Economías ilegales y redes transnacionales del cártel de Sinaloa con Colombia1

Ilegal Economies and Transnational Networks of the Sinaloa Cartel with Colombia

Yeni Girón Galeano

Candidata a doctora en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana yenygironuv@gmail.com https://orcid.org/0009-0000-7642-6401 México

Recibido: 31-mayo-2025

Aceptado: 7-agosto-2025

Publicado: 15-enero-2026

Cómo citar este artículo:

Girón Galeano, Y. (2026). Economías ilegales y redes transnacionales del cártel de Sinaloa con Colombia. Estado & Comunes, 1(22), 47-68. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.421

Estado & comunes

Revista de políticas y problemas públicos.

N.° 22, vol. 1, enero-junio 2026, pp. 47-68

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

Quito-Ecuador.

ISSN impreso: 1390-8081 - ISSN electrónico: 2477-9245

https://doi.org/10.37228/estado_comunes.421

Resumen

Este artículo aborda la expansión del cártel de Sinaloa (CDS) hacia Colombia entre ٢٠١٠ y ٢٠٢٠ a partir del enfoque teórico de las redes transnacionales. Con hallazgos provenientes de informes oficiales, entrevistas clave y literatura especializada, se sostiene que el corredor marítimo del Pacífico —entre el departamento de Nariño y el estado de Guerrero— es el principal eje del tráfico de cocaína desde Colombia hacia México, antes de continuar su traslado a Estados Unidos. Estas redes operan mediante alianzas y subcontratación con grupos armados organizados como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, guerrilla del ELN, entre otros. La desmovilización de las FARC tras el Acuerdo de Paz en ٢٠١٦ dejó un vacío territorial que fue disputado por varios actores armados, intensificó los conflictos en Nariño y amplió el control del CDS sobre la cadena de producción de la cocaína con presencia directa y alianzas flexibles.

Palabras clave: Clan del Golfo, disidencias, FARC, Guerreros Unidos, hoja de coca, Indepaz, narcotráfico, Tumaco, Iguala, UNODC.

Abstract

This article examines the Sinaloa Cartel’s (CDS) expansion into Colombia between 2010 and 2020 through the lens of transnational network theory. Drawing on findings from official reports, key interviews, and specialized scholarship, it argues that the Pacific maritime corridor—between Nariño Department and the state of Guerrero—constitutes the principal axis of cocaine trafficking from Colombia to Mexico, before onward shipment to the United States. These networks operate through alliances and subcontracting arrangements with organized armed groups such as the Gulf Clan, FARC dissidents, and the ELN guerrilla, among others. The FARC’s demobilization following the 2016 Peace Agreement created a territorial vacuum contested by multiple armed actors, intensifying conflict in Nariño and expanding the CDS’s control over the cocaine production chain through direct presence and flexible alliances.

Keywords: Gulf Clan, dissent, FARC, Guerreros Unidos, coca leaf, Indepaz, drug trafficking, Tumaco, Iguala, UNODC.

1. Introducción

El cartel de Sinaloa (CDS) es una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo y “uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos” (U.S. Department of State, 2025a). Surgió y se consolidó en el estado de Sinaloa, en México; se expandió internamente a 16 de sus 32 entidades federativas y luego a más de ٤٧ países, entre ellos, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, principales productores de la cocaína de la región y del mundo (Global Initiative Against Transnational Organized Crime [GI-TOC], ٢٠٢٣). Estos países también proporcionan la logística para el traslado de la droga hasta su desembarque en México, antes de continuar a Estados Unidos (Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, ٢٠٢٤).

El CDS combina rutas y transporte marítimo, terrestre y aéreo por el Pacífico colombiano, con nodos de tránsito en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador; aunque también con rutas de salida de la cocaína por el mar Caribe, con transbordo en Puerto Rico, República Dominicana, Haití y el litoral venezolano (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2023; U.S. Department of Justice and Drug Enforcement Administration, 2024; El Financiero, 2017). No obstante, la concentración de cultivos de hoja de coca en los departamentos de Cauca y Nariño, en Colombia, vuelve atractivos estos territorios para el CDS, que teje alianzas con grupos locales para el trasiego de la coca que también llega a Asia, Australia, Nueva Zelanda y Europa mediante el Pacífico (U.S. Department of Justice and Drug Enforcement Administration, 2024)2.

Colombia destaca por su doble condición: es el mayor productor y exportador de cocaína en el mundo —y fuente de heroína y marihuana— (UNODC, 2023; U.S. Department of State, 2025b) y principal proveedor de dicha droga al CDS y otros carteles como Jalisco Nueva Generación (CJNG), mafias italiana y albanesa. El CDS, quien también diversificó compras en Perú y Bolivia y usa a Ecuador como nodo logístico y portuario. Sus alianzas en Colombia se dan mediante la subcontratación de actividades con “grupos delincuenciales especializados en determinadas áreas, con lo que no solo ahorran costos, sino que también evitan riesgos y la inversión para capacitar ‘personal’ en algunas tareas” (Fregoso, 2017).

Bajo tal contexto, este artículo analiza la expansión del CDS en Colombia desde el enfoque de las redes transnacionales entre 2010 y 2020. Para complejizar el objetivo, se pusieron en evidencia los vínculos y las disputas que mantuvo el CDS con otros actores criminales en México y Colombia, así como se priorizó la perspectiva territorial geoestratégica en la que lo local ocupa un rol destacado, mediante las conexiones del CDS entre el estado de Guerrero —nodo del poder criminal en México— y el distrito de Tumaco en el departamento de Nariño —nodo de producción, acopio y embarque marítimo en Colombia—. Los antecedentes más inmediatos de esta década siguen a continuación:

• En México: la ruptura del CDS con la organización de los Beltrán Leyva entre 2010 y 2020 derivó en varias células armadas que entraron a disputar territorios de Sinaloa y otras entidades y se declaró una guerra abierta y frontal entre organizaciones. Con la caída de Joaquín Guzmán, alias ‘El Chapo’, entre 2016 y 2019 surgieron facciones que derivaron en reparto y competencia de territorios y diversificación de las economías criminales (Lantia Intelligence, 2020; Prieto-Curiel et al., 2023; Guerra, 2022).
• En Colombia: tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 surgieron más de cuarenta grupos armados que entraron a disputar los territorios desocupados por las FARC3, sobre todo en el suroccidente del país. Esto devino en aumento de la violencia, mayores hectáreas de cultivos de hoja de coca y una crisis humanitaria con víctimas fatales, violaciones de derechos humanos y comunidades desplazadas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018; Comisión de la Verdad, 2022).

