) que buscaban una salida del régimen convertibilidad peso-dólar imperante en la década de 1990. Los principales componentes de esa alianza, que se autodenominó Grupo Productivo y se articulaba en torno a la figura del futuro presidente Eduardo Duhalde, eran la burguesía agropecuaria (de la mano de corporaciones como Confederaciones Rurales Argentinas [CRA]) y la burguesía industrial representada por la Unión Industrial Argentina (UIA). Esta alianza promovió la salida devaluatoria, que por la vía de un tipo de cambio alto generaba un efecto proteccionista sobre el mercado interno beneficioso para los industriales, y restablecía la rentabilidad agropecuaria al elevar el poder de compra de los dólares provenientes de la exportación.

Para sostener ese esquema, en un contexto de crisis hegemónica, la burguesía agropecuaria aceptó el establecimiento de impuestos a la exportación de productos agropecuarios (retenciones), que permitían contener los precios de los bienes-salarios en el mercado interno y generaban recursos fiscales para la política de contención social. El kirchnerismo, de la mano de Lavagna (ministro de Economía de Duhalde que continuó en funciones con Néstor Kirchner), fue el continuador de la política de esta alianza, que no mostró fisuras importantes hasta 2008. Aunque la burguesía agropecuaria había expresado previamente su descontento con el mantenimiento de las retenciones una vez superada la crisis política, no articuló protestas significativas ni se pasó masivamente a la oposición. El 2008, sin embargo, fue un punto de quiebre. El establecimiento de retenciones móviles (que se elevaban automáticamente en función del aumento de los precios internacionales de las mercancías agrarias), con las que el Gobierno apostaba a financiarse antes de que se hicieran sentir localmente las consecuencias de la crisis económica mundial, fue la gota que rebasó el vaso para la patronal agropecuaria, que rompió definitivamente sus lazos con el Gobierno.

Tras el anuncio oficial, las cuatro corporaciones agropecuarias nacionales declararon un “paro comercial” que se extendió más allá de lo originalmente previsto. Pronto, estas corporaciones conformaron un frente común, la Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Ya de por sí, la unidad alcanzada por la patronal agropecuaria era un hecho significativo, ya que normalmente primaban las diferencias entre las corporaciones que reunían a los grandes productores (SRA y CRA) y las que reunían a los pequeños (FAA y, parcialmente, Coninagro). Pero esa unidad expresaba más que la coincidencia en el reclamo contra el aumento de los impuestos a la exportación: la burguesía agropecuaria en su conjunto había decidido pasar a la acción para enfrentar la política oficial. El conflicto se extendió entre marzo y julio de 2008. Durante esos meses, la Mesa de Enlace mantuvo (con algunas treguas de por medio) el “paro”, que implicaba el cese de la comercialización de productos agropecuarios. Se multiplicaron las asambleas y el “paro agrario” se garantizó recurriendo a los cortes de ruta (“piquetes”), que durante ese año superaron a los cortes de los años más acuciantes de la crisis, 2001 y 2002. En los momentos más álgidos del conflicto de 2008 se llegaron a producir más de 300 cortes de ruta en simultáneo. Los actos del “campo” (como se denominó al frente rural) llegaron a reunir a 200 000 personas, varios miles más que los actos convocados por el Gobierno kirchnerista en respaldo a su política (Sartelli, 2008; Barsky y Dávila, 2008). El reclamo, fundamentalmente económico (cuestionamiento de las retenciones y derogación de la Resolución 125), pronto adquirió un cariz político, en el momento en que el frente agropecuario comenzó a objetar la excesiva concentración de poder en la figura presidencial, un rasgo típico de los regímenes bonapartistas.

Sin embargo, aunque el “campo” consiguió finalmente la derogación de la Resolución 125, no logró articular una coalición capaz de ofrecer, en el mediano plazo, una alternativa política. La alianza opositora que se conformó durante el conflicto, aunque logró recoger el apoyo de fracciones industriales y obreras ligadas al agro (cámaras de exportadores, aceiteros y agroindustria, fabricantes de maquinaria agrícola), no trascendió los límites del medio rural. La fracción más poderosa de la clase dominante, la gran burguesía industrial, aún no le había quitado su apoyo al Gobierno. La renta que salía del campo, vía retenciones, iba a parar a manos de esos industriales, mediante distintos mecanismos. Uno de los más importantes, los subsidios a las tarifas de servicios, representaban un beneficio doble para los industriales: abarataban los costos de operación de las plantas y el costo de la mano de obra. A ello hay que sumar mecanismos proteccionistas, subsidios directos e indirectos, y, sobre todo, el mantenimiento de un tipo de cambio favorable a la industria. Sin embargo, el desarrollo de la crisis económica pronto generaría rupturas en la pata industrial de la alianza gobernante (Sartelli, 2008; Grimaldi, 2018b).

El conflicto de 2008 no solo obligó al Gobierno a modificar su política económica, con una renta que comenzaba a fluir hacia la burguesía industrial vía sobrevaluación cambiaria, sino que introdujo una nueva dinámica política. La alianza social que sostenía al Gobierno comenzó a resquebrajarse, lo que se tradujo en el progresivo realineamiento de distintos sectores de la clase dominante. Desde ese momento, comenzó a cristalizar una oposición burguesa al régimen, cuya vanguardia se encontraba en la burguesía agropecuaria, pero a la que paulatinamente se fueron sumando sectores de la burguesía industrial. En particular, a medida de que el esquema económico comenzó a mostrar signos de agotamiento, con la crisis energética, el cepo cambiario y la restricción de las importaciones. Como veremos, esa alianza opositora que nace con el “conflicto del campo” de 2008 tuvo marcadas deficiencias para transformarse en una alternativa política viable, circunstancia atribuible a la debilidad política de la burguesía agropecuaria que inicialmente la conformó. Es recién con el ingreso de fracciones de la burguesía industrial a la alianza opositora que esta termina de dar forma a la alternativa política que finalmente logrará desplazar al Gobierno en 2015.

