Violencia contra mujeres migrantes en Medellín: perfil de las víctimas y agresores reportados a la Línea 123 Agencia Mujer, 2020-2024

Violence Against Migrant Women in Medellín: Profile of Victims and Perpetrators Reported to the 123 Women’s Agency Hotline, 2020-2024

Johnatan Andrés Soto Aguirre

Docente ocasional en la Facultad de Nutrición y Dietética de la Universidad CES ezsotto@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-7553-4512 Colombia

Santiago Gómez Velásquez

Estudiante del doctorado en Epidemiología y Bioestadística en la Universidad CES sagomez@ces.edu.co https://orcid.org/0000-0002-5618-2056 Colombia

Luisa Fernanda Pareja Fonnegra

Gerente de Sistemas de Información en Salud en el Observatorio de Igualdad de Género de Mujeres de la Alcaldía de Medellín luisaparejagesis@gmail.com https://orcid.org/0009-0009-7794-7925 Colombia

Recibido: 17-diciembre-2025

Aceptado: 6-marzo-2026

Publicado: 15-julio-2026

Cómo citar este artículo:

Soto Aguirre, J. A., Gómez Velásquez, S., y Pareja Fonnegra, L. F. (2026). Violencia contra mujeres migrantes en Medellín: perfil de las víctimas y agresores reportados a la Línea 123 Agencia Mujer, 2020-2024. Estado & comunes, 2(23), 89-110. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.454

Estado & comunes

Revista de políticas y problemas públicos.

N.° 23, vol. 2, julio-diciembre 2026, pp. 89-110

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

Quito-Ecuador.

ISSN impreso: 1390-8081 - ISSN electrónico: 2477-9245

https://doi.org/10.37228/estado_comunes.454

Resumen

Esta investigación describe los factores sociodemográficos asociados con la violencia reportada por mujeres migrantes y los perfiles de los presuntos agresores, a partir de los casos registrados por la Línea 123 Agencia Mujer en Medellín entre 2020 y 2024. Mediante una metodología cuantitativa, orientada por el Standardized Reporting of Secondary Data Analyses (STROSA), se aplicaron análisis descriptivos y pruebas bivariadas para identificar asociaciones o diferencias entre las variables. Los resultados muestran que la violencia física fue la más frecuente entre las mujeres migrantes, seguida de la violencia económica, la psicológica y digital, y la sexual. Sin embargo, la violencia no es homogénea: su frecuencia y distribución dependen de factores como la edad, la jefatura del hogar, la actividad económica y la desigualdad territorial, entre otros. La violencia se concentra en zonas urbanas que comparten condiciones de desigualdad, precariedad y menores niveles de calidad de vida. A su vez, la violencia física y económica se presenta principalmente en el ámbito de las relaciones de pareja, mientras que la violencia sexual y sociopolítica aparece en espacios más amplios de vecindad, sociabilidad o dependencia.

Palabras clave: desigualdad, interseccionalidad, género, nacionalidad, registros, violencia sexual, Venezuela.

Abstract

This study describes the sociodemographic factors associated with violence reported by migrant women and the profiles of the alleged perpetrators, based on cases recorded by the Línea 123 Agencia Mujer in Medellín, Colombia, between 2020 and 2024. Using a quantitative methodology guided by the Standardized Reporting of Secondary Data Analyses (STROSA), descriptive analyses and bivariate tests were conducted to identify associations or differences between variables. The results show that physical violence was the most frequent form of violence among migrant women, followed by economic, psychological and digital, and sexual violence. However, violence is not homogeneous: its frequency and distribution depend on factors such as age, household headship, economic activity, and territorial inequality, among others. The evidence suggests that violence is concentrated in urban areas characterized by inequality, precariousness, and lower quality of life. In turn, physical and economic violence occurs mainly within intimate partner relationships, whereas sexual and sociopolitical violence appears in broader spaces of neighborhood, sociability, or dependency.

Keywords: inequality, intersectionality, gender, nationality, records, sexual violence, Venezuela.

1. Introducción

La violencia de género es uno de los problemas de derechos humanos más prevalentes y agudos en el mundo. Aunque no se agota en ella, la violencia de pareja en Colombia afecta en mayor medida a mujeres entre los 18 y 49 años; mientras que, en “mayores de 70 años, la violencia intrafamiliar fue el contexto de violencia no fatal más valorado” (INMLCF1, 2023, p. 25). En 2022, los registros médico-legales indicaron que, de 41 935 casos de lesiones no fatales en contextos de violencia de pareja, el 86,6 % correspondió a mujeres, con 36 337 casos, en los que los presuntos agresores fueron, con frecuencia, hombres (INMLCF, 2023).

Por número absoluto de casos, Medellín ocupa el primer lugar en violencia de pareja en el país (INMLCF, 2023). A su vez, Antioquia (departamento del que Medellín es capital) fue el territorio con más feminicidios y delitos sexuales en 2024, incluso por encima de Bogotá (Defensoría del Pueblo, 2025). Para el Observatorio de Igualdad de Género para las Mujeres (2026), el 71 % de las víctimas en casos de violencia intrafamiliar son mujeres y niñas, y las comunas de Manrique y Robledo, ubicadas en la zona nororiental de la ciudad, son las más afectadas. Cada día, en promedio, 48 mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar y 40 niñas de violencia sexual en Medellín, según el mismo Observatorio.

No obstante, el fenómeno es complejo, multidimensional y se expresa en otros espacios, modos y niveles de intensidad; es decir, las agresiones no solo ocurren en el ámbito de las relaciones afectivas. Cuando se plantea que la violencia de género se concreta en tipologías delictivas en las que las mujeres representan un alto porcentaje de las víctimas en procesos penales asociados con delitos contra la integridad personal, la libertad y la familia (58,2 % de los casos, frente al 37,4 % de hombres víctimas entre 2019 y 2023 (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2025), se sostiene también que dicha violencia supera el ámbito de la pareja y el espacio íntimo, y que varios tipos de violencia se acumulan o articulan con la violencia no fatal. Así, bajo un tipo de violencia subyacen otras formas.

Estas condiciones, junto con el peso migratorio de Medellín como una de las ciudades de Colombia que alberga mayor población migrante (Medellín Cómo Vamos, 2025), la convierten en un caso emblemático para abordar la intersección entre violencia de género y migración. De acuerdo con la Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y Servicio al Ciudadano (2024, p. 19), “la proporción de población venezolana sobre el total de población extranjera que se encuentra en la ciudad asciende al 90 %”. El departamento de Antioquia concentra el 13,81 % de dicha población, por detrás de Bogotá, con el 20,97 %. El 8,43 % de los migrantes venezolanos del país se encuentra en Medellín, en el que el 52 % son mujeres (Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana [OM3], 2024)2.