El artículo no se aborda desde las discusiones académicas sobre violencia y crimen organizado —aunque no se desconocen algunos aportes—, sino desde las redes transnacionales, así como las trayectorias singulares, diferencias y condiciones (Skocpol y Somers, 1980) que posibilitaron la expansión del CDS en Colombia entre 2010 y 2020. Tampoco interesa, por la complejidad del tema y por espacio, abordar las medidas judiciales y de seguridad que el Estado colombiano ha implementado en los territorios en donde operan grupos criminales, incluyendo al CDS.

La metodología del artículo es cualitativa y combina la selección focalizada y análisis de fuentes académicas, notas periodísticas y portales especializados de acceso abierto que, por su relevancia temática, contienen información sobre las redes transnacionales (con nodos, enlaces, centralidad, movilidad) del CDS como InSight Crime, Lantia Intelligence, GI-TOC. Para brindar robustez, los hallazgos fueron contrastados con comunicados, informes procedentes de instancias públicas de ambos países como el Gobierno de México, Indepaz, Policía Nacional de Colombia y Fiscalía General de la Nación; sumados a informes internacionales sobre drogas de la U.S. Department of Justice and Drug Enforcement Administration y UNODC.

Para complementar y evidenciar las redes que construyen estos grupos, se aplicaron entrevistas semiestructuradas por muestreo a dos personas: una de ellas, a un padre de familia cuyo hijo fue secuestrado y asesinado por carteles del narcotráfico en Iguala, presumiblemente con el apoyo de las autoridades locales, en 2014 (Gobierno de México, 2023), y la otra, una defensora de derechos humanos que pertenece a una organización de víctimas en Tumaco y que posee conocimiento del territorio. Las entrevistas se realizaron en agosto de 2024, luego que la autora les indicara que su testimonio era vital para profundizar su investigación. Se garantizó confidencialidad y anonimato mediante consentimiento informado.

Este artículo se estructura en cuatro partes. En la primera consta un abordaje sobre las redes transnacionales y el contexto de la expansión del CDS en Colombia, que tiene raíces en la década de 1980. La segunda parte aborda las alianzas del CDS con grupos armados en Colombia, como el Clan del Golfo, el ELN4 y las disidencias de la FARC. La tercera parte se centra en la disputa de territorios estratégicos en el Pacífico: la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en México, y el distrito de Tumaco, en el departamento de Nariño, en Colombia. Por último, las conclusiones.

2. Redes transnacionales y contexto geoestratégico

Castells (1996) propuso que es posible entender el funcionamiento de la economía global desde el concepto de redes que, como categoría estructural del capitalismo, se refiere a la organización dominante del poder que posibilita que los flujos e intercambios de capital (también de personas, drogas, armas y otros) alimenten los nodos de la red financiera global. Debido a que la red es fluida, el comportamiento de los actores que la integran estará determinado por su flexibilidad y autonomía relativa. Este acercamiento teórico desde la sociología, si bien dejó por fuera que en las redes también hay violencia, rupturas y resistencias, o capacidad de decisión y adaptación, concibe al capitalismo desde su capacidad de crear y conectar con redes y flujos, la información, el capital y los mercados que resultan de sí mismo.

Ahora bien, la discusión va más allá. Fue Castells (2000) quien planteó que de la globalización emana una ‘economía global criminal’ que opera con la misma lógica que una red financiera global, con la diferencia de que lo hace mediante la violencia, la intimidación y corrupción como mecanismos de poder, regulación interna, coacción y control. Esta economía semiempresarial y semiprofesional (Fernández, 2010): “ha expandido su ámbito a una extraordinaria diversidad de operaciones, convirtiéndola en una industria global cada vez más diversificada e interconectada” (Castells, 2000, p. 179), con conexiones y circulación transnacional de capitales, información, bienes y de personas.

El tráfico de drogas (drug trafficking) es la mayor de las economías criminales que, junto a otras actividades delictivas como el tráfico de inmigrantes sin documentación, es interdependiente de la economía formal, las instituciones públicas y de mecanismos tecnológicos y de comunicación (sistemas financieros, transporte, entre otros) que causan daño a la humanidad (Ibid., p. 180–182; UNODC, 2012). Se trata de una red criminal en la que participan personas, grupos, empresas de distinto tipo y —en ocasiones— instituciones del Estado, que buscan mantener esos flujos ilícitos mediante servicios especializados y clandestinos —como seguridad o transporte—, y que deviene en disputas con actores que persiguen el mismo objetivo (Barreiro, 2024).

De este acercamiento se entiende, en principio, que el CDS es una red transnacional que depende de la coordinación y cooperación entre sus miembros para completar la cadena de suministro de la droga en sus fases de producción y distribución, mediante rutas logísticas a nivel marítimo o aéreo (UNODC, 2012) que no son tan artesanales y que incluyen arquitectura tecnológica como el smart routing, vehículos aéreos autónomos, sistemas de reconocimiento facial (Contreras, 2025). “El Cartel de Sinaloa no tiene una estructura jerárquica. Es una red de varias células que cooperan entre sí, mientras que las operaciones del Cartel en el extranjero, e incluso dentro de México, suelen subcontratarse a socios locales” (Contreras, 2025, página web) que parten de relaciones de confianza o parentesco.

Como en toda red, hay varios caminos de conexión (Morselli, 2009), muchos de ellos confusos y difíciles de medir por la ilegalidad y transnacional del negocio. No obstante, no se desconoce que el enfoque de redes, aunque es abarcativo e influyente, ha recibido múltiples críticas porque no logra explicar exactamente cómo se organizan los actores que integran esa red (Simmons et al., 2018) o porque descuida los contextos locales y las dinámicas nacionales.

Desde la criminología, Morselli et al. (2010) aportaron que el éxito criminal depende menos de la jerarquía —incluso, del control territorial— que de conectar a distintos actores que, bajo otras circunstancias, estarían desconectados. Esto es posible mediante una red en la que destacan los brokers criminales o intermediarios, que se encargan de conectar a los actores de la cadena de suministro con los mercados y rutas; es decir, de quienes tienen el control de las conexiones, los contactos y la capacidad de adaptación ante la fragmentación de la organización, surgimiento de células, arrestos de líderes, entre otros (Morselli, 2009).