3. Fortalezas y debilidades de la oposición agropecuaria

Un año después del conflicto agrario de 2008, se realizaron las elecciones legislativas en las que el Gobierno sería derrotado en distritos claves como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Buscando aprovechar el respaldo que tenían los referentes del agro, los diferentes partidos políticos de la oposición consiguieron reclutar a algunos de los dirigentes como candidatos para las elecciones. Con una importante participación de las entidades en las campañas electorales, que consistió en colocar fiscales, realizar encuestas y hasta establecer un búnker propio, las elecciones de junio de 2009 dejarían un grupo de diputados y una senadora que formaban parte de las segundas y terceras líneas de las corporaciones agropecuarias (SRA, FAA y CRA), así como también algunos ruralistas independientes (Castro, Comelli y Palmisano, 2010). De esta manera, la alianza agraria que cristalizó en 2008 buscaba formalizar una intervención en la arena política, por medio de lo que se dio en llamar el bloque de los agrodiputados.

Sin embargo, dicho bloque no pudo coordinar una intervención común. Durante su existencia, los diputados agrarios presentaron 32 proyectos, pero solo uno (que propuso un seguro agrícola integral) contaba con la firma de diputados de CRA, SRA y FAA. Casi todos los demás expresaban los intereses de una sola entidad (mayormente FAA, que fue la que más proyectos presentó). El contenido de los proyectos da cuenta de las diferencias: mientras que el grueso de los proyectos de los representantes de FAA apuntaban centralmente a proteger a las capas más débiles de la burguesía agropecuaria, los de SRA buscaban la eliminación de los impuestos a la exportación sin distinciones por el tipo o el tamaño de la explotación.3

Así, la ausencia de una intervención común en las cámaras legislativas, que permitiera a la alianza opositora capitalizar políticamente su éxito electoral en 2009, expresaba diferencias más profundas. Un sector de los “agrodiputados”, aquellos vinculados con FAA, tuvieron una política de favorecer a los pequeños y medianos productores, como también a las producciones extrapampeanas. SRA, por su parte, impulsó una política que se orientaba a favorecer a los capitales agrarios más concentrados, exigiendo la eliminación de las retenciones. CRA tuvo oscilaciones, sobre todo en torno a las producciones regionales, los lácteos y la ganadería, aunque mayoritariamente su posición tendió a confluir con la de SRA. En ese sentido, puede reconocerse una división marcada hacia el interior de la burguesía agropecuaria entre los grandes productores y los chicos, división en la cual el primer sector fue defendido por SRA y CRA, y el segundo por la FAA, siendo estos últimos los más activos en el nivel parlamentario.

En el fondo, la intervención de todas las cámaras patronales agropecuarias apuntaba a la eliminación de los impuestos específicos al agro (centralmente las retenciones), lo que coincide con la prédica liberal: los impuestos al agro, en la Argentina, son la base fiscal del Estado y lo que permite mantener políticas proteccionistas hacia la industria. En ese sentido, la consecuencia lógica de “eliminar las retenciones” es un recorte de los gastos (y la intervención) del Estado y el fin de las políticas proteccionistas hacia la industria. Aunque las capas más débiles de la burguesía agropecuarias, representadas por la FAA, tienden a coincidir con este reclamo (como en 2008), también constituyen el eslabón más débil de la burguesía agropecuaria. Así, suelen expresar este reclamo demandando una política diferencial hacia los pequeños productores, lo que tiende a alejarlos de la prédica liberal y a acercarlos al proteccionismo mercado-internista. Por eso, cuando el Gobierno se muestra permeable a conceder una segmentación de la carga impositiva en favor de las capas más débiles del agro, la FAA tiende a acercarse al oficialismo. Es lo que sucedió entre 2009 y 2015.

Así, las diferencias dentro del bloque de los agrodiputados expresaban una grieta más general que atravesaba el campo: la imposibilidad de unificarse detrás de una política común tras el rechazo a la resolución 125. No hubo una unidad político-programática por parte de las corporaciones rurales en los años posteriores al conflicto del campo, por lo que no solo deben ponerse en cuestión las visiones que proponen la existencia de una partido agroindustrial a partir de la unión de las cuatro entidades principales (Ortiz, 2008), sino también las visiones que proponen la existencia de una alianza social con una hegemonía liberal claramente definida (Balsa, 2016). Aunque es claro que la burguesía agropecuaria conforma una alianza social en 2008 que tendrá continuidad a lo largo de los años siguientes, esa alianza no es homogénea y tiene dificultades para unificarse detrás de una dirección y un programa.

Las diferencias entre las entidades no solo se dieron dentro del recinto parlamentario, sino también afuera. Desde fines del año 2009, aparecen fuertes cruces entre las corporaciones. La unidad conformada en torno al rechazo de la política económica oficial no puede traducirse en una propuesta alternativa, ya que cada entidad promueve en este contexto políticas diferentes. Mientras que FAA acepta el intervencionismo estatal y promueve una contribución diferenciada de los distintos segmentos de la burguesía agropecuaria a las arcas estatales (retenciones diferenciadas según tamaño de la explotación y distancia del puerto), CRA y SRA, desde posiciones más liberales, reclaman la eliminación de todo aporte impositivo extraordinario del agro (las retenciones), lo que supone reducir sustantivamente o acotar la intervención estatal. Coninagro, por su parte, tendrá una cercanía mayor al Gobierno que el resto de las entidades, ya que la supervivencia de muchas cooperativas estaba atada a la asistencia estatal. El Gobierno no es ajeno a la fractura de la Mesa de Enlace, ya que promueve una política de asistencia y segmentación de la carga impositiva en favor de las capas más débiles de la burguesía agropecuaria, a fin de atraer a FAA y Coninagro.

