Migrar bajo sospecha: crimigración, fronteras y seguridad humana
Migrating Under Suspicion: Crimigration, Borders,
and Human Security
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Entrevista a: Martina |
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Chile|
Entrevistada por: Juliana |
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Zaira |
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Estado & comunes
Revista de políticas y problemas públicos.
N.° 23, vol. 2, julio-diciembre 2026, pp. 221-228
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
Quito-Ecuador.
ISSN impreso: 1390-8081 - ISSN electrónico: 2477-9245
https://doi.org/10.37228/estado_comunes.473
Martina Cociña-Cholaky es abogada por la Universidad de Chile, máster en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal, y doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona. Es académica y profesora de la Universidad Viña del Mar, e investigadora posdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O’Higgins. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en la docencia universitaria, la investigación académica y la participación en redes especializadas sobre migración, refugio y derechos humanos. Es investigadora responsable del Fondecyt Posdoctoral 3230279, dedicado al derecho al refugio en Chile, y del Fondecyt de Iniciación 11260814, relativo a la tecnologización del control migratorio. Asimismo, integra espacios académicos vinculados a la Red de Universidades por la Migración.
En esta entrevista, Martina Cociña-Cholaky analiza los principales desafíos de la gobernanza migratoria en Chile y América Latina desde una perspectiva crítica de derechos humanos. La conversación aborda la relación entre migración, seguridad y control fronterizo; la expansión de la crimigración; la militarización de la frontera norte chilena; la figura de la reconducción; el uso de tecnologías de vigilancia y empadronamiento biométrico; y la incertidumbre que enfrentan las personas migrantes en situación irregular. También reflexiona sobre los límites de las respuestas estatales basadas en la “mano dura”, la construcción de la persona migrante como amenaza y la necesidad de repensar la soberanía desde la seguridad humana, la regularización y la protección efectiva de derechos.
¿Qué obstáculos estructurales impiden avanzar hacia una gobernanza regional de la migración coherente con la meta 10,7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), orientada a facilitar una migración ordenada, segura, regular y responsable?
Para contestar la pregunta hay que partir del contexto regional y considerar que se trata de un proceso de largo alcance, cuyas respuestas han ido variando dependiendo de las políticas y de los gobiernos que han estado en el poder. Desde los estudios críticos de la movilidad humana, lo que se establece en el Cono Sur es una gobernanza de la migración ordenada,segura y regular que está lejos de facilitar desplazamientos, travesías y entornos seguros desde un enfoque de derechos.
¿Por qué sucede esto? Porque se han establecido diferentes políticas públicas que buscan abordar la movilidad no como un fenómeno sociocultural complejo, sino como un movimiento de personas que obstaculiza las fronteras. Desde esta perspectiva, más allá de fomentarse el acceso a derechos o la regularización efectiva, lo que vemos es un régimen global respecto de la movilidad humana que termina restringiéndola.
Hay autores que plantean que el Estado se ha convertido en un productor de irregularidad, en tanto produce vías legales y administrativas para que el migrante no pueda ingresar. En la región ha habido migraciones importantes, como la del Cono Sur en los años 2013-2015, mientras que, en términos de movilidad forzada, tenemos la venezolana, que se ha situado como la segunda a nivel mundial y la más importante en términos de volumen en la región. No menos importantes han sido los quiebres internos y la violencia en Colombia y Perú, que también han motivado la salida y los desplazamientos forzados de personas.
Ahora bien, la forma de abordar este problema ha variado, pero permanece una política de control que, con rostro humano y de derechos, termina deshumanizando al migrante mediante medidas selectivas y restrictivas. En Chile, este contexto ha sido estudiado por Fernanda Stang y Carolina Stefoni, quienes han dado cuenta de que este matiz humanitario, propio de la gobernanza global migratoria, reproduce la diferencia y limita las travesías con exigencias de visados, pasaportes y otras medidas. En general, lo que veo es un panorama bastante complejo, en el que las medidas que adopta determinado país terminan siendo adoptadas por otros, en términos de asegurar y contener la movilidad.
¿Qué efectos tiene la crimigración en la orientación de las políticas migratorias y cómo se expresa concretamente en contextos latinoamericanos?