Estas redes no desaparecen porque no dependen de un líder, sino de su estructura, de sus nodos: son redes dinámicas, tácticas y cortas; dependen de las oportunidades del entorno, así como de las condiciones sociales y materiales de la población y de la ausencia del Estado (Morselli et al., 2010). Por tanto, la red depende de la estructura que la contiene, y no del líder o la persona que la integra, que puede ser reemplazada. De modo que estas redes transnacionales transitan entre vínculos, enlaces y coaliciones temporales, en contextos adaptativos.

El CDS funciona, retomando las palabras de Morselli et al. (2010), como una federación de células transnacionales que se asemeja a un ecosistema adaptativo, en el que “cada eslabón es libre de formar uniones con otros y no hay fuente común de autoridad o puesta en común de fondos. Mientras todos estén satisfechos, estos vínculos podrían perdurar, pero como cualquier cadena comercial de suministros, es fácil adaptarse a la pérdida de un eslabón” (UNODC, 2012, p. 26). Kenney (2007) indicó que estas organizaciones no pueden entenderse como estructuras piramidales fijas ya que ‘delegan’ responsabilidades de la cadena de producción a otros actores, con flujos de drogas, armas, dinero y personas que atraviesan las fronteras y, por ende, estructuras institucionales y económicas (Emmerich, 2015).

Para finalizar, el CDS funciona como un ‘ecosistema empresarial adaptativo’ en el que todos los actores colaboran para aprovechar las oportunidades del mercado, manteniendo su autonomía y especialización en la producción, distribución y comercialización (Kenney, 2007; Morselli et al., 2019). Esta ‘capacidad empresarial’ se logra mediante una realidad operativa: la subcontratación o ‘terciarización narco’ (Fregoso, 2017) que reduce los riesgos, maximiza los beneficios y otorga flexibilidad al negocio.

1. Redes del CDS y Colombia

El CDS controla puertos clave del Pacífico mexicano como Mazatlán y Topolobampo (Sinaloa), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Manzanillo (Colima) y Salinas Cruz (en Oaxaca), mediante la infiltración en aduanas, envío de contenedores fantasmas y sobornos a las autoridades portuarias y aduaneras (U.S. Department of Justice and Drug Enforcement Administration, 2024). También tiene presencia en los puertos de Chiapas, Guerrero, Sonora y Baja California pese a que esto genera violencia extrema con el cartel de Tijuana y el CJNG por el control de los territorios y las rutas (Martínez, 2024), y redes de colaboración con el cartel del Golfo que facilitaba el paso de la droga por Nuevo León en su camino a Texas (Osorno, 2012)5.

El control marítimo del Pacífico es clave para que el CDS pueda adelantar negociaciones con los proveedores colombianos y enviar la droga a Estados Unidos. El CDS controla la ruta del Pacífico (Sinaloa, Sonora-Arizona) en los cruces fronterizos en Nogales y San Luis Río Colorado; y el Noroeste (Baja California) que “conecta los puertos de Ensenada y Mazatlán con la frontera de Tijuana-San Diego” (Policía Nacional de Colombia, 2025, p. 226). Diez enclaves en el Pacífico colombiano producen el 42,3 % de la cocaína a nivel país (Ibid.), y desde la cual sale la mayor parte de la droga enviada a Estados Unidos (UNODC, 2020). La mayor parte de la droga incautada ha salido de Nariño, Buenaventura y Antioquia (El Financiero, 2017).

Es tanta la importancia marítima del Pacífico para el traslado de la droga que, de 26 incautaciones realizadas en 2016 en México, 24 se efectuaron en su costa del Pacífico y dos en el golfo de México (Vela, 2017). Para 2019, el panorama geoestratégico permaneció, ya que, durante el primer año del gobierno de López Obrador, se reportó el decomiso de 144 toneladas de drogas en 22 de los 102 puertos nacionales: casi el 80 % ocurrió en Mazatlán, “es decir, eran del cartel de Sinaloa” (Alvarado, 2020), mientras que el porcentaje restante fue incautado en Colima y Lázaro Cárdenas, en donde opera el CJNG. Entonces, el CDS lidera los puertos marítimos mexicanos sobre el Pacífico (U.S. Department of Justice and Drug Enforcement Administration, 2024).

Desde un enfoque histórico y contextual, el cartel de Guadalajara (organización de la que surge el CDS) estableció alianzas con los carteles de Cali y Medellín en Colombia en la década de 1980 para que estos pudieran realizar el envío de cocaína e ingresarla a Estados Unidos, utilizando a México como ‘corredor’ (InSight Crime, 2025; Cortés-Castillo y Sierra-Zamora, 2022), previo pago de un ‘derecho de piso’ a los carteles mexicanos. De la fragmentación del cartel de Guadalajara, desencadenada por el arresto de Félix Gallardo en 1989 —su líder—, surgió el CDS, quien ‘heredó’ el control de las rutas sobre el Pacífico mexicano —con base en Sinaloa— e inició operaciones de manera autónoma. Con la caída de los dos carteles colombianos en la década de 1990, el CDS amplió conexiones en Colombia con el cartel del Norte del Valle “en los que se definió la repartición de utilidades de un 40 % para ‘El Chapo’ y el 60 % para ‘Chupeta’” (Cortés-Castillo y Sierra-Zamora, 2022, p. 27).

Luego de que el CDS estableciera alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para asegurar el suministro de cocaína entre 2001 y 2008 (Garay y Salcedo, 2013), incursionó territorialmente en el país mediante el control de laboratorios clandestinos en Nariño, Cauca y Norte de Santander y alianzas con las FARC. Entre 2012 y 2014 ocurrió un cambio en estas relaciones cuando el CDS pasó a convertirse en la organización narco más poderosa del mundo y empezó a controlar la cadena productiva: comprando base de cocaína (en vez de clorhidrato cocaína) que podían refinar con precursores químicos en México (Reyes, 2023). Esto permitía la reducción de los costos de la transacción y la obtención de mayor valor en la cadena de suministro, pues se maximizaban las ganancias por cada kilo de base de coca comprada en Colombia, refinada en México y entregada en Estados Unidos (Logan, 2013).

No obstante, el CDS aprovechó la firma del Acuerdo de Paz en 2016 para asegurar o fortalecer alianzas con otros grupos criminales como el Clan del Golfo enviar emisarios permanentes en territorios cocaleros en Nariño y Cauca (Fundación Paz y Reconciliación, 2018) y ampliar su control sobre la cadena de producción con la compra de terrenos y contratación de mano de obra para el cultivo de la hoja de coca, insumos químicos, laboratorios de producción, bodegaje y transporte (Zavaleta y López, 2023). El involucramiento también incluye actividades financieras, comerciales, bancarias, inmobiliarias, compra de animales y conformación de ‘sociedades’ en Colombia financiadas con dinero ilícito (Fiscalía General de la Nación, 2021; Expansión, 2009; Zavaleta y López, 2023; Infobae, 2022c).