Estas diferencias en relación con la intervención gubernamental dio lugar a varios choques entre los dirigentes de las diferentes corporaciones, como el producido por entrega de subsidios a pequeños productores, la disminución en las retenciones exclusivamente para estos últimos, la defensa de la Oncaa como instrumento de regulación del mercado por parte de la FAA, la segmentación de las retenciones, o la habilitación a la venta de trigo a precio internacional (sin retenciones) a la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) afiliada a la FAA (Grimaldi, 2018b). Como se ven, medidas que apuntaban a beneficiar a una capa particular de la burguesía agropecuaria. Finalmente, vemos cómo la incapacidad del frente agrario de impulsar una agenda parlamentaria común expresaba diferencias de fondo que habían llevado a la Mesa de Enlace a un impasse. La política de segmentar la carga impositiva impulsada por FAA, que había tenido cierta acogida en el Gobierno, tendía a alejar a los productores de menor tamaño de la Mesa de Enlace.

La crisis política por la que atravesó la Mesa de Enlace también puede verse en las dificultades que presentó para continuar llevando adelante medidas de acción directa (ceses de comercialización, cortes de ruta, movilizaciones y actos). Entre 2009 y 2014, las patronales agropecuarias realizaron 760 acciones, de las cuales 608 se realizaron en 2009, 17 en 2010, 12 en 2011, 87 en 2012, 26 en 2013 y 10 en 2014. Esto significa que el 80 % de las acciones se concentró en 2009, 11,4 % en 2012, el 3,4 % en 2013, 2,2 % en 2010, 1,6 % en 2011, y 1,3 % en 2014. ¿Qué muestran estos datos? Que en términos de acciones el conflicto agrario del 2008 consiguió imponer un nivel de conflictividad importante, pero intermitente. Solo dos años de la serie muestran un nivel de conflictividad importante: 2009 (cuando continúa el reclamo por las retenciones) y 2012 (año en el que las acciones se concentraron en un reclamo puntual, que dio lugar a varios paros agropecuarios: el aumento del impuesto inmobiliario bonaerense) (Grimaldi, 2018b).

Luego de la lucha contra la 125, durante el año 2009, las cuatro corporaciones agropecuarias en conjunto reclamarían la reducción de las retenciones, incluyendo a la soja, realizando más de 600 acciones con las que se consiguió una reducción de 5 % en las retenciones al trigo y al maíz, quedando las mismas en 23 y 20 % respectivamente, mientras que la soja y el girasol seguían en el orden de 32 y el 30 %. Pero además de este reclamo en conjunto, los productores agropecuarios de mayor tamaño, referenciados con SRA y CRA, abogaban por una liberalización del comercio agrario, mientras que la FAA solicitaba medidas de protección y apuntalamiento para los pequeños productores. Los primeros, realizaron 26 acciones por su cuenta, mientras que los productores más chicos realizaron 91 medidas.

La otra gran lucha, la de 2012, se gestaría por una situación similar a la del 2008, aunque focalizada en la provincia de Buenos Aires: el Gobierno impulsó un revalúo fiscal y el aumento del impuesto inmobiliario rural, buscando generar una recaudación extra de casi 1000 millones de pesos. La protesta adquiriría carácter nacional y contaría con el apoyo de los bloques legislativos bonaerenses del PRO, Celeste y Blanco, Coalición Cívica, Proyecto Bonaerense y Alternativa Peronista, que votaron en contra del revalúo en la Cámara, aunque no lograrían evitar que el mismo se apruebe. Al conflicto se sumó el reclamo para declarar la emergencia para veinte localidades de la provincia de Buenos Aires afectadas por inundaciones, lo que implica una eximición impositiva por seis meses (Carbap, 5/9/12). A raíz de este último problema, las corporaciones agropecuarias realizarán 46 medidas de protesta ese año, consiguiendo que se decrete la emergencia. La movilización no alcanzó, sin embargo, para frenar el revalúo del impuesto inmobiliario rural. Sancionada la ley, muchos productores recurrieron a presentaciones judiciales para evitar el pago. No obstante, el mismo terminaría aplicándose significando un ingreso extra de 800 millones de pesos al gobierno (El Cronista, 6/6/13).

Si analizamos las entidades participantes en las acciones entre 2010 y 2014, ya que en 2009 como vimos operó como excepción a la regla, encontramos que en 78 acciones hubo coincidencia de las cuatro entidades, 17 fueron impulsadas por una sola entidad, en 31 acciones intervinieron tres entidades y en tres intervinieron dos entidades. Debe señalarse que en el caso de las 31 acciones que contaron con la participación de tres entidades, 29 fueron llevadas adelante por productores de la Mesa Nacional de Lechería, que existía desde antes del 2008. En el caso de la intervención de las cuatro entidades, 45 de las 78 acciones se concentraron en el 2012, en el contexto de los tres ceses de comercio y protestas que la Mesa de Enlace realizó contra el revalúo fiscal en Buenos Aires. Es decir, fue una concentración que se dio ante un reclamo y en un espacio geográfico puntual y preciso. Puede verse que en este período el 51 % de las acciones fue realizado con la intervención de las cuatro entidades, mientras que el 12 % contó con la intervención de solo una entidad, 20 % con la intervención de tres entidades, 2 % con la intervención de dos entidades, mientras que el 16 % fue realizado por productores (frutícolas y yerbateros) cuya filiación no fue identificada por las fuentes consultadas. Es decir, durante este período las acciones unificadas solo llegan a la mitad del total.