Cuando hablamos de migración es importante comprenderla desde la relación entre el derecho penal y el derecho migratorio, porque cuando se fusionan ambas lógicas, un fenómeno sociocultural como la movilidad humana es fácilmente comprendido desde los mecanismos más severos que implementa el Estado. Desde ese concepto, la irregularidad es construida como una falta legal y administrativa que se configura como delito. Uno de los grandes cambios de la Ley de Migración y Extranjería en Chile, que comenzó a regir en febrero de 2022, es justamente eso: su artículo 9 prohíbe la criminalización de la migración irregular.
Hoy asistimos a un retroceso: vuelve a instalarse la idea de que el ingreso al territorio por un paso no habilitado constituye un delito desde su lógica más penal. De modo que se limitan las garantías a determinados sujetos y se los despoja de sus derechos esenciales. Entonces, al aplicar herramientas punitivas, se desconoce, por ejemplo, que quienes ingresan por pasos no habilitados lo hacen por la ausencia de documentos o por temor a no continuar con su trayecto migratorio.
Si uno analiza las diferentes encuestas sobre seguridad ciudadana o participación política, vemos que una de las principales preocupaciones de determinados sectores es el crimen asociado con la migración. Ese vínculo posibilita que, posteriormente, las únicas respuestas por parte del Estado se configuren en términos penales y no de derechos. Cuando esto ocurre, el debate ya no se centra en la inclusión social de la población migrante ni en las dificultades para regularizar su situación administrativa. Más bien, se desplaza hacia una política que prioriza la asignación de fondos para promover o facilitar su deportación.
Chile es un caso paradigmático. Allí se aplicó un programa dirigido a la población haitiana, presentado como retorno humanitario, pero que impedía regresar al país durante nueve años. En la práctica, esta medida se acercaba a una lógica de expulsión penal: no suponía privación de libertad, sino expulsión.
En ese sentido, en Chile la crimigración se ha instaurado como un paradigma que permite explicar la movilidad humana, sin entenderla desde un contexto que cada día está más mediado por la movilidad forzada. Frente a esto, se configuran mayores barreras e imposiciones que terminan dificultando la inclusión de los migrantes en una vida regular. Nicolás De Genova, por ejemplo, plantea la idea de la deportabilidad: más allá de que la expulsión se concrete o no, lo relevante es mantener a un grupo de personas bajo la amenaza permanente de una orden de expulsión pendiente.
En escenarios de creciente securitización —como el cierre fronterizo, la militarización y el uso de tecnologías de vigilancia—, ¿cómo se reconfigura la noción de soberanía y el control territorial?
Dentro de este entramado de políticas migratorias, menciono el caso chileno porque es el contexto que conozco y he podido investigar. Sin embargo, el fenómeno forma parte de un régimen regional de fronteras y migraciones más amplio, que tiende a privilegiar el control y el disciplinamiento antes que la apertura de canales regulares de movilidad.
En ese marco, la militarización aparece como una respuesta presente en distintos países. Además, no opera solo como medida de control, sino también como puesta en escena. Como lo plantea Domenech, ciertas políticas migratorias funcionan desde la hostilidad: las expulsiones no solo se ejecutan, también se televisan y se exponen mediáticamente. La migración se ha configurado como un chivo expiatorio que sirve para hacer frente a las crisis de seguridad pública, se politiza en períodos electorales y se asocia con los contagios durante la pandemia. Esa representación refuerza la dicotomía entre buenos y malos ciudadanos, así como entre migrantes deseados e indeseados.
Esto configura una puesta en escena y una espectacularización del control migratorio. En Chile, por ejemplo, ocurrieron en 2021 vuelos de expulsión en los que las personas migrantes eran trasladadas por la Policía de Investigaciones, engrilladas y expuestas públicamente. Esa imagen reforzaba en la población local la asociación de la migración con la inseguridad y la criminalidad.
En ese contexto, la tecnología aparece como una respuesta tecnosolucionista: se presenta como si pudiera resolver problemas complejos, como la irregularidad migratoria, mediante mecanismos de control. Sin embargo, la irregularidad no se explica como una cuestión fronteriza, sino por la ausencia de canales expeditos, estables y accesibles de regularización. El asunto es que esta tecnología no es neutral. Su diseño y aplicación pueden reproducir opacidades importantes: no siempre queda claro dónde se almacenan los datos, cómo se usan, quién toma las decisiones ni qué efectos tienen sobre las personas migrantes. Por eso, el uso de tecnología en materia migratoria puede funcionar como una “caja negra” del Estado.
