Reemigración venezolana desde Suramérica hacia España: derecho de fuga y ciudadanía precaria en contextos de políticas migratorias restrictivas, 2015-2025

Venezuelan Onward Migration from South America to Spain: Right to Escape and Precarious Citizenship in Contexts of Restrictive Migration Policies, 2015-2025

Jhonny Alexander
Castro Trujillo

Doctor en Estudios Migratorios de la Universidad Pablo de Olavide

jhonnycastro@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-4856-2777

España

Recibido: 14-diciembre-2025

Aceptado: 5-marzo-2026

Publicado: 15-julio-2026

Cómo citar este artículo:

Castro Trujillo, J. A. (2026). Reemigración venezolana desde Suramérica hacia España: derecho de fuga y ciudadanía precaria en contextos de políticas migratorias restrictivas, 2015-2025. Estado & comunes, 2(23), 137-170. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.451


Estado & comunes

Revista de políticas y problemas públicos.

N.° 23, vol. 2, julio-diciembre 2026, pp. 137-170

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

Quito-Ecuador.

ISSN impreso: 1390-8081 - ISSN electrónico: 2477-9245

https://doi.org/10.37228/estado_comunes.451


Resumen

En la última década, América del Sur endureció sus políticas hacia la migración venezolana: pasó de esquemas de acogida a regímenes con más control, selectividad y precarización. Este artículo analiza cómo estos cambios reorientaron los proyectos migratorios venezolanos hacia España desde una perspectiva crítica que dialoga con el concepto de derecho de fuga. El estudio compara documentos normativos, literatura especializada, estadísticas oficiales y 69 entrevistas a personas venezolanas reemigradas a España tras una primera residencia en Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Las políticas restrictivas no detuvieron la movilidad, sino que contribuyeron a reorientarla. Se estima que cerca del 25 % de los venezolanos residentes en España provienen de migraciones secundarias vinculadas con precariedad laboral, xenofobia y limitaciones en los mecanismos de regularización. El estudio concluye que la reemigración evidencia la capacidad de los migrantes para reconfigurar sus trayectorias y geografías de pertenencia y derechos.

Palabras clave: reemigración venezolana, políticas migratorias, España, América del Sur, derecho de fuga, ciudadanía precaria.

Abstract

Over the past decade, South America has tightened its policies toward Venezuelan migration: it has shifted from reception programs to systems characterized by greater control, selectivity, and precariousness. This article analyzes how these changes redirected Venezuelan migration patterns toward Spain from a critical perspective that engages with the concept of the right to flee. The research adopts a comparative approach based on documentary and regulatory analysis, a review of specialized literature, official statistics, and 69 semi-structured interviews with Venezuelans who re-emigrated to Spain after initially residing in Ecuador, Peru, Chile, and Colombia. It is estimated that about 25 % of Venezuelans living in Spain are the result of secondary migration linked to job insecurity, xenophobia, and limitations in regularization mechanisms. The study concludes that re-emigration demonstrates migrants’ capacity to reconfigure their trajectories and geographies of belonging and rights.

Keywords: Venezuelan re-emigration, Migration policies, Spain, South America, Right to flee, Precarious citizenship.

  1. Introducción

Desde 2015, la migración venezolana, inicialmente intrarregional, transformó de manera profunda los sistemas migratorios de Suramérica y tensionó los principios de movilidad humana del ciclo progresista frente al posterior giro hacia políticas de control y securitización (Brumat et al., 2018; Domenech, 2020). Varios países suramericanos adoptaron durante las primeras décadas del siglo XXI marcos normativos que ampliaron el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, como la Ley de Migraciones de Argentina (2004), la Constitución ecuatoriana (2008), la Ley de Migración de Uruguay (2008) y la Ley de Migración de Bolivia (2013), que incorporaron explícitamente el derecho a migrar o ampliaron sustantivamente el reconocimiento de derechos para las personas en movilidad.

Pero, el aumento exponencial del flujo migratorio, las crisis políticas internas y las presiones sociales derivaron en un giro restrictivo. Ecuador, Perú, Chile y Colombia, implementaron mecanismos de regularización condicionada, visas humanitarias, controles fronterizos y nuevos marcos legales orientados a controlar más que a proteger (Freier y Castillo, 2020; OIM, 2023). Estas medidas “afectaron gravemente a los migrantes venezolanos, quienes perdieron sus empleos, sus viviendas y la capacidad de movilidad” (Castilla y Sánchez, 2023, p. 71).

Este giro erosionó el principio de movilidad humana como derecho y consolidó una gobernanza migratoria basada en la seguridad, la selectividad y temporalidad. La región pasó de la acogida solidaria al control administrativo y transformó a los migrantes venezolanos en sujetos que deben ser regulados, vigilados y precarizados.

Ecuador, Colombia, Perú y Chile exigieron pasaportes, antecedentes penales y otros requisitos para ingresar o regularizarse cuyos costos y trámites afectaron a una población ya precarizada (Gissi et al., 2020). Los migrantes enfrentaron trámites administrativos para obtener visas, con exigencias de pasaporte y certificados de antecedentes penales, medidas que estuvieron más orientadas a contenerlos que a proteger sus derechos (Freier y Castillo, 2020; Gissi et al., 2020; OIM, 2023).

Desde este contexto, los países de América del Sur se convirtieron en plataformas de salida hacia nuevos destinos regionales y transnacionales como Estados Unidos, España, Portugal o Alemania, o de retorno a Venezuela (Castro, 2014b). La reemigración surgió como respuesta a la restricción regional que derivó en un cambio de proyecto migratorio: abandonar el Sur Global. En tal sentido, este artículo muestra cómo las políticas migratorias restrictivas y la precariedad favorecieron la reemigración venezolana desde América del Sur hacia España entre 2015 y 2025. Se propone que la reemigración opera como acto de resistencia y como búsqueda de protección, integración y derechos fuera de una región que no los garantiza.

Atender a estos objetivos, implica entender la migración, desde los estudios críticos, como un campo de tensiones entre estructuras de poder y prácticas de autonomía (Domenech, 2020; Mezzadra y Neilson, 2020). El cambio del proyecto migratorio puede interpretarse como una respuesta estratégica y autónoma frente a la institucionalización de una ciudadanía precaria y diferenciada en América del Sur. Asimismo, puede leerse como una expresión del derecho de fuga o desde la capacidad de los sujetos de reconfigurar sus trayectorias de movilidad frente a estructuras que restringen su acceso efectivo a derechos (Mezzadra, 2005).

La combinación de cierres institucionales, barreras legales y precarización socioeconómica en Suramérica impulsó la transformación del proyecto migratorio venezolano, por lo que el análisis parte de tres postulados:

  1. Metodología

La investigación adopta un enfoque predominantemente cualitativo-interpretativo con diseño comparado en cuatro países de América del Sur —Colombia, Ecuador Perú y Chile—, que concentran en su conjunto el 69 % de la migración venezolana a nivel mundial de acuerdo con R4V (2023b). Este enfoque se complementa con el análisis descriptivo de fuentes estadísticas oficiales para reconstruir trayectorias y experiencias de reemigración, y contrastarlas con indicadores demográficos y jurídicos relativos a población venezolana en España.

Entre junio de 2024 y diciembre de 2025 se efectuaron 69 entrevistas semiestructuradas a población venezolana que reemigró a España tras una primera experiencia en América del Sur. La muestra incluye, principalmente, informantes procedentes de Ecuador (n=48), además de Chile (n=10), Perú (n=8) y Colombia (n=3). La selección fue intencional mediante un muestreo en cadena —en la que una persona recomienda a otra— que incluyó contactos en redes de migrantes, referencias personales y comunidades de venezolanos en España.

