Violencias enlazadas, consumos problemáticos y cuidados comunitarios en el Área Reconquista, Argentina

Linked Violence, Problematic Consumption, and Community Care in Reconquista Area, Argentina

José Garriga Zucal

Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Universidad Nacional de San Martín jgarriga@unsam.edu.ar https://orcid.org/0000-0002-4447-3665 Argentina

Romina Rajoy1

Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Universidad Nacional de San Martín rrajoy@unsam.edu.ar https://orcid.org/0000-0002-4134-5182 Argentina

Joaquín Zajac

Becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Universidad Nacional de San Martín j https://orcid.org/0000-0001-7836-8591 Argentina

Recibido: 31-mayo-2025

Aceptado. 21-agosto-2025

Publicado: 15-enero-2026

Cómo citar este artículo:

Garriga Zucal, J., Rajoy, R., & Zajac, J. (2026). Violencias enlazadas, consumos problemáticos y cuidados comunitarios en el Área Reconquista, Argentina. Estado & Comunes, 1(22), 119-140. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.423

Estado & comunes

Revista de políticas y problemas públicos.

N.° 22, vol. 1, enero-junio 2026, pp. 119-140

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

Quito-Ecuador.

ISSN impreso: 1390-8081 - ISSN electrónico: 2477-9245

https://doi.org/10.37228/estado_comunes.423

Resumen

Este artículo analiza la relación entre violencias, consumos de sustancias y cuidados comunitarios en los barrios populares del Área Reconquista del conurbano bonaerense de Argentina entre 2001-2022. Se trata de un estudio de caso que incluye observación participante en territorio y entrevistas a vecinas barriales. Mediante el empleo de la categoría de ‘violencias enlazadas’ se encuentra que el microtráfico, el endeudamiento, la violencia de género e institucional, la precariedad ambiental y las disputas territoriales, se entrecruzan y refuerzan mutuamente, lo que configura una red de daños persistentes en estos barrios. Las respuestas barriales —comedores, redes vecinales y organizaciones locales— ofrecen contención parcial frente a la violencia, aunque sin capacidad de revertir las causas estructurales de la violencia.

Palabras clave: conurbano bonaerense, covid-19, criminalización, microtráfico, río Reconquista, territorios, violencias enlazadas.

Abstract

This article examines the relationship among violence, substance use, and community care in the popular (low-income) neighborhoods of the Área Reconquista within Argentina’s Greater Buenos Aires conurbation (2001-2022). It is a case study that combines in situ participant observation with interviews conducted with key stakeholders. Using the category of interlinked violences, the analysis shows that micro-trafficking, indebtedness, gender-based and institutional violence, environmental precariousness, and territorial disputes intersect and mutually reinforce one another, constituting a web of persistent harms in these neighborhoods. Neighborhood responses—soup kitchens, neighborhood networks, and local organizations—offer partial protection against violence, but they lack the capacity to reverse the structural causes of violence.

Keywords: Greater Buenos Aires conurbation, COVID-19, criminalization, micro-trafficking, Reconquista River, territories, interlinked violences.

1. Introducción2

Las violencias urbanas y los consumos problemáticos de sustancias en Argentina han sido abordados mayormente desde el campo sanitario y la seguridad ciudadana. Sin embargo, estos enfoques son a menudo prohibicionistas, criminalizan a las personas (Lafuente y Dammert, 2024) y patologizan los consumos (Llovera y Scialla, 2017), sin atender a los determinantes estructurales que predisponen el riesgo. No se considera que esa violencia solo es el fenómeno más visible de una cadena de daños que le anteceden y de las respuestas colectivas que modulan y ayudan a contener a dicha violencia. Determinantes como la segregación socioespacial, el desempleo y la informalidad, la precariedad ambiental, las trayectorias educativas discontinuas, la regulación punitiva, entre otras, forman parte de un acervo de causas estructurales que aumenta las posibilidades de riesgo para el cometimiento de la violencia y mayor consumo de sustancias.

Este es el caso del Área Reconquista, extensión periurbana del noreste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —Argentina—, adscrita al partido de General San Martín, donde la violencia homicida y delictual, al igual que el consumo de sustancias, no ha sido abordados desde los factores causales y la vulnerabilidad de sus habitantes, de las distintas violencias que coocurren y refuerzan la cadena de daño y desde el conocimiento situado de sus habitantes. Epele (2007) afirmó que el uso de sustancias en contextos de pobreza y vulnerabilidad está inscrito en entramados de violencia, desigualdad y de cuidados precarios que condicionan la vida cotidiana.

El Área se encuentra dividida en trece barrios o asentamientos populares3 (Giorno y Dadon, 2016); no obstante, previo desarrollo de geometrías propias4, se trata de quince barrios en realidad: 13 de Julio, 9 de Julio, Barrio Nuevo, Costa del Lago/8 de Mayo, Costa Esperanza, Curita, Lanzone, El Libertador, Eucaliptus, Independencia, La Cárcova, Plazoleta 9 de Julio, UTA y Villa Hidalgo. Los inicios del Área datan de 1970-1980 con la ocupación informal y relleno de terrenos destinados a la construcción de viviendas y calles sobre la ribera del río Reconquista, por lo que la historia de sus habitantes ha estado determinada por sus condiciones de pobreza, vulnerabilidad e informalidad (Caravaca et al., 2023b).

Los barrios, además de estar segregados socioespacialmente del partido y del AMBA, atraviesan un déficit de infraestructura, servicios básicos y riesgos ambientales por su proximidad al margen del río Reconquista y a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) —empresa destinada a la gestión de los residuos sólidos urbanos del AMBA—. Si bien “el relleno sanitario estructuró las estrategias de supervivencia de varias generaciones de habitantes del Área Reconquista” (Bráncoli, 2019, p. 16), las inundaciones, descargas cloacales, los basurales a cielo abierto, la contaminación hídrica, emisiones de metano y gases y otros, afectan constantemente la salud y la vida cotidiana de quienes habitan en esos espacios (Castilla et al., 2021; Caravaca et al., 2023b).