Esto se vuelve complejo cuando los mecanismos tecnológicos se presentan como procedimientos neutros o administrativos, mientras reducen las garantías esenciales. Por eso, no basta con hablar de consentimiento cuando la única alternativa para regularizar la situación migratoria es entregar datos personales sin información clara sobre su uso. En ese escenario, la tecnología no solo administra la movilidad, sino que ayuda a profundizar la desigualdad y la vulnerabilidad de las personas migrantes.
Volviendo al tema de la crimigración, porque nos quedó una duda, ¿de qué manera este concepto permite explicar, en el caso chileno, que la migración sea tratada principalmente como un problema de seguridad?
Esto no corresponde a una determinada política o medida en términos de movilidad humana, sino a un proceso que viene desde hace un par de décadas, cuando la migración en Chile empezó a ser abordada desde una lógica punitiva y securitaria. La antigua normativa migratoria ya concebía la movilidad humana bajo una doctrina de seguridad nacional y, aunque se han introducido modificaciones legales en la nueva ley de migración, distintos informes de derechos humanos han advertido que persisten vulneraciones relevantes a las garantías esenciales de la población migrante.
Este vínculo entre migración y control punitivo se observa con claridad en la frontera norte, particularmente en Colchane, territorio que ha sido configurado como una especie de zona caliente o laboratorio de medidas excepcionales. Allí se han desplegado dispositivos estatales altamente visibles, con presencia de autoridades civiles y militares, restricciones de movilidad y procesos de militarización del territorio. Desde una perspectiva de derecho, esta situación genera inquietudes, pues las Fuerzas Armadas deberían cumplir funciones excepcionales, vinculadas a contextos de guerra o estados de excepción, pero en el caso chileno han ampliado sus potestades en el control de la población extranjera.
Una expresión de esta orientación es la figura de la reconducción, incorporada en la nueva ley migratoria. La medida ha sido cuestionada porque opera como una expulsión rápida o en caliente que no busca garantizar plenamente el debido proceso ni las garantías mínimas de defensa. A ello se suma la opacidad institucional respecto del tratamiento que el Estado aplica a los migrantes.
El Plan “Escudo Fronterizo” y la presencia de autoridades en zonas limítrofes refuerzan una narrativa según la cual la migración debe ser gestionada como amenaza. La literatura advierte que el lenguaje de la emergencia habilita restricciones de derechos y justifica medidas excepcionales. Así, las políticas migratorias terminan orientándose, en buena medida, a responder a sectores sociales que demandan mayor “mano dura” frente a la migración.
¿De qué manera estas herramientas están cambiando la experiencia de las personas migrantes en Chile y qué tensiones abren respecto de derechos como la privacidad, la no discriminación y el debido proceso? ¿Qué se espera con el nuevo gobierno de José Antonio Kast al respecto?
En general, lo que se observa es una sensación extendida de incertidumbre entre la población migrante, especialmente entre quienes se encuentran en situación irregular. Esta población no cuenta con claridad respecto de su futuro administrativo, jurídico y social, lo que afecta su seguridad humana. La ausencia de una política clara de regularización ha profundizado esta situación, ya que muchas personas esperaban que, al finalizar el mandato anterior, se abriera una alternativa de regularización migratoria; sin embargo, esa posibilidad fue descartada. Con el nuevo gobierno, la apertura de un nuevo proceso de regularización también parece compleja.
Esta falta de certeza impacta de manera directa en la vida cotidiana de las personas migrantes. Sin documentación regular resulta difícil planificar un proyecto de vida, acceder al mercado laboral formal, ejercer derechos sociales o recibir atención en condiciones adecuadas en áreas como salud, educación y protección social. En ese sentido, la irregularidad migratoria no solo constituye una condición administrativa, sino también un factor de precarización y exclusión.