La muestra se concentra en Ecuador por accesibilidad y por ser el país de residencia del autor. Aunque no es representativa ni permite comparaciones exactas entre países, permite identificar patrones, tensiones y significados asociados a la reemigración.

Las personas participaron de forma voluntaria vía telefónica o mediante un cuestionario —previa elección por disponibilidad de tiempo— tras ser informadas de los objetivos del estudio y el uso académico de la información. Se garantizó la confidencialidad de sus datos personales y de los testimonios mediante el anonimato y el uso de identificadores genéricos. Por razones de extensión, el artículo presenta los testimonios más representativos; los demás se usaron como base interpretativa. El perfil de las personas sigue a continuación:

Tabla 1

Perfil sociodemográfico de las personas entrevistadas

País de primera migración

Número de personas

Porcentaje (%)

Ecuador

48

69,66

Perú

8

11,59

Chile

10

14,49

Colombia

3

4,34

Género

Mujeres

38

55,07

Hombres

31

44,92

Edad promedio

37 años (rango 25-56)

Año de llegada al primer destino migratorio

Mediana: 2017 (entre 2014 y 2019)

Año de llegada a España

Mediana: 2022 (entre 2017 y 2025)

Ciudad de residencia en España (principales)

Madrid (25), Barcelona (17), Canarias (7), Andalucía (5) Galicia (3)

Fuente: elaboración propia del autor (2026).

También se emplean y sistematizan estadísticas oficiales para contextualizar y contrastar las dinámicas de reemigración. Se examinaron los datos producidos por organismos españoles, principalmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para reconstruir las tendencias sobre la población venezolana en España, nacionalización, afiliación a la seguridad social, protección internacional y regularización jurídica. El uso combinado de evidencia estadística y testimonios permitió triangular la información y situar las experiencias individuales de reemigración dentro de transformaciones de carácter demográfico, jurídico e institucional.

El estudio tiene dos límites. Primero, privilegia el marco común de los cuatro países: políticas migratorias restrictivas y securitistas. Este marco genera escenarios de ciudadanía precaria en el que los migrantes toman la decisión de reemigrar frente a experiencias de discriminación, xenofobia, entre otros. Segundo, el artículo no desarrolla otros factores que también pudieron motivar la reemigración, como el déficit administrativo, la calidad de los servicios públicos y la búsqueda de mejores oportunidades.

  1. La migración como campo de poder y resistencia

Las políticas migratorias no solo regulan el ingreso, el tránsito, la permanencia o el retorno de las personas extranjeras, también producen formas diferenciadas de sujeción, ciudadanía y exclusión (Domenech, 2020). Según Goldring et al. (2009), los Estados usan la legalidad para producir ilegalidad, irregularidad y ciudadanías difusas. Así, la ilegalidad o irregularidad es un producto político y se concreta con mecanismos de control que buscan regular la fuerza de trabajo, aunque esto implique deshumanizar (Walia, 2021).

Los regímenes migratorios, son dispositivos de poder en el que los Estados pueden organizar, clasificar y jerarquizar a los migrantes de acuerdo con los intereses nacionales, económicos y geopolíticos (Foucault, 2006; De Genova, 2017). Para Mezzadra (2020), la libre circulación es un acto político que entra en disputa con el monopolio estatal de la soberanía y la pertenencia. Entonces, los migrantes usan la movilidad para disputar regímenes que buscan controlarlos y clasificarlos.

Desde esta perspectiva, la migración alude a una práctica política en la que los migrantes pueden moverse, reorientar sus trayectorias y disputar los sentidos de los regímenes migratorios en búsqueda de nuevas condiciones de dignidad y pertenencia. La migración venezolana reciente ofrece una ilustración empírica de esta tensión. La reemigración intercontinental no puede ser reducida a un fenómeno económico o coyuntural; expresa una respuesta activa ante el cierre institucional y la precarización de derechos en los países suramericanos.

El endurecimiento de las políticas migratorias lleva a las personas migrantes a reapropiarse de la movilidad como estrategia de vida, protección y dignidad. En términos teóricos, esta reapropiación es expresión del derecho de fuga, concepto propuesto por Mezzadra (2005) y que fue empleado para cuestionar los regímenes estatales de la migración (Mezzadra y Neilson, 2020).

En lugar de comprender la movilidad como un problema a gestionar, Mezzadra la concibió como un acto constitutivo de libertad propiciado por el migrante en el que el derecho de fuga es un acto emancipatorio frente a regímenes que producen subordinación e ilegalidad. Es la “insubordinación del cuerpo y de la esperanza” (Mezzadra, 2005) frente al capital y los Estados, por ende, la fuga no representa una derrota, sino, una estrategia de resistencia frente a una ciudadanía incompleta o precaria. El concepto permite reinterpretar la reemigración venezolana hacia España como un ejercicio de ese derecho de fuga: ante la transformación de las políticas suramericanas de acogida en regímenes de control y precarización, las personas migrantes no se inmovilizaron ni se resignaron, sino que optaron por moverse nuevamente.

Desde el paradigma de la gobernanza migratoria liderado por agencias de la ONU (Carling, 2023), se concreta tanto la ciudadanía precaria como el derecho de fuga. Este paradigma busca equilibrar la migración segura, ordenada y regular con el respecto y protección de los derechos humanos, aunque en la práctica funciona como un mecanismo para legitimar el control estatal (Geiger y Pécoud, 2013). La noción de gobernanza desplaza el debate desde los derechos humanos hacia la eficiencia estatal para ordenar la movilidad. Esta lógica convierte a la política migratoria en un campo tecnocrático en el que proteger se subordina a gestionar el riesgo y los flujos de migrantes (Castro, 2024a).

Como resultado, el paradigma latinoamericano de derechos humanos se erosionó o cambió. Las políticas que en un inicio reivindicaron la movilidad como derecho, se transformaron durante la década de 2010 en instrumentos de control y exclusión selectiva. El paradigma clasifica a los migrantes buenos de los malos en un intento de los países de la región por conciliar su relación con Estados Unidos tras un ciclo progresista según Brumat y Vera (2024). En lugar de garantizar derechos, los Estados ahora administran y producen precariedades. El derecho de fuga emerge como respuesta política a una gobernanza migratoria más selectiva y condicionada, ante la cual las personas migrantes reactivan la movilidad como táctica de supervivencia y autonomía.

Diversos estudios señalan que los regímenes migratorios contemporáneos no solo producen movilidad diferenciada, sino también formas desiguales de pertenencia política. En esta línea, Varela (2019) analiza cómo los Estados producen sujetos migrantes cuya inclusión ocurre de manera selectiva y subordinada, y configura escenarios en los que el acceso a derechos resulta fragmentado, temporal o condicionado. A partir de tales planteamientos, este artículo emplea la noción de ciudadanía precaria para describir formas de incorporación social caracterizadas por la participación económica de los migrantes, pero también por restricciones persistentes en el ejercicio efectivo de derechos.

La ciudadanía deja de ser una condición jurídica estable para convertirse en un estatus incierto, con permisos temporales, procesos administrativos y vulnerabilidad laboral. En el caso de la migración venezolana en América del Sur, este tipo de ciudadanía incompleta se manifiesta en combinación de regularizaciones temporales, dificultades para acceder a empleos formales, xenofobia y obstáculos para la integración institucional.

Desde la sociología política, Bigo (2002) planteó que la securitización opera mediante una red de prácticas burocráticas, policiales y administrativas que construyen a cierto tipo de migrantes como figuras sospechosas o riesgosas. Los Estados contienen a estas personas con sistemas de vigilancia fronteriza, regímenes migratorios más estrictos y con mecanismos de regularización condicionada. Securitizar no es sinónimo de militarizar, sino formas difusas de controlar que atraviesan el espacio y producen lo que algunos autores denominan “gobierno de la movilidad” (Huysmans, 2006; De Genova, 2017).