De acuerdo con estimaciones realizadas de los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec, 2023), del Instituto Geográfico Nacional (IGN, 2022) y De Grande y Salvia (2024), en el Área hay déficit estructural relacionado con necesidades básicas insatisfechas (NBI), sin cobertura de cloacas, hacinamiento y otros, que contrasta con la alta densidad habitacional como consta y se desagrega en la tabla que sigue:

Tabla 1

Datos sociodemográficos de los barrios populares del Área Reconquista

Barrio	Población total	% población (frente al municipio)	% hogares con NBI	% hogares con hacinamiento	% hogares sin cloaca	Superficie (km²)	Densidad (hab./km²)
El Libertador	10 257	2,3	8,2	10,8	24,2	1,148401	8,932
Costa Esperanza	7878	1,8	15,1	17,8	45,4	0,497767	15,827
Lanzone	6768	1,5	7,6	10,4	80,5	0,745784	9,075
La Cárcova	6565	1,5	15,5	18,3	79,4	0,372741	17,613
Villa Hidalgo	6177	1,4	15,9	22,3	47,5	0,282542	21,862
Independencia	5740	1,3	12,6	14,1	80,4	0,308939	18,580
Costa del Lago / 8 de Mayo	5550	1,2	16,6	18,9	50,7	0,421999	13,152
Curita	5079	1,1	15,6	19,7	51,5	0,215348	23,585
Barrio UTA	2628	0,6	7,8	9,0	28,3	0,315850	8,320
Eucaliptus	1829	0,4	13,0	15,6	79,8	0,159743	11,450
9 de Julio	1536	0,3	11,5	16,9	86,5	0,083446	18,407
Barrio Nuevo	1112	0,3	6,8	10,0	76,4	0,247192	4,499
13 de Julio	242	0,1	20,0	18,7	42,7	0,064998	3,723
Plazoleta 9 de Julio	164	0,0	10,4	12,5	83,3	0,014366	11,416

Fuente: elaboración propia con datos de Indec (2023), IGN (2022) y De Grande y Salvia (2024).

Pero estos datos hay que ponerlos en perspectiva comparada con el resto del partido para magnificar las condiciones de pobreza y entramados de las violencias de estos barrios. El 12,5 % de los hogares del Área tienen NBI (mapa 1) frente al 4,0 % del partido o del 11,4 % de otros barrios populares. El porcentaje de hogares sin cloaca es superior (15,5 % frente al 5,0 % del partido y 15,4 % de otros barrios populares) al igual que el porcentaje de hogares en hacinamiento, donde las cifras se duplican (55,7 % frente al 20,2 % del partido y 27,0 % de otros barrios).

Mapa 1

Ubicación de los barrios del Área Reconquista y necesidades básicas insatisfechas

Fuente: elaboración propia con datos de Indec (2023), IGN (2022) y De Grande y Salvia (2024).

Este artículo propone un análisis situado y articulado entre las violencias, consumos de sustancias y cuidados comunitario en los barrios del Área Reconquista del conurbado bonaerense entre 2001 y 2022, desde las voces organizadas de sus habitantes. Desde el conocimiento y la experiencia de sus habitantes fue posible reconstruir los mecanismos de interacción entre venta, consumo y economías ilícitas con las violencias urbanas, así como el vínculo entre violencias, intervenciones del Estado y redes comunitarias de cuidado, con atención en el rol que cumplen estas instancias en la regulación y contención de la violencia.

Aunque existe una amplia literatura sobre las violencias en territorios segregados y los consumos problemáticos de sustancias en Argentina (Epele, 2007; Lafuente y Dammert, 2024; Llovera y Scialla, 2017), este artículo realiza un aporte in situ desde la categoría de ‘violencias enlazadas’. Es una categoría construida desde los aportes de la sociología y antropología urbana que da cuenta de la simultaneidad y coimplicación de las violencias que se dan ‘en la calle’ y en el hogar, y que suelen ser tratadas de manera separada. A diferencia de los abordajes que buscan establecer relaciones más lineales entre pobreza, drogas y violencia, aquí se propone una mirada mucho más compleja, operativa y relacional de la violencia.

1. Violencia homicida, heridos por armas y microtráfico
   en el Área Reconquista

La violencia homicida dentro del partido se concentra en el Área Reconquista. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (2021a), más del 90 % de estos homicidios entre 2020 y mayo de 2021 se dieron en el noreste y centro-este de la jurisdicción, en las comisarías 4.ª y 5.ª (sectores que incluyen al Área) y 2.ª (barrio Loyola), mientras que en el resto del partido la violencia es mucho menor y dispersa. Por ende, la violencia homicida no se distribuye de manera uniforme y está concentrada territorialmente en los barrios populares.

Mapa 2

Homicidios dolosos en el partido de General San Martín, 2020-2021

Fuente: Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (2021a).

En el caso de las personas heridas por armas de fuego, segundo delito de mayor ocurrencia, ocurre un fenómeno similar: los hechos se concentran en el noreste, noroeste y suroeste del partido —en las comisarías 4.ª y 5.ª—, mientras que otra parte se registra en el centro-este —comisarías 6.ª y 8.ª—. Pese a que hay una distribución territorial más extendida por el partido, tanto los homicidios como las lesiones graves del partido se concentran en el Área Reconquista.

Mapa 3

Heridos por arma de fuego en el partido de General San Martín, 2020-2021

Fuente: Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (2021b)

Otro fenómeno que genera presión en los habitantes del Área es el consumo y la venta de sustancias, lo que genera disputas entre grupos delictivos y mayores delitos conexos. Si bien Argentina ha sido considerada por la literatura como país de tránsito de la droga (Bergman, 2016), en la última década las autoridades han encontrado cocinas de paco en las que se procesa y estira pasta base de cocaína, así como laboratorios de precursores químicos y equipamiento para drogas sintéticas (Ministerio de Seguridad Nacional, 2024). Esta situación condujo a una mayor oferta, disponibilidad y consumo de sustancias en Argentina, así como a la expansión de los puntos de venta local (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, 2022; Touzé, 2006; Sain, 2015).

De acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social Argentina (2024), el aumento de la venta y consumo de la droga afecta mayormente a aglomeraciones urbanas como Gran Rosario o el conurbano bonaerense, riesgo que aumenta en los barrios populares. “En el año 2023, 3 de cada 10 hogares identifican la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o barrio […] esta situación solo ocurre en el 18,7 % de los hogares de CABA en el año 2023, pero en el 35,6 % de los hogares del Conurbano Bonaerense” (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2024, p. 14).

Si bien la venta y consumo de sustancias no debería focalizarse sobre los barrios populares, porque esto depende más de la demanda y accesibilidad de la droga que del territorio, y porque tal situación aumenta la criminalización y justifica la persecución policial de las personas vulnerables (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2016), el microtráfico “alcanza mayor propensión entre los jóvenes de sectores populares, afectado su desempeño en actividades sociales, escolares y laborales, pudiendo conducir a situaciones de marginalidad, violencia, maltrato, desnutrición, exclusión escolar, entre otras” (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2024, p. 3). La pandemia de la covid-19 agravó la violencia mediante conflictos interpersonales, violencia doméstica y disputas territoriales entre bandas que desbordaron las redes de cuidado barrial (Caravaca et al., 2023a).

2. Metodología

En el marco del proyecto financiado por la Agencia I+D+i titulado “‘Acá es así’. Una investigación sobre la relación entre segregación espacial de la pobreza y violencias institucionales en el Área Reconquista”, este artículo propone un estudio de caso instrumental (Stake, 1995) contado ‘desde abajo’ por las voces y habitantes de barrios populares, que son los primeros respondedores, actores activos y quienes atraviesan la intersección de las distintas violencias y daños. Desde este enfoque, es posible comprender y aportar a las cadenas de violencias, precariedades y formas de organización comunitaria que atraviesan los habitantes del Área Reconquista.

Para este artículo se eligieron nueve entrevistas semiestructuradas, individuales y presenciales que, en septiembre de 2022, fueron realizadas por muestreo deliberado a personas que residen en el Área Reconquista, de cincuenta entrevistas elaboradas para el proyecto mencionado. La muestra incluye voces de distintos barrios, con enfoque de género y edades distintas que enriquecen la calidad de la metodología y capturan las variaciones de las violencias desde experiencias concretas. También, para la misma fecha, se realizó observación participante en el Área y en las organizaciones barriales gracias al apoyo brindado por la Universidad Nacional de San Martín en el marco del proyecto, así como a los vínculos personales que mantiene la coautora de este artículo con algunas vecinas.

El acceso situado y respetuoso de las condiciones de vida fue clave para construir la confianza con las personas entrevistadas y sostener un diálogo horizontal. Las entrevistas se organizaron en torno a cuatro ejes temáticos: experiencias cotidianas en relación con el consumo y la venta de sustancias, percepciones sobre la violencia en los barrios, prácticas comunitarias de cuidado y, vínculos con las políticas estatales. El análisis que resulta de los datos obtenidos de la observación mediante registros de campo etnográfico y la codificación temática de las entrevistas fue posible mediante el programa cualitativo Atlas.Ti.

Respecto a las cuestiones éticas, las personas entrevistadas fueron informadas sobre el propósito del proyecto y se obtuvo autorización oral para la publicación de la información. Se utilizan nombres ficticios para resguardar la identidad de las personas, ya que no contamos con autorización para la divulgación de sus nombres reales. En cambio, se decidió mantener los nombres reales de los barrios y organizaciones comunitarias, ya que contamos con el consentimiento de sus referentes barriales y estos permiten visibilizar y destacar sus trabajos y trayectorias. El marco temporal comprende el lapso 2001-2022, pero se focaliza en 2020-2022, debido a que fue señalado por los entrevistados como un momento de inflexión en la vida barrial reciente.

Este enfoque permitió la obtención de conocimiento situado para pensar nuevas formas de violencia, el consumo y venta de sustancias y las estrategias de contención barrial frente a los determinantes estructurales, entre ellas la retracción o intermitencia del Estado en todos sus niveles. Así, el artículo busca contribuir a los debates académicos sobre violencias múltiples y enlazadas y aporta elementos empíricos de base que sirven de insumos y herramientas para construir políticas públicas integrales que contengan el conocimiento desde sus actores y permitan enfrentar la complejidad de las violencias en la Argentina actual.

El artículo se divide en seis apartados. El primero contiene la discusión sobre ‘violencias enlazadas’ como una cadena de daños y riesgos que parten de los factores causales; luego, se examina cómo la emergencia sanitaria de la covid-19 potenció de la precariedad y la segregación, pero también las violencias enlazadas alrededor del consumo. El tercer apartado aborda la venta de droga como fuente de ingreso y créditos informales que refuerzan el control coercitivo de los transas, el reclutamiento juvenil y multiplican los daños. La cuarta parte aborda las otras violencias enlazadas que actúan como potenciadores del consumo: disputas territoriales, coerción por deudas, tiroteos, violencia doméstica y otros. El quinto apartado aborda la presencia del Estado y los cuidados comunitarios que buscan contener la violencia y sus riesgos, aunque operen con recursos frágiles y desbordados. Por último, constan las conclusiones.

2. Algunos elementos teóricos

Respecto a las tendencias teóricas sobre la violencia, una parte de la literatura clásica propuso una mirada epidemiológica en la que la concentración de las desventajas socioeconómicas, la debilidad de las relaciones comunitarias (es decir, la baja eficacia colectiva) y la deficitaria actuación policial son factores de un modelo más o menos universal que explica la concentración de las violencias en ciertos individuos y espacios (Shaw y McKay, 1942; Sampson et al., 1999). Autores como Galtung (1996) optaron por un modelo sistémico en donde la explotación y la marginación forman parte de una ‘violencia estructural’ que no permite a las personas alcanzar cierto nivel de desarrollo y que, por tanto, produce más violencia (en especial, la directa y la cultural).

