Migraciones internacionales, crisis humanitaria y políticas públicas para la protección de derechos
International Migration, Humanitarian Crisis and Public Policies for the Protection of Rights
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Zaira |
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Coordinadora del tema central de 
Ecuador|
Juliana |
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La literatura ha sido enfática en señalar que la movilidad humana transfronteriza ha dejado de ser una situación excepcional en la vida de las personas y en las agendas nacionales, para convertirse en una experiencia compartida a escala global durante el siglo XXI. Esto ocurre, en especial, entre quienes cruzan fronteras por razones forzadas, como la violencia, la persecución y las crisis económicas o ambientales. La escala, la intensidad y la complejidad de este fenómeno plantean varios frentes de discusión: el colapso de los sistemas de protección, la ausencia de políticas públicas integrales, la militarización de las fronteras, la garantía de derechos básicos y la capacidad de acción de las personas migrantes, entre otros temas.
De acuerdo con los datos publicados en 2024 por el Acnur y la OIM, más de 117 millones de personas en el mundo se encuentran desplazadas de manera forzada. En América Latina, este fenómeno tiene un peso particular debido a la migración de personas venezolanas, que ha generado una crisis con 7,9 millones de personas desplazadas y distribuidas en 17 países de la región en menos de una década. Esto ha obligado a los Estados a plantear respuestas en países como Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, entre otros.
Las rutas migratorias se han vuelto más peligrosas, ya que las fronteras se cierran, se vigilan y se militarizan. En el trayecto, los controles estatales, la presencia de redes criminales, la falta de apoyo humanitario y las enfermedades generan riesgos, en especial para niñas, niños y mujeres, quienes están expuestos a múltiples formas de vulnerabilidad. Muchas políticas de los países de la región se orientan a contener y controlar la movilidad, como se observa en los artículos que aquí se publican. En medio de esta compleja situación, las personas en movilidad toman decisiones, crean redes, buscan alternativas, enfrentan políticas restrictivas y negocian con sistemas que las clasifican y excluyen.
En este contexto, para la revista Estado & comunes resultó necesario reflexionar sobre las migraciones internacionales como un fenómeno que requiere acción estatal y políticas públicas. De los numerosos artículos recibidos, se publican seis, los cuales contribuyen, desde distintos enfoques, a los objetivos de la convocatoria.
El primer manuscrito, de Eufemia Sánchez, sostiene que existen tensiones entre la soberanía del Estado y el reconocimiento del derecho a migrar. Argumenta que, pese a la ausencia de un reconocimiento explícito en el derecho internacional público, este derecho encuentra formas de positivización en los ordenamientos jurídicos nacionales, como ocurre en Argentina y Ecuador. En Chile, también se observa cierto reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. El artículo examina los avances constitucionales y legislativos en materia migratoria y advierte cómo las reformas recientes, orientadas al control y la securitización de la movilidad humana, han debilitado estos avances y reforzado discursos excluyentes.
Por su parte, el segundo artículo, de Estefanía Granda y Carolina Dorado, analiza la configuración jurídica y jurisprudencial del derecho a migrar en Ecuador, con especial atención en la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana. Las autoras revisan seis sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, emitidas entre 2019 y 2024, y sostienen que este derecho trasciende las garantías de ingreso, permanencia y tránsito, pues abarca condiciones materiales vinculadas con la reunificación familiar, el acceso a servicios básicos, la salud, el cuidado, la integridad y el principio de no devolución. Asimismo, plantean que la jurisprudencia constitucional ha consolidado una visión garantista, centrada en la protección de la persona migrante, en particular de niñas, niños y adolescentes, frente a enfoques estatales orientados al control migratorio.
De igual manera, el tercer artículo, de Sofía Serafini, examina las respuestas desarrolladas por el Estado local frente a las dinámicas de la migración internacional en la ciudad de Río Cuarto, Argentina. A partir del análisis documental, entrevistas y diálogos con actores clave, el estudio sostiene que, más allá del reducido peso demográfico de la migración, Río Cuarto se ha consolidado como un caso relevante de institucionalización temprana de la gestión migratoria a nivel municipal. Desde una perspectiva de capacidades estatales y gobernanza multinivel, el artículo muestra cómo las políticas locales producen respuestas situadas frente a demandas migratorias heterogéneas, articulan distintos niveles de gobierno y generan mecanismos de inclusión que, aunque limitados, evidencian procesos de integración en el territorio.