Estos emisarios también desempeñan actividades en la verificación del peso y la pureza de la droga o, mediante agrónomos, que tienen por objetivo “mejorar la tecnificación de los cultivos de hoja de coca —materia prima de clorhidrato de cocaína— y la productividad de los cultivos de la planta” (Infobae, 2022a). La Fundación Paz y Reconciliación (2020) documentó que desde 2018 se ha intensificado los arrestos de personas de nacionalidad mexicana por delitos de lavado de activos y tráfico, fabricación o posesión de estupefacientes, “en Palmira, Buenaventura y Tumaco, las cuales son identificadas también como zonas de cultivo de hoja de coca”. Estas condiciones convierten a Colombia en uno de los países con mayores redes criminales del continente (GI-TOC, 2020).

3. Actores y grupos criminales en Colombia

Los principales aliados del CDS en Colombia son las disidencias6 de las FARC, el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, Los Pelusos y el ELN. A continuación, un detalle de algunas de estas organizaciones.

1. Clan del Golfo

Herederos del movimiento paramilitar AUC, el Clan del Golfo tiene su centro de operaciones en el golfo de Urabá, zona limítrofe entre Colombia y Panamá que ofrece acceso a las costas del Pacífico y el Caribe y en la que ocurre un fuerte tráfico migratorio ilegal que es aprovechado por el clan (GI-TOC, 2020). El origen del clan se remonta en 2006-2007 con la desmovilización de las AUC, el asesinato de su líder Vicente Castaño y la creación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Villamizar, 2024).

El clan se organiza en cinco bloques regionales y treinta frentes ubicados en departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Córdoba, Valle del Cauca, Barranquilla, Atlántico, Nariño y otros del centro y fronterizos del país (Villamizar, 2024; InSight Crime, 2023). Para 2019 tenía presencia en 213 de los 1102 municipios del país, mientras que en 2020 la cifra ascendió a 235 (Defensoría del Pueblo, 2024). No se dispone de información sobre cómo opera el bloque regional del clan en Nariño, Cauca y Valle del Cauca (Villamizar, 2024).

El clan es una estructura criminal híbrida que toma elementos paramilitares de las AUC (mandos militares, estructuras y subestructuras), los combina con redes transnacionales del crimen en 28 países de cuatro continentes (Policía Nacional de Colombia, 2021), control social (patrullajes, intimidación a la población, entre otros), intervención en elecciones y cobro de porcentajes en los presupuestos municipales (Villamizar, 2024). Además de los ajustes de cuentas (sicariato) y oficinas de ‘cobro’ en Cali, Medellín y Bogotá, mantiene alianzas estratégicas con funcionarios públicos para asegurar la circulación de la mercancía ilícita.

El clan regula el mercado de la producción de cocaína y gestiona laboratorios en zonas costeras, fronterizas y corredores estratégicos en el Pacífico (Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó), el Urabá antioqueño, el sur de Bolívar, el Caribe (Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira), la región del Catatumbo (Norte de Santander), los Llanos Orientales (Meta, Caquetá y Vichada) (Villamizar, 2024). Se estima que, tras los Acuerdos de Paz, aumentaron su capacidad armada en un 30 % mediante la incorporación de redes tercerizadas (Indepaz, 2020), es decir, “la subcontratación hace parte entonces del aparato de gobernanza armada y criminal del Clan del Golfo” (Observatorio de Política Criminal, 2025, p. 19), en un “trabajo conjunto en función de la regulación de la cadena de producción y comercialización de la cocaína”.

El Clan del Golfo mantiene disputas con las disidencias de las FARC, el ELN, Los Caparros y Los Pachencas en Chocó, sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño y la cuenca del Pacífico, por el control del territorio y las rutas de la droga (Indepaz, 2020). Articula sus redes con bandas menores y armadas en el golfo de Morrosquillo, la Mojana bolivarense y serranía del Perijá que controlan rutas fluviales (Indepaz, 2020), especialmente el río Magdalena y sus afluentes. Se estima que el clan moviliza y controla el 60 % de la droga de entre todos los grupos ilegales del país (Infobae, 2022b; Policía Nacional de Colombia, 2021). Hasta 2021 se le incautaron 10 061 bienes avaluados en 10,5 billones de pesos, y 26 600 millones de pesos en efectivo (Ibid.).

Reconocida como la banda criminal más peligrosa y rica del país, hay evidencia de que el Clan del Golfo colabora con cárteles mexicanos como el CDS (Indepaz, 2020) para “la siembra de cultivos ilícitos y contrarrestar la aparición de otras organizaciones que afectan el negocio de la droga en ambos países” (García Perilla y Rodríguez, 2018, p. 138). Emisarios mexicanos pagan cuotas por embarques de cocaína hacia Bélgica y Centroamérica; incluso, ofrecen un ‘impuesto’ para que el Clan del Golfo traslade la droga hacia el exterior (Indepaz, 2020). Las autoridades han identificado a empresas marítimas que, por intermedio de sus embarcaciones, sacan la droga desde Buenaventura, Urabá, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena (Ibid.).

2. Grupos pos-FARC

Según Indepaz (2020), dos grupos armados surgieron tras la desmovilización de las FARC con el Acuerdo de Paz: las disidencias, conformadas por quienes no aceptaron el Acuerdo y optaron por mantenerse en armas mediante la conformación de otros grupos (Segunda Marquetalia, Frente 1 y 7); y los residuales, que desertaron o incumplieron el Acuerdo y decidieron conformar células dispersas y frentes no organizados dedicados a ofrecer seguridad ilegal, protección de cultivos, trabajo en laboratorios, rutas de drogas y justicia privada.

Estos grupos armados organizados residuales (GAOR) son tercerizados por estructuras como el Clan del Golfo y el ELN en Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia y Córdoba, en especial, en la región del Catatumbo —región montañosa y cocalera que produce el 17,3 % de la hoja de coca (Policía Nacional de Colombia, 2025) —, donde también operan el EPL7, el Frente 33 de las FARC, Los Pelusos y Los Rastrojos (Indepaz, 2020). En el Catatumbo, la relación del CDS con estos grupos se fortaleció desde 2015 y ha permitido, entre otros elementos, reconfigurar el poder del EPL y el ELN (La Silla Vacía, 2019). Mientras el CDS es el principal comprador de coca en la región —por intermedio del ELN—, el EPL mantiene vínculos con el CJNG. Desde el Catatumbo, la droga sale por el Caribe (Cesar, Magdalena y La Guajira) y por Venezuela, mediante el río Catatumbo, que desemboca en el lago de Maracaibo.