Desde los estudios críticos de la migración, la securitización es un mecanismo que produce migrantes indeseables, irregulares e ilegales (Pereira, 2024). Los Estados y sus burocracias, para administrar las movilidades, generan marcos legales y administrativos que clasifican, jerarquizan y precarizan a las personas con categorías diferenciadas de acceso a derechos, protección y ciudadanía (De Genova, 2017; Domenech, 2020).

  1. Suramérica de la ciudadanía regional a la securitización
    de la movilidad

La primera etapa de recepción de ciudadanos venezolanos en América del Sur ocurrió entre 2015 y 2018, y se desarrolló en un contexto discursivo y normativo de integración que mostraba tensiones. Este paradigma comenzó a erosionarse desde 2018 y se profundizó luego de la pandemia por covid-19, en un escenario marcado por la desaceleración económica regional, el cambio político hacia gobiernos de orientación más conservadora y el aumento sostenido de los flujos migratorios venezolanos.

En este nuevo contexto, la migración dejó de interpretarse, principalmente, como un fenómeno humanitario y comenzó a representarse como un problema de gobernabilidad, seguridad pública y presión sobre los servicios sociales. Como resultado, los Estados adoptaron medidas para restringir el acceso al territorio, condicionar la regularización y reforzar los mecanismos de control y seguridad. De esta forma, se configuró la regionalización de la restricción migratoria (Castro, 2020; Castro, 2024a).

En este nuevo escenario, amplios sectores de la población venezolana quedaron atrapados en situaciones de irregularidad prolongada en Estados receptores, precariedad laboral y exclusión institucional, que dificultó, en gran medida, el proceso de integración a la sociedad receptora o incluso el proyecto migratorio. Aunque conviene abordar a cada país por separado desde sus particularidades para no homogeneizar procesos, hay tres rasgos comunes: imposición de visados y mecanismos de ingreso, temporalidad de los permisos de residencia y la creciente asociación entre movilidad humana y seguridad en el discurso público. Los casos que siguen ilustran distintas modalidades de la transformación del régimen migratorio regional, pese a que no se pretende un abordaje detallado.

  1. Ecuador: del universalismo constitucional al control selectivo

Ecuador constituye uno de los casos más paradigmáticos del cambio de enfoque, habiéndose consolidado como uno de los países de la región con el discurso garantista más sólido en materia de movilidad entre 2008 y 2017 (Arcentales, 2021; Benavides, 2015). La Constitución de 2008 incorporó el derecho a emigrar en su artículo 40) y el principio de ciudadanía universal en su artículo 416.6. La norma suprema suprimió la categoría de “ilegalidad” y ordenó promover una visión integradora de la movilidad humana. Esta concepción se materializó posteriormente en la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH) de 2017, que estableció derechos amplios para personas refugiadas y migrantes.

No obstante, la intensificación de la migración venezolana coincidió con el cambio de gobierno en Ecuador, de Rafael Correa a Lenin Moreno, y una narrativa hostil no solo con la migración, sino también con el gobierno de Venezuela (Ramírez y Ospina, 2021). El gobierno de Moreno generó el primer quiebre sustantivo respecto al marco garantista e impuso mediante Acuerdo 242 que los venezolanos presentaran su pasaporte en los puestos de control migratorio, mientras que el Decreto Ejecutivo 826 de 2019 impuso visado. En el mismo año el gobierno lideró en la Asamblea la primera reforma a la LOMH que estableció los “criterios más fuertes en torno a la seguridad, la soberanía y el control” (Ramírez y Ospina, 2021, p. 45).

La crisis sanitaria de la covid-19 profundizó las tendencias. El cierre de fronteras, la suspensión de trámites migratorios, los desalojos de viviendas y la pérdida de empleos generaron una irregularidad estructural entre la población migrante venezolana. Según la Plataforma R4V (2024), más del 60 % de los venezolanos en Ecuador permanecen sin estatus migratorio regular, lo que los expone a explotación laboral, desalojos y exclusión de servicios básicos.

Los gobiernos de Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (2024-actual) consolidaron esta reorientación, con matices diferenciados, en un contexto nacional permeado por el aumento de la violencia criminal y el conflicto armado interno. Con Lasso hubo menos militarización y cierre de fronteras, pero amnistía migratoria y regularización condicionada, como consta en el Decreto Ejecutivo 436 de 2022 que dispuso el trámite para obtener una visa temporal de excepción siempre que los migrantes venezolanos cumplan con criterios para el registro. La reforma a la LOMH de 2023, impulsada por su gobierno, incorporó medidas cautelares para extranjeros en proceso de deportación.

En la administración de Noboa se endureció el giro restrictivo mediante un discurso de seguridad, deportación y orden migratorio. Además de derogar el proceso extraordinario de regularización iniciado por Lasso, mediante Decreto Ejecutivo 560 de 2025, su gobierno adelantó otra reforma a la LOMH que endureció los controles para ingresar, transitar y permanecer en el país.

La transición fue administrativa e ideológica: la regularización dejó de operar como derecho y pasó a tratarse como privilegio condicionado. La implementación de operativos de control, la ampliación de causales para deportaciones, las limitaciones para el acceso al trabajo formal y la temporalidad de los visados evidenciaron el retorno de un paradigma securitario que la LOMH, en sus inicios, pretendía superar. Esto afectó, de manera especial, a quienes ingresaron por pasos no oficiales, no contaban con pasaporte vigente, tenían recursos económicos limitados o enfrentaban barreras para completar trámites.

La migración fue instrumentalizada tanto política como financieramente, fenómeno que se repite en gran parte de la región al analizar cómo los Estados producen formas de ciudadanía precaria para gestionar la alteridad. Durante las protestas sociales de 2019, 2022 y 2025, ciertos actores gubernamentales insinuaron la presencia de infiltrados venezolanos enviados por el Gobierno de Venezuela, que buscó deslegitimar la movilización y reforzar una narrativa de amenaza externa (Castro, 2024a; Castro, 2026). Estas acusaciones, sin evidencias hasta el momento, sirvieron para desplazar responsabilidades políticas y reforzar el control del espacio público.

Paralelamente, el Estado intensificó la narrativa de una crisis humanitaria desbordante para solicitar recursos a la comunidad internacional. Ecuador se presentó como un país saturado y necesitado de cooperación para enfrentar la migración, aun cuando la atención a la población en movilidad forma parte de sus atribuciones constitucionales. De este modo, la migración se convirtió en un capital político y económico gestionado desde la precariedad.

Las estadísticas oficiales disponibles hasta 2025, registran un saldo migratorio negativo de población venezolana en Ecuador superior a 44 000 personas en el último quinquenio (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2024; Ministerio de Gobierno, 2025). Igualmente, R4V reportó la caída del stock de venezolanos “de 502 214 en mayo de 2022 a 474 945 en junio de 2023” (R4V, 2023a, p. 2) y “de unas 474,9 K personas en junio de 2023, se observa una disminución de más de 30 K personas hasta marzo de 2024” (R4V, 2024b, p. 4).

Las salidas de venezolanos desde Ecuador aumentaron más del 33 % entre enero y marzo de 2024 en comparación con el mismo período del año 2023 (R4V, 2024a). Estos datos evidencian la consolidación de Ecuador como un espacio de contención y expulsión indirecta (Castro, 2026), donde la reemigración emerge como una salida pragmática ante la imposibilidad de estabilización local, fenómeno que afecta no solo a ciudadanos venezolanos sino también a ecuatorianos y otras nacionalidades (Ramírez y Castro, 2026).