Medellín también es un caso emblemático porque su alcaldía cuenta con la Línea 123 Agencia Mujer. La línea tiene por propósito brindar atención de emergencia a mujeres en situación de riesgo y a víctimas de violencias de género, con enfoque de derechos humanos y trato diferencial (López y Franco, 2023). El énfasis en lo local, en la gestión del riesgo y en la posibilidad de activar rutas de denuncia (no solo de atención) convierte a la línea en un referente nacional, distinto de otras iniciativas de su tipo, como la Línea Púrpura Distrital de Bogotá, orientada a brindar atención psicosocial y jurídica.

Dado que es posible aproximarse a la relación entre migración y violencia de género a partir de registros administrativos institucionales, este artículo describe la violencia reportada por mujeres migrantes a la Línea 123 Agencia Mujer en Medellín entre 2020 y 2024, desde dos dimensiones: el perfil sociodemográfico de las víctimas y el perfil de los presuntos agresores. El propósito no es ofrecer una medición poblacional de la violencia ni evaluar la calidad y eficiencia del servicio o del flujo de llamadas, sino ofrecer una aproximación que permita comprender los patrones diferenciales y observables de la violencia contra mujeres migrantes.

1. Política pública, institucionalidad, protocolo y limitaciones

La Línea 123 Agencia Mujer forma parte de la política pública local. Tiene sustento normativo en el Acuerdo 52 de 2011 del Concejo de Medellín, que dispuso crear el Programa de Protección Integral y Apoyo para las Mujeres Víctimas de Violencia. El Programa contiene varias medidas delegadas a la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, como los hogares de acogida, la atención psicosocial y “las condiciones técnicas e informáticas para el registro y soporte de las pruebas y denuncias que permitan hacer el seguimiento a los hechos de violencia in situ” (Concejo de Medellín, 2011, artículo tercero).

Este instrumento, implementado desde 2013, forma parte de las rutas de atención a violencias y se vincula con la Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín, aprobada por el Concejo de Medellín mediante el Acuerdo 102 de 2018. No obstante, el Plan de Desarrollo Distrital “Medellín Futuro” 2020-2023 fue el único de su tipo que incluyó a la Línea 123 Agencia Mujer como parte de las “acciones de atención y protección integral a las mujeres en riesgo y víctimas de violencias, especialmente las basadas en género” (Alcaldía de Medellín, 2020, p. 330).

De acuerdo con la información disponible en la página web de la Secretaría de las Mujeres, la mujer en situación de riesgo marca el número único de seguridad y emergencias 1233, y solicita a la persona que contesta que la redireccione a Agencia Mujer. Según la investigación de Romero et al. (2017), una psicóloga atiende la llamada, interactúa con la víctima, formula las preguntas de rigor, toma la información (que queda registrada en el sistema de respuesta de emergencia denominado Positrón, al que también tiene acceso la Policía Nacional) y brinda atención. A la línea también llaman testigos de violencia.

La profesional clasifica el nivel de riesgo y la solicitud, establece prioridades, ofrece terapia en caso de crisis emocional intensa y medidas de contención rápida, y evalúa, de común acuerdo con la mujer, si necesita apoyo inmediato de la Policía (Romero et al., 2017). También pregunta si requiere ayuda jurídica; en ese caso, transfiere la llamada al área de Atención Psicojurídica en Territorio. La línea no recibe denuncias ni sus funcionarias sustituyen la labor del sistema de justicia, pero ofrece la posibilidad de derivar la llamada a la entidad correspondiente y, por tanto, activa la ruta.

No es posible continuar con este estudio si no se reconocen las limitaciones de este mecanismo. En primer lugar, la línea está dirigida a mujeres mayores de 18 años, a mujeres que enfrentan barreras para interrumpir voluntariamente su embarazo y a adolescentes mayores de 14 años que hayan sido víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja, o que tengan hijos (Alcaldía de Medellín, s. f.). En este sentido, la atención no resulta plenamente interseccional, ya que reduce la violencia contra las adolescentes al ámbito doméstico, mientras que el lineamiento no es claro sobre el abordaje de niñas que atraviesan violencia sexual, intrafamiliar o violencias asociadas al cuidado y la dependencia.

Además, se desconoce si hay niñas y niños que presencian episodios de violencia entre adultos, si son víctimas y cuál es el tratamiento institucional que ofrece la línea al respecto. La información de la página web de la Secretaría de las Mujeres4 tampoco aporta datos sobre la atención diferencial, por ejemplo, de mujeres trans y personas no binarias que, además de estar expuestas a violencia de pareja y expareja, pueden enfrentarse a revictimización y violencia estatal, en especial por parte de la Policía (Alcaldía de Medellín, 2023).

Ante la falta de conocimiento sobre los componentes y contenidos de este tipo de servicios, estudiada en otros países (Hernández et al., 2021), existe evidencia de que la Línea 123 Agencia Mujer enfrenta barreras asociadas con la alta demanda, la limitada capacidad de respuesta y las dificultades en la atención (López y Franco, 2023). Desde sus inicios, la línea presentó dificultades: para 2013, la capacidad promedio de atención era de seis casos diarios, pero se recibían diez denuncias al día. “Las dos especialistas [psicóloga y abogada] no daban abasto para hacer un seguimiento de emergencia a todas las mujeres que llamaban en 24 horas” (Romero et al., 2017, p. 12).

La demanda se incrementó durante la pandemia por covid-19 (Valle, 2022), hasta el punto de que la línea colapsó, no solo porque las llamadas se triplicaron, sino también porque la entidad “se dedicó a ayudar a las mujeres a diligenciar los formularios que debían enviarse por correo electrónico a las Comisarías de Familia” (Alcaldía de Medellín, 2023, p. 29). Las migrantes venezolanas fueron uno de los segmentos más perjudicados durante la pandemia: llamaban con frecuencia a la línea para presentar casos de violencia exacerbada por la pérdida de empleo, situación que llevó a algunas a quedar en situación de calle (Alcaldía de Medellín, 2023).