En cuarto lugar, se presenta el artículo de Johnatan Soto, Santiago Gómez y Luisa Pareja. El trabajo analiza la base de datos de la Línea 123 Agencia Mujer, con el propósito de describir el perfil de las mujeres migrantes que llaman para reportar situaciones de violencia, así como el de sus presuntos agresores. Desde un enfoque interseccional, los autores sugieren que la violencia contra las mujeres migrantes no es homogénea y que su prevalencia depende de factores como la edad, la jefatura de hogar, la actividad económica, el territorio, entre otros. Así, mientras la violencia física y económica se presenta principalmente en el ámbito de las relaciones de pareja, la violencia sexual y sociopolítica aparece con mayor frecuencia en espacios más amplios de vecindad, sociabilidad o dependencia.
El quinto artículo, escrito por Carolina Martirena, examina las respuestas del Mercosur frente a la migración venezolana. La autora sostiene que dichas respuestas fueron estereotipadas, difusas, improvisadas e integrativas, sin suficiente anclaje en las realidades territoriales y sociales. De este modo, un bloque institucionalmente articulado como el Mercosur evidenció una ruptura entre sus países fundadores al abordar el tema migratorio, mediante medidas que privilegiaron la intervención de organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas, como la OIM y el Acnur. Según la autora, el trasfondo de estas medidas es una gobernanza migratoria global basada en un imperialismo de frontera que busca controlar, seleccionar y securitizar a las poblaciones, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Asimismo, el sexto artículo, de Jhonny Castro, analiza cómo, en el contexto de las políticas migratorias restrictivas en América del Sur, la reemigración a España surge como un derecho de fuga ante ciudadanías precarias y excluyentes entre 2015 y 2025, luego de una primera residencia en Ecuador, Colombia, Chile o Perú. Con base en revisión documental, análisis normativo, estadísticas oficiales y entrevistas, el estudio plantea que esta reemigración forma parte de una segunda etapa de la diáspora venezolana reciente, en la que la precariedad, la xenofobia y las barreras de acceso a derechos limitaron las posibilidades de arraigo en los países de primera acogida. Al mismo tiempo, revela la capacidad de las personas migrantes para redefinir sus trayectorias y buscar nuevos espacios de estabilidad y pertenencia.
Por último, el dosier incluye una entrevista realizada por sus coordinadoras a Martina Cociña-Cholaky, investigadora especializada en migración, refugio y derechos humanos. La conversación aborda los principales desafíos de la gobernanza migratoria en Chile y América Latina, con especial atención a la relación entre migración, seguridad y control fronterizo. A lo largo de la entrevista, Cociña-Cholaky reflexiona sobre la expansión de la crimigración, la militarización de la frontera norte chilena, la figura de la reconducción, el uso de tecnologías de vigilancia y el empadronamiento biométrico, así como sobre la incertidumbre que enfrentan las personas migrantes en situación irregular.
Los seis artículos y la entrevista que integran este dosier ofrecen una lectura amplia y situada de las migraciones internacionales en el contexto latinoamericano y transnacional actual. Más allá de sus diferencias metodológicas y territoriales, las contribuciones reunidas coinciden en mostrar que la movilidad humana no puede comprenderse únicamente desde el control, la seguridad o la administración de fronteras. Por el contrario, exige marcos de análisis capaces de reconocer la agencia de las personas migrantes, las desigualdades que atraviesan sus trayectorias y la necesidad de políticas públicas orientadas a la regularización, la inclusión y la protección efectiva de derechos. Este número aporta, en suma, herramientas relevantes para repensar la gobernanza migratoria desde una perspectiva crítica, territorial y comprometida con la dignidad humana.