Respecto a la concentración de la violencia en ciertos territorios, Wacquant (2004), al parafrasear la obra El proceso de la civilización de Elias (1988), propuso una ‘descivilización de las periferias urbanas empobrecidas’ que describe tres procesos que ocurren de manera encadenada y en paralelo en el mundo contemporáneo5:

• Desdiferenciación social: consiste en la pérdida o el debilitamiento de las redes sociales como la familia, la escuela, las instituciones y las comunidades y la mezcla de la esfera de lo laboral con lo doméstico y delictivo. Esto genera dos efectos: 1) marginalidad, donde las actividades irregulares entran a sustituir el espacio del trabajo formal y la educación; 2) estigmatización territorial, donde el origen y la procedencia de algunas personas son elementos de criminalización y homogenización de las identidades.
• Desertificación institucional: repliegue deliberado del Estado y de sus instituciones, que se expresa en la ausencia de servicios públicos urbanos, infraestructura pública ‘raquítica’ y desincentivos a la inversión y la política pública.
• Despacificación del espacio público: el espacio pierde reglas compartidas de trato, uso y convivencia. Este espacio es estigmatizado, controlado y militarizado en el marco de la violencia, lejos de establecer garantías de derechos.

Este paradigma es quizás el más recientemente adoptado por la literatura especializada de Argentina. Auyero y Berti (2013) plantearon que existe una cadena de violencia en los ‘márgenes’ urbanos que opera bajo una reciprocidad difusa, excede la ley y se apoya en la capacidad adquirida de las personas para ejercer violencia como parte de las estrategias de sobrevivencia. Para los autores, esta disposición subjetiva para el cometimiento de violencia recae en la manera intermitente, selectiva, contradictoria —incluso coludida— que adopta el Estado en estos territorios frente a las economías ilícitas.

Gayol y Kessler (2018), por su parte, enfatizaron que en los contextos urbanos en los que predomina la pobreza y la vulnerabilidad, las muertes ‘no importan’. Son territorios sobrecontrolados por la policía, que despliega sobre sus habitantes violencia institucional y punitiva, ya sea por acción u omisión (Pita, 2017). Guemureman et al. (2017) destacan que se debe diferenciar entre violencia estatal y violencia institucional: la primera engloba prácticas coactivas-punitivas y proactivas del Estado, mientras que la segunda sugiere acciones vinculadas con abusos de poder cometidos por instancias y organismos públicos como las fuerzas de seguridad.

Este artículo dialoga con estos aportes y complejiza la interpretación sobre la concentración de las violencias en los territorios. Se entiende la violencia como el efecto visible de un factor estructural (segregación, exclusión, pobreza y demás), pero también como un fenómeno que forma parte una cadena de otras violencias —de violencias enlazadas— que ocurren y coexisten de manera simultánea, acumulativa y coimplicada, como el microtráfico, la violencia institucional, domestica, de género, el endeudamiento, la coerción, que generan una cadena de daños irreversibles que se materializan en un homicidio o un herido con arma de fuego, como su efecto más visible. Entonces, detrás de todo homicidio hay una estela de violencias que le anteceden y que configuran el riesgo.

En este sentido, hay elementos potenciadores que posibilitan, facilitan o multiplican la ocurrencia de estas violencias: precariedad económica, riesgo ambiental, corrupción, disponibilidad de armas de fuego, entre otros. Otros elementos operan como moduladores que, aunque buscan poner límites a la intensidad y frecuencia de las violencias, no son suficientes para ‘normalizarlas’ (Foucault, 2000), tales como las políticas de asistencia, despliegues y operativos de seguridad, la organización comunitaria, el trabajo de cuidados, entre otros.

3. Antes y después: la pandemia como punto de inflexión

Entre 2020 y 2022, el Área Reconquista atravesó un shock estructural —a nivel de empleo formal, informalidad, consumo de drogas, circuitos de cuidado— y subjetivo —percepciones del riesgo, repertorios de apoyo y cuidado— en el marco de la pandemia por la covid-19. Para comprender esta situación es necesario retomar los elementos que caracterizaron a los barrios en sus inicios, tal como la organización comunitaria con ollas y redes vecinales. “El barrio nació con la toma, dormíamos con cuchillos por miedo a que vinieran a sacarnos del terreno, pero también mi mamá hacía la comida con las vecinas. Así nació la organización: lo primero fue la olla” (Érika, vecina del barrio 8 de mayo, comunicación personal).

Entonces, la historia del Área estuvo vinculada en sus orígenes con el cuidado mutuo, las veredas compartidas, las redes de apoyo vecinal y la seguridad local, en la que el espacio público y las calles eran pensados como lugares de pertenencia, por lo menos hasta 2001. En este año hubo una primera ruptura de esos elementos barriales y comunitarios con la crisis socioeconómica nacional, según las personas entrevistadas. Se trata, de acuerdo con Svampa (2005), de una crisis nacional provocada por la desregulación económica (pérdida de autonomía monetaria, concentración de la producción) y la reestructuración del Estado, que acentuó la exclusión, la precarización social, el desempleo, el deterioro de las condiciones laborales y la expansión del trabajo informal, junto con el empobrecimiento de las clases medias y populares.

De acuerdo con las entrevistas, la crisis de 2001 redujo las oportunidades de obtención de ingresos de las familias, de alimentación y acceso a servicios. En ese momento, los barrios se transformaron en territorios violentos: el espacio público empezó a ser ocupado por los policías y dispositivos de seguridad constantes; hubo presencia de personas con armas en las esquinas; mayores puntos de venta de drogas y conflictos por el control de los pasillos para la venta de sustancias.

El segundo quiebre ocurrió durante la emergencia de la covid-19, entre 2020 y 2022, que para muchas personas entrevistadas produjo un después irreversible, intensificó la exclusión del Área frente al resto del partido y evidenció públicamente la violencia doméstica e intrafamiliar en el marco del aislamiento obligatorio en los hogares. La pandemia profundizó la pérdida de los pocos trabajos y changas de las familias —lo que obligo a algunos habitantes a obtener ingresos rápidos—, la falta de empleo juvenil, la deserción escolar, el hambre y el cierre de espacios barriales como clubes, escuelas, comedores y capillas.