Figura 1

Medidas migratorias adoptadas por Ecuador en relación con la migración venezolana, 2017-2025

Fuente: elaboración propia del autor (2026).

  1. Colombia: regularización masiva con precariedad persistente

Colombia se consolidó como el principal país receptor de migrantes venezolanos, con más de 2,8 millones de personas registradas en su territorio (Acnur, 2024). La respuesta institucional del país se caracteriza por su combinación entre la apertura humanitaria y los mecanismos administrativos temporales orientados a gestionar un flujo migratorio inicialmente percibido como transitorio.

El gobierno de Juan Manuel Santos introdujo las primeras medidas para gestionar el tema. Destaca la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), creada en 2017, para facilitar la movilidad en las zonas limítrofes, y el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que permitió regularizar temporalmente a venezolanos mediante estabilidad jurídica, laboral, acceso a salud y educación (Carvajal et al., 2022). Paralelamente, desde 2015 se ampliaron las causales y dispositivos de expulsión que incluyó categorías como motivos discrecionales, lo que produjo un incremento significativo de estas medidas: entre 2015 y 2020 las expulsiones de ciudadanos venezolanos aumentaron en un 728 % (Castro, 2024a).

El punto de inflexión se produjo en 2021 con la adopción del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), mecanismo de regularización mediante Permiso por Protección Temporal (PPT), con una vigencia de hasta diez años, durante el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, la política colombiana combinó un discurso de solidaridad histórica con instrumentos de regularización estrictamente temporales. En ningún momento el país planteó mecanismos de residencia permanente para la población venezolana, lo que consolidó un régimen de regularización condicionado.

Así, la política ha sido considerada de excluyente y condicionada en algunos aspectos. Es decir, la regularización dependía de que la persona cumpliera con criterios de elegibilidad, fechas de ingreso, documentación, inscripción en el registro, validación biométrica y los trámites administrativos (Hernández, 2021).

La llegada masiva de población venezolana coincidió, además, con un escenario de transición política, posconflicto y alta conflictividad social. El Estado colombiano construyó una doble narrativa: exaltó el discurso de solidaridad histórica para posicionarse internacionalmente como referente humanitario y proyectar una imagen de país solidario y receptor responsable, mientras que la presencia venezolana se usó, en ocasiones, para explicar tensiones domésticas, particularmente durante el paro nacional de 2021.

Al mismo tiempo, Colombia capitalizó su posición como principal país receptor de la diáspora venezolana para atraer financiamiento externo, presentando la migración como una carga fiscal extraordinaria. Este posicionamiento reforzó un régimen de gestión basado en la precarización administrativa, donde instrumentos como el PEP y el ETPV otorgaban derechos limitados y altamente condicionados (Castro, 2024a).

Entonces, pese a que el país regularizó masivamente, quienes no cumplían con lo dispuesto o llegaron después de la entrada en vigor de la política quedaron expuestos a irregularidad y precariedad. El gobierno de Gustavo Petro (2022-actual), pese a que ha impulsado debates sobre la integración social y el reconocimiento de derechos, sigue operando con el mismo ETPV creado por Duque y no ha consolidado una política más incluyente, cuestión que ha sido muy criticada (Provea, 2025).

Figura 2

Medidas migratorias adoptadas por Colombia en relación con la migración venezolana 2016-2025

Escala de tiempo El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Fuente: elaboración propia del autor (2026).

Las limitaciones del modelo se evidencian en su implementación desigual, mientras que la capacidad institucional para aplicar el ETPV varía entre regiones del país. Se calcula que el 16 % de población venezolana en Colombia no ha sido regularizada (OM3, 2024) y que el 70 % permanece en condiciones de informalidad y vulnerabilidad (OIM, 2023).

Aunque Colombia continúa siendo el principal país de acogida de población venezolana, en los últimos tres años se observa una creciente diversificación de las trayectorias migratorias, que incluyen procesos de reemigración hacia destinos extrarregionales, particularmente hacia América del Norte y Europa (Migración Colombia, 2025; DANE, 2024).

  1. Perú: del reconocimiento temporal a la criminalización mediática

Perú se consolidó entre 2017 y 2019 como el segundo destino de migrantes venezolanos, con más de 1,6 millones de personas, por detrás de Colombia (R4V, 2023). Su política inicial combinó apertura administrativa y permisividad documental, materializada en una medida ad hoc, por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, como fue el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que regularizó a más de 400 000 personas (Ministerio del Interior, 2019).

Sin embargo, desde 2018, el país adoptó un giro restrictivo impulsado por el gobierno de Martín Vizcarra quien acortó el acceso al PTP, mientras que en junio de 2019 exigió el pasaporte y visado humanitario a ciudadanos venezolanos, requisito que debía solicitarse en consulados peruanos de solo tres países y que redujo significativamente las entradas formales al país. Esta medida trasladó una parte de la presión migratoria hacia Ecuador ya que el anuncio de Perú produjo un incremento de los migrantes que debían “transitar por todo el territorio ecuatoriano desde Rumichaca (frontera con Colombia) hasta Huaquillas (frontera con Perú)” (Ramírez y Ospina, 2021, p. 44).

El discurso gubernamental vinculó migración e inseguridad, y favoreció la criminalización de migrantes venezolanos (Blouin y Freire, 2019; Freier y Castillo, 2020). En este contexto, y mientras el gobierno de Pedro Castillo impulsó el Carné de Permiso Temporal de Permanencia —que también fue un mecanismo temporal y condicionado—, algunos sectores políticos y mediáticos difundieron discursos que vinculaban a los migrantes venezolanos con el crimen organizado. Esto sirvió para justificar políticas más restrictivas, como exigir los antecedentes penales y reforzar los controles fronterizos, que también sucedió con el gobierno de Dina Boluarte.

Desde 2018, el Estado ejecutó deportaciones mediatizadas y politizadas en el marco del plan Migración Segura, dirigido, según el discurso oficial, a personas con antecedentes o que habían vulnerado las normas migratorias vigentes (Ministerio del Interior, 2019). Desde 2021, la Ley de Migraciones amplió las causales para deportar y fue presentada como un mecanismo de control frente al aumento de la inseguridad. La gestión migratoria no parece tener un impacto directo en el acceso a derechos, mientras que persisten trabas burocráticas y casos de discriminación que afectan a migrantes venezolanos que incluyen a quienes han logrado obtener documentación regular.

Las medidas frente a la pandemia por covid-19 profundizaron el deterioro socioeconómico, la pérdida de empleo y la exclusión de programas de ayuda estatal. En Perú hubo colapso del sistema de regularización temporal con episodios de crisis operativa y saturación, con mafias de tramitadores que cobran por cupos, situación ampliamente televisada. Estas situaciones, junto con la hostilidad xenófoba y la violencia se convirtieron en factores que desencadenaron desplazamientos secundarios.

Figura 3a

Medidas migratorias adoptadas por Perú en relación con la migración
venezolana 2015-2025

Fuente: elaboración propia del autor (2026).

Figura 3b

Medidas migratorias adoptadas por Perú en relación con la migración venezolana 2015-2025

Escala de tiempo El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Fuente: elaboración propia del autor (2026).

En términos estructurales, Perú también evidencia un cambio en su rol dentro del sistema migratorio regional. En los últimos años hay reversión de la tendencia. Las estadísticas oficiales de movimientos migratorios disponibles hasta 2025 muestran que el país registra un saldo migratorio negativo acumulado de población venezolana superior a 70 000 personas en el último quinquenio (INEI, 2024; Superintendencia Nacional de Migraciones, 2025).

