Respaldo social a acciones estratégicas sobre violencia de género, salud sexual y financiamiento
estatal en Argentina1
Social Support for Strategic Actions on Gender-Based Violence, Sexual Health, and State Funding in Argentina
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Argentina|
Débora |
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Silvina |
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Recibido: 31-octubre-2025
Aceptado: 3-marzo-2026
Publicado: 15-julio-2026
Cómo citar este artículo:
Sosa, V., Imhoff, D., y Brussino, S. (2026). Respaldo social a acciones estratégicas sobre violencia de género, salud sexual y financiamiento estatal en Argentina. Estado & comunes, 2(23), 195-218. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.438
Estado & comunes
Revista de políticas y problemas públicos.
N.° 23, vol. 2, julio-diciembre 2026, pp. 195-218
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
Quito-Ecuador.
ISSN impreso: 1390-8081 - ISSN electrónico: 2477-9245
https://doi.org/10.37228/estado_comunes.438
Resumen
Durante el mandato de Javier Milei en Argentina, el Gobierno reestructuró instituciones y redujo el alcance estatal en materia de violencia de género, femicidio y salud sexual. Este artículo indaga en los niveles de respaldo social a las acciones estratégicas contempladas por el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022–2024 y su relación con variables sociodemográficas como identidad sexogenérica, grupo generacional, orientación sexual, religión e ideología política. El estudio cuantitativo, basado en 884 encuestas y en análisis descriptivos y comparativos con pruebas no paramétricas, revela altos niveles de respaldo a las acciones estratégicas estudiadas. En general, las mujeres, la población LGBTTTIQ+, las personas con ideologías de izquierda y quienes no tienen filiación religiosa muestran mayor respaldo, mientras que la generación más joven evidencia bajos niveles de adhesión a las acciones estudiadas. Estos datos pueden interpretarse desde las trayectorias de desigualdad, exclusión y violencia estructural e histórica que atraviesan de manera persistente a la mayoría de estos grupos.
Palabras clave: acoso sexual, educación sexual, igualdad de género, métodos anticonceptivos, mujeres, movimiento feminista, psicología política.
Abstract
During Javier Milei’s term in office in Argentina, the government restructured institutions and scaled back the state’s role in addressing gender-based violence, femicide, and sexual health. This article examines levels of social support for the strategic actions outlined in the Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022–2024 and their relationship with sociodemographic variables such as sex-gender identity, generational group, sexual orientation, religion, and political ideology. The quantitative study, based on 884 surveys and descriptive and comparative analyses using nonparametric tests, reveals high levels of support for the strategic actions studied. In general, women, the LGBTTTIQ+ population, people with left-wing ideologies, and those without religious affiliation show greater support, while the younger generation exhibits low levels of support for the actions studied. These data can be interpreted in light of the trajectories of inequality, exclusion, and structural and historical violence that persistently affect most of these groups.
Keywords: sexual harassment, sex education, gender equality, contraceptive methods, women, feminist movement, political psychology.
- Introducción
Los movimientos feministas han denunciado las desigualdades y las distintas formas de violencia que afectan a niñas, adolescentes y mujeres en el mundo. En América Latina, desde finales del siglo XX, estas denuncias se abordan como violencia de género; es decir, no como un conflicto privado o doméstico, sino como un daño ejercido contra una persona en el marco de relaciones desiguales de poder. Este enfoque adquirió visibilidad en las agendas nacionales mediante el diseño de políticas públicas y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática (Sagot, 2017).
El enfoque de género permite abordar las diferencias que históricamente se convirtieron en desigualdades (Maquieira, 2006). El Estado puede desempeñar un papel clave en la reproducción o el mantenimiento de estas desigualdades (Gorriti y Farrán, 2022; Guzmán y Montaño, 2012; MacKinnon, 1995) o bien asumir un papel estratégico en la mitigación del fenómeno, mediante la ratificación de protocolos y convenciones internacionales y la generación de políticas para erradicar las desigualdades y violencias (Fraser, 2008; Guzmán y Montaño, 2012; Haney, 2004).
En Argentina, durante las últimas décadas, el Estado incorporó progresivamente el enfoque de género en la agenda institucional. Mediante el Decreto 1426/1992, se creó el Consejo Nacional de la Mujer con el propósito de impulsar políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres. Su transformación en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), en 2017, dio continuidad a estos esfuerzos y se consolidó como el órgano rector de la Ley 26.485 de 2009, o Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Las instituciones incorporaron este enfoque de forma acumulativa en el siglo XXI. Se sumaron la Ley 26.150 de 2006 (Ley de Educación Sexual Integral), la Ley 26.618 de 2010 (Ley de Matrimonio Igualitario) y la Ley 26.743 de 2012 (Ley de Identidad de Género). Una situación que redefinió el alcance de los derechos, pero también expuso conflictos en el sistema, en las prácticas institucionales y en las disputas morales de la sociedad, fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso F.A.L. de 2012, que estableció que no se requiere autorización judicial para acceder a un aborto en caso de violación y que el acceso al servicio debe ser rápido y sin obstáculos. Luego, se amplió el marco de los derechos sexuales y (no) reproductivos, y surgieron la Ley 27.412 de 2017 (Ley de Paridad de Género) y la Ley 27.499 de 2019 (Ley Micaela).
Este proceso se consolidó con la creación, mediante el Decreto 7/2019, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), que diseñó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022–2024 (MMGyD, 2022). Este plan se convirtió en la principal herramienta del Poder Ejecutivo Nacional para enfrentar la violencia de género, pues ya no solo reconoce la afectación de niñas, adolescentes y mujeres, sino también de lesbianas, bisexuales, gays, trans, travestis, intersex, personas no binarias y otras identidades de género y orientaciones sexuales, desde un enfoque integral, interseccional e intersectorial.