Por otro lado, la efectividad de la línea —en términos de atender, orientar y activar las rutas de protección— también depende de la gestión y comunicación interinstitucional, así como de los tiempos de respuesta de la red de operadores, servicios e instituciones, que no siempre está articulada. Entre estos se encuentran la Fiscalía, la Policía, el INMLCF, las comisarías de familia, la Defensoría, las instituciones prestadoras de salud, los servicios de atención psicológica y jurídica, los centros de integración local y los hogares de protección. A ello se suman barreras operativas y comunicacionales, como la ausencia de automóviles suficientes para trasladar a las mujeres a centros de salud y justicia cuando corresponde, o la falta de intérpretes para mujeres con discapacidad auditiva o dificultades del habla (Alcaldía de Medellín, 2023).

La línea corresponde a un servicio de emergencia complementario, por lo que no recibe todos los hechos de violencia ni todas las llamadas son atendidas con la misma prioridad, ya que esto depende de la clasificación del riesgo o de la emergencia5 que efectúa la persona que contesta (Alcaldía de Medellín, 2023). Según Hernández et al. (2021), este tipo de servicios no puede cuantificar cuántas mujeres atravesaron violencias, castigos o golpes previos en su círculo familiar, de amistad o durante su niñez; tampoco permite conocer en qué momento llaman. En ocasiones, la violencia no ocurre necesariamente de forma inmediata antes de la llamada, ya que es probable que existan puntos de quiebre, como un embarazo, un hijo o una separación conyugal, que activan la alerta de cuidado y protección.

Aunque no es posible conocer si las víctimas tienen redes de apoyo y protección o si mantienen dependencia económica y emocional con el agresor, sí hay mujeres víctimas de violencia física, psicológica e intrafamiliar que llaman a la línea para pedir ayuda para sus familiares o llegar a un acuerdo. La fuente las describe como “Muchas de ellas mujeres adultas mayores, víctimas de violencia por parte de sus hijos, algunos de ellos consumidores de sustancias psicoactivas o con diagnósticos psiquiátricos sin tratar” (Alcaldía de Medellín, 2023, p. 10). La sobrecarga feminizada del cuidado y el vínculo afectivo con los agresores son barreras que impiden a ciertas mujeres activar los mecanismos punitivos, aun cuando la violencia recaiga sobre ellas.

Por otro lado, el miedo a que la denuncia active la pérdida del estatus migratorio o la deportación por condición migratoria irregular (Innes et al., 2024), la dependencia económica, documental o afectiva (Cuesta-García y Crespo, 2022), la normalización de las violencias (Calderón-Jaramillo et al., 2020), así como la discriminación, la xenofobia y el trato institucional desigual, entre otros factores, hacen que muchas migrantes no denuncien. Esta población se encuentra en una posición desigual frente a otras mujeres que atraviesan situaciones de riesgo, sea por la ausencia de contactos o por la precariedad económica (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2025).

2. Metodología

La metodología de este estudio es cuantitativa, con diseño observacional, transversal y analítico. Se tomó como fuente de información la base de datos de la atención psicojurídica de la Línea 123 Agencia Mujer, que ofrece una aproximación inicial a las necesidades de quienes llaman, a los perfiles de quienes presuntamente agreden y a la forma de enfocar los servicios estatales de atención. En consecuencia, los datos no permiten establecer relaciones causales de la violencia, estimar el subregistro, identificar todas las violencias que se superponen ni calcular prevalencias poblacionales.

La población de estudio estuvo conformada por mujeres que llamaron a la línea en calidad de solicitantes directas entre 2020 y 2024. Se definió esta ventana temporal debido a la disponibilidad plena de los registros y de las variables estudiadas, así como por tratarse de años en los que las llamadas y los registros se triplicaron (Alcaldía de Medellín, 2023). Los datos fueron suministrados por la Secretaría de las Mujeres en un archivo consolidado por años, en formato Excel, con registros administrativos anonimizados. Por ello, los autores de este artículo no tuvieron acceso a nombres, cédulas, teléfonos, direcciones, correos electrónicos, números de caso ni a ningún otro dato personal de la víctima o del presunto agresor.

La información se obtuvo tras la presentación de un derecho de petición6 a la Secretaría de las Mujeres y fue entregada en formato digital. Como formaba parte del registro operativo institucional, requirió un proceso de depuración, validación y estandarización. La base estuvo protegida durante las fases del proceso de investigación y su uso no excede el ámbito académico.

En cuanto a la base, cada registro corresponde a una atención cuya información se distribuye en 35 variables, entre ellas: datos sociodemográficos y de contexto de la víctima asociados con el tipo de violencia, lugar de ocurrencia y presunta persona agresora; características del posible agresor (edad, sexo y actividad económica); variables territoriales (residencia, comuna y código de comuna); y variables relacionales (uso de arma, uso de sustancia psicoactiva y condición de víctima del conflicto), entre otras.

Los datos fueron procesados siguiendo los lineamientos de la guía metodológica Standardized Reporting of Secondary Data Analyses (STROSA), así como las recomendaciones de acceso, depuración, limpieza y estandarización de Swart et al. (2016)7. El archivo fuente suministrado contenía 28 816 registros; tras la depuración, la base quedó en 22 758 registros, de los cuales 20 938 correspondían a mujeres de nacionalidad colombiana y 1820 a mujeres de otras nacionalidades (7,9 % de la base depurada). El proceso de depuración y control de los datos incluyó:

• Identificar registros duplicados, verificados mediante fecha de atención, documento de identificación y combinación de variables sociodemográficas.
• Detectar y corregir inconsistencias internas, valores imposibles, edades atípicas y categorías no estandarizadas generadas durante el registro operativo.
• Estandarizar categorías en variables clave, para asegurar coherencia temporal entre los cinco años de estudio.
• Tratar datos faltantes, mediante la exclusión de registros con ausencia de información sobre el agresor y el tipo de violencia.
• Excluir registros reportados por terceras personas, así como de casos en los que la información de la víctima y del presunto agresor era incompleta o no correspondía con el marco del estudio, centrado en violencia.
• Delimitar la base de datos: de 1 874 registros de mujeres migrantes, 54 registros (2,9 %) no fueron incluidos por información incompleta o duplicidad. Por ello, esta investigación tomó como punto de partida 1820 registros de mujeres migrantes.