Además, el propósito de quedarse ha variado: mientras en 2018 el 93,8 % de venezolanos expresó su intención de quedarse, este porcentaje cayó al 75,3 % en 2022 (INEI, 2023). De hecho, entre 2021 y 2024, España registró un aumento sostenido de solicitudes de protección internacional presentadas por venezolanos provenientes de Lima y Trujillo (Ministerio del Interior, 2024). La criminalización mediática y las restricciones administrativas contribuyeron a reconfigurar las trayectorias migratorias hacia destinos extrarregionales.

  1. Chile: del discurso de acogida a la política de disuasión

Fue inicialmente uno de los destinos más atractivos de migrantes venezolanos frente a las expectativas económicas que ofrecía el país. Hasta 2018, ciudadanos venezolanos podían ingresar con pasaporte y se podían regularizar haciendo uso de la visa profesional o bajo la figura de reunificación familiar. No obstante, el gobierno de Sebastián Piñera, en abril de 2018, implementó la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) para permitir un ingreso ordenado, reducir la irregularidad y favorecer su integración.

El mecanismo, presentado como un asunto de interés nacional, tuvo efectos restrictivos hacia 2019 con exigencias documentales, tramitación y exigencia de visto bueno consular de turismo. Entre mayo y agosto de 2019 los ingresos registrados pasaron de 39 150 a 8861 venezolanos, lo que representa una reducción de más del 70 % (Servicio Nacional de Migraciones, 2020). La VRD exigía la tramitación previa en consulados fuera del país, requisito que excluía a migrantes en tránsito y a familias en situación de vulnerabilidad. El tratamiento político de la migración venezolana estuvo marcado por la tensión entre la autoimagen de país de acogida y un giro progresivo hacia lo securitario como parte de la producción estatal de irregularidad y de la precariedad migrante.

Durante el gobierno de Piñera, el discurso humanitario transitó hacia un lenguaje de orden, seguridad y control fronterizo que tuvo su momento cúspide con la Ley de Migraciones y Extranjería de 2021, que buscó ordenar la casa. Para Cociña-Cholaky (2022) este discurso estuvo permeado de criminalización hacia el migrante venezolano con graves situaciones de desalojo, vulneración de derechos y militarización de las fronteras en la región norte de Tarapacá. El estallido social de 2019 y la pandemia exacerbaron la xenofobia institucional y mediática, mientras que la nueva ley migratoria reforzó las deportaciones e incorporó la autodenuncia, que operó como mecanismo de autodeportación.

Si bien Chile ha mantenido históricamente una perspectiva de seguridad hacia la migración, reflejada en su tratamiento institucional y en indicadores de xenofobia y discriminación, desde 2018 ese perfil securitario se intensificó bajo la premisa de una migración segura, ordenada y regular. En este contexto, los migrantes sin regularización administrativa quedaron por fuera del sistema institucional y del acceso a servicios, siendo además objetos de criminalización social (Castro, 2024a).

El gobierno de Gabriel Boric, continuó aplicando la ley de migratoria desde el enfoque de la migración ordenada, regular y segura. En tal sentido, migrantes venezolanos participaron en el empadronamiento biométrico impulsado por su gobierno para registrar a los extranjeros en condición de irregularidad pese a que no se garantizaba regularización automática.

La Política Nacional de Migración y Extranjería, construida en su gobierno con un enfoque integracionista y de derechos, continuó por la misma senda condicionada, con exigencia de documentos y trazabilidad administrativa. Un elemento de contención migratoria fue la de “robustecer las capacidades y tecnologías para el resguardo de las fronteras” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2023, p. 34).

Chile constituye así un ejemplo paradigmático de una política de disuasión, estimulada por la derecha y sectores de izquierda del espectro político, que no solo restringe el ingreso, sino que promueve indirectamente la salida. El endurecimiento del régimen migratorio chileno incidió en la decisión de reemigrar para una parte de los entrevistados. Los datos muestran que entre 2021 y 2022 hubo más de 120 000 egresos de ciudadanos venezolanos desde Chile (Servicio Nacional de Migraciones, 2025).

Figura 4

Medidas migratorias adoptadas por Chile en relación con la migración venezolana 2018-2025

Escala de tiempo El contenido generado por IA puede ser incorrecto.Fuente: elaboración propia del autor (2026).

  1. Regionalización de la restricción y sus efectos en la movilidad

En los cuatro casos estudiados hay homogeneización restrictiva o regionalización de la restricción que, con matices diferentes, presenta tres rasgos generales: primero, la selección y condicionalidad administrativa se impone a la libertad de circular mediante criterios de mérito, productividad o antecedentes penales; segundo, las medidas administrativas tienen una temporalidad de caducidad, es decir, los permisos y estatutos, muchos de ellos ad hoc, se conciben como excepciones temporales y no como derechos permanentes; tercero, la securitización amplía la precariedad y estigmatización, en donde los discursos oficiales y mediáticos asocian la migración venezolana con la delincuencia o amenaza social.

Estas políticas muestran que Suramérica pasó de acoger migrantes a contenerlos y expulsarlos institucionalmente. Este proceso es síntoma de una crisis de la gobernanza migratoria regional en la que los Estados priorizaron el control sobre la protección, en consecuencia, se configuró un nuevo mapa de la movilidad: la reemigración hacia España surge como reacción estratégica frente al cierre de las vías institucionales y fronteras, que también obedece a la externalización del control migratorio promovida por Estados Unidos y la Unión Europea (Domenech, 2020).

La migración venezolana pasó de ser principalmente intrarregional y adquirió una dimensión intercontinental, con rutas de reemigración hacia Europa, especialmente España. Este cambio marcó el inicio de una segunda fase del fenómeno migratorio venezolano, caracterizada por desplazamientos secundarios o retorno y estrategias de movilidad más complejas.

  1. España como nuevo polo de atracción migratoria desde 2018

Desde 2018, España se consolidó como uno de los principales destinos europeos de migración latinoamericana, especialmente venezolana. Este fenómeno no puede explicarse solo desde la intensificación de las crisis regionales o migratorias en América Latina, sino también por una transformación institucional y discursiva del Estado español que reorientó sus políticas migratorias hacia un paradigma más inclusivo, tras años de predominio de enfoques securitarios.

La llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español marcó un punto de inflexión en la política migratoria del país. Mientras los gobiernos del Partido Popular mantuvieron una orientación centrada en el control de fronteras, la contención de la irregularidad y la vinculación entre inmigración y seguridad, la nueva administración apostó por recuperar el enfoque de los derechos y la integración. Este giro se reflejó en el discurso que reconoció la migración como fenómeno estructural y en reformas que ampliaron la regularización, la homologación de títulos y el acceso al trabajo (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2022).

Entre las medidas más significativas se encuentran la reforma del Reglamento de Extranjería (Real Decreto 629, 2022), que introdujo modalidades de arraigo por formación y arraigo familiar que flexibilizó el acceso a permisos de residencia y trabajo para personas en situación irregular. Estas figuras vinculan la regularización con la inserción social y laboral, y reconocen los vínculos formativos y familiares como criterios legítimos de residencia. Paralelamente, se impulsaron programas para acelerar la homologación de títulos universitarios, especialmente en el ámbito sanitario y educativo, y se promovió la digitalización de los trámites migratorios, tradicionalmente lentos y restrictivos.

En el ámbito del acceso a derechos, el gobierno de Pedro Sánchez impulsó la restauración de la cobertura sanitaria universal que permitió reincorporar al sistema público a personas migrantes en situación irregular. Aunque la ejecución de las medidas varía por comunidad autónoma, el giro normativo fue percibido como un signo de apertura institucional y un reconocimiento de la dimensión social de la migración.