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, en diciembre de 2023, se produjo una reorientación ideológica y política manifestada en la reestructuración institucional y en la reducción del alcance estatal de lo que se venía construyendo. El Gobierno redujo el MMGyD al rango de subsecretaría en diciembre de 2023, anunció su cierre definitivo en junio de 2024 y desfinanció programas clave de prevención, atención y protección frente a la violencia de género. Estos cambios generan preocupación en sectores políticos opositores, la sociedad civil y organismos internacionales, que advierten sobre el “retroceso en los marcos legales e institucionales desarrollados por el Estado argentino para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (ONU Mujeres, 2024, p. 50).
En tal coyuntura, el artículo indaga en los niveles de respaldo social a las acciones estratégicas sobre violencia de género, femicidio, salud sexual y financiamiento estatal que constan en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. También interesa conocer las variables sociodemográficas que intervienen en los niveles de respaldo, a partir de la identidad sexogenérica, el grupo generacional, la orientación sexual, la religión y la ideología política.
Se considera que este tema resulta oportuno y aporta en tres dimensiones. Primero, la producción académica sobre respaldo social a acciones y políticas públicas no es un campo consolidado, y lo que existe se concentra en el área de la opinión pública y en políticas no vinculadas con el enfoque de género. Segundo, en el contexto nacional, la producción sobre respaldo social a las medidas institucionales adoptadas por el gobierno de Milei es limitada, aunque se encuentra en desarrollo. Tercero, este artículo se centra en datos estadísticos y sociodemográficos, lo que lo hace original frente a otros estudios de su tipo.
- Metodología
El diseño metodológico de este artículo es cuantitativo y de alcance descriptivo. Los datos se recolectaron en junio de 2023 y la muestra estuvo conformada por 884 personas residentes en distintas regiones del país, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico. Las personas participantes se distribuyeron así: Noroeste (4,1 %; n = 36), Noreste (2,5 %; n = 22), Centro (68,4 %; n = 605), Cuyo (20,7 %; n = 183), Patagonia Norte (2,5 %; n = 22) y Patagonia Sur (1,8 %; n = 16).
La mayoría se identificó como mujer (80,4 %), seguida de varones (18 %), personas no binarias (1 %), varones trans (0,2 %) y otras identidades (0,1 %). Dos personas optaron por no responder esta pregunta (0,2 %). Respecto a la orientación sexual, participaron personas heterosexuales (81,6 %), homosexuales/lesbianas (4,1 %), bisexuales (10,7 %) y pansexuales (2 %). Dos optaron por la opción “otra” en el formulario (0,2 %) y doce prefirieron no responder esta pregunta (1,4 %). Las edades oscilaron entre los 18 y los 77 años, con un promedio de 35,6 años, y el 86,5 % poseía estudios universitarios completos o incompletos.
La muestra se encuentra notablemente feminizada y presenta una concentración significativa en la región Centro, asociada con el método de difusión. Las autoras y sus instituciones de pertenencia están ubicadas en dicha región, y esto pudo provocar una distribución geográfica desigual de la encuesta y de las personas encuestadas. Además, el cuestionario se difundió por correo electrónico, redes sociales (personales e institucionales) y WhatsApp.
Los datos se recolectaron mediante un cuestionario en línea y autoadministrado, alojado en la plataforma de encuestas LimeSurvey. Las personas que aceptaron participar lo hicieron de manera voluntaria y anónima, previa lectura de una hoja informativa con los lineamientos éticos de la investigación, avalados por el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Psicológicas, adscrito a la Universidad de Córdoba y al Conicet.
En reconocimiento por el tiempo invertido, se ofreció la posibilidad de participar en el sorteo de un incentivo de 10 000 pesos argentinos2, cubierto con fondos de investigación del Conicet. No es posible asegurar que el sorteo no influyó en la decisión de participar; sin embargo, no constituyó un mecanismo coercitivo, ya que la participación en la encuesta fue opcional y no estuvo vinculada con las respuestas. La persona ganadora fue seleccionada de manera aleatoria y se garantizó igualdad de oportunidades. La entrega se hizo por transferencia bancaria, previo aviso a la persona y mediante el envío del comprobante de pago.
Respecto del instrumento de recolección de datos, el cuestionario tenía dos objetivos. Primero, indagar en las variables sociodemográficas de las personas encuestadas y, segundo, explorar el respaldo social a las acciones estratégicas mencionadas. En cuanto a los datos sociodemográficos, se indagó el máximo nivel educativo alcanzado y se ofrecieron opciones de respuesta que abarcaron desde no haber asistido nunca a la escuela hasta estudios universitarios (completos o incompletos). También se consultó la edad y se clasificó a las personas participantes en cohortes generacionales a partir de sus experiencias y de la influencia cultural y tecnológica en sus valores, comportamientos y formas de participación social. De acuerdo con la clasificación de Díaz-Sarmiento et al. (2017), las cohortes generacionales se organizaron así:
- Centennials: personas nacidas a partir de 2004.
- Millennials: personas nacidas entre 1980 y 2004.
- Generación X: personas nacidas entre 1960 y 1980.
- Baby boomers: personas nacidas antes de 1960.
La identidad sexogenérica se registró por autoidentificación, con las opciones mujer cisgénero, varón cisgénero y otras identidades (travestis/trans, personas no binarias y otras). La orientación sexual se agrupó, para analizar los datos con mayor solidez y garantizar la robustez de las estimaciones, en personas heterosexuales y no heterosexuales (lesbianas, homosexuales, bisexuales, pansexuales y otras orientaciones). Esta decisión fue operativa y buscó simplificar el análisis estadístico para garantizar comparabilidad entre grupos a partir de una categoría residual.
Lo mismo sucede con la filiación religiosa, para la cual se agrupó a las personas con religión (católicas, judías, testigos de Jehová, mormonas, musulmanas, evangélicas, cristianas y de otras religiones) y sin religión (ateas, agnósticas y aquellas que no se identifican con ninguna religión). Finalmente, se preguntó por la ideología política y se registró el autoposicionamiento en izquierda, centro o derecha. Es decir, se redujo la complejidad ideológica y no se captaron los matices ni las posiciones híbridas.