La covid-19 visibilizó y profundizó dos trayectorias juveniles que venían gestándose desde 2001: la cantidad de jóvenes dedicados a la venta de drogas aumentó, mientras que otros incrementaron el consumo debido al aislamiento, la violencia intrafamiliar y la ruptura de la red de apoyos, entre otros factores, de acuerdo con las personas entrevistadas. En los relatos se menciona que la inseguridad afectó la vida social y la movilidad y que el consumo de sustancias ahora inicia en edades tempranas, indistintamente del género. Una vecina del barrio Villa Hidalgo, Verónica, narró que, con la covid-19, “hubo guerra narco en el barrio. La disputa era entre los que venían de afuera a vender al barrio y los que ya estaban. Antes sabías quién vendía, ahora está desparramado”.

Por desparrame, Verónica se refiere a que los puntos de venta de sustancias están dispersos por toda el Área y que esto fragmentan la vida comunitaria cuando los transas —personas dedicadas al tráfico y venta de drogas— vinculan a los jóvenes a estas redes, prestan plata y operan mediante la coerción, la vigilancia y el control barrial. Los miedos frente a la violencia e inseguridad en las calles y los espacios públicos se radicalizaron, con toques de queda de facto y desconfianza y conflictos entre vecinos, en lo que unos piden denunciar y otros prefieren callar por temor. En este contexto, “se duplicaron los casos de violencia de género, pero no se denunciaban”, sostiene Lorena, vecina de Villa Hidalgo. De modo que la venta y el consumo de drogas ha disparado la violencia en el Área.

En el Área Reconquista, estos procesos de desdiferenciación económica, desertificación institucional y despacificación del espacio que planteó Wacquant (2004) se profundizaron durante la pandemia, aceleraron el debilitamiento de las redes de cuidado y expandieron nuevas formas de regulación del territorio. De acuerdo con Auyero y Berti (2013), la intensificación y visibilización de las violencias trajo otro resultado: que las formas de convivencia, apoyo y los cuidados comunitarios operan ahora de manera condicionada frente a la amenaza, la muerte y el temor. En este sentido, la pandemia no generó nuevas violencias, sino que exacerbó las violencias preexistentes y visibilizó la fragilidad de los barrios.

4. Venta y consumo de drogas y estrategias económicas en tensión

En algunos barrios del Área Reconquista, la venta de sustancias destaca como un medio que permite la obtención de ingresos y ocupa un lugar destacado en la reproducción social6 de algunas familias. Lo ilegal sustituye el espacio de la educación y el empleo, con ingresos y ‘carrera’. Por tanto, es un dispositivo de asistencia e ingresos de la que dependen ciertas familias.

Los testimonios obtenidos dan cuenta de que muchos adolescentes ingresan a circuitos del microtráfico en los eslabones más bajos: prestan seguridad, custodian puntos de entrega, reparten los encargos. “No son narcos profesionales”, advierte Erika, “son pibes que necesitan la plata”. Esta participación no es excepcional, sino una alternativa a la que recurren los jóvenes, aunque esto implique riesgos y peligro, en contextos donde las oportunidades legales son insuficientes, inaccesibles o mal remuneradas.

Los transas no son personas desconocidas: viven y crecieron en el barrio, ya sea como vecino, amigo o familiar, por lo que mantienen vínculos de proximidad con los vecinos. Esa cercanía, sea personal o interbarrial, existe bajo una relación ambivalente: por un lado, prestan dinero, ofrecen trabajo y ofertan las sustancias y, por el otro, cobran intereses usureros, imponen normas violentas y recurren a las amenazas para garantizar la devolución de las deudas. Este dinero puede ser devuelto en pagos parciales y está respaldado por la confianza del deudor. Como explicó Delicia (vecina del barrio Independencia, comunicación personal): “los transas están atentos a todo, saben quién puede pagar, cuánto y cuándo. Te prestan, pero si no devolvés, te aprietan”.

El endeudamiento genera violencia cuando, mediante el daño y la coacción, no se devuelve el valor prestado, sea para sufragar el consumo o solventar necesidades básicas de las familias. Se trata de una violencia extorsiva que opera desde una asimetría de poder, con intereses usureros, ‘visitas’, retención de documentos y bienes y con amenazas a la vida. Gago (2019) sostuvo que el endeudamiento en los sectores populares es un organizador de la vida cotidiana que ejerce control de la autonomía, los vínculos y los cuerpos. Desde esta perspectiva, los transas no solo son actores marginales o criminales; forman parte de una red violenta y extorsiva que suple funciones del Estado, como el acceso a créditos, asistencia y trabajo, en especial en los jóvenes, sostienen los entrevistados.

En barrios precarizados, las personas consumidoras acceden a sustancias fiadas o por intermedio de sus redes sociales y afectivas, como una pareja, un amigo o un conocido que intercede. En los casos de no cubrir lo adeudado en un tiempo determinado, la situación escala hacia represalias, amenazas y hostigamientos, hasta formas más graves como el trabajo forzado o la violencia física. “Si te pasás la fecha, te cobran mil pesos por día y, si no pagás, vienen y te cagan a tiros la casa” como sostiene Lorena.

En el caso de personas que no cuentan con crédito bancario o cooperativo, un garante o cuentas bancarias, el crédito informal pasa a ser un medio que permite solventar urgencias alimentarias, falta de efectivo, gastos educativos y problemas de salud, lo que genera mayor dependencia del transa en las familias. Esta presencia es inmediata y tiene efectos concretos: el transa actúa rápidamente, a diferencia del Estado que tarda en llegar, sostiene Érika. “Los transas están siempre, no como el Estado que viene una vez y desaparece”. Por eso, muchas veces son percibidos con ambivalencia, según expresiones de los entrevistados: “venden drogas, pero prestan plata”.

En otros casos, los transas disuaden a los jóvenes para que formen parte de sus grupos delictivos a cambio de regalos, dinero inmediato y en efectivo, como ‘condonación’ de deudas y para brindarles protección y respaldo ante otras bandas o la policía misma. Las personas entrevistadas han conocido casos donde el dinero recibido por el joven es mucho mayor al que recibe una familia completa en un mes de trabajo. En uno de esos casos, Erika señalaba que: “les pagaban más por cuidar un punto que por trabajar de albañil”.