De esta forma, podemos concluir que aunque el agro se ubicó como vanguardia de la ruptura de sectores de la burguesía con el Gobierno, y se puso a la cabeza de la estructuración de una alianza antikirchnerista, no consiguió torcer la balanza. A pesar de la derrota electoral del kirchnerismo en el 2009 y de conformar un bloque de diputados propios, la alianza de la patronal agraria entró en crisis rápidamente. No consiguió imponer políticas propias, ni unificar un programa común que supere lo meramente defensivo. Por eso, en el momento en que se le presenta la oportunidad de avanzar contra el Gobierno, la alianza rural comienza a resquebrajarse, dando como resultado la recomposición del kirchnerismo hacia 2011. La burguesía agraria de menor tamaño, nucleada principalmente en FAA, aparece como el elemento más oscilante producto de su situación estructural. Frente a los avances del Gobierno sobre la renta de la tierra, es la primera que se moviliza, aunque también es la más permeable desmovilizarse en el momento en que se obtiene beneficios o gestos del Gobierno. Incluso, de cara a las elecciones del 2015, mientras la SRA y CRA se habían volcado decididamente a apoyar la coalición liderada por Macri, la FAA tuvo sus oscilaciones. Aunque como entidad no definiría una posición concreta, sino que le solicitaría a los principales candidatos, tanto a Macri como a Scioli, que apliquen una segmentación de la carga impositiva hacia el agro en caso de ganar, algunos de sus dirigentes se mostraron más cerca del peronismo que del macrismo. El entonces expresidente de la FAA, Eduardo Buzzi, fue precandidato a gobernador santafecino por el Frente Renovador, un escisión antikirchnerista dentro del peronismo. Y Omar Príncipe, entonces presidente de FAA, coqueteó con el kirchnerismo, seducido por las promesas de Kiciloff en relación con la devolución de las retenciones al pequeño al productor (Clarín, 30/10/15).

De esta forma, podemos observar cómo el conjunto de las capas del agro presentan dificultades para desafiar la hegemonía kirchnerista. El corazón de su programa, que apunta a eliminar (total o parcialmente) las transferencias de renta hacia los sectores urbanos (industriales grandes y chicos, y la clase obrera ligada a estos capitales), es sumamente impopular y difícilmente logre ser sostenido por cualquier fracción social ajena al agro. Es que, al ser la burguesía agropecuaria la única fracción de la clase dominante que puede vivir sin la protección estatal, es la única que puede asumir consecuentemente el programa liberal. Por fuera de esta fracción, ese programa no es hegemónico, lo que se traduce en una marcada debilidad política del agro. Incluso hacia el interior de la burguesía agropecuaria el liberalismo es un programa que no puede ser asumido abiertamente por todos, como se observa en la conflictividad dentro de la Mesa de Enlace. Así, aunque el agro es la vanguardia de la oposición burguesa al kirchnerismo, no logrará inclinar la balanza a su favor. Recién en el momento en que a la alianza opositora se suman otras fracciones y capas de la clase dominante, articuladas en torno a un programa capaz de construir hegemonía más allá de las tranqueras (o sea, distinto del liberalismo), se conformará la fuerza capaz de desplazar al kirchnerismo.

4. Los grandes industriales inclinan la balanza

La resolución 125 que desató el conflicto con el campo fue apenas la punta del iceberg de una crisis que venía incubándose y que terminó de aflorar hacia 2009. El intento de elevar las transferencias de renta tenía como objetivo afrontar los crecientes gastos estatales generados para contener la crisis social: los subsidios para mantener las tarifas de servicios deprimidas, la protección hacia las capas más débiles de la industria y el elevado gasto social para contener a la sobrepoblación relativa. Los altos precios de los commodities que venían sosteniendo el “modelo” no durarían por siempre. Esos precios cayeron abruptamente en 2009 y no se sostendrían en los años siguientes, a excepción de un breve repunte en 2011/2012. A su vez, producto de la derrota del Gobierno en 2008, se impuso un nuevo esquema económico, en el que la renta fluiría a los sectores urbanos vía sobrevaluación cambiaria. De esa manera, se buscaba evitar alimentar aún más la inflación. El superávit fiscal que venía contrayéndose desde antes de 2008 pronto se transformó en déficit, y sin renta y sin posibilidades de acceder al endeudamiento externo, el Gobierno apostó a dos vías de financiamiento: emisión monetaria que alimentaba una inflación apenas contenida por el atraso cambiario y elevar la carga impositiva sobre las fracciones mejor pagas de la clase obrera (que comenzó a verse afectada, por ejemplo, por el impuesto a las ganancias).

Esto implicó un nuevo resquebrajamiento en la alianza gobernante: un sector de la clase obrera ocupada, liderado por el dirigente sindical Hugo Moyano, pasó a la oposición. Así, se fracturó el peronismo, apareciendo una disidencia que enfrentaría al kirchnerismo. Las crecientes dificultades económicas se fueron cubriendo con parches que apuntaban a sostener el “modelo”. La presión sobre el dólar obligó a imponer un “cepo cambiario”, que generó un desdoblamiento de facto del tipo de cambio. Los importadores se encontraron con restricciones para acceder al tipo de cambio oficial, lo que derivaba en problemas de abastecimiento. La creciente inflación buscó ser contenida mediante acuerdos y controles de precios, con una creciente intervención sobre el mercado de la mano de funcionarios como el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. En este contexto, a su vez, el Gobierno intentó disciplinar a la prensa e intervino más decididamente sobre la justicia, acentuando dos rasgos de su política bonapartista que comenzarían a ser fuertemente cuestionados. Con estos “parches”, el Gobierno quería evitar avanzar con un ajuste más profundo de la economía, que lo hubiera escindido de lo que comenzaba a ser su principal base social: los sectores más pauperizados de la clase obrera (sobrepoblación relativa) y la burguesía industrial más débil beneficiada por los subsidios y la protección generalizada.

Todo ello fue generando crecientes cuestionamientos en la clase dominante, ya no solo en la burguesía agropecuaria sino también en la gran burguesía industrial. Aquellos que, en el momento en que los recursos abundaban alababan al “modelo”, ahora comenzaban a sacar los pies del plato. Los costos comenzaban a ser mayores a los beneficios y se iniciaba a exigirse un ajuste que diera paso a un proteccionismo selectivo, soltando la mano a las capas más débiles de la industria. Como veremos, es recién con el paso de la gran burguesía industrial a la oposición que las posiciones del Gobierno comienzan a verse amenazadas. Aquello que no había podido lograr el “campo”, desplazar al Gobierno y cerrar por derecha la etapa bonapartista con la que se había intentado contener la crisis de 2001, comenzaba a ser una posibilidad cierta de la mano de los grandes industriales.