El segundo segmento del cuestionario estuvo orientado a explorar el respaldo a algunas acciones estratégicas contempladas en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022–2024 del MMGyD. El plan incluye 100 acciones estratégicas de corto, mediano y largo plazo, cuya ejecución recae en diferentes ministerios y órganos descentralizados nacionales. El plan se organiza en cuatro ejes principales: prevención; asistencia y abordaje integral; protección y fortalecimiento del acceso a la justicia; y gestión de la información, transparencia y monitoreo. También contempla cuatro ejes transversales: diversidad; interseccionalidad e interculturalidad; multiagencialidad; y territorialidad y carácter federal.
Debido a la amplitud y complejidad de la estructura del plan, las autoras decidieron reagrupar minuciosamente las acciones en tres ejes: acciones contra la violencia de género y el femicidio; acciones sobre salud sexual y (no) reproductiva; y acciones de financiamiento de dispositivos y programas de género. Aunque no reproduce el esquema del plan, los tres ejes están alineados con preocupaciones que constan en la Agenda para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe (Cepal, 2025), así como con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, “Igualdad de género”, de la Agenda 2030 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2025).
Definidos los ejes, se seleccionaron nueve acciones estratégicas incluidas en el plan (tres para cada eje), en función de su relevancia y capacidad para captar posicionamientos actitudinales. Estas acciones fueron operacionalizadas en enunciados ad hoc y sometidas a evaluación en una escala de Likert de seis puntos, en la que 1 = totalmente en desacuerdo y 6 = totalmente de acuerdo. A continuación, se presentan los ejes y las acciones seleccionadas.
Tabla 1
Acciones estratégicas y dimensiones seleccionadas
|
Ejes |
Acciones estratégicas y enunciados ad hoc |
|
Violencia de género y femicidio |
|
|
Salud sexual y (no) reproductiva |
|
|
Financiamiento de políticas de género |
|
Fuente: elaboración propia de las autoras (2025).
Para conocer los niveles de respaldo social a las acciones estudiadas, se tomó como referencia el punto medio de la escala de Likert: 3,5 en una escala de 1 a 6. A partir de este criterio, se calcularon las medias aritméticas de cada acción para identificar si las respuestas se ubicaban por encima o por debajo de dicha referencia. De este modo, los valores superiores a 3,5 se interpretaron como un mayor nivel de respaldo, mientras que los valores inferiores indicaron una menor aceptación.
Luego, se aplicaron análisis descriptivos univariados con el software SPSS y, para examinar las diferencias en las respuestas según las variables sociodemográficas, se emplearon pruebas no paramétricas. Esta decisión se tomó después de que los resultados del estadístico de Kolmogórov-Smirnov mostraran una desviación significativa en la distribución de los datos de los enunciados. Además, para analizar la homogeneidad de las varianzas entre grupos, se aplicó la prueba de Levene, que reportó ausencia de homogeneidad en la mayoría de los grupos de cada acción analizada.
Sobre la base de estos resultados, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para comparar grupos, cuya interpretación se realizó a partir del estadístico H y su correspondiente nivel de significación. En los casos en que se identificaron diferencias estadísticamente significativas (p < .05), se llevaron a cabo comparaciones post hoc mediante la prueba de Games-Howell. Para verificar los antecedentes y datos previamente elaborados, así como para buscar literatura, fuentes o datos de soporte, se empleó GPT-5. Todo el contenido fue revisado y verificado por las autoras; por tanto, el análisis, la metodología, los hallazgos, las interpretaciones y las conclusiones son de autoría propia.
- Aportes teóricos y contextuales
Los últimos 40 años de la región han estado determinados por el retorno de las democracias tras regímenes dictatoriales, la globalización acelerada, el establecimiento del neoliberalismo y el fortalecimiento de los movimientos sociales, entre ellos, el feminista, que funcionó como ventana de oportunidad para visibilizar la violencia de género y las desigualdades (Kingdon, 1984). Este movimiento cuestionó el conjunto de normas, roles y jerarquías que organizaron las relaciones entre hombres y mujeres, y promovió la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la implementación de políticas públicas, así como en su institucionalidad (Guzmán y Montaño, 2012).
En muchos contextos, estas políticas estuvieron inicialmente orientadas a resolver situaciones de vulneración extrema de niñas, adolescentes y mujeres mediante leyes y acciones a favor de la educación básica, la salud materna, la prevención del embarazo adolescente, la nutrición infantil y la protección frente a la violencia sexual, entre otras (Guzmán y Montaño, 2012). Estas intervenciones, bajo enfoques mayormente asistencialistas, recibieron el respaldo de diferentes sectores y fomentaron los primeros debates acerca del alcance transformador de este tipo de políticas.
Con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1993, y la Convención de Belém do Pará, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 1994, se consolidó jurídicamente en el derecho internacional público el concepto de violencia de género. El concepto surgió en la década de 1970 con el movimiento feminista, mientras que, a finales del siglo XX, tomó fuerza la discusión sobre el concepto de femicidio luego de los asesinatos sistemáticos de mujeres maquiladoras en Ciudad Juárez. Con el tránsito de siglo se consolidaron leyes contra la violencia hacia las mujeres y se tipificaron penalmente los delitos de acoso sexual y femicidio. De manera tardía, se institucionalizaron y ampliaron las normativas y políticas sobre la salud sexual y (no) reproductiva.
En el siglo XXI se promovió la independencia económica, la igualdad de oportunidades, la inserción en los mercados laborales y la reducción de las relaciones de poder abusivas que recaen sobre las mujeres. Estas acciones (que fortalecen su ejercicio ciudadano, el empoderamiento y su representatividad como sujetos de derechos) generan resistencias y dificultan su correcta implementación. Por tanto, la institucionalización progresiva del enfoque de género en el Estado, si bien presenta avances acumulativos, también destaca por las tensiones, conflictos y alianzas entre fuerzas e intereses que se cristalizan en la institucionalidad (Poulantzas, 1970).