En 2024, España reformó el Reglamento de Extranjería para ampliar vías de regularización y facilitar el acceso al arraigo laboral y formativo. En enero de 2026 el gobierno de España anunció un proceso de regularización extraordinario y masivo de extranjeros residentes en el país, aun cuando aspiraba a beneficiar a más de quinientos mil migrantes, se recibieron muchos más de novecientos mil solicitudes lo que constituyó una cifra récord (El País, 2026). Todo este conjunto de medidas consolidó a España, desde 2015, como el cuarto destino más deseado del mundo (El Economista Es, 2025).

  1. Políticas migratorias y dispositivos de acogida para
    la población venezolana

Dentro de este nuevo contexto político institucional, España desarrolla dispositivos específicos que favorecen la llegada de migrantes venezolanos. Desde 2019 implementa la Residencia Temporal por Razones Humanitarias que consiste en una autorización de residencia y trabajo de un año, renovable, para casos vulnerables. También adoptó una instrucción administrativa que permite utilizar pasaportes venezolanos vencidos en trámites de extranjería ya que el país reconoce las dificultades materiales que tienen los venezolanos para renovar papeles en su país de origen. Cabe destacar que, a diferencia de los países suramericanos, España no impuso visados de ingreso ni otras barreras administrativas durante el período de mayor flujo migratorio venezolano hacia ese país.

Otro instrumento relevante ha sido la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que amplía las posibilidades de acceso a la nacionalidad española para descendientes de españoles. Esta normativa permite solicitar la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados, así como a los descendientes de mujeres españolas que perdieron su ciudadanía al contraer matrimonio con extranjeros. Para septiembre de 2025, más de 414 652 personas de América Latina obtuvieron la nacionalidad española mediante este instrumento (Vellés, 2025). En el caso venezolano, hasta noviembre de 2025 se registraron 13 460 expedientes aprobados y 17 488 pendientes de resolución (Cendón, 2025). Estas medidas contribuyen a generar un marco institucional muy favorable para la llegada y regularización de esta población.

  1. Migración venezolana en España

España se consolidó como el principal destino europeo para migrantes venezolanos durante la última década. En palabras de Domenech (2013) este es un desplazamiento de fronteras, es decir, la migración no se concentra en un país, sino que se distribuye hacia otros lados. A partir de 2018, el número de venezolanos empadronados pasó de menos de 50 000 a más de 230 000 en 2023 (INE, 2024). Según datos del Ministerio del Interior (2024), más de 600 mil ciudadanos venezolanos residen en España. La tabla a continuación muestra la proporción relativa de los migrantes venezolanos frente al conjunto latinoamericano, en la que se observa que dicha proporción es mayor precisamente desde 2018.

Tabla 2

Evolución del flujo de ciudadanos venezolanos frente a latinoamericanos a España, 2015-2025

Año

Flujo bruto venezolanos

Flujo bruto Latinoamérica (Latam)

% venezolanos sobre total Latam

2015

19 700

150 000

13,0

2016

22 500

180 000

13,0

2017

35 000

220 000

15,9

2018

55 000

300 000

18,0

2019

85 000

400 000

21,0

2020

45 000

250 000

18,0

2021

55 000

300 000

18,3

2022

75 000

450 000

16,7

2023

100 000

500 000

20,0

2024

103 200

575 000

17,9

2025

94 100

520 000

18,1

Total

689 500

3 845 000

17,9

Fuente: a partir de los datos de INE (2025b).

La tabla que sigue, además de revelar que la migración venezolana a España se cuatriplicó antes de la pandemia —19 700 personas en 2015 y 85 000 en 2019— revela que el 17,9 % de ciudadanos venezolanos que ingresó a España, lo hizo con un pasaporte comunitario, en calidad de doble nacionalidad. De los entrevistados, el 16,2 % manifestó poseer nacionalidad comunitaria antes de reemigrar, condición que sirvió para tomar la decisión de abandonar América del Sur. En el primer trimestre del 2026 se mantiene la tendencia de ingreso con un total de 21 200 ciudadanos venezolanos.

Durante la pandemia, el número de ingresos cayó a 45 000, pero se recuperó e intensificó entre 2021 y 2024, con un pico de 103 200 venezolanos a 2024. Del mismo modo, aumentó la proporción de uso de pasaporte español o comunitario en venezolanos de 2500 en 2015, a 10 000 en 2019 y 25 000 en 2024. Este dato es clave porque no todos los venezolanos llegan a España con las mismas condiciones jurídicas y quienes lo hacen tienen mayores probabilidades de una estabilidad.

Tabla 3

Ingresos de venezolanos a España con pasaporte comunitario y pasaporte venezolano

Año

Total, flujo de venezolanos

Con pasaporte español o comunitario

Con pasaporte venezolano

2015

19 700

2500

17 200

2016

22 500

3000

19 500

2017

35 000

5000

30 000

2018

55 000

7500

47 500

2019

85 000

10 000

75 000

2020

45 000

6 000

39 000

2021

55 000

8000

47 000

2022

75 000

15 000

60 000

2023

100 000

20 000

80 000

2024

103 200

25 000

78 200

2025

94 100

22 000

72 100

Total

689 500

124 000

565 500

Fuente: desglose estimado a partir de datos de INE (2025a).

Al sumar los ingresos sin distinguir el tipo de pasaporte, el número de venezolanos en España se aproxima a 700 000 personas, lo que los convierte en la tercera población extranjera más numerosa, después de Marruecos y Colombia (ABC, 2025). Además, en 2025, el país formalizó 160 951 expedientes de protección internacional, de los cuales 85 413 solicitudes corresponden a venezolanos con el 59,2 % del total, lo que significa un incremento de 20 puntos en relación con 2024 (García, 2026). En segundo y tercer lugar se ubican Mali y Colombia con 16 004 y 14 524 solicitudes respectivamente.

Aunque resulta difícil precisar cuántos de esos venezolanos vienen de una migración previa o si salieron directamente desde Venezuela, lo cierto es que en España también hay un aumento sostenido de la participación laboral de la población extranjera. Desde diciembre de 2019 a 2025, la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social española creció el 45 %, en la que venezolanos son el segmento que más aporta al mercado laboral (RTVE, 2026).

Luego de revisar la base del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2015-2025) se obtuvo que el número de afiliados venezolanos pasó de 16 600 en 2015 a más de 210 000 en 2025. Los sectores de inserción laboral más relevante son hostelería (24 %), comercio (16 %), salud (10 %) y educación (8 %). Según la misma base, cerca del 40 % poseen estudios superiores. En este mismo sentido, entre 2018 y 2025 la población extranjera en España fue responsable del 73,9 % del crecimiento del PIB español (Instituto de Estudios Económicos, 2026).

  1. Reemigración venezolana desde América del Sur hacia España

Un segmento relevante, pero no preciso, de la migración venezolana hacia España proviene de procesos migratorios previos de América del Sur. Según estimaciones de la estadística continua de población y migraciones del INE y de R4V (2025), y no desde conteos administrativos, a partir de 2018 se incrementó el número de ciudadanos venezolanos provenientes de algún país de América del Sur. La estimación es de 172 000, aunque es probable que el volumen posea dificultades de subrepresentación y registro.

Tabla 4

Estimaciones de venezolanos reemigrados a España desde terceros países

Año

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Total

Estimación neta

1000

2000

4000

8000

15 000

8000

12 000

25 000

30 000

35 000

32 000

172 000

Fuente: estimación propia a partir de datos de INE (Estadística Continua de Población y Estadística de Migraciones) y R4V (2025a).