Un ejemplo de esta ambigüedad institucional fue el sistema de empadronamiento biométrico implementado en 2023. Aunque acudió un número menor de personas que el esperado, muchas lo hicieron con la expectativa de que fuera un primer paso hacia la regularización. Sin embargo, esa expectativa no se concretó y, como resultado, se mantiene una situación de incertidumbre respecto de las medidas que el Estado adoptará en el futuro.
En el plano discursivo, lo que sí se ha consolidado es una narrativa de “mano dura” frente a la población migrante en situación irregular. Esta narrativa ha sido cuestionada por organizaciones sociales y sectores de la ciudadanía, que advierten el riesgo de afectar derechos previamente reconocidos. Un ejemplo de ello es la discusión sobre la apatridia y la nacionalidad de niñas y niños nacidos en Chile. Tradicionalmente, bajo el principio de ius soli, se entendía que quienes nacían en territorio chileno accedían a la nacionalidad chilena, pero algunas iniciativas recientes han planteado restricciones cuando el padre o la madre se encuentran en situación migratoria irregular.
El caso de las expulsiones ilustra esta brecha entre discurso y ejecución. En Chile y en otros países de la región, distintos gobiernos han usado la expulsión de personas migrantes como lema político o promesa de campaña. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos presupuestarios, administrativos, logísticos y diplomáticos, ya que no siempre existen acuerdos con los países de origen o tránsito. Por ello, más allá de la eficacia real de estas políticas, su función parece orientarse también a producir un efecto disciplinador sobre la población migrante, manteniéndola bajo condiciones de vigilancia, incertidumbre y amenaza permanente de expulsión.
A la luz de lo discutido, ¿cómo debería reconfigurarse la gobernanza migratoria en la región para equilibrar soberanía estatal, seguridad y protección efectiva de derechos?
El abordaje de la movilidad humana requiere una transformación en la forma de comprender la soberanía estatal, que no debería reducirse a la exclusión, al control fronterizo o a la demarcación física de quiénes pueden pertenecer a una comunidad política. También debe comprenderse desde la obligación estatal de garantizar la seguridad humana y proteger los derechos fundamentales de las personas en movilidad.
En el contexto del Cono Sur, y particularmente en Chile, la protección de las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas no depende solo de la voluntad política del Estado, sino de las obligaciones internacionales suscritas y ratificadas. El problema aparece cuando esas obligaciones formales no se traducen en prácticas efectivas de garantía de derechos.
En la práctica, se han establecido barreras administrativas, normativas y procedimentales. Por ejemplo, en 2024 se introdujeron mayores exigencias para solicitar la condición de refugiado: no solo se requería ingresar al país, sino también presentar la solicitud dentro de un plazo breve; además, se incorporaron criterios temporales vinculados al tránsito previo y una etapa de admisibilidad que podía impedir el análisis de fondo del caso concreto.
Esta mirada restrictiva parte de una comprensión simplificada de la movilidad humana. Como ha señalado parte de la literatura especializada, el Estado tiende a tratar la migración como si fuera un flujo que puede abrirse o cerrarse con controles fronterizos, militarización o infraestructura física. Bajo esa lógica, ubicar a los militares en la frontera, cavar zanjas o endurecer controles equivaldría a “cerrar la llave”. Pero cuando se cierran las vías regulares o seguras de ingreso, la movilidad no desaparece; por el contrario, tiende a desplazarse hacia rutas más peligrosas, informales y precarias.
En el norte de Chile, la existencia de múltiples pasos no habilitados muestra que las medidas restrictivas no eliminan los ingresos, sino que aumentan los riesgos asociados con la travesía. Por ello, muchas de estas respuestas no pueden entenderse solo como políticas eficaces de control, sino también como estrategias de comunicación política orientadas a mostrar “mano dura” frente a la opinión pública.
El cambio de enfoque resulta complejo, especialmente porque las políticas restrictivas suelen producir réditos electorales en contextos marcados por discursos de inseguridad, crisis y control fronterizo. Sin embargo, existen experiencias que muestran alternativas, como España, que discute procesos de regularización extraordinaria; Brasil, que reconoció la movilidad forzada de migrantes venezolanos; y Colombia, que implementó mecanismos de protección temporal para población venezolana. Entonces, es posible formular respuestas menos punitivas y más orientadas a la protección.