El análisis descriptivo se efectuó mediante frecuencias y proporciones para las variables cualitativas (sexo, actividad económica y lugar de residencia), y mediante medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas (edad). Luego, se evaluaron las asociaciones entre los tipos de violencia, los factores sociodemográficos de las víctimas y las variables relacionadas con el presunto agresor. Para el análisis bivariado de la relación entre variables (técnica que permite identificar asociaciones y aportar indicadores de distribución, así como perfiles sociales y espaciales de las personas que reportan) se emplearon pruebas de independencia de chi-cuadrado, medidas de asociación según la naturaleza de las variables y estimaciones de razones de prevalencia cuando fue pertinente.

En relación con las fuentes secundarias, ChatGPT 5 sirvió como herramienta de apoyo en dos momentos del proceso de investigación: primero, para identificar contribuciones académicas indexadas complementarias sobre violencia y perfiles de las víctimas que llaman a líneas de emergencia; segundo, para rastrear informes institucionales y de organismos sobre la Línea 123 Agencia Mujer en Medellín, cuya literatura es escasa. Toda la información arrojada por este sistema fue consultada e interpretada por los autores.

2. Acercamiento teórico

Los enfoques interpretativos que consideraban la violencia de género como un hecho aislado o desligado de factores estructurales hoy no tienen vigencia. Actualmente, tanto los organismos internacionales como la literatura especializada sostienen que dicha violencia forma parte de un fenómeno enraizado en la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, la disparidad en el acceso a derechos, la asimetría entre los roles culturalmente asignados y la naturalización de la subordinación en un sistema que reproduce conductas machistas y heteropatriarcales (Flores, 2021; Martínez, 2022; Scheer et al., 2022; Michelis, 2025; Veronese et al., 2025).

Más allá de esta discusión causal, los factores sociodemográficos, económicos y de apoyo social pueden aumentar la probabilidad de que una mujer atraviese episodios de violencia, en especial las mujeres migrantes, que están más expuestas (en comparación con mujeres nacionales y otros segmentos poblacionales) a la violencia de pareja (Vives-Cases et al., 2010; Li et al., 2020). Algunos estudios sostienen que las mujeres migrantes embarazadas enfrentan mayor riesgo si viven sin pareja, son solicitantes de asilo, han migrado recientemente o tienen una formación educativa inferior a la secundaria (Stewart et al., 2012).

Las mujeres migrantes experimentan desafíos únicos, distintos a los de los hombres migrantes y las mujeres locales, al afrontar múltiples formas de discriminación basadas en su género, origen nacional, estatus migratorio y otras identidades interrelacionadas […] las mujeres migrantes experimentan formas de rechazo particulares, derivadas de estigmas y estereotipos que no enfrentan los migrantes hombres. (Luzes et al., 2024, pp. 5-6)

Ahora bien, ¿cómo explicar que entre las mujeres migrantes existan vulnerabilidades diferenciales que exponen a esta población al riesgo? Desde la interseccionalidad, concepto usado con amplia frecuencia en los estudios de género, es posible abordar los factores diferenciales que inciden en la exposición a la violencia. Esta se profundiza y no afecta de igual manera a todas las mujeres migrantes cuando se intersecta con la clase, la edad, la etnia, la orientación sexual, las condiciones socioeconómicas, entre otros factores (Viveros, 2016). Además, los factores asociados con la trayectoria migratoria (viajar solas, sin redes de protección ni recursos económicos, o migrar de manera forzada por contextos adversos), junto con la xenofobia, la pobreza o la situación de irregularidad, aumentan la exposición al riesgo en todas las etapas de la migración (Ariza y Jiménez, 2022), incluso en el retorno.

Además, entre las mujeres migrantes, el continuum de la cadena de cuidados, como la obligación de “resolver de forma ineludible las necesidades reproductivas de sus propios hogares” (Ariza y Jiménez, 2022, p. 12), profundiza la subordinación y las desigualdades históricas de género cuando se efectúa en condiciones de precarización, irregularidad o informalidad. En este sentido, Viveros (2016, p. 8) sostiene que esta labor es estratificada y depende de la posición que ocupe la mujer dentro del sistema, en relación con “posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, porque encarnan la norma misma, como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud”.

El estatus migratorio es, por sí mismo, una condición que puede aumentar la exposición al riesgo, a partir de factores como la irregularidad documental y la precariedad económica, tanto en entornos institucionales como comunitarios (Ornell et al., 2022), así como por las limitaciones estatales para garantizar atención y prevención integral (Calderón-Jaramillo et al., 2020). “El aumento de la pobreza y la imposibilidad de acceder a un trabajo decente también han llevado a algunas mujeres migrantes a aceptar oportunidades económicas arriesgadas, lo que las hace más vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación” (von Hase et al., 2021).

Aunque la evidencia es limitada, algunos aportes ofrecen pistas sobre los tipos de violencia reportados a las líneas de emergencia, en especial durante la pandemia por covid-19. Treves-Kagan et al. (2025) sostienen, tras analizar una base de 49 817 migrantes que llamaron a la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica en Estados Unidos, que la violencia facilitada por la tecnología y el abuso económico y financiero fueron los tipos más comunes entre 2016 y 2019, mientras que los abusos relacionados con el estatus migratorio y las finanzas personales fueron las barreras reportadas con mayor frecuencia después de la pandemia por covid-19.

No obstante, el tipo de violencia reportada varía según el territorio y los contextos propios de cada país. En América Latina, los reportes de violencia facilitada por tecnologías no aparecen con la misma frecuencia en los registros disponibles. Perez-Vincent y Carreras (2022) destacaron que las atenciones por violencia doméstica en líneas especializadas durante los primeros meses de la pandemia por covid-19 fueron significativas y se incrementaron en Colombia, Perú, Buenos Aires, Ecuador, Costa Rica y Uruguay. Pese a ello, no en todos los escenarios es posible obtener información robusta sobre quién llama, cuál es su relación con el agresor, qué tipo de violencia reporta y otros datos relevantes.

En Colombia, las llamadas sobre violencia doméstica aumentaron un 127 % durante la pandemia (mucho más que en los otros países de estudio), pero se desconocen los detalles de las víctimas y los agresores (Perez-Vincent y Carreras, 2022). En Perú, por ejemplo, a partir de 693 747 registros de la Línea 100 evaluados entre 2018 y 2022, se identificó que la edad y las características individuales son factores predisponentes a la violencia doméstica (Hernández-Vásquez et al., 2023). Además, es posible que niños, adultos mayores y personas con discapacidad reporten menos violencia debido a la dependencia del agresor, lo que no refleja necesariamente una menor ocurrencia de violencia.