Al cruzar la tabla 4 con los ingresos totales de la tabla 3, se estima de forma conservadora que cerca del 25 % de los venezolanos llegó a España tras un primer proyecto migratorio, lo cual constituye un hallazgo del artículo. Este dato no es lejano al proporcionado por Dekocker y Ares (2020) quienes desde una encuesta no representativa aplicada a venezolanos llegados entre 2015 y 2019, arrojó que el 21,6 % aceptó que España no fue su primer país de migración. La proporción de reemigrados sobre los cuatro países analizados, se expresa en la siguiente tabla:

Tabla 5

Estimación de reemigrados venezolanos a España provenientes de los cuatro países de estudio

Primer destino

Estimación

Porcentaje (%)

Colombia

108 000

60,0

Perú

36 000

20,0

Ecuador

19 800

11,0

Chile

9000

5,0

Total

172 800

96 

Fuente: estimación propia a partir de datos de R4V (2025a).

Que el 96 % de las reemigraciones a España provenga de los cuatro países analizados refuerza la relación entre giro restrictivo y ciudadanía precaria. En las entrevistas se mencionó que se conocen de otros casos de reemigración siendo los países más mencionados Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, República Dominicana y México.

Entre los factores que impulsan la reemigración, los estudios recientes sobre movilidad venezolana (OIM, 2023; Acnur, 2024; Collyer, 2022) identifican cuatro:

Los migrantes venezolanos en España emplean estrategias para insertarse en el país. Dos de ellas son solicitar protección internacional o acceder a autorizaciones de residencia por razones humanitarias y, el uso de redes familiares y comunitarias de migrantes de segunda y tercera generación (Castro, 2019). Entonces, la migración a España no parte de cero ya que mantener un vínculo familiar y jurídico previo son interpretados como un mecanismo de resistencia, apoyo y una estrategia para acceder a derechos según los entrevistados. La nacionalización se ha convertido en una estrategia central de inserción jurídica, como consta en la tabla que sigue.

Tabla 6

Nacionalización de ciudadanos venezolanos en España

Año

Número de adquisiciones de nacionalidad en

España

Número de

nacionalizaciones de venezolanos

Porcentaje de nacionalizaciones venezolanos

2015

79 289

1200

1,5

2016

90 123

1500

1,7

2017

105 000

2800

2,7

2018

120 456

5200

4,3

2019

145 789

12 500

8,6

2020

110 234

8000

7,3

2021

135 678

15 000

11,1

2022

180 345

22 000

12,2

2023

240 476

28 000

11,7

2024

252 476

35 403

14,0

2025

299 732

36 271

12,10

Total, de
nacionalizaciones

167 874

Fuente: estimación propia a partir de datos de INE (2025c).

La tabla muestra una tendencia clara en el aumento de las nacionalizaciones de ciudadanos venezolanos en España entre 2015 y 2025, con más de 167 000 casos, es decir el 29,6 % de los venezolanos que arribaron a España con una nacionalidad en el mismo período. La similitud entre el número de reemigrados y de nacionalizaciones sugiere una hipótesis: parte de quienes reemigraron pudieron solicitar la nacionalidad como mecanismo de protección social, económica y política.

Si a este dato de las nacionalizaciones se le suma el de las personas que ya poseían pasaporte comunitario, se obtiene que cerca del 48% de los venezolanos que residen en España tienen al menos —en lo formal— condiciones de ciudadanía plena. Este incremento puede interpretarse también por la percepción de estabilidad, acceso documental y aceptación social que expresan algunos entrevistados.

Ha sido buena, Madrid es una ciudad completa, en cuanto a la documentación es un proceso un poco lento pero fácil de solicitar y sin costo alguno, conseguir un permiso de residencia para vivir y trabajar es bastante accesible. También es un país que está acostumbrado a los extranjeros aquí no hay xenofobia (comunicación personal, hombre, 32 años, Táchira A Quito A Madrid)

Las personas entrevistadas desarrollan actividades económicas autónomas, trabajo remoto y emprendimientos que desafían las estructuras laborales formales. Estas prácticas, según De Genova (2017), forman parte de la autonomía de la migración en la que la economía no empuja al migrante, sino, la capacidad propia de decisión, acción y estrategia. En Madrid, Barcelona y Valencia, la comunidad venezolana organiza redes de apoyo, asociaciones culturales y colectivos de derechos humanos que ayudan a acceder a información:

La verdad ha sido excelente, he conseguido trabajo desde el primer día de haber llegado, luego ha sido fácil solicitar la residencia por haber tenido una tarjeta de residencia anterior y he realizado estudios me he especializado en otro ámbito, cuento con un buen trabajo y ya me han aprobado la nacionalidad. (comunicación personal, mujer, 40 años, Caracas A Quito A Madrid)

  1. Patrones de reemigración identificados a partir de las entrevistas

Las entrevistas permiten identificar cinco patrones de la reemigración: tres asociados con la ciudadanía precaria y dos con la reconfiguración del proyecto migratorio. El primer patrón de la ciudadanía precaria se encuentra vinculado con la precarización laboral, informalidad y las escasas oportunidades en América del Sur. De modo que la reemigración surge como estrategia para mejorar las condiciones de vida y acceder a mercados laborales percibidos como más estables.

Sentía que no tenía oportunidad de crecimiento profesional y económico en Ecuador, mi hermana vivía ya en España y siempre quise vivir aquí. (comunicación personal, mujer, 33 años, Maracay A Quito A Madrid)

En Ecuador no tenía el valor profesional deseado, y el tema salarial con la mayor parte de los empleadores eran descoordinados; en ciertos empleos debía esperar hasta más de tres meses que me pagaran el salario, y siendo médico extranjero el proceso de inserción al sector de salud pública fue imposible (comunicación personal, hombre, 33 años, La Victoria A Quito A Barcelona).

El segundo patrón corresponde a las dificultades para regularizarse y a los cambios en las políticas migratorias suramericanas. Los testimonios mencionan los obstáculos administrativos para obtener o renovar los permisos de residencia, dificultades para homologar títulos profesionales, incertidumbre jurídica y xenofobia, como constan en las entrevistas.

La casi nula oportunidad por la cantidad de requisitos para nacionalizarse o conseguir la visa residente permanente. Era muy cuesta arriba, un proceso muy excluyente y racista al que solo pueden acceder unos pocos. (Comunicación personal, hombre, 43 años, Caracas A Lima A Calafell)

Mi hijo en el colegio fue discriminado, yo en el metro sufrí xenofobia [Uno de los motivos para dejar Chile fue] los estudios de educación superior de mi hijo. (comunicación personal, mujer, 37 años, Valles del Tuy A Santiago A Madrid)

Surge un tercer patrón vinculado con el deterioro de las condiciones de seguridad pública como motivador para reemigrar. Situaciones de delincuencia, violencia, extorsión o xenofobia afectaron la estabilidad de los migrantes y de sus familias. La reemigración se interpreta aquí como estrategia de protección y búsqueda de entornos percibidos como menos hostiles.

En Ecuador no me sentía segura, estaba cansada de las miradas despectivas y la desconfianza de las personas. (Comunicación personal, mujer, 26 años, Caracas A Quito A Ourense)

Perú se puso muy hostil, quería que mi hija (nacida en Perú) creciera en un país con mejores oportunidades en cuanto a salud y educación. Y también un país seguro para nosotros. No quería que a la niña le hicieran alguna maldad por tener padres venezolanos. (Comunicación personal, mujer, 34 años, Caracas A Lima A Valencia)

En una ocasión buscando empleo me tildaron de prepago. Tuve que emigrar porque a mi hija me la amenazaron. (Comunicación personal, mujer, 45 años, Caracas A Bogotá A Murcia)

El cuarto patrón son las redes transnacionales, que facilitan información sobre empleo, vivienda y trámites, y reducen los riesgos de reemigrar. En varios testimonios, los entrevistados señalan que la posibilidad de contar con apoyo inicial de familiares o amigos residentes en España fue un factor determinante para tomar la decisión de reemigrar.