Las alianzas entre grupos pos-FARC y el CDS ha intensificado la violencia y las violaciones de derechos humanos en el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Bajo Cauca y Magdalena. En estas dos últimas regiones, el CDS y el Clan del Golfo consolidaron estructuras narcoparamilitares tras la desmovilización de las FARC (Fundación Paz y Reconciliación, 2020). La Defensoría del Pueblo (2024) ha emitido varias alertas de los homicidios y violaciones de derechos humanos que vienen cometiendo los grupos armados ilegales contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en el país, que en el caso de Nariño han sido 114 homicidios entre 2016 y 2023, cifra superada por Cauca con 271 homicidios, otro de los departamentos del Pacífico colombiano.

4. Presencia del CDS en Colombia

Desde antes del Acuerdo de Paz, emisarios del CDS mantenían alianzas con las FARC en Urabá, Buenaventura, Medellín y Tumaco, en la que “los mexicanos eran observadores activos, que mediaban en líos entre combos colombianos, pagaban por cargamentos y realizaban logística” (Fundación Paz y Reconciliación, 2018). En 2018, durante el juicio de Joaquín Guzmán, alias ‘El Chapo’, Carlos Ramírez, alias ‘Chupeta’, como testigo del gobierno estadounidense, reveló que siempre existió una alianza entre el CDS y el cartel del Norte del Valle (Cano, 2018). Además, en ese mismo año la Policía Nacional frustró una reunión en Cali entre miembros de la Oficina de Envigado, el CDS y Carlos Rosero, alias ‘Caliche’, que tenía por objetivo consolidar una alianza criminal para derrotar a alías ‘Guacho’, comandante del Frente Oliver Sinisterra que mantenía relaciones con el CJNG (Fundación Paz y Reconciliación, 2018).

El CDS también opera en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta en donde subcontrata a grupos locales criminales para que abran los contenedores, los contaminen con la droga y les coloquen los sellos de seguridad del puerto para que la droga no pueda ser detectada (El Heraldo, 2018). Cano (2023) afirmó que esta relación se consolidó en la última década debido a la influencia de Los Chapitos y de Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’, con una de las familias más prestigiosas de Barranquilla, que cuenta con propiedades bancarias, una red de farmacias e influencia política local y nacional. Para la Defensoría del Pueblo (2023, p. 16), en Barranquilla se realizan trabajos por encargo, “acuerdos económicos, políticos, logísticos, narcotráfico, el lavado de activos y las rutas de narcotráfico” entre el CDS y grupos pos-AUC como Los Pachencas, Los Costeños y Clan del Golfo; criminalidad organizada y estructuras de las pos-FARC (Defensoría del Pueblo, 2018).

Por otro lado, de una filtración masiva de documentos de inteligencia y correos electrónicos de la Fiscalía General, la opinión pública conoció el caso de alias ‘El Abuelo’, personaje mexicano que lideraba una red de extorsionistas y sicarios de Cartagena asociados al CDS y el CNJG. Según la información, ‘El Abuelo’ dirigía la logística de los sicariatos desde oficinas ubicadas en dos barrios populares y vulnerables de Cartagena: La María y Pasacaballos (Reyes, 2023). Tal panorama lo que sugiere es la ‘mexicanización’ de los grupos ilegales y criminales en Colombia, en la que los cárteles mexicanos demuestran una capacidad sostenida de alianzas, ejercer control territorial, transformar la criminalidad y fortalecer sus redes transnacionales.

5. Territorios estratégicos y disputados en el Pacífico
   1. Estado de Guerrero en México

La presencia del CDS en el estado de Guerrero fue limitada entre 2010 y 2020, pero mantuvo redes y alianzas con grupos que sí dominan el territorio, como Los Rusos o los Beltrán Leyva (véase tabla 1). El estado se caracteriza por su amplia producción de amapola y marihuana (Fernández, 2018) y por ser “el epicentro del crimen organizado en México, con más grupos luchando por el control del territorio que en cualquier otra región del país” (International Crisis Group, 2020, Resumen ejecutivo). Acapulco y Zihuatanejo son dos puertos estratégicos usados por el narcotráfico: el primero se ubica en la principal ciudad turística y comercial del estado y el segundo, en una zona costera, turística y pesquera, cerca de otro estado estratégico: Michoacán.