Los factores sociodemográficos permiten aproximarse a la naturaleza de la violencia, aunque no la explican por sí solos. De acuerdo con el registro de personas que acudieron a un servicio de urgencias de un hospital de Vancouver por violencia doméstica, Janssen y Mackay (2012) determinaron las siguientes características sociodemográficas: el 95,3 % de las víctimas eran mujeres y el agresor reportado fue un hombre en el 94,2 % de las ocasiones. El 77 % de las víctimas reportó haber sufrido abuso previo por parte de otra persona; el 78 % reportaba abusos desde la infancia y el 62,3 % estaba casada o vivía con el agresor. Más del 60 % de las víctimas tenía entre 30 y 49 años.

Este tipo de datos ofrece una mirada interseccional de la violencia de género respecto de quienes tienen mayor riesgo de atravesar violencia, aunque debe complementarse con otros factores, como los territoriales. Algunas investigaciones muestran que la mayoría de los casos de violencia contra la mujer ocurre en barrios con altos niveles de marginación y escasa presencia institucional, como lo demostraron Pérez-Fernández et al. (2025) para el caso de Monterrey. En esos mismos espacios de riesgo suelen instalarse las poblaciones migrantes, en contextos donde existen violencias diferenciadas respecto de la población nacional y pocas respuestas de atención (Di Matteo, 2022; Salehin, 2024); por ello, el riesgo se intensifica por su posición como grupo vulnerable.

3. Resultados

De los 1820 registros correspondientes a mujeres migrantes atendidas por la Línea 123 Agencia Mujer entre 2020 y 2024, no fue posible desagregar la información por año, debido a que la base entregada por la Secretaría de las Mujeres no incluyó la fecha del reporte. No obstante, de los 1820 registros, el 96 % correspondió a mujeres de nacionalidad venezolana, es decir, 1759 casos. El 4 % restante se distribuyó en otras nacionalidades: 27 registradas como extranjeras, 10 de Ecuador, 4 de Brasil, 4 de Costa Rica, 4 de Perú, 3 de México, 2 de España, 2 de Estados Unidos, 2 de Israel, 1 de Austria, 1 de Bolivia y 1 de Panamá. La violencia física fue el tipo más reportado (1374 casos), seguida por la violencia económica, psicológica y digital (287 casos), la violencia sexual (125 casos) y, en menor proporción, la violencia sociopolítica e institucional (34 casos).

Ahora bien, la violencia no se distribuye de manera homogénea entre las mujeres migrantes, sino que se concentra en determinados perfiles. Por rango etario, la violencia física, al igual que la económica, psicológica y digital, se concentra en jóvenes y adultas jóvenes (entre 20 y 34 años), con el 73,8 % de los reportes. En cambio, aunque la violencia sexual tiene un perfil más disperso y se concentra en mujeres jóvenes (entre 20 y 29 años), con el 60 % de los casos para este tipo de violencia, llama la atención el alto porcentaje registrado en adolescentes de 15 a 19 años, con el 14,4 %. De hecho, entre todos los tipos de violencia analizados, esta es la que más las afecta. Por su parte, la violencia sociopolítica e institucional afecta en alta proporción a jóvenes y adultas jóvenes entre 20 y 34 años.

La edad aparece asociada con otras variables, como el nivel educativo, la actividad económica y la zona de residencia. La jefatura del hogar es una variable estadísticamente significativa, pues el 66,59 % de las mujeres se identificó como jefa de hogar. Las mujeres jefas de hogar concentran más reportes de violencia física (911 casos frente a 1374) y de violencia económica, psicológica y digital (210 frente a 287 casos reportados para este tipo) que aquellas que no se identificaron como jefas de hogar.

Respecto del nivel educativo, la violencia se concentró en mujeres con educación secundaria. Según el tipo de violencia, este grupo concentró el 66,5 % de los casos de violencia física, el 65,2 % de violencia económica, psicológica y digital, el 69,6 % de violencia sexual y el 52,9 % de violencia sociopolítica e institucional. La violencia también afecta, en promedio, al 25 % de mujeres que cuentan con niveles educativos medios, técnicos y profesionales, mientras que las mujeres con baja escolaridad presentan números absolutos menores.

En cuanto a la actividad económica, el 58,6 % de las mujeres indicó que trabajaba, el 28,3 % estaba dedicada a oficios del hogar, el 9 % buscaba trabajo, el 3 % no tenía actividad y el 0,87 % estudiaba. Entretanto, los datos muestran una concentración territorial de la violencia que varía de acuerdo con su tipo. En términos absolutos, se observaron concentraciones relevantes de violencia física y sexual en la zona centrooriental de Medellín) 166 y 44 casos, respectivamente), así como en la zona nororiental (353 y 26 casos, respectivamente). Respecto de la violencia económica, psicológica y digital, hay un ligero cambio, ya que la zona nororiental ocupa el primer lugar, con 94 casos, seguida por la zona centrooriental, con 83 reportes.

La violencia sociopolítica e institucional tuvo una distribución más dispersa, con énfasis en las zonas centrooriental y centroccidental, con 9 casos cada una. Vale precisar que las zonas suroriental y suroccidental, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el área rural del municipio presentaron frecuencias menores. Además, el 59,2 % de los registros procedió, en conjunto, de las zonas centrooriental y nororiental.

La Línea 123 Agencia Mujer indaga por antecedentes de victimización asociada con el conflicto armado colombiano. Solo 67 mujeres respondieron que sí (3,68 % del total). Entre ellas, 44 reportaron violencia física; 14, violencia económica, psicológica y digital; 4, violencia sexual; y 5, violencia sociopolítica e institucional. Los datos del perfil sociodemográfico de las víctimas se presentan a continuación:

Tabla 1

Violencia contra mujeres migrantes según factores sociodemográficos en Medellín 2020-2024