El surgimiento del activismo antigénero, o contramovimiento opositor a la ideología de género y a la ampliación de los derechos sexuales y (no) reproductivos durante las dos primeras décadas del siglo XXI (Caminotti y Tabbusch, 2021), se caracteriza por los esfuerzos institucionales y colectivos por erradicar esta ideología en ámbitos de la vida pública y privada (Sagot, 2017). Además:
El framing de la ideología de género como amenaza a la familia, la sociedad y la nación, junto al despliegue de estrategias retóricas amenazantes, permite conectar actores e intereses diversos y expandir el campo ‘doctrinal’, es decir, aquellas políticas de género que cuestionan sistemas de valores y cosmovisiones imperantes. Esta expansión torna peligrosas no solo las políticas que regulan la sexualidad y la reproducción, sino cualquier medida que cuestione las jerarquías de género y el orden heteronormativo y patriarcal. (Caminotti y Tabbusch, 2021, p. 43)
La discusión y la institucionalización de políticas y acciones vinculadas con el género no pueden entenderse por fuera del sistema de creencias, valores y normas de otros actores, junto con los relatos que se construyen sobre los problemas y sus posibles soluciones (Guzmán y Montaño, 2012). Estos actores de veto son considerados imprescindibles en la toma de decisiones porque inciden en la política institucionalizada (Caminotti y Tabbusch, 2021; Tsebelis, 1995). Entre ellos se encuentran autoridades de la Iglesia católica, del fundamentalismo evangélico y grupos pro-familia que mantienen vínculos con organizaciones políticas y vetan la ideología de género, así como los avances en materia de derechos sexuales en la región (Arguedas, 2020; Guzmán y Montaño, 2012).
El diseño de cualquier política no depende solo de reconocer el problema e incluirlo en la acción y la agenda institucional (Aguilar, 1993; Fraser, 2008; Muller y Surel, 1998), sino de admitir que el Estado también participa en la producción de esos problemas (Grassi, 2001). En este marco, las políticas públicas parten de un conjunto de presuposiciones que, como imagen del mundo, son una representación del tipo de sociedad deseado, de los problemas públicos que se deben afrontar, del fallo o causa del problema, de sus responsables (Cena, 2021) y de las “intervenciones estatales, los principios, creencias y esquemas de percepción que constan en los documentos oficiales” (Cena y González, 2025, p. 109). En esta línea, en el diseño de políticas hay disputas que, en el caso del encuadre de la ideología de género y su uso estratégico, “aglutina a una oposición más ofensiva […] que hasta el momento no habían generado reacción” (Caminotti y Tabbusch, 2021, p. 43).
Desde una perspectiva micropolítica, la psicología política ha estudiado los niveles de respaldo social hacia distintas políticas públicas. Este respaldo puede interpretarse como un indicador de legitimidad e institucionalización gubernamental. De este modo, existen contribuciones sobre el respaldo social a políticas ambientales (Rhodes et al., 2017), a políticas que favorecen el bienestar (Cañadas y Brussino, 2023; Imhoff y Brussino, 2016), el apoyo al consumo de drogas ilegalizadas (Colognis et al., 2019; Danieli et al., 2022) y a políticas sanitarias, educativas, de seguridad social, de desempleo, de ayuda a personas dependientes y de medio ambiente en épocas de crisis (Cicuéndez, 2023).
- Resultados
Los resultados muestran que, en todos los ítems evaluados, las medias aritméticas obtenidas se ubicaron por encima del punto medio natural de la escala. Esto sugiere, en general, altos niveles de respaldo a las acciones estratégicas estudiadas. Se observaron niveles de respaldo similares en dos ejes: violencia de género y femicidio, y salud sexual y (no) reproductiva. Dentro de estos ejes, las acciones más apoyadas fueron elaborar un Registro Anual de Femicidios (x̄ = 5,64) y enseñar educación sexual integral en las escuelas (x̄ = 5,61). Este acuerdo disminuyó levemente en el eje de financiamiento a dispositivos y programas de género, como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2
Resultados generales sobre niveles de respaldo social a las acciones estudiadas
Fuente: elaboración propia de las autoras (2025).
Resulta importante discutir por qué las acciones más apoyadas fueron las vinculadas con el registro de los femicidios y la enseñanza de la ESI en las escuelas. Según Guzmán y Montaño (2012), las acciones gubernamentales contra situaciones de vulneración extrema en la vida de las mujeres, como el femicidio, reciben más apoyo de diferentes sectores sociales bajo el entendido de que este problema no solo las afecta a ellas, sino también a sus familias. Este apoyo proviene de marcos cognitivos diferentes, “sin que se vean afectadas sus concepciones tradicionales de género” (p. 32). En Argentina, el movimiento Ni Una Menos contribuyó de manera decisiva a instalar este problema en la agenda pública y favoreció consensos más amplios de rechazo a esta violencia y a la impunidad judicial.
Por otro lado, la ESI ha sido institucionalizada en Argentina y es obligatoria en todo el territorio nacional. Al respecto, la Ley 26.150, sancionada en 2006, ha sido progresivamente apropiada y defendida por distintos actores. Sin embargo, su historia no ha estado exenta de conflictos, ya que, desde su diseño e implementación, se ha constituido en un campo de disputa entre actores de veto en los ámbitos político, educativo y religioso (Martínez y Seoane, 2021; Rocha, 2025). Los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados o ratificados por Argentina, como la Convención sobre los Derechos del Niño, otorgaron legitimidad y favorecieron que la ESI se consolidara como política pública (Mariani y Messina, 2025). Este apoyo no puede atribuirse solo al Estado, sino también al papel que ejercieron los movimientos sociales en su reconocimiento.
En particular, el movimiento Ni Una Menos visibilizó desde su creación, en 2015, otras formas de violencia de género (violencia económica y violencia machista) y las vinculó con la desigualdad y la precarización económica. En el marco de la campaña regional Niñas No Madres de 2019, el movimiento destacó la importancia de la ESI como herramienta preventiva frente a la muerte y la violencia ejercida contra las mujeres (Báez, 2021). También se reconoció públicamente el aporte de la ESI como impulsor de denuncias de noviazgos violentos y abusos intrafamiliares (Faur y Gogna, 2016). Este aporte fue abordado por los medios de comunicación (Iglesias, 2020) y ha reforzado la red de apoyo del estudiantado con sus familias, la escuela y la gestión estatal.