Tabla 1

Organizaciones criminales en el estado de Guerrero

Organización	Territorios controlados, alianzas y disputas
Familia Michoacana	Se encuentra presente en 35 municipios de Guerrero y en los estados vecinos de Michoacán, estado de México y Morelos. Alianzas con la Nueva Familia Michoacana y el CDS; además de disputas con Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y Tequileros. Alianzas con células locales para el control de rutas.
Caballeros Templarios	Surgieron como una escisión de La Familia Michoacana. Presencia en zonas limítrofes con Michoacán. Alianzas con el CDS y el cartel del Golfo; además de disputas con el CJNG.
Guerreros Unidos	Escisión del cartel de los Beltrán Leyva. Operan en varios municipios de Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla y Oaxaca. Mantienen conexiones en Nueva York, Chicago y Miami. Aliados de La Familia Michoacana, Beltrán Leyva, carteles de Tijuana y de Juárez, Los Zetas, La Barredora y CJNG. Disputas con Los Espartanos, la Gente Nueva y los Rojos (en la Región del Norte).
Los Rojos y Los Jefes	Escisión del cártel de los Beltrán Leyva. Presente en 18 municipios de Guerrero, Región Norte y parte de la zona Centro. Mantiene disputas con el cartel del Sur, pero alianzas con el cartel del Golfo.
Los Ardillos	Escisión local con vínculos familiares y políticos. Operan en Chilapa de Álvarez, Quechultenango y otros municipios de la zona montañosa de Guerrero. Mantienen una guerra territorial con Los Rojos en zona Centro, Chilapa y Zitlata. Vínculos con actores políticos locales.
Los Espartanos	Mantienen actividades en cinco municipios de Guerrero, incluyendo a Iguala. Disputa con Guerreros Unidos, el apoyo de Los Rojos y el CJNG.
Cartel del Sur	Escisión de Los Rojos. Conflictos con Guerreros Unidos por el control de Iguala y Chilpancingo.
Los Tequileros	Célula armada que surge de la Región Tierra Caliente. Presente en el municipio de San Miguel Totolapan y en Tierra Caliente. Aliados de Guerreros Unidos y disputas con La Familia Michoacana.
Los Viagras	Operan en la Región Costa Grande y tienen menor control territorial que otros grupos. Alianza con Cárteles Unidos y el CJNG.
Los Cuernudos	Brazo armado de los Caballeros Templarios. Se encuentran en la Región Aguascalientes, Costa Grande y 7 comunidades locales.
Los Capuchinos	Grupo local con presencia en la Costa Chica y Acapulco. Mantienen disputas con el Cartel Independiente de Acapulco (CIDA).
CNJG	Presencia creciente en Guerrero. Presente en Costa Grande, Acapulco y parte de la Costa Chica y algunos municipios como Petatlán, Técpan de Galeana, Coyuca de Benítez y zonas rurales Conflictos con La Familia Michoacana, Los Rojos y Guerreros Unidos. Alianza con Guardia Guerrerense y Los Granados.
CIDA	Escisión local del cártel de los Beltrán Leyva. Opera en las colonias de Acapulco y zonas indígenas con alta violencia urbana.
Los Granados	Grupo armado con presencia en la Región Tierra Caliente. Enfrentamientos con la Familia Michoacana.
Autodefensas armadas irregulares	Surgen como respuesta a la violencia, los secuestros y extorsiones, especialmente en zonas indígenas y rurales. Han sido coaptadas por el CJNG, Guerreros Unidos, Los Ardillos, Los Tlacos.
Los Marín	Su zona de operación es Cuajinicuilapa, en Costa Chica. Dedicados al secuestro y tráfico de droga.
Los Añorve	Dinastía política con origen en Costa Chica y Montaña que ha sido vinculada en reportajes y en la opinión pública con el crimen organizado.
Los Rusos	Surgieron como brazo armado del cartel de los Beltrán Leyva. Operan en Acapulco Operan como células emergentes con vínculos con el CJNG.
Los Tlacos	Surgieron en la Región Centro y Norte de Guerrero, con presencia en los municipios de Mochitlán, Zumapango del Río, Tixtla y otros. Comenzaron siendo una célula del cartel de los Beltrán Leyva. Su presencia creciente desde 2020.
La Barredora	Escisión de Los Ardillos y Los Rusos. Operan principalmente en Acapulco. Confrontaciones con el grupo Comando del Diablo que opera en Acapulco. Vínculos con el CDS y más recientemente con el CJNG.
Comando del Diablo	Considerados sicarios de élite. Brazo armado de Los Ardillos. Rival de La Barredora en Acapulco, y operan en la Región Montaña.
Los Pelones	Célula armada disidente de Los Ardillos. Presencia en la Costa Grande. Disputas con Los Tlacos y CJNG.
Los Sierra	Organización independiente con actividad en zonas rurales. Operan en la Región Costa Grande en el municipio Coyuca de Benítez.
Los Mesa	Autodefensas locales con vínculos familiares y políticos. Surgen en la Región Tierra Caliente. Enemistad con Los Ardillos, el CJNG y Los Tlacos.

Fuente: elaboración propia (2025) con base en Fernández (2018), Animal Político (2014), Santiago e Illades (2020) y Mayen (2024).

El escenario criminal en Guerrero es complejo, fragmentado, con disputas entre distintos niveles de actores criminales, alianzas y grupos de autodefensa comunitaria vinculados con estructuras armadas ilegales. Se considera que hay al menos cuarenta grupos luchando y articulándose entre sí por un diverso portafolio criminal (International Crisis Group, 2020). Antes de 2006 “había menos de doce organizaciones criminales que controlaban la mayor parte del dinero y las armas; a medida que la ‘guerra contra las drogas’ se expandió desde el 2006, estos se han dividido en una infinidad de grupos más pequeños e inclusive más violentos” (Ibid.).

Hasta 2005 el CDS operaba en Guerrero sin mayor conflicto: cooperaba con los hermanos Beltrán Leyva, quienes mantenían un fuerte control en Iguala, Acapulco y la Sierra de Guerrero —y la organización de los Díaz Parada—, enfocados en los cultivos ilícitos de la zona serrana y el tránsito de cocaína de Colombia por Acapulco (Animal Político, 2014). En 2008, la captura de Alfredo Beltrán, alias ‘El Mochomo’, supuso un rompimiento de relaciones: los Beltrán Leyva acusaron al CDS de haberlos traicionado (InSight Crime, 2025). Desde entonces, los Beltrán se aliaron con Los Zetas —brazo armado del cartel del Golfo—, Los Rojos y Guerreros Unidos para expulsar al CDS de Guerrero.

Además, La Familia Michoacana incursionó en 2007 en la región Costa Grande y Tierra Caliente, se expandió hacia el norte y centro, y coexistió con células del CDS en Guerrero (Animal Político, 2014). Esto volvió el escenario más complejo y tuvo por consecuencia una guerra criminal en el estado que se destaca por: el surgimiento de autodefensas y células locales, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y el abatimiento de líderes de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. Esto fortaleció el rol del CJNG en dicho estado (Lantia Intelligence, 2020). EL CDS mantuvo hasta 2009 nodos logísticos en Costa Grande y la sierra (con intermediarios, en ocasiones), colaboró con Carteles Unidos en Michoacán y con células independientes en Guerrero para asegurar la distribución de la droga hacia el norte.

Iguala

Guerreros Unidos, bajo el mando de Víctor Benítez, alias ‘El Tilo’, estuvo implicado, junto con autoridades de los tres niveles de gobierno, en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en septiembre de 2014 (Gobierno de México, 2023). Según el informe oficial, mandos municipales, federales y estatales mantenían vínculos con Guerreros Unidos: sea como integrantes, por dejar pasar la droga en los vehículos usados para distribuirla o por recibir dinero de soborno (Ibid.).