Características	Física n = 1 374	Económica, psicológica y digital n = 287	Sexual n = 125	Sociopolítica e institucional n = 34	Valor p
Nacionalidad
Venezolana	1333 (97,0)	281 (97,9)	114 (91,2)	31 (91,2)	0,001
Otra	41 (3,0)	6 (2,1)	11 (8,8)	3 (8,8)
Grupo de edad
De 15 a 19 años	98 (7,1)	17 (5,9)	18 (14,4)	3 (8,8)	0,017*
De 20 a 24 años	382 (27,8)	66 (23,0)	44 (35,2)	7 (20,6)
De 25 a 29 años	361 (26,3)	85 (29,6)	31 (24,8)	9 (26,5)
De 30 a 34 años	270 (19,7)	53 (18,5)	15 (12,0)	7 (20,6)
De 35 a 39 años	143 (10,4)	25 (8,7)	9 (7,2)	5 (14,7)
De 40 a 44 años	54 (3,9)	16 (5,6)	4 (3,2)	3 (8,8)
De 45 a 49 años	39 (2,8)	11 (3,8)	0 (0,0)	0 (0,0)
De 50 a 54 años	13 (0,9)	8 (2,8)	2 (1,6)	0 (0,0)
55 años o más	14 (1,0)	6 (2,1)	2 (1,6)	0 (0,0)
Jefatura del hogar
Sí	911 (66,3)	210 (73,2)	71 (56,8)	20 (58,8)	0,008
No	463 (33,7)	77 (26,8)	54 (43,2)	14 (41,2)
Nivel educativo
Ninguno	14 (1,0)	5 (1,7)	4 (3,2)	2 (5,9)	0,178*
Primaria	104 (7,6)	21 (7,3)	6 (4,8)	2 (5,9)
Secundaria	914 (66,5)	187 (65,2)	87 (69,6)	18 (52,9)
Media/técnica	169 (12,3)	43 (15,0)	13 (10,4)	5 (14,7)
Profesional	173 (12,6)	31 (10,8)	15 (12,0)	7 (20,6)
Actividad económica
Trabajando	803 (58,4)	175 (61,0)	69 (55,2)	18 (52,9)	0,001*
Oficios del hogar	417 (30,3)	69 (24,0)	24 (19,2)	6 (17,6)
Buscando trabajo	110 (8,0)	28 (9,8)	20 (16,0)	7 (20,6)
Sin actividad	34 (2,5)	13 (4,5)	8 (6,4)	3 (8,8)
Estudiando	10 (0,7)	2 (0,7)	4 (3,2)	0 (0,0)
Zona de residencia
Nororiental	353 (25,7)	94 (32,8)	26 (20,8)	4 (11,8)	0,042*
Noroccidental	178 (13,0)	38 (13,2)	17 (13,6)	6 (17,6)
Centrooriental	466 (33,9)	83 (28,9)	44 (35,2)	9 (26,5)
Centroccidental	163 (11,9)	27 (9,4)	19 (15,2)	9 (26,5)
Suroriental	11 (0,8)	1 (0,3)	3 (2,4)	0 (0,0)
Suroccidental	96 (7,0)	18 (6,3)	6 (4,8)	2 (5,9)
Distrito rural	101 (7,4)	24 (8,4)	8 (6,4)	3 (8,8)
AMVA	6 (0,4)	2 (0,7)	2 (1,6)	1 (2,9)
Víctima del conflicto
Sí	44 (3,2)	14 (4,9)	4 (3,2)	5 (14,7)	0,003
No	1330 (96,8)	273 (95,1)	121 (96,8)	29 (85,3)

Fuente: Base de datos administrativa anonimizada de la Línea 123 Agencia Mujer, suministrada por la Secretaría de las Mujeres de Medellín; procesamiento de los autores (2025).

Nota: Las variables categóricas se describen mediante frecuencias absolutas (n) y relativas (%). El asterisco (*) indica que se aplicó la prueba exacta de Fisher con simulación de Monte Carlo. Nivel de significancia: α < 0,05.

Por otro lado, es posible conocer las características del presunto agresor, el vínculo con la víctima y algunas condiciones asociadas, tal como consta en la tabla 2. En el 97 % de los casos, el presunto agresor fue un hombre y, en el 2 %, una mujer. Este dato sugiere relaciones desiguales de poder en las que los hombres aparecen como los principales agresores reportados. Ahora bien, los hombres que tenían una relación de pareja con la víctima aparecen como los principales agresores en los casos de violencia física (83,9 %) y de violencia económica, psicológica y digital (82,6 %). En cambio, los hombres que mantenían una relación de amistad o sociabilidad con la víctima se asocian en mayor proporción con la violencia sexual (57,6 % de los casos) y la violencia sociopolítica (47,1 %).

El hallazgo más revelador es que la violencia sexual contra mujeres migrantes en Medellín no se limita al ámbito íntimo, aunque este representa el 35,2 % de los casos. Los datos sugieren que la violencia sexual también se ubica en redes cercanas, entornos comunitarios, espacios de confianza o relaciones sociales aparentemente no íntimas, con el 57,6 % de los casos. Un patrón similar se observa en la violencia sociopolítica, en la que este tipo de vínculo registra el 47,1 %.

Asimismo, los datos muestran que el presunto agresor no mantiene vínculos con grupos armados (legales o ilegales, según la clasificación de la base) en el 93,1 % de los casos. No obstante, en la violencia sociopolítica e institucional se registra una mayor proporción de vínculos con alguno de estos grupos, con el 23,5 %, mientras que en la violencia física el porcentaje cae al 5,9 %; en la violencia económica, psicológica y digital, al 9,1 %; y en la violencia sexual, al 8 %.

Además, el 62,3 % de las mujeres reportó que el presunto agresor se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esto sugiere que el consumo aparece con frecuencia en los contextos de violencia física (62,2 %), económica, psicológica y digital (68,6 %), y sexual (52,8 %). Finalmente, de acuerdo con las medianas y sus respectivos rangos intercuartílicos, los agresores se concentran en edades adultas jóvenes; sin embargo, esta variable no diferencia de forma importante los tipos de violencia reportados en la tabla.

Tabla 2

Tipos de violencia contra mujeres migrantes según características del presunto agresor en Medellín, 2020-2024

Características	Física n = 1 374	Económica, psicológica y digital n = 287	Sexual n = 125	Sociopolítica e institucional n = 34	Valor p
Sexo
Hombre	1342 (97,7)	284 (99,0)	125 (100,0)	32 (94,1)	0,068
Mujer	32 (2,3)	3 (1,0)	0 (0,0)	2 (5,9)
Tipo de relación con la víctima
Pareja	1153 (83,9)	237 (82,6)	44 (35,2)	14 (41,2)	0,001*
Amigos/conocidos	152 (11,1)	35 (12,2)	72 (57,6)	16 (47,1)
Familiar	43 (3,1)	5 (1,7)	1 (0,8)	2 (5,9)
Desconocido	24 (1,7)	9 (3,1)	4 (3,2)	0 (0,0)
Jefe	2 (0,1)	1 (0,3)	4 (3,2)	2 (5,9)
Vínculo con grupos armados (GA)
GA ilegal	75 (5,5)	26 (9,1)	10 (8,0)	8 (23,5)	0,001*
GA legal	6 (0,4)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
No registra	1293 (94,1)	261 (90,9)	115 (92,0)	26 (76,5)
Consumo de sustancia psicoactiva
Sí	854 (62,2)	197 (68,6)	66 (52,8)	17 (50,0)	0,008
No	520 (37,8)	90 (31,4)	59 (47,2)	17 (50,0)
Edad	30 (26-36)	32 (27-38)	30 (25-39)	30 (25-37)	0,11**

Fuente: Base de datos administrativa anonimizada de la Línea 123 Agencia Mujer, suministrada por la Secretaría de las Mujeres de Medellín; procesamiento de los autores (2025).