Frente al menor respaldo social en el eje de financiamiento de dispositivos y programas de género, vale detenerse en varios elementos. El hallazgo puede interpretarse en el marco de la resistencia social hacia los programas de transferencia condicionada, especialmente cuando están dirigidos a segmentos poblacionales cuyas demandas pueden considerarse poco prioritarias o poco igualitarias (Jensen y Petersen, 2016). Estudios sobre políticas redistributivas (Cañadas y Brussino, 2023) muestran, por el contrario, que la opinión de los grupos beneficiarios influye en un mayor respaldo a este tipo de iniciativas.
Más allá de esto, el apoyo a las acciones presentó diferencias estadísticamente significativas en todos los grupos sociodemográficos. Respecto de la identidad sexogenérica (tabla 3), se observan diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y varones cisgénero en la mayoría de las acciones. En todos los casos, las mujeres y otras identidades son quienes manifiestan mayor respaldo, especialmente en acciones de financiamiento e institucionalización. Sin embargo, tanto los varones como las mujeres y otras identidades respaldan que el Estado debe ofrecer alojamiento, manutención y alimentación a mujeres sometidas a explotación o trata de personas, así como garantizar el cuidado integral de la vida y la salud de las mujeres embarazadas.
Tabla 3
Comparación del respaldo social según identidad sexogenérica
|
Eje |
Acción estratégica |
Varones cis |
Mujeres cis |
Otras |
H |
Sig. |
|
Mdn (R) |
||||||
|
Acciones estratégicas contra la violencia de género y el femicidio |
Los gobiernos deben prevenir y atender situaciones de violencia hacia mujeres adultas mayores. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
12.763 |
.002 |
|
El Estado debe ofrecer alojamiento, manutención, alimentación y elementos de higiene personal a mujeres sometidas a explotación o trata de personas. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
3.850 |
.146 |
|
|
El Ministerio de Seguridad debe elaborar un Registro Anual de Femicidios. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
23.022 |
.000 |
|
|
Acciones estratégicas sobre salud sexual y (no) reproductiva |
Es tarea de las escuelas públicas y privadas enseñar educación sexual integral (ESI) en todos los niveles educativos. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
24.647 |
.000 |
|
El Estado debe garantizar el cuidado integral de la vida y la salud de las mujeres embarazadas. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
1.032 |
.597 |
|
|
Es obligación de los gobiernos proveer métodos anticonceptivos gratuitos acordes con las necesidades de cada persona. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
10.518 |
.005 |
|
|
Acciones estratégicas de financiamiento a dispositivos y programas de género |
El Estado es responsable de financiar la creación y el fortalecimiento de áreas de género y diversidad en los gobiernos locales o provinciales. |
5(5) |
6(5) |
5.5(5) |
40.704 |
.000 |
|
Corresponde a los gobiernos financiar la construcción de centros comunitarios destinados a la formación, prevención y promoción de la igualdad de género. |
5(5) |
6(5) |
5.5(5) |
38.574 |
.000 |
|
|
Es tarea del Estado financiar el desarrollo de proyectos de investigación sobre desigualdades de género y violencias hacia las mujeres. |
5(5) |
6(5) |
6(5) |
21.201 |
.000 |
|
Fuente: elaboración propia de las autoras (2025).
Nota: Mdn (R) = mediana (rango). H corresponde a la prueba de Kruskal-Wallis. Sig. = nivel de significación.
Respecto de las cohortes generacionales, también se observa un alto respaldo general, aunque con diferencias estadísticamente significativas (véase la tabla 4). En general, la generación más joven (centennials) registró los niveles más bajos de respaldo a las acciones estudiadas en comparación con los millennials, la generación X y los baby boomers. Al comparar las respuestas entre millennials y generación X, se observa mayor respaldo de los primeros a la promoción de la ESI y a las acciones dirigidas contra el femicidio y la violencia de género.
En términos generales, el mayor respaldo a las acciones estudiadas se sitúa en la cohorte generacional de personas nacidas entre 1980 y 2004: los millennials. Por su parte, los baby boomers son quienes más respaldan las acciones para prevenir y atender situaciones de violencia hacia mujeres adultas mayores. Las distintas cohortes no presentan diferencias en el respaldo a las acciones contra la explotación o trata de personas, así como a aquellas vinculadas con la provisión de métodos anticonceptivos.
Tabla 4
Comparación del respaldo social entre grupos etarios
|
Eje |
Acción estratégica |
Centennials |
Millennials |
Generación X |
Baby Boomers |
H |
Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mdn (R) |
|||||||
|
Acciones estratégicas contra la violencia de género y el femicidio |
Los gobiernos deben prevenir y atender situaciones de violencias hacia las mujeres adultas mayores. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
6(2) |
8.708 |
.033 |
|
El Estado debe ofrecer alojamiento, manutención, alimentación y elementos de higiene personal a mujeres sometidas a explotación o trata de personas. |
5(5) |
6(5) |
6(5) |
6(1) |
32.478 |
.000 |
|
|
El Ministerio de Seguridad debe elaborar un Registro Anual de Femicidios. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
6(1) |
10.559 |
.014 |
|
|
Acciones estratégicas sobre salud sexual y (no) reproductiva |
Es tarea de las escuelas públicas y privadas enseñar ESI (educación sexual integral) en todos sus niveles. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
6(3) |
23.856 |
.000 |
|
El Estado debe garantizar el cuidado integral de la vida y la salud de las mujeres embarazadas. |
6(3) |
6(5) |
6(5) |
6(4) |
10.823 |
.013 |
|
|
Es obligación de los gobiernos proveer métodos anticonceptivos gratuitos acordes con las necesidades de cada persona. |
5(5) |
6(5) |
6(5) |
6(3) |
23.907 |
.000 |
|
|
Acciones estratégicas de financiamiento a dispositivos y programas de género |
El Estado es responsable de financiar la creación y fortalecimiento de áreas de género y diversidad en los gobiernos locales o provinciales. |
5(5) |
6(5) |
6(5) |
6(4) |
21.409 |
.000 |
|
Corresponde a los gobiernos financiar la construcción de centros comunitarios destinados a la formación, prevención y promoción de la igualdad de género. |
4.5(5) |
6(5) |
6(5) |
6(4) |
20.377 |
.000 |
|
|
Es tarea del Estado financiar el desarrollo de proyectos de investigación sobre desigualdades de género y violencias hacia las mujeres. |
5(5) |
6(5) |
6(5) |
6(3) |
13.329 |
.004 |
|
Fuente: elaboración propia de las autoras (2025).