Se considera que una de las posibles causas de la desaparición fue: “Confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de ‘Los Rojos’ entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala” (Ibid., p. 31). Otra posible causa fue la presencia de drogas y armas en uno de los autobuses en los que se transportaban los jóvenes:

[…] ¿Cuál fue el error de nuestros hijos? El de haber tomado, pues, un camión equivocado, ahí en Iguala. Ese camión llevaba 10 millones de dólares, cocaína, armas alemanas. En ese entonces Peña Nieto tenía los medios y anunciaban en las televisoras que nuestros hijos eran parte de ‘Los Rojos’ […] que eran un grupo criminal de ‘Los Rojos’ […] hay un vínculo de la delincuencia de Guerreros Unidos con el ejército. Están recibiendo un porcentaje de dinero para permitir el trasiego de droga de Iguala a Chicago y toda esa información está en los 800 folios. (entrevista a padre de familia, 26 de agosto de 2024, México)

2. Departamento de Nariño en Colombia

El conflicto por el negocio del narcotráfico en Nariño tiene origen en varios factores: ubicación geoestratégica en el suroccidente del país, su frontera ‘porosa’ con el norte de Ecuador (GI-TOC, 2020), que sirve también como ruta para el tráfico de migrantes ilegales (Fiscalía General de la Nación, 2023), y su alta producción de hoja de coca (UNODC, 2019). “La conexión fluvial entre el rio Patía (Nariño) y los afluentes de los ríos Mira o Mataje en Ecuador facilita el transporte de cargamentos ilícitos a puntos de tránsito en ese país, por su paso en zonas de producción de clorhidrato de cocaína” (Policía Nacional de Colombia, 2025, p. 24–25).

Allí confluyen disidencias y grupos residuales de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN, carteles de México, el Frente ‘Estiven González’ —que han amenazado a las poblaciones locales y reclutan campesinos mediante pagos (Indepaz, 2020)— el Frente ‘Oliver Sinisterra’ (FOS), creado por alias ‘Guacho’ luego de su separación del Acuerdo de Paz. Este frente operaba entre Tumaco y San Lorenzo, hasta que ‘Guacho’ fue abatido en 2018, tras perpetrar acciones violentas, incluido el secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos en la zona fronteriza. Se estima que en el 42 % de los municipios de Nariño hay presencia de algún grupo criminal, donde “la zona costera y la frontera con Ecuador son particularmente vulnerables a la actividad criminal” (Observatorio de Política Criminal, 2025, p. 101).

Según Indepaz (2020) los principales municipios afectados de Nariño por el narcotráfico son Barbacoas, Cumbitara, El Charco, Rosario, Leiva, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán y Tumaco ya que desde aquí es “posible acceder a rutas que conducen al sur del departamento de Nariño, municipios de la costa pacífica, además conectan con Putumayo, Cauca, Huila y Ecuador” (p. 48). Otros grupos con presencia en el departamento son el Frente 29 de las FARC, desertores del Clan del Golfo, Guerrillas Unidas del Pacífico o GUP (que se transformó en Gente del Orden) y el Movimiento Revolucionario Campesino. Las GUP disputan con el FOS el control de Tumaco, que, a su vez, mantiene conexiones con el CDS (La Silla Vacía, 2019; Indepaz, 2020).

La interacción con el FOS y las GUP es transaccional. Más que financiar y fortalecer los grupos, los carteles mexicanos dan armas como pago por la seguridad y los cargamentos de droga. Asimismo, tratan de asegurar la calidad de la cocaína por medio del envío de agrónomos y químicos que vigilen el proceso de transformación. (Garzón y Cajiao, 2019, página web)

Tumaco

Tumaco, junto a sus veredas rurales, es uno de los municipios del Pacífico colombiano en el que confluye el narcotráfico, las disidencias pos-FARC, el ELN, bandas locales, cárteles mexicanos y grupos armados: en total, más de quince grupos delictivos (Rojas, 2018). En 2018, a través de operativos policiales, fueron detenidas varias personas de nacionalidad mexicana a quienes los grupos locales intentaban controlar el negocio (Rojas, 2018). De hecho, es el principal municipio productor de hoja de coca de todo el país, con un 16,71 % de la producción a 2018 (UNODC, 2019). El fragmento de la siguiente entrevista muestra un poco la red que se ha tejido en Tumaco y sus zonas rurales entre grupos locales y mexicanos.

[…] las FARC se van del territorio, y eso les daría entrada libre a los grupos paramilitares […] A raíz de eso, en esa época, comienzan a surgir nuevos grupos. Estaba el grupo de ‘Don Y’, que en ese momento estaba enfrentado con el grupo de ‘Guacho’ […] por otro lado, estaban los Contadores, formados por personas que pertenecieron a las FARC […] Llegan los carteles mexicanos al territorio; de hecho, hace como tres años y medio que mataron a un mexicano y un estadounidense ahí en Alto Mira y Frontera, por sus problemáticas internas, ahí entre actores armados. Venían a probar la mercancía que se iban a llevar […] desaparece ‘Guacho’ y queda el ‘Gringo’, Alveiro y varias personas al mando de ese grupo. Y ellos eran quienes tenían el control territorial de la zona de Llorente. Por otro lado, estaban los Contadores y Marihuanos, quienes controlaban el Arizabaleta, acá arriba, todo lo que corresponde a Ricaurte, hasta que el Frente 30 comienza a desplegarse desde Cauca hacia Nariño […] y llegaron a Alto Mira y Frontera; hacen alianzas entre la Urías Rendón y la Oliver Sinisterra. (entrevista a defensora de derechos humanos, 5 de febrero 2024, Colombia)

Llorente y Alto Mira son dos de los corregimientos que sirven de corredores para la exportación de droga desde el Pacífico en una alianza entre Los Contadores y CDS (Indepaz, 2020). En la última década, los carteles mexicanos con presencia en Tumaco se han destacado por comprobar la calidad de los embarques de la droga, la compra de propiedades rurales para utilizarlas como bodegas y puntos de embarque y financiación de grupos armados nacionales (Garzón y Cajiao, 2019). El conflicto entre el FOS y la GUP ha generado células con amplio control territorial y vínculos con comunidades campesinas y cocaleras, conexiones necesarias para articularse con las redes transnacionales.

Tumaco es hoy uno de los epicentros del transporte de drogas a destinos internacionales junto a zonas rurales de Buenaventura, Cauca y Valle del Cauca (Fiscalía General de la Nación, 2023), con el uso recurrente de semisumergibles, barcos de carga y lanchas rápidas para el envío de la cocaína hacia México, construidos con fibra de vidrio, con “blindaje de plomo en la parte superior de la nave y las tuberías que enfrían los gases de escape generados por los motores [para] evadir los sensores infrarrojos de las autoridades” (Manjarrés, 2020). Estos dispositivos, operados por tripulación local con supervisión de grupos armados y del CDS, fueron interceptados por autoridades colombianas y la DEA en cincuenta ocasiones, entre 2019 y 2020 (Infobae, 2020).