Me divorcié y me vine a España porque era donde estaba parte de mi familia más cercana (comunicación personal, hombre, 46 años, Barquisimeto A Santiago de Chile A Tenerife)

Algunas entrevistas revelan trayectorias migratorias escalonadas en las que la migración a América del Sur aparece como una etapa inicial dentro de un proyecto amplio orientado a Europa, que constituye el quinto patrón.

Siempre lo tuve claro, en este caso Ecuador fue un trampolín para poder reunir dinero sólido [dólares] y poder estar más tranquilo aquí mientras conseguía un trabajo (comunicación personal, 40 años, Caracas A Quito A Barcelona)

La tabla que sigue sintetiza evidencia de que la reemigración venezolana desde los países de Suramérica hacia España no responde a una causa única, sino a la acumulación de condiciones de ciudadanía precaria en los países de primera acogida: precariedad laboral, inseguridad, xenofobia, lo que lleva a la reformulación del proyecto migratorio y la búsqueda de mejores oportunidades.

Tabla 7

Dimensiones de la ciudadanía precaria y mecanismos migratorios que impulsaron la reemigración de venezolanos a España

Tipo de factor

Motivo para reemigrar

Causas principales
identificadas

Países donde el motivo es frecuente

Factores que
influyeron para
reemigrar a España

Ciudadanía precaria

Precarización socioeconómica

Inserción laboral en sectores informales, bajos salarios, escasas oportunidades de movilidad social y dificultades para sostener proyectos familiares.

Ecuador, Perú, Colombia

Percepción de mejores oportunidades laborales y mayor estabilidad económica, de poder ahorrar y ayudas a sus familias en Venezuela.

Ciudadanía precaria

Restricciones institucionales

Dificultades para regularizar el estatus migratorio, obstáculos burocráticos, incertidumbre jurídica y cambios en las políticas migratorias —incluye xenofobia—.

Ecuador, Perú

Posibilidad de acceder a regularización, protección internacional y homologación profesional de manera rápida.

Ciudadanía precaria

Aumento de la delincuencia, inseguridad y violencia

Aumento de la delincuencia, extorsiones, ausencia de tranquilidad y mayor violencia.

Ecuador, Perú, Colombia

Percepciones de mayores niveles de seguridad y protección para el migrante y su núcleo familiar. Tranquilidad del proyecto migratorio.

Mecanismo migratorio

Redes migratorias transnacionales

Presencia previa de familiares o conocidos en España que facilitan información, alojamiento inicial o inserción laboral.

Chile, Perú, Ecuador, Colombia

Apoyo inicial en temas de búsqueda de vivienda, empleo y acceso a información estratégica.

Reunificación familiar.

Mecanismo migratorio

Estrategias escalonadas

Trayectorias migratorias concebidas como procesos por etapas, donde el primer destino en Sudamérica funciona como tránsito o para acumular recursos.

Ecuador

Afinidad lingüística y cultural con España visto como país con mayores oportunidades.

Fuente: a partir del análisis de las entrevistas.

  1. Conclusiones

El análisis comparativo de las políticas migratorias en Suramérica y de 69 entrevistas a migrantes venezolanos reemigrados permite concluir que la precariedad y la integración incompleta de la población venezolana en Ecuador, Colombia, Perú y Chile, favorecieron la reemigración hacia España entre 2015 y 2025, y que el giro restrictivo de las políticas migratorias no detuvo sus proyectos de vida. Desde la perspectiva del derecho de fuga, la reemigración no expresa el fracaso del primer proyecto migratorio ni responde solo a problemas económicos. Es un acto estratégico de resistencia y reapropiación de la autonomía frente a la precarización institucional impuesta por los Estados de América del Sur.

Los hallazgos evidencian que alrededor de esto, en los cuatro países abordados, convergen dinámicas comunes. Primero, son países que se muestran abiertos a la movilidad regional, progresiva condicionalidad entre 2018 y 2020, y profundización de cierre administrativo entre 2021 y 2025. Las políticas restrictivas generan mayor precariedad en términos de la xenofobia, limitaciones a la seguridad jurídica, trabajo formal, protección y derechos. Este estado de las cosas lleva a los migrantes a tomar nuevas decisiones de movilidad, es decir, no quedan atrapadas frente a la precariedad, sino que evalúan opciones, activan redes y reconfiguran sus trayectorias. No es menor que, alrededor del 25 % de los venezolanos que actualmente residen en España lo hacen tras un primer proyecto migratorio, lo que subraya la magnitud de la reorientación geográfica provocada por las políticas restrictivas. En las entrevistas algunos hablan de esto como un empuje: “me empujaron a irme”.

Segundo, reemigrar a España reposiciona el proyecto vital. Para los reemigrados, salir de América del Sur no representa una derrota, sino como una estrategia de recomposición que previamente ha sido evaluada y comparada entre opciones que mejor garanticen acceso a derechos, estabilidad y reconocimiento. España aparece en los testimonios de los entrevistados asociado a estabilidad jurídica, acceso a documentación y mejores expectativas de inserción. En palabras de los entrevistados se busca “recomenzar de forma digna” o “apostar por un futuro más cierto”.

Este artículo no analiza obstáculos como el alto costo de vida, la precariedad laboral inicial o el acceso desigual a la vivienda, que deberían abordarse en futuras investigaciones. De igual modo, sería oportuno ubicar esta discusión en el marco de las barreras administrativas y el déficit de servicios públicos en América del Sur como contextos paralelos que operaron en la decisión de reemigrar. En este sentido, España emerge no solo como un destino final, sino como un nuevo nodo dentro de las trayectorias migratorias transnacionales que conectan América del Sur con Europa, y que reflejan procesos más amplios de reconfiguración de los sistemas migratorios contemporáneos.

Tercero, la reemigración genera formas de ciudadanía transnacional desde abajo, sostenidas por vínculos familiares, redes de apoyo y estrategias documentales. Una de sus estrategias de integración es la nacionalización no solo jurídica, de movilidad y acceso a derechos, sino de reconocimiento. España, con sus mecanismos de regularización más predecibles, arraigo por formación, residencia humanitaria, aceptación de pasaportes vencidos, se posicionó como espacio de estabilidad relativa, aunque dentro de un régimen de ciudadanía precaria que mantiene jerarquías y subordinación utilitarista.

El estudio aporta tres ideas centrales a los estudios críticos de migración. Primero, las políticas migratorias restrictivas no contuvieron los movimientos, sino que los redireccionaron hacia nuevos espacios geográficos. Segundo, la reemigración venezolana es una práctica concreta de autonomía migrante y ejercicio del derecho de fuga, donde la movilidad se convierte en herramienta de resistencia y dignificación. Por último, existen ciudadanías transnacionales de facto, ensambladas mediante estrategias documentales, redes familiares y circulación económica, más allá del reconocimiento estatal formal.

El artículo abre tres líneas futuras: estudios longitudinales sobre reemigrados, comparaciones con otros destinos europeos y análisis interseccionales que incorporen género, condición socioeconómica y nivel educativo. Los estudios de la reemigración reflejan cómo los sujetos migrantes producen nuevas geografías de ciudadanía, pertenencia y resistencia frente a los regímenes globales de control.

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