Nota: Mdn (R) = mediana (rango). H corresponde a la prueba de Kruskal-Wallis. Sig. = nivel de significación.
Respecto de la orientación sexual, las personas heterosexuales y no heterosexuales mostraron, de igual modo, diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de las acciones estratégicas estudiadas (véase la Tabla 5), aunque con menor intensidad que en otras variables, como la identidad sexogenérica y la edad. En general, se observa mayor respaldo entre las personas no heterosexuales. Sin embargo, estos niveles de adhesión son similares en las acciones de cuidado hacia mujeres embarazadas y adultas mayores, así como en las acciones de financiamiento de centros comunitarios que promueven la igualdad de género.
Tabla 5
Comparación del respaldo social según orientación sexual
|
Eje |
Acción estratégica |
Heterosexuales |
No heterosexuales |
H |
Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mdn (R) |
|||||
|
Acciones estratégicas contra la violencia de género y el femicidio |
Los gobiernos deben prevenir y atender situaciones de violencias hacia las mujeres adultas mayores. |
6(5) |
6(5) |
8.162 |
.017 |
|
El Estado debe ofrecer alojamiento, manutención, alimentación y elementos de higiene personal a mujeres sometidas a explotación o trata de personas. |
6(5) |
6(5) |
6.516 |
.038 |
|
|
El Ministerio de Seguridad debe elaborar un Registro Anual de Femicidios. |
6(5) |
6(5) |
9.302 |
.010 |
|
|
Acciones estratégicas sobre salud sexual y (no) reproductiva |
Es tarea de las escuelas públicas y privadas enseñar ESI (Educación Sexual Integral) en todos sus niveles. |
6(5) |
6(5) |
14.360 |
.001 |
|
El Estado debe garantizar el cuidado integral de la vida y la salud de las mujeres embarazadas. |
6(5) |
6(5) |
8.200 |
.017 |
|
|
Es obligación de los gobiernos proveer métodos anticonceptivos gratuitos acordes con las necesidades de cada persona. |
6(5) |
6(5) |
9.060 |
.011 |
|
|
Acciones estratégicas de financiamiento a dispositivos y programas de género |
El Estado es responsable de financiar la creación y fortalecimiento de áreas de género y diversidad en los gobiernos locales o provinciales. |
6(5) |
6(5) |
5.157 |
.076 |
|
Corresponde a los gobiernos financiar la construcción de centros comunitarios destinados a la formación, prevención y promoción de la igualdad de género. |
6(5) |
6(5) |
9.232 |
.010 |
|
|
Es tarea del Estado financiar el desarrollo de proyectos de investigación sobre desigualdades de género y violencias hacia las mujeres. |
6(5) |
6(5) |
7.075 |
.029 |
|
Fuente: elaboración propia de las autoras (2025).
Nota: Mdn (R) = mediana (rango). H corresponde a la prueba de Kruskal-Wallis. Sig. = nivel de significación.
También se observan diferencias estadísticamente significativas entre personas sin filiación religiosa y personas con filiación religiosa (tabla 6), con diferencias más claras que en la orientación sexual. Al respecto, las personas sin filiación religiosa respaldan más las acciones analizadas, en especial las de financiamiento y algunas de salud sexual, frente al menor apoyo relativo de la población religiosa. En el caso del registro de femicidios, el cuidado integral de mujeres embarazadas y la prevención y atención de la violencia hacia mujeres adultas mayores, no se registraron diferencias significativas entre los grupos.
Tabla 6
Comparación del respaldo social según filiación religiosa
|
Eje |
Acción estratégica |
Sin filiación |
Con filiación |
H |
Sig. |
|
Mdn (R) |
|||||
|
Acciones estratégicas contra la violencia de género y el femicidio |
Los gobiernos deben prevenir y atender situaciones de violencias hacia las mujeres adultas mayores. |
6(5) |
6(5) |
17.214 |
.000 |
|
El Estado debe ofrecer alojamiento, manutención, alimentación y elementos de higiene personal a mujeres sometidas a explotación o trata de personas. |
6(5) |
6(5) |
4.945 |
.026 |
|
|
El Ministerio de Seguridad debe elaborar un Registro Anual de Femicidios. |
6(5) |
6(5) |
8.310 |
.004 |
|
|
Acciones estratégicas sobre salud sexual y (no) reproductiva |
Es tarea de las escuelas públicas y privadas enseñar ESI (Educación Sexual Integral) en todos sus niveles. |
6(5) |
6(5) |
28.126 |
.000 |
|
El Estado debe garantizar el cuidado integral de la vida y la salud de las mujeres embarazadas. |
6(5) |
6(5) |
7.210 |
.007 |
|
|
Es obligación de los gobiernos proveer métodos anticonceptivos gratuitos acordes con las necesidades de cada persona. |
6(5) |
6(5) |
2.594 |
.107 |
|
|
Acciones estratégicas de financiamiento a dispositivos y programas de género |
El Estado es responsable de financiar la creación y fortalecimiento de áreas de género y diversidad en los gobiernos locales o provinciales. |
6(5) |
5(5) |
26.016 |
.000 |
|
Corresponde a los gobiernos financiar la construcción de centros comunitarios destinados a la formación, prevención y promoción de la igualdad de género. |
6(5) |
5(5) |
22.968 |
.000 |
|
|
Es tarea del Estado financiar el desarrollo de proyectos de investigación sobre desigualdades de género y violencias hacia las mujeres. |
6(5) |
5.5(5) |
13.321 |
.000 |
|
Fuente: elaboración propia de las autoras (2025).