Nota: Las variables categóricas se describen mediante frecuencias absolutas (n) y relativas (%). La edad se describe mediante mediana y rango intercuartílico (Mediana (Q1-Q3)). La categoría “sustancia psicoactiva” incluye sustancias legales e ilegales. El asterisco (*) indica que se aplicó la prueba exacta de Fisher con simulación de Monte Carlo. Nivel de significancia: α < 0,05. El doble asterisco (**) indica ANOVA no paramétrico.

4. Discusión

Los resultados permiten una lectura complementaria de la violencia reportada, a partir de patrones descriptivos relevantes, como la distribución de los casos registrados según variables individuales, sociales, relacionales y territoriales. Del conjunto de variables descritas es posible afirmar que la violencia contra las mujeres migrantes en Medellín no es homogénea, sino que se complejiza a partir de factores interseccionales como el género, la nacionalidad, la edad, la jefatura del hogar, la actividad económica, la desigualdad territorial, el tipo de presunto agresor, la relación con la víctima y el consumo de sustancias psicoactivas.

Las dos tablas presentadas no pueden leerse de forma aislada. La primera muestra las condiciones de exposición de la víctima, mientras que la segunda permite observar las relaciones y los contextos en que se produce la agresión. En conjunto, ambas permiten sostener que la violencia se produce en la intersección entre condiciones estructurales y relaciones de poder concretas. “No podemos, sin embargo, olvidar que el hecho de que tales dificultades hayan derivado en un proceso de violencia masculina contra la mujer y no lo contrario sólo puede entenderse si se comprende dicha violencia en relación a la desigualdad y las relaciones de poder de género” (Damonti y Amigot, 2020, p. 221).

Por otro lado, la violencia tiene una dimensión interseccional marcada, que no se agota en el género y que trasciende las relaciones de pareja hacia círculos de amistad y sociabilidad. Los hombres aparecen como presuntos agresores en más del 97 % de los casos, pese a que la prueba estadística no muestra diferencias significativas en la distribución del sexo del agresor entre los tipos de violencia analizados (p = 0,068). Aun así, no puede negarse el patrón de masculinización de la agresión, así como tampoco que la violencia trasciende el espacio doméstico.

Aunque las mujeres venezolanas concentran los reportes a la línea, no es posible hablar de mayor riesgo relativo frente a la nacionalidad. No obstante, la nacionalidad es un factor de desigualdad solo si se estudia y combina con factores como “el género, la etnia y la clase [que] operan de manera simultánea en el proceso de generar y manifestar las desigualdades” (Jelin, 2021, p. 43). En estas desigualdades múltiples, como las denomina Jelin (2021), existe cierta estratificación social que opera desde afuera y define límites, derechos y beneficios derivados de pertenecer a determinada comunidad.

Que el 66,59 % de las mujeres migrantes se haya identificado como jefa de hogar puede indicar cierta autonomía, pero también una carga en las tareas de cuidado, sostenimiento económico y responsabilidad familiar que escapa a las explicaciones causales ofrecidas y no se desprende directamente de los datos. Lo que sí revelan los datos es que sobre las mujeres migrantes dedicadas a oficios del hogar recae una parte importante de la violencia física y de la violencia económica, psicológica y digital, aunque aquellas que tienen una actividad económica también aparecen de forma relevante en los registros. En todo caso, las mujeres migrantes con ingresos propios también reportan violencia; sin embargo, futuras investigaciones deberían determinar cuántas de ellas, especialmente quienes tienen ingresos bajos, reportan con mayor frecuencia que aquellas que cuentan con ingresos medios y altos.

Las mujeres migrantes jóvenes y adultas jóvenes aparecen con frecuencia en los registros de la línea como víctimas de violencia, en el rango de 20 a 34 años, aunque la violencia sexual, en particular, también afecta a las adolescentes de 15 a 19 años. Aunque la edad del agresor no presenta significancia estadística clara, pues el valor p reportado es 0,11, los registros apuntan a hombres adultos jóvenes, muchas veces en relaciones de pareja o en vínculos cercanos, como presuntos agresores. Por otro lado, el consumo de sustancias psicoactivas está presente en gran parte de los casos reportados y actúa como factor asociado o situacional, pero no explica por sí mismo la violencia ni desplaza la responsabilidad del agresor, aunque puede modificar la forma de la agresión.

Adicionalmente, esta investigación expone evidencia sobre cómo la distribución de los tipos de violencia varía según el territorio. En las zonas centrooriental y nororiental de Medellín se concentran los casos de violencia física, económica y sexual, territorios que tienen en común desigualdad urbana, precariedad y menores niveles de calidad de vida que el resto de la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2023). Además, aunque se observa un mayor peso relativo entre la violencia sociopolítica contra la mujer y la vinculación del presunto agresor con grupos armados ilegales, este indicador deberá estudiarse como una práctica situada, relacional y territorializada.

Desde una perspectiva metodológica, se reconocen las limitaciones de la Línea 123 Agencia Mujer, algunas planteadas al inicio del artículo. Los registros administrativos dependen tanto de quien toma los datos como del autorreporte de las víctimas, lo que puede producir sesgos por subregistro, omisión de información y variabilidad interprofesional. Asimismo, la naturaleza descriptiva del estudio impide establecer relaciones causales o temporales entre los factores sociodemográficos de la víctima y el perfil del presunto agresor. Por último, no se cuenta con datos concretos sobre la situación que motivó la llamada, cuántas veces se repitió el episodio de violencia o si la víctima (o sus familiares) posee antecedentes de violencia.