Entonces, la venta de sustancias surge como una estrategia de sobrevivencia degradada que habilita formas de ingreso y subordinación de los jóvenes a los transas. Se trata de una economía informal que, frente a la intermitencia del Estado, provee empleo, crédito, bienes y dinero, pero también regula el territorio mediante la violencia y el silenciamiento. En este orden de ideas, el concepto de reproducción social da cuenta de las prácticas que sostienen la vida cotidiana de las familias y los jóvenes en condiciones de precariedad y presencia de economías informales (Carrasco, 2016; Pérez, 2014).

Lo que emerge en el Área Reconquista es una red de violencias atravesada por riesgos y amenazas constantes donde “si no pagás, te tiran tiros en la casa”, resume Lorena. Incluso, jóvenes endeudados son obligados a mantener vínculos sexo-afectivos que no es otra cosa que violencia sexual, aunque hay casos en los que estos vínculos se realizan para garantizar protección. Por eso, como plantearon Auyero y Sobering (2021), el mercado de las drogas no produce violencia de manera automática, sino que se inserta en contextos donde la violencia ya funciona como tecnología de incorporación, disciplinamiento y regulación. En ese marco, los consumos, las deudas, los favores y las amenazas forman parte del riesgo cotidiano que atraviesan los habitantes del Área, por lo que sería oportuno conocer en futuras investigaciones qué significados atribuyen las y los jóvenes a su participación en estos circuitos económicos y qué vínculos sociales se generan a partir de ella.

5. Violencias enlazadas: consumo, deudas y comunidad

La disputa por el control de los puntos de venta de sustancias en el Área genera formas más visibles y espectaculares de la violencia: balaceras en la vía pública, sicariato, agresiones físicas, extorsiones, amenazas públicas, robos, desplazamientos forzados. Erika recuerda que lo siguiente: “Nos íbamos a dormir y a la madrugada nos despertaban los tiros. Venían los que estaban y los de otro lugar a disputarse la esquina”. Esta violencia no solo ocurre entre bandos interbarriales, sino entre jóvenes del mismo barrio a quienes “le dan porquería, un arma, y se terminan matando entre ellos”, sostuvo Lorena.

Pero no todas las violencias en el Área tienen como epicentro la venta o el consumo de sustancias. La violencia de género, la doméstica e intrafamiliar durante la pandemia también exacerbaron los daños. Uno de los casos de esas violencias enlazadas ocurrió con Daiana, hija de Delicia (vecina del barrio Curita, comunicación personal), quien murió de un disparo que estaba dirigido a su pareja, quien, a su vez, era consumidor problemático de sustancias que mantenía deudas con transas del barrio. Al mismo tiempo, Daiana era víctima frecuente de violencia de género, mientras que su hijo, de violencia doméstica.

Siguiendo a Femenías (2015), se trata de violencias superpuestas que se activan en red y golpean de manera puntual a ciertas personas: jóvenes, mujeres, niños y ancianos. La muerte de Daiana, que es la evidencia extrema de la violencia, no puede comprenderse por fuera de otros marcos de violencia como la doméstica, el porte de armas, el consumo de sustancias y demás. En este caso, la categoría de violencias enlazadas es útil porque permite explicar como la cadena de violencia se refuerza, se solapa y se disputa, y causa daño no solo desde la violencia homicida.

Un niño que deja de ir al comedor, un joven endeudado que empieza a robar, una vecina que aloja en su casa a otra golpeada, una casa baleada, una esquina disputada, un silencio espeso, forman parte de estas violencias enlazadas que ocurren a diario en el Área. No se trata de registrar y cuantificar los hechos violentos, sino también de comprender cómo y por qué se sostienen y ocurren en el día a día. En palabras de Norma, vecina de Lanzone, el barrio siempre vive en tensión: “A veces no sabés qué pasó, pero sentís que algo pasó. El aire está pesado, cambia todo”. Frente a estas violencias, el daño no solo se ejecuta, también se administra y emergen respuestas comunitarias que, aunque no logran erradicar la violencia, si logran contenerla, modularla o disputarla.

6. Estado en los márgenes: entre la intermitencia, la omisión
   y la represión

Respecto a los aspectos que modulan las violencias enlazadas en los barrios, se encuentra, en primer lugar, la acción del Estado. En el Área Reconquista, al igual que en otros contextos en Argentina, el Estado no es un actor constante o confiable, por lo que, su presencia es intermitente, fragmentada y contradictoria (Auyero y Berti, 2013; Aenlle y Dondo, 2024). Puede estar alejado de cuestiones básicas como la salud, la vivienda o la protección frente a las violencias de género, pero actuar de manera represiva y punitiva cuando el conflicto se vuelve visible e intenso. Es un Estado que castiga, que delega su responsabilidad a las redes comunitarias para que lo completen, extienden o, directamente, lo suplan (Merklen, 2005; Perelmiter, 2016).

Las personas entrevistadas no conciben al Estado como un actor homogéneo y articulado que tiene capacidad para resolver problemas complejos como los cuidados, las violencias y adicciones, como tampoco es concebido como un actor constante. De la observación de campo, llama la atención que sus habitantes suelen recordar y mencionar con nombre propio a las escuelas, comisarías, operativos y asistentes sociales, pero no logran distinguir con claridad a qué ministerio, secretaría o municipio pertenecen ni cuáles son los niveles de Estado. De hecho, investigaciones sugieren que formar parte de algún programa o política social no implica necesariamente, para las personas más vulnerables, que cuenten con información y sepan el lugar que ocupan en los problemas públicos de su entorno (Aenlle y Dondo, 2024).