La primera disidencia de peso en el frente industrial se produjo hacia julio de 2009, cuando la Asociación Empresaria Argentina (AEA) sacudió el terreno con un documento crítico del rumbo seguido por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta Asociación, ni era ni es muy conocida, pero es sumamente importante. La AEA surge en 2002, tras la fusión del Consejo Empresario Argentino (CEA) y la Fundación Invertir. En realidad es una continuidad del viejo Consejo Empresario, que tras el fracaso de la convertibilidad eligió reciclarse con nuevo nombre. El CEA fue una organización creada en 1967, en la que se nuclearon históricamente los capitales más concentrados del país. Un selecto grupo de no más de treinta empresarios, creado a imagen y semejanza del Business Council estadounidense, que digitó la política económica durante las dictaduras de Onganía y Videla, y tuvo una notable influencia sobre los Gobiernos de la etapa democrática, especialmente durante la década de 1990. Hacia 2009 nucleaba a algunos de los capitales más importantes de la Argentina: Arcor, Techint, Pescarmona, Clarín, Bagó, Aceitera General Deheza, Los Grobo, Fiat Argentina y el banco Santander Río. El grupo, entre 2002 y 2008, mantuvo un bajo perfil, sin críticas relevantes al Gobierno. En el conflicto de 2008 se limitaron a llamar al “diálogo” y solicitar una “pronta resolución del conflicto”, una neutralidad que, al no solidarizarse con el “campo” ni sentar posición sobre la resolución 125, resultaba favorable al oficialismo (Clarín, 22/2/08).

Pero, tras la derrota electoral del Gobierno en junio de 2009, se decidieron a levantar cabeza con un documento crítico de la política oficial titulado “Movilizar las energías del sector privado”. Se trataba de un verdadero programa opositor, con el que sentaron las bases de lo que sería la crítica burguesa al modelo y con el que esperan acaudillar al resto de los empresarios contra el Gobierno. El texto presentaba doce “condiciones para el desarrollo económico y social”, que sin abandonar el tono moderado, cuestionaba al oficialismo. La Argentina debía reinsertarse en el sistema financiero internacional, bajar las retenciones al agro, contener la inflación, restablecer la confianza en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), preservar la libertad de precios (eliminando los controles oficiales), respetar la propiedad privada y brindar un marco institucional y legal “sólido y previsible”. La AEA llamaba a retomar el diálogo entre la dirigencia política y los empresarios, que se reconozca que estos últimos debían obtener una “rentabilidad” y que se establezca una presión impositiva “razonable y equitativa” (Asociación Empresaria Argentina: 2009; La Nación, 19/7/9). A su vez, denunciaba la presión oficial sobre los medios de comunicación, bregando por la libertad de prensa, en una denuncia explícita a la Ley de Medios promovida por el oficialismo. “Por esta razón, debe evitarse toda acción o medida que debilite económicamente a las empresas periodísticas independientes. La libertad de elegir entre la amplia oferta de medios periodísticos existente en la Argentina es potestad exclusiva de los ciudadanos, y no debe ser distorsionada por medio de regulaciones o medidas de Gobierno” (AEA, 2009).

De esta manera, el documento apuntaba a poner en cuestión la acentuación de los rasgos bonapartistas del Gobierno en un contexto de crisis, demandando seguridad jurídica, instituciones fuertes y previsibilidad. En tal sentido, el reclamo por las empresas del Grupo Techint nacionalizadas en la Venezuela de Hugo Chávez, que planteaba el documento, eran un tiro por elevación al Gobierno kirchnerista: se señalaba que, de no mediar un cambio de rumbo, Argentina iría por la senda de Venezuela.

En los meses siguientes la AEA levantó el perfil, de la mano de las apariciones mediáticas del presidente de la entidad, Jaime Campos, quien denunció la creciente intervención estatal en los mercados de la mano de las restricciones a las exportaciones agropecuarias, los controles de precios, las intervenciones en los directorios de grandes empresas4 y el control de las tarifas de servicios (La Nación, 29/5/9; 6/12/9). De esta manera, la AEA se presentaba como una oposición liberal frente a una creciente intervención estatal en distintos ámbitos. Detrás del liberalismo se ocultaba un posicionamiento en favor de un ajuste: no intervenir en un contexto de contracción de los ingresos por renta implicaría un ajuste de hecho, que barrería con los pequeños capitales que sobrevivían en el mercado interno merced a los altos niveles de protección.

La intervención de la AEA fue saludada por dirigentes políticos opositores del radicalismo, la Coalición Cívica y el PRO. O sea, por los mismos partidos que venían respaldando los reclamos de la burguesía agropecuaria y que, en 2015, formarían la Coalición Cambiemos, que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de Argentina. Los dirigentes de AEA llegaron incluso a concertar una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que venía tomando distancia del Gobierno argentino. En la reunión reclamaron por el avance oficialista sobre los medios de comunicación y exigieron mayor previsibilidad para sus negocios. A esa reunión asistieron algunos de los representantes de los capitales que bregaban por una ruptura con el “modelo”: Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarín), Carlos Miguens (Grupo Sadesa) y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó). El pronunciamiento de la AEA también fue bien recibido por la dirigencia agropecuaria: la Mesa de Enlace concretó reuniones con la AEA y emitieron varios comunicados conjuntos que seguían los lineamientos trazados por la Asociación Empresaria. Su propuesta parecía sintetizar el programa de la oposición burguesa al kirchnerismo.