Nota: Mdn (R) = mediana (rango). H corresponde a la prueba de Kruskal-Wallis. Sig. = nivel de significación.
Finalmente, es importante destacar que el autoposicionamiento ideológico fue la única variable sociodemográfica que arrojó diferencias estadísticamente significativas en todas las acciones estudiadas (tabla 7). Aunque existe apoyo general, este se encuentra estratificado en términos ideológicos: las personas con autoposicionamiento de izquierda manifestaron mayor respaldo, seguidas por las personas autoposicionadas en el centro y, por último, por aquellas autoposicionadas en la derecha, que constituyen el grupo más crítico o menos favorable a las acciones de género.
Tabla 7
Comparación del respaldo social entre personas de izquierda, centro y derecha
|
Eje |
Acción estratégica |
Izquierda |
Centro |
Derecha |
H |
Sig. |
|
Mdn (R) |
||||||
|
Acciones estratégicas contra la violencia de género y el femicidio |
Los gobiernos deben prevenir y atender situaciones de violencias hacia las mujeres adultas mayores. |
6(5) |
6(5) |
5(5) |
85.643 |
.000 |
|
El Estado debe ofrecer alojamiento, manutención, alimentación y elementos de higiene personal a mujeres sometidas a explotación o trata de personas. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
60.911 |
.000 |
|
|
El Ministerio de Seguridad debe elaborar un Registro Anual de Femicidios. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
53.466 |
.000 |
|
|
Acciones estratégicas sobre salud sexual y (no) reproductiva |
Es tarea de las escuelas públicas y privadas enseñar ESI (Educación Sexual Integral) en todos sus niveles. |
6(5) |
6(5) |
6(5) |
99.001 |
.000 |
|
El Estado debe garantizar el cuidado integral de la vida y la salud de las mujeres embarazadas. |
6(5) |
6(5) |
5(5) |
87.990 |
.000 |
|
|
Es obligación de los gobiernos proveer métodos anticonceptivos gratuitos acordes con las necesidades de cada persona. |
6(5) |
6(4) |
6(5) |
68.829 |
.000 |
|
|
Acciones estratégicas de financiamiento a dispositivos y programas de género |
El Estado es responsable de financiar la creación y fortalecimiento de áreas de género y diversidad en los gobiernos locales o provinciales. |
6(5) |
5(5) |
5(5) |
113.293 |
.000 |
|
Corresponde a los gobiernos financiar la construcción de centros comunitarios destinados a la formación, prevención y promoción de la igualdad de género. |
6(5) |
5(5) |
4(5) |
156.492 |
.000 |
|
|
Es tarea del Estado financiar el desarrollo de proyectos de investigación sobre desigualdades de género y violencias hacia las mujeres. |
6(5) |
5(5) |
5(5) |
120.472 |
.000 |
|
Fuente: elaboración propia de las autoras (2025).
Nota: Mdn (R) = mediana (rango). H corresponde a la prueba de Kruskal-Wallis. Sig. = nivel de significación.
- Discusión
Los resultados sugieren que la ideología política, la identidad sexogenérica, la edad y la filiación religiosa son las variables que se asocian con mayores niveles de respaldo a las acciones de género en Argentina. La orientación sexual presenta el menor nivel de diferenciación frente a otras variables. Pese a ello, las mujeres, los millennials, las personas con autoposicionamiento ideológico de izquierda, sin filiación religiosa y no heterosexuales son quienes mostraron mayor respaldo a las acciones con enfoque de género estudiadas.
Estos datos pueden interpretarse desde las trayectorias de desigualdad, exclusión y violencia que atraviesan de manera persistente a la mayoría de estos grupos. Las mujeres, en particular, constituyen uno de los grupos más afectados por las desigualdades y la violencia de género. Han ocupado una posición estructural e históricamente desventajosa en distintos sistemas sociales, expresada en el acceso tardío a sus derechos ciudadanos, la sobrecarga de tareas no remuneradas de cuidado, la exposición a distintas formas de violencia y la feminización de la pobreza (Caminotti, 2023). De acuerdo con la investigación de Schlesinger y Heldman (2001), en ciertos contextos, las mujeres apoyan más que los hombres los programas y las políticas gubernamentales, en tanto tienen una percepción distinta de los problemas de su entorno, de la justicia de las instituciones y de la eficacia de los programas estatales.
Por su parte, las personas con orientaciones sexuales diversas también han enfrentado múltiples formas de violencia que incluyen precarización económica, persecución, criminalización y estigmatización relacionadas con la moralidad y la patologización, así como formas contemporáneas de discriminación, agresión física, acoso y crímenes de odio (Barrios y Pérez, 2025). En casos extremos, la muerte temprana evidencia que las personas trans están más expuestas a la violencia letal. Incluso, en Argentina, “la tasa de travesticidios/transfemicidios es altamente superior a la general de femicidios” (Deligiannis, 2026, p. 97).
En relación con la ideología política, las personas que se identifican con posiciones de izquierda han atravesado, en distintos contextos sociales e históricos, procesos de violencia política. En Argentina, desde la conformación del Estado, las otredades políticas (sobre todo, aquellas asociadas con movimientos anarquistas y socialistas) han sido identificadas como una amenaza al orden social. Estas prácticas alcanzaron su máxima expresión durante la dictadura cívico-militar argentina, entre 1976 y 1983, que consolidó la figura del delincuente subversivo para justificar la persecución y desaparición forzada de personas (Colosimo, 2025).
En la misma línea, la literatura ha situado la creencia religiosa como un criterio de pertenencia cultural y cohesión social, de modo que las personas sin filiación religiosa son presentadas como otredades destinatarias de desconfianza social y menor aceptación (Edgell et al., 2006). En Argentina, la Iglesia católica, por ejemplo, se “ha proyectado como una matriz cultural con pretensión de dotar de sentido a la identidad nacional y moldear las estructuras estatales”, y mostró afinidad con los regímenes dictatoriales del siglo XX (Carbonelli y Jones, 2015, p. 154).