Sin embargo, los datos sirven como insumo para orientar el diseño de políticas locales con énfasis territorial, priorizar grupos de mujeres y ajustar las rutas de atención. De manera puntual, el reconocimiento de los perfiles sociodemográficos y relacionales de las víctimas da cuenta de que, entre las mujeres migrantes (aun cuando la mayoría son de origen venezolano), existen diferencias y la violencia tiene un impacto desigual. Por tanto, las políticas e intervenciones deben ser diferenciadas, no solo desde un enfoque migratorio, sino desde un enfoque interseccional que se complemente con la edad, la jefatura del hogar, la actividad económica, la escolaridad y el territorio.

La mayor concentración de reportes sobre mujeres venezolanas, jóvenes, jefas de hogar y residentes en territorios precarios constituye un indicio de un patrón de violencia que tiene lugar en las intersecciones entre género, migración, desigualdad e inserción socioeconómica. Los hallazgos no expresan cuánta violencia hay en Medellín; por ello, deben leerse con cautela y según su alcance: muestran la distribución de la violencia reportada a partir de los perfiles de las víctimas, los tipos de violencia, las características de los presuntos agresores y los vínculos registrados.

5. Conclusiones

Este artículo tuvo por propósito exponer la violencia reportada por mujeres migrantes a la Línea 123 Agencia Mujer, en Medellín, con énfasis en los factores sociodemográficos de las víctimas y los perfiles de los presuntos agresores. En un contexto local determinado por la alta recepción de población migrante venezolana, desigualdades territoriales, sociales y económicas, y una institucionalidad local que ha desarrollado, desde hace más de una década, dispositivos de política pública destinados a atender a víctimas de violencia de género, la línea permite comprender con precisión cómo se distribuyen los casos que ingresan.

El estudio no ofrece una explicación causal de la violencia de género en Medellín, pero brinda evidencia empírica y complementaria para entender el fenómeno desde la distribución de la violencia reportada y las condiciones sociodemográficas y territoriales que la atraviesan, a partir de un atributo central de la línea: sus registros administrativos. Pese a las limitaciones metodológicas y de funcionamiento de este servicio, la evidencia apunta a que las mujeres migrantes reportan principalmente violencia física, seguida de violencia económica, psicológica y digital. Las violencias sexual y sociopolítica e institucional fueron las menos registradas, aunque presentan rasgos diferenciales relevantes.

Desde el enfoque interseccional, los datos mostraron que la violencia se concentró en migrantes venezolanas, mujeres jóvenes y adultas jóvenes, jefas de hogar y residentes en zonas concretas de Medellín, como las zonas centrooriental y nororiental. Desde una lectura de la violencia diferencial, es necesario desagregar el tipo de violencia, porque no todas las formas se relacionan con el ámbito íntimo o doméstico: en la violencia física y en la violencia económica, psicológica y digital es más frecuente que el vínculo de la migrante con el presunto agresor sea de pareja o convivencia; mientras que, en la violencia sexual y sociopolítica, aparecen con mayor peso personas conocidas, vínculos de sociabilidad o relaciones no estrictamente íntimas. Por otro lado, la violencia atraviesa todos los niveles educativos, con mayor frecuencia entre quienes han cursado hasta secundaria y entre quienes desarrollan alguna actividad económica.

La metodología empleada abre una ruta para futuras investigaciones que profundicen en los datos de la línea mediante análisis multivariados, capaces de identificar y caracterizar los actores y contextos de violencia con cálculos de razones de prevalencia ajustadas. También queda pendiente indagar por las trayectorias de la violencia (antes, durante y después del proceso migratorio), así como incorporar métodos mixtos que permitan profundizar en la comprensión de las experiencias subjetivas y las barreras para el acceso a servicios de atención integral.

Estudios longitudinales o cualitativos podrían dar cuenta de la influencia de la territorialidad, la política migratoria y la informalidad laboral en la exposición de las mujeres migrantes a la violencia. Estas futuras líneas permitirían ampliar el conocimiento contextual del fenómeno y articularlo con corrientes teóricas de la interseccionalidad. Es necesario fortalecer el conocimiento empírico sobre quiénes llaman, a quiénes reportan y qué condiciones pueden profundizar la violencia y la agresión. Esto permitiría orientar las respuestas públicas hacia una dimensión más integral, sostenible y sensiblemente diferenciada, con enfoque interseccional frente a las violencias que atraviesan las mujeres migrantes en Medellín.

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   Vives-Cases, C., Gil-González, D., Ruiz-Pérez, I., Escribà-Agüir, V., Plazaola-Castaño, J., Montero-Piñar, M., y Torrubiano-Domínguez, J. (2010). Identifying sociodemographic differences in intimate partner violence among immigrant and native women in Spain: A cross-sectional study. Preventive Medicine, 51(1), 85-87. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2010.03.017

   von Hase, I., Stewart-Evans, M., Volpe, V., y Kuschminder, K. (2021). De la evidencia a la acción: Abordar la violencia de género contra las mujeres y niñas migrantes. UN Women. https://n9.cl/looe4

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1. 1 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).

2. 2 De la población venezolana residente en el Área Metropolitana de Medellín, el 29,8 % llegó recientemente (entre 1 y 5 años), mientras que el 62,7 % cuenta con 5 años o más de residencia (Medellín Cómo Vamos, 2025). Las cifras generales indican que, de 2 811 734 personas venezolanas que ingresaron al país, 2 282 247 estaban en proceso de regularización o fueron regularizadas en el marco del Estatuto de Protección Integral de Migrantes, mientras que 462 048 se encontraban en condición migratoria irregular; es decir, el 16 % (OM3, 2024).

3. 3 A cargo de la Alcaldía de Medellín, en colaboración con la Policía Nacional.

4. 4 Secretaría de las Mujeres de Medellín: https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-mujeres/

5. 5 Mujeres que ingresan a hospitales, presentan lesiones o se encuentran inconscientes, tienen barreras para la comunicación telefónica o han sido víctimas de violencia sexual.

6. 6 Mecanismo jurídico que permite a una persona en Colombia solicitar información, documentos o copias, así como formular quejas ante una autoridad sobre un asunto general o particular.

7. 7 El STROSA es una propuesta metodológica orientada a estandarizar la forma en que se reportan estudios que utilizan datos secundarios. Sin embargo, los análisis de fuentes secundarias suelen intentar responder preguntas para las cuales la base original no fue diseñada. Esta es, probablemente, su limitación más importante: ninguna guía metodológica puede corregir por completo el problema de inferir relaciones complejas o constructos sociales a partir de datos creados originalmente con fines administrativos o clínicos distintos de la investigación.