Botones antipánico que no funcionan, ambulancias que no llegan, patrulleros que demoran en acudir al barrio tras el llamado son algunas manifestaciones concretas de esta presencia estatal parcial e ineficaz, que incrementa la sensación de desprotección. Como dice Erika: “Cuando pasa algo, llamás al 911 y no vienen. Pero si hay un quilombo grande, ahí sí, te llenan el barrio de canas”. Esa presencia intermitente, bajo algunas circunstancias, construye la imagen de un Estado que llega tarde, que no protege a la población y que solo se activa cuando hay que controlar.

Las políticas sociales de asistencia, prevención y reducción de las vulnerabilidades tampoco forman parte de las oportunidades a la que tienen derecho estas familias. En ciertos casos, los dispositivos estatales son sostenidos y sufragados por el trabajo de las mujeres: ya sea como promotoras de salud, asistencia en los comedores, educadoras comunitarias, apoyo en lo que se requiera. “Los jardines comunitarios están a cargo de las vecinas, las escuelas no dan abasto. Los chicos que se drogan no tienen ningún lugar, si no hay un vecino que los agarre, se pierden” (Lorena, vecina de Villa Hidalgo, comunicación personal). La autogestión forma parte de esa red de cuidados donde el Estado habita en los márgenes, gobierna en ciertos espacios y sobre ciertas personas (Das y Poole, 2008).

El Estado y las políticas de seguridad son consideradas de forma ambigua. Si bien, los pobladores demandan la presencia y los operativos policiales, por otro lado, perciben que la Policía está al tanto de todo y que solo actúa selectivamente. “Ellos saben quién vende y a qué hora, pero no hacen nada, a veces hasta cuidan los puntos”, dice Érika. Esta percepción de connivencia entre fuerzas de seguridad y transas refuerza la desconfianza y legitima las formas alternativas de justicia o silencio colectivo.

Lo punitivo es la cara más visible del Estado en muchos relatos. Cuando el Estado se hace presente, suele hacerlo mediante allanamientos, requisas, patrullajes y operativos represivos que no solucionan, a decir de las personas entrevistadas, la violencia. Caso contrario, cuando interviene desde el cuidado con programas de acompañamiento frente al consumo de sustancias, la violencia de género o la salud mental, lo hace con equipos precarios, sin continuidad o mediante convenios con organizaciones que terminan asumiendo las responsabilidades.

Verónica, vecina de una organización del Área, lo resume de la siguiente manera: “Nosotras hacemos lo que el Estado no hace. Nos mandan los casos, pero no nos dan ni un peso y solo cuando hay una muerte se acuerdan”. En síntesis, es un Estado intermitente: presente para reprimir, ausente para sostener y delegante cuando no puede intervenir. Esto profundiza la sensación de abandono en los habitantes, habilita un espacio para que el microtráfico siga operando y refuerza la necesidad de construir otras formas de contención, protección y organización frente a las violencias.

1. Cuidados comunitarios: infraestructuras sensibles
   y colapsadas frente a las violencias

Frente a las violencias enlazadas, la presencia estatal fragmentada y el avance del microtráfico de drogas, las estrategias comunitarias de cuidado en el Área Reconquista han sido fundamentales para sostener la vida. Son las mujeres, en especial, quienes gestionan las respuestas para contener el consumo de sustancias, las violencias, reconstruir el tejido social, imaginar los futuros y proteger el deseo de vivir. Una de las experiencias más significativas es la escuelita de juegos7, impulsada por mujeres de la Asociación Civil Flor de Loto en Villa Hidalgo. En un galpón prestado, montaron este espacio para que niñas, niños y adolescentes puedan jugar, comer, hablar, reír, encontrarse, alejarlos de la violencia y el consumo de drogas. No hay psicólogos ni gendarmes. Como dice Erika: “No queremos sacar a los chicos de la calle. Queremos que la calle vuelva a ser un lugar para ellos”.

Otra de las experiencias es la asociación civil Los Amigos en el barrio Sarmiento, que ofrece apoyo a organizaciones de base, como el Jardín de la Montaña, que funciona desde hace diez años y que recibe a niños de 1 a 4 años, les ofrece cuidado y alimentación con el apoyo de educadoras que son realmente vecinas del barrio. En el Jardín, ubicado en un terreno que, según los relatos comunitarios, fue una ‘montaña’ de basuras, también funciona una olla popular, un Centro de Acceso a la Justicia, un espacio de apoyo educativo e, incluso, ofrecen asesorías para trámites migratorios (Oliva, 2023).

Una de la vecina comentaba —durante una charla que mantuvimos— que el Jardín tiene por política que los niños no se diviertan con armas de juguete, con el propósito de involucrarlos en dinámicas de paz y convivencia, distintas a las que predominan en el barrio, como los robos o los homicidios. En la observación participante se constató en una ocasión cómo una educadora frenó suavemente a un niño que levantaba un palo a modo de arma. “Acá no hace falta defenderse”, le dijo. El niño dudó, dejó el palo y eligió un automóvil de juguete. Más tarde, la educadora nos dijo: “Yo sé lo que él ve en su casa; por eso acá le mostramos otra cosa”.

Este tipo de iniciativas son, para Gago y Mezzadra (2015), infraestructuras sensibles, es decir, formas de organización que no reemplazan al Estado, pero que sostienen la vida cuando este se retira o interviene. Son frágiles, autogestionadas y sin financiamiento estable, pero logran lo que muchos dispositivos estatales no hacen: crear confianza, continuidad y sentido entre las personas (Rajoy, 2024). Las mujeres que sostienen estos espacios se nombran a sí mismas las vecinas que cuidan. Su autoridad no proviene del cargo, sino de sus vínculos con el barrio y de las otras familias; son ellas quienes alertan los consumos tempranos, las violencias, tramitan turnos, hacen de intermediarias con las instituciones. También ponen el cuerpo en las calles y esquinas, discuten con los transas, contienen a otras madres, cocinan para todos, entre otros.

Estas prácticas surgen desde la experiencia y la urgencia que causa la violencia. Como propone Pérez (2014), pensar el cuidado como eje organizador de la vida implica reconocer que su despliegue no es neutral ni automático: se produce en condiciones desiguales, con cuerpos cargados, muchas veces en soledad, frente a escenarios de amenaza constante. Desde esta perspectiva, el cuidado es una forma de resistencia cotidiana que disputa el sentido de lo que es vivir con dignidad en contextos de precariedad. Las ollas, las escuelas, los jardines comunitarios no son solo espacios de contención: son trincheras afectivas, lugares donde se ensayan otras formas de estar juntos, más allá del miedo que causan las deudas y las muertes.