Los resultados de este artículo sugieren que el respaldo a las acciones estratégicas sobre violencia de género, salud sexual y financiamiento estatal por parte de estos grupos histórica y socialmente relegados está vinculado con sus experiencias de violencia y desigualdad. En este sentido, un mayor apoyo a acciones estratégicas sobre violencia de género, salud sexual y financiamiento estatal puede pensarse como una demanda orientada a su reconocimiento como sujetos de derecho, protección e igualdad sustantiva.
Por otra parte, si bien la literatura ha vinculado a las juventudes (y a las demandas impulsadas por colectivos feministas y de disidencias) con posiciones progresistas o reformistas (Parker e Igielnik, 2020; Unda et al., 2020), los resultados de este estudio coinciden con investigaciones que advierten sobre la derechización de las juventudes (Gómez, 2024), alineadas con discursos antifeministas y antigénero (Leonard, 2022).
Si bien las cifras de apoyo a la igualdad de género son aún altas entre las personas jóvenes, la polarización política entre hombres y mujeres se manifiesta muy especialmente en las posiciones de unos y otras relativas al feminismo, las políticas de igualdad, y las identidades y las atribuciones de género. (Injuve, 2024, p. 47)
En este marco, el menor respaldo de las personas jóvenes —y de los varones cis— a las acciones de género estudiadas no es un dato aislado: responde a varios factores en un contexto de fuerte polarización y reconfiguración del debate público en el que las acciones y políticas de género son vistas como excesivas y excluyentes, en especial tras el discurso antifeminista y radical de Milei (Elman, 2023). Según Oberti (2026), estos discursos deben entenderse desde una óptica global en la que grupos conservadores y fundamentalistas han logrado, desde hace algún tiempo, instaurar su agenda de “reivindicación del mercado, la protección de la familia tradicional y la autoridad como fundamentos de un orden moral supuestamente amenazado” (p. 5).
En esta línea, algunos estudios se refieren al carácter ofensivo de estas juventudes derechizadas (Vaggione et al., 2021), que se oponen a las demandas actuales en materia de género y denuncian la supuesta sexualización prematura, el adoctrinamiento y la criminalización de prácticas como el aborto y la ESI (Oberti, 2026). Además, es difícil interpelar a jóvenes y adultos varones para “que cuestionen sus privilegios por el solo hecho de ser varón, que pongan en crisis el modelo de masculinidad en el que fueron, fuimos formados como varones y cómo nos constituimos como sujetos sociales” (Wigdor, 2016, p. 104). En Argentina, los sectores de extrema derecha disputan el sentido común en torno a temas fundamentales (Oberti, 2026) y apelan a imaginarios de lucha y rebeldía frente al supuesto predominio de la corrección política (Stefanoni, 2021).
Esto último plantea dudas respecto del papel de la ESI en la formación de las infancias y juventudes actuales. Si bien la ESI es una herramienta central para promover la igualdad de género, el respeto por las diversidades y la reducción de las violencias, su aporte se inscribe en un escenario complejo en el que esta herramienta coexiste con otras agencias relevantes en los procesos de socialización (Sosa e Imhoff, 2023). En este marco, la emergencia de personas formadoras de opinión o influencers de orientación neoconservadora se articula con estrategias amplias de activismo orientadas a formar una militancia joven capaz de incidir en la arena pública (Morán, 2023).
- Conclusiones
Este artículo indagó en el respaldo social a las acciones estratégicas vinculadas con el género, la salud sexual y el financiamiento estatal en Argentina, en un contexto de debilitamiento de las políticas de género durante el actual gobierno de Javier Milei. Tras aplicar 884 encuestas, se encontraron altos niveles de respaldo social en todas las acciones estudiadas. Existe un apoyo muy alto al primer eje, el de violencia de género y femicidio, que incluye prevenir situaciones de violencia contra mujeres adultas mayores; ofrecer alojamiento, alimentación y elementos de higiene personal a mujeres sometidas a trata; y elaborar un Registro Anual de Femicidios.
Asimismo, hay un apoyo significativo al eje de salud sexual y (no) reproductiva, que incluye implementar la ESI en todos los niveles educativos, garantizar el cuidado integral de la vida y la salud de las mujeres embarazadas, y proveer métodos anticonceptivos gratuitos. Finalmente, el eje de acciones de financiamiento de dispositivos y programas de género también fue altamente apoyado, con acciones como financiar la creación y el fortalecimiento de áreas de género en los gobiernos locales o provinciales, financiar centros comunitarios y financiar el desarrollo de proyectos de investigación. Si bien este eje presentó altos niveles de respaldo, tal apoyo fue levemente inferior en comparación con los otros dos ejes y acciones estudiadas.
No obstante, al considerar los niveles de apoyo con relación a las variables sociodemográficas de las personas encuestadas, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Se encontró que la ideología política, la identidad sexogenérica, la edad y la filiación religiosa son las variables que se asocian con mayores niveles de respaldo a las acciones de género. En particular, las mujeres, los millennials, las personas con autoposicionamiento ideológico de izquierda, sin filiación religiosa y no heterosexuales son quienes mostraron mayor respaldo social a las acciones estudiadas. La variable orientación sexual interviene con menor intensidad que las otras variables.
Pese a las limitaciones metodológicas de esta investigación (como el uso de una muestra no probabilística, altamente feminizada y concentrada en la región geográfica Centro), los datos aportan una radiografía actual de los patrones sociodemográficos del respaldo social a las acciones estratégicas con enfoque de género y salud sexual construidas en Argentina durante más de tres décadas. Este artículo ofrece un insumo y un punto de partida para conocer el contexto, las experiencias individuales y los niveles de información que tiene la ciudadanía para respaldar iniciativas y políticas con enfoque de género en Argentina.
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1 Esta investigación se desarrolló en el marco de la tesis doctoral de Valentina Sosa, titulada Justificación de las violencias de género hacia las mujeres. Contribuciones desde un modelo explicativo psico-político para el diseño de políticas públicas, de la Universidad Nacional de Córdoba, financiada por el Conicet, mediante la resolución RESOL-2021-154-APN-DIR#CONICET.
2 Equivalente a $27,36 a la fecha de corte del 29 de septiembre de 2023, según el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina.