Más allá de las incautaciones y narrativas de ‘mano dura’: gobernanzas criminales, interdependencia y economías ilícitas
Beyond Seizures and Narratives of a “Heavy Hand”: Criminal Governance, Interdependence, and Illicit Economies
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Entrevista a: Renato Rivera Rhon |
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Analista sénior en Global Initiative Transnational Organized Crime
Suiza|
Entrevistado por: Javier Monroy Díaz |
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Estado & comunes
Revista de políticas y problemas públicos.
N.° 22, vol. 1, enero-junio 2026, pp. 199-208
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
Quito-Ecuador.
ISSN impreso: 1390-8081 - ISSN electrónico: 2477-9245
https://doi.org/10.37228/estado_comunes.437
Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Cuenta con dos maestrías: una en Relaciones Internacionales por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals y la otra en Estudios Internacionales por la Flacso-Ecuador. Miembro de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Crimen Organizado, además de consultor e investigador especializado en crimen organizado, políticas de seguridad y economías ilícitas. Fue coordinador y luego director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, docente de la Universidad de las Américas, de Flacso-Ecuador y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. En la actualidad se desempeña como investigador sénior vinculado con la Global Initiative Against Transnational Crime.
En esta entrevista, Renato Rivera sostiene que el empleo de las Fuerzas Armadas y la política de ‘mano dura’ no han logrado reducir la oferta de la cocaína y los homicidios en la región y que, por el contrario, van en aumento. Destaca la evolución de los conceptos de cartel por el de grupos criminales y de seguridad interna por el de seguridad ciudadana, así como los esfuerzos en Perú y Colombia por realizar mediciones del impacto del narcotráfico en la economía nacional. Renato destaca que en Centroamérica hay presencia de cultivos ilícitos, que el consumo de fentanilo en la región no es tan significativo como en Estados Unidos y que desde 2016 se reforzó la interdependencia regional del tráfico de cocaína entre Colombia, Ecuador y México.
Varios gobiernos latinoamericanos han implementado estrategias de militarización y ‘mano dura’ frente al narcotráfico. ¿Qué efectos consideras que han tenido estas políticas de seguridad ciudadana y cómo evalúas la eficiencia del gasto estatal destinado al combate del narcotráfico en términos de militarización, prisiones y programas de erradicación?
Estas estrategias no son recientes: se remontan a la década de 1970 cuando América Latina declaró la guerra contra las drogas. Han pasado casi cincuenta años desde que Estados Unidos impulsó un interés hegemónico por instrumentalizar a las Fuerzas Armadas con el objetivo de reducir la oferta de la cocaína, sobre todo en los países andinos. Este enfoque fracasó no solo porque no logró disminuir la producción de drogas, sino también porque promovió una legislación punitiva que incrementó la población carcelaria y derivó en múltiples violaciones a los derechos humanos que poco o nada ha servido para reducir la gobernanza criminal.
Ese aprendizaje llevó a que varios países de la región, junto con organismos multilaterales como la OEA, el BID y el Banco Mundial, replantearan el concepto de seguridad interna hacia un modelo de seguridad ciudadana: es decir, una seguridad que deja de centrarse en la protección del Estado desde una perspectiva de ‘mano dura’ para enfocarse en la protección de los derechos de las personas.
Sin embargo, los gobiernos de distintas corrientes ideológicas siguen recurriendo a las Fuerzas Armadas como una herramienta popular para enfrentar las crisis de seguridad interna. Al ser de las instituciones con mayor nivel de confianza ciudadana, su uso político se ha convertido en una respuesta inmediata ante la debilidad institucional. Los casos de México, Colombia, y ahora Ecuador lo demuestran, de acuerdo con nuestras investigaciones. En estos países, los altos niveles de criminalidad y violencia homicida se enfrentan con indicadores de ‘éxito’ que poco tienen que ver con la realidad del narcotráfico, como la cantidad de droga incautada o el número de detenidos.
La evidencia regional muestra que la política de ‘mano dura’ y la presencia constante de las Fuerzas Armadas en las calles no guardan una causalidad con el aumento de incautaciones de cocaína ni con la reducción de homicidios. Un ejemplo claro es el cantón Durán, en Ecuador, que ha estado prácticamente militarizado desde 2018, con toques de queda y estados de excepción permanentes. Aun así, los resultados no muestran mejoras en materia de violencia: solo en 2024, Durán registró una tasa de homicidios de 145 por cada 100 000 habitantes, la más alta del país y una de las más elevadas de toda la región. Además, en la frontera norte, por donde transita cerca del 70 % de la cocaína que sale del suroccidente de Colombia, solo se incauta el 10 % en Ecuador.
En ese sentido, la inversión que los gobiernos destinan para sostener esta ‘guerra’ puede ser políticamente rentable, pero resulta operativamente ineficiente. Esto, sin mencionar el desgaste institucional: las Fuerzas Armadas terminan convertidas en una suerte de ‘todólogas’ que pasan de ejecutar operativos contra la minería ilegal un día, a controlar las cárceles la semana siguiente y patrullar las calles al mes entrante. El uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas no solo resta profesionalización y especialización, sino que también incrementa el riesgo de corrupción y reduce su capacidad real de proteger la soberanía y la integridad territorial.
Carteles del narcotráfico han diversificado sus actividades hacia otras economías ilegales como la minería, la trata de personas o el tráfico de armas. ¿Qué impactos territoriales, sociales y ambientales genera esto en las comunidades?
Quizás valdría la pena detenernos a analizar qué entendemos por ‘cartel’. Este concepto, utilizado de forma amplia e indiscriminada por los medios de comunicación y actores políticos, aludía originalmente a un modelo de pocas empresas criminales del narcotráfico con la capacidad de controlar los precios gracias al dominio vertical que ejercía sobre toda la cadena de valor: es decir, desde la producción en países del sur global hasta la distribución y venta en los mercados del norte. Ejemplos clásicos de este modelo fueron los carteles colombianos de los años ochenta y noventa, como los de Cali y Medellín.
Sin embargo, la incorporación de grupos mexicanos en la cadena logística de la cocaína a finales de los años ochenta, junto con la profundización de la globalización, transformó sustancialmente esa estructura. Hoy en día, la cadena de valor del narcotráfico se caracteriza por una alta fragmentación y especialización: existen grupos criminales dedicados a distintos eslabones del proceso, además de redes que proveen servicios complementarios como precursores químicos, tráfico de armas o sicariato. Todos estos actores se encuentran interconectados por relaciones de negocio y en muchos casos, por proximidad territorial, especialmente en los países andinos.
El patrón común en la región es la diversificación de las economías ilícitas y la consecuente necesidad de los grupos criminales de controlar el territorio como estrategia para maximizar beneficios y expandir los mercados. Quien domina los cultivos ilícitos, por ejemplo, requiere mano de obra, protección y acceso a insumos químicos, pero también suele aprovechar otras economías ilegales como la minería o la extorsión para incrementar la rentabilidad del territorio. Para sostener ese control, estos grupos deben ejercer un elevado nivel de autoridad mediante el uso de la fuerza y, al mismo tiempo, construir cierta legitimidad social que les permita regular ese orden en las comunidades bajo su influencia.
En esa línea, buena parte de la literatura reciente en la región sobre crimen organizado ha centrado su atención en el concepto de gobernanza criminal, precisamente por la manera en que estas organizaciones imponen un tipo de orden social basado en la lógica de ‘plata o plomo’. Sus impactos no solo generan espirales de violencia y desplazamientos masivos, sino que además profundizan la incapacidad del Estado para mantener el Estado de derecho y garantizar protección efectiva a las comunidades.
Medir la economía del narcotráfico es un desafío por su carácter ilegal y, además de ilegal, violento, transnacional, criminal. ¿Qué métodos o indicadores se utilizan actualmente para estimar su impacto en la economía?
Quienes han realizado los mayores esfuerzos por medir la economía del narcotráfico han sido principalmente organismos internacionales y oficinas especializadas de Naciones Unidas, como la UNODC, en coordinación con los gobiernos nacionales. También existen organizaciones de la sociedad civil que elaboran estimaciones sobre el peso de estos mercados ilícitos en la economía. Por ejemplo, en países como Colombia y Perú se han desarrollado metodologías muy sofisticadas para calcular la producción, los costos y otros patrones vinculados a la economía de la cocaína. Se suman las contribuciones de las fuerzas policiales por cuantificar variables como los costos de transporte, la pureza de las sustancias o el precio de venta al menudeo. Sin embargo, la fuerte variación de los precios, los cambios en la pureza de las drogas y la diversidad de los precursores químicos utilizados en su producción o ‘corte’ vuelven complejo obtener una estimación real y estable de la economía del narcotráfico.
En cuanto a su impacto económico, este fenómeno puede analizarse desde distintos frentes. Uno de ellos: mediante operaciones financieras inusuales como depósitos, transferencias o la circulación de billetes de alta denominación en zonas económicamente deprimidas, lo que puede indicar esquemas de lavado de activos. Otro indicador es la demanda anómala de precursores químicos, como urea, gasolina o cemento, en enclaves productivos y logísticos del narcotráfico, tal como ocurre en la frontera norte de Ecuador. No obstante, considero que América Latina, y en particular la región andina, ha hecho pocos esfuerzos sistemáticos para medir de manera integral esta economía ilegal.
A ello se suma el riesgo de depender exclusivamente de los datos policiales para estimar el tamaño de las economías ilícitas. Aunque estas instituciones realizan esfuerzos significativos por cuantificar su gestión, las cifras pueden verse infladas para mostrar resultados. Por eso, con frecuencia observamos comunicados oficiales que reportan impactos económicos de cientos de millones de dólares por incautaciones, una medida que, desde mi perspectiva, se aleja ampliamente del valor real de mercado y de las dinámicas económicas que sostienen al narcotráfico.
En varios países hay diversificación de los cultivos ilícitos y expansión de drogas sintéticas como el fentanilo. ¿Cómo se reconfigura la cadena de valor del narcotráfico en este contexto y qué papel juegan los pequeños productores rurales frente a los grandes carteles transnacionales?
Para entender este fenómeno, primero hay que analizar el rol que desempeñan Centroamérica y Ecuador en la presencia de cultivos ilícitos. Persisten ciertas resistencias y escepticismos en torno a la expansión de estos cultivos en nuestros países. En particular, Ecuador, a pesar de las alertas y de las investigaciones que hemos realizado, se muestra reticente a promover un estudio de cultivos ilícitos con verificación y legitimidad internacional. Además, hay ausencia de un estudio regional consolidado sobre cultivos ilícitos de hoja de coca, cuyo análisis permitiría comprender cómo los grupos criminales están acercando progresivamente los enclaves productivos a los centros de consumo.
Por otro lado, en mi tesis doctoral exploro cómo la teoría de Heckscher-Ohlin, que explica de qué manera los países (o, en este caso, los grupos criminales) se especializan en la producción de bienes donde son más eficientes y exportan aquellos en los que son escasos, sirve como punto de partida para entender por qué ciertos grupos criminales latinoamericanos han priorizado la producción de drogas ilícitas basadas en materias primas abundantes, en lugar de otras de origen sintético. Esta perspectiva es relevante no solo para comprender la concentración histórica de la producción, la especialización y el tráfico de marihuana y cocaína en la región, sino también para explicar por qué la producción de drogas sintéticas y fentanilo se aproxima a los centros de consumo. Esta estrategia no solo reduce costos, sino que responde al alto nivel de especialización tecnológica que requieren estas sustancias.
Este acercamiento de la producción hacia los mercados de consumo plantea un desafío adicional, ya que permite que la fabricación y distribución de ciertas drogas se realice de manera discreta, burlando los controles tradicionales de seguridad. En el caso del fentanilo, esta sustancia representa quizás la principal preocupación para el sistema de salud de los Estados Unidos, principalmente por la cantidad de personas dependientes que mueren anualmente por sobredosis. Sin embargo, más allá de su vinculación geopolítica con China y los flujos detectados desde México, los países latinoamericanos no han reportado casos o flujos significativos que indiquen una expansión del mercado de fentanilo en la región.
Vamos a aprovechar un poco de tu experiencia en el caso de Ecuador para saber: ¿qué paradigmas o qué enfoques consideras que son pertinentes para analizar el fenómeno del narcotráfico en este país? ¿Desde la economía política clásica, los estudios críticos de seguridad o desde las perspectivas del sur global?
Si revisamos las contribuciones académicas sobre el narcotráfico en Ecuador durante los últimos treinta años, gran parte de ellas se ha enfocado en comprender el fenómeno desde enfoques críticos, analizando el rol del Estado y su posición dentro del sistema internacional desde una perspectiva del sur global. Estos estudios, sin duda valiosos, respondían a un contexto distinto del país frente a la economía del narcotráfico, cuando aún no tenía la centralidad ni la complejidad que observamos hoy.
Desde mi perspectiva, el narcotráfico en Ecuador está vinculado a la hiperglobalización de las últimas dos décadas, un proceso que ha transformado tanto las dinámicas criminales como la capacidad y posición del Estado. Esto exige replantear su estudio desde enfoques multidisciplinarios, incorporando nuevas miradas que provienen de la seguridad internacional, que consideran al crimen organizado como una amenaza global; de la economía política internacional, que analiza los flujos del comercio ilícito; y desde la ciencia política, al explorar las formas de gobernanza criminal en determinados territorios.
En este sentido, los aportes de autores como Peter Andreas, con sus estudios sobre la economía política del crimen transnacional; Phil Williams, con su análisis de las alianzas criminales y cadenas de valor; o Moisés Naím, que examina la expansión del comercio ilegal en el contexto de la globalización, abren un debate interdisciplinario entre la economía política internacional, el crimen organizado y la seguridad global.
Personalmente, considero que la economía política internacional del crimen organizado es hoy uno de los enfoques más prometedores para analizar el narcotráfico en Ecuador, no solo por su capacidad de integrar diversas disciplinas, sino porque permite comprender las relaciones sistémicas y de poder que los grupos criminales establecen con el comercio lícito e ilícito a escala transnacional. Es un ámbito donde, lamentablemente, la criminología tradicional ha quedado rezagada, al no haber incorporado plenamente las transformaciones que la globalización ha impuesto sobre las economías ilícitas y las estructuras criminales contemporáneas.
¿Cómo se articula el narcotráfico en Ecuador con las economías ilícitas regionales en el caso de Colombia, Perú o México? ¿Y qué especificidades distinguen el caso ecuatoriano dentro de estas redes transnacionales?
Básicamente, existe una interdependencia criminal, en este caso dentro del narcotráfico. De manera similar a lo que ocurre en el comercio formal, las economías ilícitas también requieren coordinación y especialización. Esta articulación comienza con alianzas locales que luego trascienden a lo transnacional. Un ejemplo claro de interdependencia es la cocaína producida en Colombia que ingresa por la frontera norte de Ecuador, desde donde grupos locales la transportan a México, Centroamérica o Europa a través de intermediarios.
Lo particular en Ecuador, en comparación con Colombia y cierta similitud del contexto mexicano, es que los grupos criminales se especializaron en las cadenas logísticas del narcotráfico, incluso desde las prisiones. Esta especialización se facilita por factores estructurales como una economía dolarizada, buena infraestructura vial y debilidad de los controles fronterizos y portuarios. La fragmentación de Los Choneros evidencia cómo grupos cohesionados en un mismo paraguas buscan controlar diversas economías ilícitas, principalmente las rutas de tráfico de drogas que operan en Ecuador desde la década de 1990.
Ahora bien, también hay que considerar los efectos del Acuerdo de Paz en Colombia sobre Ecuador. En primer lugar, se observa en los últimos años un incremento en la producción de hoja de coca en territorios colombianos fronterizos con Ecuador: aproximadamente el 45 % de la producción de cocaína se ubica en esta zona, mientras que otro 25 % se concentra en la frontera con Venezuela. Muchos excombatientes de las FARC no se acogieron al Acuerdo y comenzaron a negociar con otros grupos criminales del suroeste colombiano, con quienes previamente no tenían relaciones directas. Un ejemplo claro es alias ‘Guacho’, que no se integró al Acuerdo y buscó diversificar la producción, incluyendo nuevos compradores, como grupos balcánicos vinculados en buena medida con mafias italianas.
Esto abrió el espacio para que otras redes locales e internacionales, como grupos mexicanos y clanes balcánicos, promuevan la necesidad de una logística más compleja para transportar la droga desde Colombia, en la que se insertan los grupos criminales ecuatorianos, especializados en transporte terrestre y marítimo hacia distintos destinos. A esto se suma el efecto de la pandemia de covid-19, que alteró las cadenas de valor del narcotráfico. Durante ese período, los grupos ecuatorianos no solo facilitaron la logística para el envío de drogas ilícitas a mercados internacionales, sino que también actuaron como ‘bodegueros’ para diversos grupos criminales transnacionales.
Mencionaría finalmente las consecuencias de esta especialización, que generó un agresivo proceso de competencia criminal, evidenciado por la fragmentación de Los Choneros y que llevó a la diversificación de otros mercados ilícitos como estrategia para mantener el control territorial. Por estas razones, se observa un incremento sostenido no solo de homicidios intencionales, sino también de extorsiones en los territorios en disputa.