Estas estrategias modulan la violencia para hacer que los territorios sean más habitables. En esta trama de violencias enlazadas, el cuidado —en sus múltiples formas— surge como un modo de resistir, contener o incluso sobrevivir ante la violencia (Faur, 2014; Fournier, 2020; Roig, 2020; Gavazzo et al., 2024; Gavazzo y Nejamkis, 2021). Como afirma Lorena: “Acá nadie salva a nadie, pero nos acompañamos y eso, a veces, salva”. En un contexto donde todo colapsa, los cuidados enseñan que otra seguridad es posible y que su base radica en los vínculos, la escucha y el compromiso sostenido con la vida.

7. Conclusiones

Este artículo propuso un análisis situado de las relaciones entre violencias, consumos problemáticos y organización comunitaria en contextos de segregación, en los barrios de Área Reconquista en el conurbano bonaerense. En lugar de reducir el problema a la categoría de narcomenudeo, la presencia delictiva o la ausencia estatal, se buscó complejizar la situación mediante el uso del concepto de violencias enlazadas a partir de la recuperación de las voces de sus protagonistas, las trayectorias de los actores y las condiciones estructurales que configuran la vida cotidiana en los márgenes urbanos.

En el Área Reconquista, las violencias no operan de manera separada: se enlazan y superponen en dinámicas complejas que afectan los cuerpos, vínculos y territorios de sus habitantes. Las respuestas comunitarias no son espontáneas ni asistencialistas, sino que apuntan al cuidado —aunque sean frágiles y colapsadas—, en condiciones de profunda precariedad donde el Estado se presenta de manera intermitente, ambigua y selectiva: intermitente en lo que refiere al cuidado y la provisión de servicios, pero presente en forma de dispositivos de control, represión o tercerización informal de funciones.

Esta configuración no implica un vacío, sino una forma concreta de gobierno sobre los territorios, en la que las funciones de contención y acompañamiento recaen en redes barriales, muchas veces protagonizadas por mujeres. En este escenario, las experiencias de cuidado como la escuelita de juegos, entre otras como las promotoras territoriales, las cocinas comunitarias o los jardines populares, pueden pensarse como infraestructuras sensibles que permiten disputar el presente y el porvenir, creando condiciones para sostener lo común. Estas formas de hacer, muchas veces desbordadas y sin reconocimiento de las instituciones del Estado, son clave para imaginar formas de intervención más efectivas, basadas en los vínculos y no en la vigilancia, en el deseo de vivir y no en el temor al otro.

Este artículo buscó analizar la violencia homicida y delictual como parte de múltiples violencias que permita pensar en políticas estatales integrales, eficientes, reparadoras, así como conocer las formas de organización barrial frente al despojo, el miedo y la fragmentación social. Frente a las respuestas estatales punitivas que fallan y frente a las omisiones e intermitencias cuyas consecuencias duelen en cada vida perdida, las redes barriales cuidan, disputan sentidos, enseñan que otros modos de habitar los barrios, de pensar lo común, es posible.

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1. 1 También se desempeña como docente en el Instituto Universitario Juan Vucetich.

2. 2 Este artículo contiene los resultados del proyecto de investigación “‘Acá es así’. Una investigación sobre la relación entre segregación espacial de la pobreza y violencias institucionales en el Área Reconquista”, financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) con el código PICT-2021-I-A00456. El proyecto fue dirigido por José Garriga Zucal.

3. 3 UTA, Lanzone, Villa Hidalgo, La Cárcova, Independencia, El Libertador, 9 de Julio, Sarmiento, Costa Esperanza, 8 de Mayo, Costa del Lago, 13 de Julio y Los Eucaliptos

4. 4 Se implementó geoestadística mediante un programa de información geográfica (GeoJSON.io). Para barrios mayores o iguales a 0,05 km² se aplicó una asignación por centroide, en la que el radio censal se asigna al barrio que contiene su punto central. Para barrios menores a 0,05 km² se aplicó la asignación proporcional, en la que la población se distribuye según la proporción de área superpuesta. Esta metodología resuelve las limitaciones de cada enfoque individual y del Renabap. El método centroide evita la fragmentación excesiva en barrios grandes, mientras que la asignación proporcional garantiza representación poblacional en barrios muy pequeños que podrían quedar excluidos, como suele ocurrir. Se implementaron correcciones manuales para casos especiales (13 de Julio con 242 habitantes) y se validó la coherencia poblacional. Los porcentajes utilizan la población oficial como denominador para garantizar precisión en los cálculos relativos.

5. 5 Bourgois (2010) sumó a este modelo elementos culturales –como una cultura de la calle, violenta y autodestructiva– como mediadores de dichos macroprocesos.

6. 6 Conjunto de prácticas materiales y simbólicas que sostienen la vida cotidiana en los barrios en condiciones de desigualdad estructural. Incluye tanto el trabajo remunerado y no remunerado como las redes comunitarias de cuidado y los recursos que circulan en la economía informal. En contextos de precariedad, la venta de drogas a pequeña escala pasa a formar parte de estas estrategias de reproducción al proveer ingresos, créditos y asistencias que se entrelazan con vínculos afectivos y mecanismos de control social (véase Carrasco, 2016; Pérez, 2014; Wilkis, 2013; Partenio et al., 2024).

7. 7 Modo en que las mujeres del barrio nombran a la escuela. Asimismo, hay otras iniciativas de cuidado comunitario que se multiplican en el territorio. Quienes sostienen estos dispositivos no lo hacen de manera aislada, sino en el marco de programas sociales estatales que exigen contraprestaciones. En este sentido, la escuelita forma parte de un caso situado que condensa las funciones y significados de redes más amplias de las promotoras territoriales, cocinas comunitarias y jardines populares.