Sin embargo, la AEA no logró acercar a la Unión Industrial, en la cual aún pesaba la posición de los pequeños capitales que se mantenían alineados con el kirchnerismo. La UIA se encontraba fracturada: mientras un puñado de grandes capitales bregaba por acercarse a la AEA (Techint, Arcor, Fiat y los agroindustriales nucleados en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios [Copal]), los capitales más pequeños se resistían a romper con el Gobierno. Por esta razón, el intento de estructurar un frente empresario opositor terminó naufragando: tras reunirse con varios dirigentes empresarios de las cámaras agropecuarias, los bancos, la pequeña empresa y la Unión Industrial para consensuar un documento crítico del “modelo” con el auspicio de la Pastoral Social de la Iglesia Católica en 2010, la AEA salió con las manos vacías. Todo quedó en la nada por las desavenencias internas. No solo eso: la intervención gubernamental logró generar una crisis interna en la AEA. Tras la reunión con la Corte en 2010, el Gobierno presionó a los miembros de la AEA más necesitados del favor oficial. Así logró la desafiliación de las empresas de servicios que dependían de los subsidios oficiales (Trenes de Buenos Aires, Gas Natural BAN), aquellos que participaban de los mercados más intervenidos (Petrobras), los ligados a la obra pública (Loma Negra) o los que necesitaban de la intervención oficial para eludir la quiebra (Sancor). Estas presiones, y la recomposición económica que posibilitó la reelección de Cristina Kirchner con el 54 % de los votos, sirvieron para que AEA retomara el bajo perfil. Sin embargo, había sentado las bases para el futuro reagrupamiento opositor, delineando un programa de recambio político y estableciendo los contactos que luego serían retomados con la creación del Foro de Convergencia Empresarial en 2014 (La Nación, 29/7/9, 06/4/10, 17/6/12 y 24/4/13).

Como vimos, el desarrollo de la crisis económica generó una fractura dentro de la UIA, que se mantuvo latente hasta 2015. De un lado encontramos a los grandes capitales industriales (Techint, Fiat) y agroindustriales (Arcor, Aceitera General Deheza [AGD]), que intentaron poner en pie un frente empresario opositor por intermedio de la AEA. Del otro, pequeños capitales industriales que intentaron mantener a la UIA alineada con el Gobierno. Esta fractura interna salió a la luz a comienzos de 2011, cuando la entidad industrial renovaba sus autoridades. A pesar de los cuestionamientos provenientes de la agroindustria, liderada por Daniel Funes de Rioja, representante de Copal, los industriales más débiles se impusieron y erigieron a Ignacio de Mendiguren (en ese entonces abiertamente kirchnerista) como presidente de la UIA. Así, la máxima conducción de la entidad se mantuvo alineada con el Gobierno, aunque lo oposición antikirchnerista siguió operando. Durante 2012 la voz cantante la llevará Cristiano Ratazzi, directivo de Fiat y dirigente de la UIA, quien cuestionó en reiteradas oportunidades al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a quien responsabilizaba por la restricción de las importaciones que frenaba la actividad económica por el desabastecimiento de insumos. Entre los críticos se encontraban también los representantes de la agroindustria, como Miguel Acevedo de AGD o Adrián Kaufmann Brea, de Arcor, distanciados del Gobierno desde el conflicto agrario de 2008. A ellos se sumará Luis Betnaza, directivo de Techint, que en 2013 salió a cuestionar abiertamente el “manoseo del tipo de cambio”, en una referencia al cepo y al desdoblamiento cambiario. Para los exportadores como Techint no era negocio exportar con un dólar barato e importar insumos con uno caro. De Mendiguren, por su parte, minimizó la escalada del dólar en el mercado negro, que no afectaba tanto a quienes como él producían solo para el mercado interno y obtenían protección mediante una política que restringía las importaciones (La Nación, 3/7/11, 17/7/11, 2/2/2012, 29/3/2012, 2/5/2012 y 21/3/13; Página 12, 29/3/12; El Cronista, 22/6/12; La Capital, 26/6/12).

El conflicto entre ambas fracciones volvió a aflorar en 2013, cuando debía elegirse nuevamente al presidente de la UIA. En esa ocasión, los opositores bregaron por poner al frente de la Unión Industrial a un dirigente no alineado abiertamente con el Gobierno, pero fracasaron. El candidato era José Urtubey, presidente de Celulosa Argentina y hermano del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, que aunque había llegado al poder de la mano del kirchnerismo, había comenzado a tomar distancia presentándose como una alternativa política respetuosa de las instituciones. El candidato no pasaría de ahí, ya que antes de la elección fue vetado tanto por De Mediguren como por funcionarios oficiales, que presionaron a los empresarios para bajar a Urtubey. Finalmente, el oficialismo logró su cometido y la UIA ungió como presidente a Héctor Méndez, empresario de la rama plástica de buena relación con Guillermo Moreno y, por intermedio de él, con el Gobierno kirchnerista.

Los opositores siguieron siendo minoría en la dirección de la UIA hasta 2015, cuando en una nueva elección lograron imponer como presidente al representante de Arcor, Adrián Kaufmann Brea, uno de los cabecillas de la oposición. Aunque la grieta no se había soldado, y los pequeños industriales alineados con el oficialismo mantenían su influencia en la UIA, la oposición al Gobierno argentino había alcanzado por primera vez la dirección de la principal organización industrial. Que muchos de los industriales otrora kirchneristas se habían volcado a la oposición queda claro al observar cómo fue cambiando el discurso del presidente saliente de la UIA, Héctor Méndez. Quien dos años antes había asumido con la venia del Gobierno, poco antes de dejar su cargo declaraba: “Yo creo que el proyecto de Macri es uno y el de Scioli [el candidato oficialista] es otro. Macri es más preciso, más conciso. En cambio, Scioli es más voluntarista” (citado en Bona, 2016, p. 16). Poco antes, Méndez se alineaba con los industriales opositores al cuestionar la carga impositiva “altísima” y exigir “mejoras en la competitividad” por la vía de una devaluación. Aún así, el kirchnerismo mantenía su influencia en la UIA: su secretario, Juan Carlos Sacco, expresaba por las mismas fechas su resquemor ante una posible apertura importadora o una recesión si ganaba Macri. Según sus declaraciones, a Macri “le falta discurso industrialista […] con la apertura del mercado volvemos a la década del ‘90” (Bona, 2016, p. 16).

Hacia 2015 el kirchnerismo, relegado de la conducción de la UIA, solo mantenía bajo su égida a una corporación industrial menor, la Confederación General Económica de la República Argentina (Cgera). Los grandes industriales daban así un paso decidido hacia un recambio político atrayendo a sectores oficialista. Seguían la senda marcada por el Foro de Convergencia Empresarial, constituido a comienzos de 2014 (La Nación, 21/3/13, 9/4/13 y 8/6/15; Página 12, 6/8/15 y 12/8/15).

5. La unidad opositora de la cúpula burguesa

Tras el fracaso de AEA en unificar tras de sí a la oposición burguesa al kirchnerismo, la tarea finalmente fue conseguida en enero de 2014 con la creación del Foro de Convergencia Empresarial (FCE). El Foro alineó al conjunto de la burguesía agrope­cuaria (la Mesa de Enlace, fundamentalmente por intermedio de los representantes de CRA y SRA), a los importadores de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) y a las frac­ciones más concentradas de la burguesía (AEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina [IDEA], Bolsa de Comercio). Es decir, a todos los “críticos” del modelo. Sin embargo, tam­bién logró arrimar elementos cercanos al kir­chnerismo, como los bancos privados (Asociación de Bancos Argentinos [ABA] o la Cámara Argentina de la Mediana Empresa [CAME]), que aunque no se sumó hizo trascender su acuerdo con las propuestas. Incluso, por un momento, pareció que sumaba a la UIA, aun­que debió conformarse con la adhesión, a tí­tulo individual, de algunos de sus dirigentes, como Cristiano Rattazzi (Fiat) y Luis Betna­za (Techint). Tres importantes cámaras empresariales coque­tearon con el Foro, aunque finalmente se que­daron afuera. La UIA, la Cámara de Comercio y la Cámara de la Construcción enviaron representantes a las reuniones de los empresarios opositores. Incluso, algunos de sus dirigentes aparecieron como firmantes de los dos primeros documentos suscriptos. Sin embargo, las tres entidades adju­dicaron la participación a algunos de sus in­tegrantes, que se habrían arrogado el derecho de firmar documentos a nombre del conjunto. Aún así, ninguna de ellas criticó la iniciativa unita­ria y hasta reconocieron coincidencias.

El primer documento del Foro, difundido a fi­nes de enero de 2014, proponía superar la fragmenta­ción del campo empresarial y elaborar de con­junto una serie de propuestas programáticas que buscarían imponer tanto al oficialismo como a la oposición. Luego de salir al ruedo, los miembros del Foro comenzaron a mostrar­se en actos públicos con cada uno de los can­didatos, desde Marci (Pro) y Carrió (Coalición Cívica) hasta Binner (Partido Socialista) y Scioli (del oficialista Frente para la Victoria). Incluso mantuvieron reuniones con sin­dicalistas opositores, como Barrionuevo y Mo­yano.

Sus propuestas vieron la luz a fines de abril, en un segundo documento. Las “políticas de Estado” esbozadas en el segun­do documento del Foro arrancaban con una se­rie de propuestas sobre el “aspecto institucio­nal”. Allí condensaban las críticas que el arco opositor venía haciendo al kirchnerismo, desde la “independencia de jueces y fiscales” hasta la “liber­tad de prensa y el libre acceso a la información pública” (Foro de Convergencia Empresarial, 2014). También exigieron la independen­cia de los órganos de control y la “erradica­ción de la corrupción”. Es decir, una serie de propuestas “republicanas” que apuntaban a recortar el poder que, tras la crisis del 2001, se había concentrado en el Poder Ejecutivo. Un ataque a las bases políticas del régimen bonapartista.

Sin embargo, el núcleo de su programa lo encontramos en sus propues­tas para la “dimensión económica”. Allí abo­gaban por bajar la inflación, pero fustigaban contra los controles de precios. A su vez, promovían el establecimiento de un “marco regulatorio” que permitiera “alentar las inversiones de infraestruc­tura en energía, transporte y comunicaciones”. Es decir, liberar las tarifas. ¿Cómo se contiene la inflación si se liberan las tarifas y los precios? Con medidas “macroeconómicas” para enfriar la economía. El Foro proponía bajar la “elevada presión tributaria” sobre las empresas, eliminar los “tipos de cambio diferenciales” y los “gravámenes distorsivos” (retenciones). Lo que suponía, como correlato, bajar los gastos es­tatales. Rubén Ferrero, dirigente de CRA, lo dijo sin tapu­jos: “La inflación es el correlato de un excesivo gasto público que se cubre con emisión mone­taria” (La Nación, 16/5/14). Claudio Cesario (ABA) se pronunció en el mismo sentido: “La Argentina gasta, y gasta mucho […] Desgraciadamente […] los resultados no son buenos: gastamos más y el resultado no es mejor” (La Nación, 16/5/14).

Por esa razón, aun­que en sus propuestas sociales proponían erradi­car la pobreza, mejorar la educación y la salud, no promovían un aumento del gasto, sino todo lo contrario. La solución para erradicar la pobreza pasaría por incentivar la creación de “empleo formal”. Manuel Blanco (IDEA) aclaró que “la pobreza se combate con la creación de empleos genuinos, para lo cual debe haber inversión, y para eso deben existir las condiciones” (La Nación, 22/4/14). En una reformulación de “teoría del derrame”, la so­lución propuesta vendría de mejorar las con­diciones para la acumulación de capital que, a la larga, darían como resultado más empleo. Por úl­timo, exigían garantizar “el abastecimiento flui­do de nuestra producción” y la “integración al mundo”. Es decir, eliminar las restricciones a la importación y arreglar finalmente el proble­ma de la deuda para acceder al crédito interna­cional. Por eso saludaron cada una de las ini­ciativas del Gobierno kirchnerista en ese sentido: el acuerdo con la empresa española Repsol para pagar por la expropiación de la petrolera estatizada YPF, la recomposición de relaciones con el Club de París y la “voluntad negociadora” para llegar a un acuerdo por la deuda en manos de los “fondos buitre”. En suma, nos encontramos ante la vieja pro­puesta de salida por derecha del esquema bo­napartista. El programa del ajuste. La consti­tución del Foro fue un intento de unificar a la burguesía argentina detrás de este programa, e imponerlo sino al Gobierno, al menos a sus po­tenciales sucesores.

Entre 2014 y 2015, el FCE coqueteó con todos los precandidatos opositores, aquellos que se postulaban como recambio al kirchnerismo. Desde Hermes Binner, Julio Cobos o Ernesto Sanz, hasta Sergio Massa, Mauricio Macri y José Manuel de la Sota. Cada uno de ellos, por medio de sus equipos económicos, fue tomando las propuestas del frente burgués opositor: liberación de tarifas y fin de los subsidios, reducción del gasto y de la emisión monetaria, devaluación y eliminación del cepo cambiario, fin de los controles de precios y, por último, contención de los reclamos sociales y salariales. Un ajuste más o menos gradual, que suelte la mano a los capitales menos eficientes y descargue sobre las espaldas obreras los costos de la crisis. De cara a las elecciones nacionales de 2015, aunque el FCE no se pronunció por ningún candidato, sí sentó posición a favor de la “institucionalización” del bonapartismo, con un documento en el que fustigó contra la “concentración del poder”, el intento de imponer un “pensamiento único” y exigió “transparencia”. También reclamó que se abandone la práctica de adjudicar los empleos públicos a “los militantes de la mayoría de turno”. En la presentación pública del documento, sus representantes exigieron un recorte del gasto público y denunciaron la “presión impositiva récord” a la que se recurría para financiarlo (La Nación, 8/6/15). De esta manera, las fracciones de la burguesía que pusieron en pie el FCE dejaban en claro que no votarían a ningún candidato que se postule como continuidad del kirchnerismo. En este sentido, que las propuestas económicas del candidato “oficialista”, Daniel Scioli, no difirieran en lo sustancial de las de los opositores representaba una enorme tranquilidad para la gran burguesía industrial que se había colocado a la cabeza de la lucha contra el “modelo”. El kirchnerismo no había logrado poner un pie un candidato que representara una clara continuidad del mismo.

Como se observa en esta reconstrucción, el recambio político producido en 2015 se asienta en una amplia alianza social que hunde sus raíces en el agro pampeano y las capas más concentradas de la burguesía industrial. Una alianza que se fue nutriendo de fracciones y capas de la clase dominante “descontentas” con el rumbo político y económico seguido por el kirchnerismo a partir de 2009. Una alianza que va más allá del agro, y que recién al sumar a sectores industriales comienza a cobrar un peso político significativo. El quiebre de la gran burguesía industrial con el kirchnerismo, que se insinúa en 2009 pero que recién hacia 2011 se concreta, es el factor que finalmente logra inclinar el fiel de la balanza en favor de la oposición.

6. Reflexiones finales

A lo largo de este artículo hemos intentado reconstruir el proceso de génesis de la alianza social que entre 2009 y 2015 se erigió como oposición y propuesta de recambio del personal político que ascendió al poder tras la crisis de 2001. La pata burguesa de esta alianza,5 como vimos, incluye tanto a la burguesía agropecuaria como a la gran burguesía industrial. Sin embargo, es esta última la que termina definiendo la situación y permite que la oposición se imponga finalmente en las elecciones presidenciales de 2015, de la mano de Mauricio Macri. La burguesía agropecuaria, aún en el momento de su mayor cohesión interna (2008-2009), que solo alcanzó excepcionalmente y con gran esfuerzo, apenas pudo poner un límite (efímero) al programa económico rival. La defensa de la renta diferencial de la tierra, principal aspiración del agro, no puede realizarse siquiera en el momento de esplendor político y mayor movilización de la burguesía agropecuaria. Esto es una muestra de la debilidad política del agro, que aunque opera como vanguardia de la alianza que en 2015 llevó a Mauricio Macri al poder, no constituye su principal componente.6 El corazón de la alianza macrista no es el agro, sino la gran burguesía industrial. Recién en el momento en que esta comienza a romper con el kirchnerismo, entre 2009 y 2011, la alianza opositora se transforma en una alternativa real de poder.

Esta fractura entre la gran burguesía industrial y el kirchnerismo es la que termina, a mediano plazo, sellando la suerte del régimen. Esa fractura es la expresión de la crisis y el agotamiento del “modelo” económico. Mientras, merced a los elevados precios de las mercancías agrarias en el mercado mundial, afluyen al país enormes masas de renta, el “modelo” se sostiene. Cuando la renta cae es necesario un doble movimiento, que el kirchnerismo no puede realizar sin romper con su base social: obtener una fuente de financiamiento alternativo (endeudamiento externo) y avanzar en un ajuste de las variables macroeconómicas a fin de restablecer la acumulación de capital. Eso, precisamente, es lo que propone la fracción de la clase dominante que entre 2009 y 2013 rompe con el kirchnerismo para pasar a las filas de la oposición. Fin del cepo cambiario, progresiva liberación de tarifas, fin del control de precios, eliminación progresiva del déficit fiscal, lo que supone una descarga del ajuste sobre la clase obrera y sobre las capas más débiles de la burguesía industrial, que reducida la protección del mercado interno terminarán barridas por la competencia. Un ajuste que difícilmente puede hacerse de una vez sin elevados costos sociales y políticos. Es aquí que el endeudamiento externo, otro de los reclamos de la alianza opositora, aparece como un elemento central de la receta: es lo que permitirá evitar el shock y “graduar” el ajuste. No otra cosa es el programa del macrismo, que se impuso en las elecciones presidenciales de 2015.

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Fuentes

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