De igual modo, el narcotráfico ha dejado vastas consecuencias en materia de derechos humanos. Tumaco registra masacres, desplazamientos y secuestros, en especial, desde la firma del Acuerdo de Paz, que reconfiguró a los actores armados ilegales, principalmente. La Defensoría del Pueblo (2020) ha advertido en varias ocasiones de los riesgos que atraviesa la población en este escenario de enfrentamientos armados y la persistencia de economías ilegales. Fue el caso de la masacre de campesinos cocaleros en 2017, la primera tras la firma del Acuerdo de Paz, en la que no se sabe aún quiénes son los responsables. Tumaco cuenta con un cementerio colapsado con cuerpos sin identificar (Hacemos Memoria, 2019), evidencia del impacto prolongado del conflicto armado.

6. Conclusiones

Este artículo abordó la expansión y las redes transnacionales del cartel de Sinaloa, tomando por caso sus vínculos con Colombia entre 2010 y 2020. Para no caer en determinismos propios del enfoque de las redes transnacionales, se procuró completar el análisis de los vínculos y disputas que mantiene el CDS con otros actores criminales en México y Colombia y la perspectiva territorial en la que lo local ocupa un rol destacado en los casos de Iguala y Tumaco.

Se evidenció la mutación operativa del CDS en Colombia: de una estructura que en la década de 1980 apoyaba el traslado de la droga de los carteles de Medellín y Cali hacia Estados Unidos, utilizando el territorio mexicano como ‘corredor’, hacia una organización colectiva que operaba hasta 2010-2020 en casi cincuenta países y que, en el caso de Colombia, controla toda la cadena de producción de la droga mediante redes, alianzas e injerencia in situ en territorio. Incluso, el CDS ejerce actividades financieras, comerciales, bancarias, inmobiliarias en Colombia a través del lavado de activos como parte de su red transnacional.

Las zonas geoestratégicas en las que el CDS se ha expandido y ejerce influencia en Colombia por medio de sus redes transnacionales con actores criminales, paramilitares y guerrilleros locales son el Caribe, la zona del Catatumbo y principalmente el Pacífico en los cuatro departamentos que integran la región: Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Es decir, su expansión coincide con territorios donde hay cultivos de coca y que representan corredores estratégicos para el narcotráfico. El CDS envía cargamentos de droga que salen de los puertos de Tumaco y Buenaventura hacia el Pacífico mexicano, en los puertos de Mazatlán, Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Salinas Cruz, principalmente.

Uno de los hallazgos significativos de esta investigación es que tanto en el estado de Guerrero como en el departamento de Nariño no solo hay injerencia del CDS, sino de otras estructuras del narcotráfico que se disputan cada territorio local. En Colombia destaca el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, mientras que en México el CJNG, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, entre otros, que en ambos casos contratan a células y bandas locales militares para que ejerzan alguna parte de la cadena de producción de la droga. Esto revelaría que se trata de estructuras descentralizadas que delegan funciones puntuales a terceros.

Asimismo, el uso de semisumergibles, el pago con armamento como forma de intercambio, la contratación de agrónomos y químicos mexicanos para supervisar la producción de alcaloides, son elementos que evidencian la sofisticación de estas redes y que la expansión del CDS llega a escenarios inusitados en Colombia. La desmovilización de las FARC tras el Acuerdo de Paz en 2016 abrió un vacío territorial que fue ocupado por actores mixtos (residuales, neoparamilitares y armados), entre ellos el CDS, que intensifican los conflictos en Nariño, zona cocalera del país y fronteriza con Ecuador, por donde transita la droga hacia este país.

En suma, el CDS actúa como eje articulador de una red criminal descentralizada y transnacional. Su capacidad de adaptación, su articulación con grupos armados internacionales y su inserción en economías legales e ilegales lo posicionan como un actor central en la criminalidad. Esta red no solo disputa rutas, sino que también entra a disputar escenarios en donde el Estado ha sido coaptado, como en el caso de Iguala, o históricamente ausente, como en Tumaco. En la actualidad, de 2020 hacia adelante, el mapa criminal tanto en Colombia como en México ha cambiado y esto amerita una investigación mayor.

7. Referencias bibliográficas

   Alvarado, I. (2020, 29 de septiembre). De Sudamérica a seis puertos mexicanos, la ruta marítima que define el mapa del narcotráfico. Univisión Noticias. https://n9.cl/qrkc9v

   Animal Político. (2014, 19 de noviembre). Radiografía de las organizaciones criminales que operan en Guerrero. https://n9.cl/gmon8

   Baldenea, J. (2024, 29 de mayo). El motivo del inicio de la guerra entre el Cártel del Golfo con el de Sinaloa, según exalcalde de San Pedro. Infobae. https://n9.cl/p9j9a

   Barreiro, K. (2024). Crimen organizado, conflictos fronterizos, lavado de activos y ciberespacio: Desafíos actuales en la región. Estado & Comunes, 1(18), 203–208. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n18.2024.343

   Cano, J. (2023, 23 de octubre). Así fue como Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa consolidaron su presencia en Colombia. Infobae. https://n9.cl/upkj5

   Castells, M. (1996). The rise of the network society (Vol. 1). Blackwell Publishers.

   Castells, M. (2000). The information age: Economy, society and culture. Volume III: End of millennium. Blackwell Publishers.

   Cortés-Castillo, D. E., Sierra-Zamora, P. A., y Fonseca-Ortiz, T. L. (2022). Los carteles mexicanos en Colombia y su afectación a la seguridad nacional. En P. A. Sierra-Zamora, T. L. Fonseca-Ortiz, y F. Coronado-Camero (eds.), De los delitos transnacionales, las Fuerzas Armadas y el tratamiento jurídico de la seguridad y defensa nacionales (pp. 19–54). Sello Editorial ESDEG. https://doi.org/10.25062/9786287602120.01

   Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018, agosto). Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico. CNMH. https://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/balances-jep/descargas/balance-paramilitarismo.pdf

   Comisión de la Verdad. (2022, 11 de julio). Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final. https://n9.cl/n9ymp

   Contreras, L. (2025, 28 de septiembre). Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros. Infobae. https://n9.cl/wohvvx

   Defensoría del Pueblo. (2018). Alerta Temprana No. 020-18 A.I. Localización geográfica del riesgo. https://n9.cl/hw0db

   Defensoría del Pueblo. (2020). Alerta Temprana No. 45-2020. https://n9.cl/iyz08

   Defensoría del Pueblo. (2023). Alerta Temprana No. 022-2023. https://n9.cl/ozhjw

   Defensoría del Pueblo. (2024). Los contrastes de la realidad humanitaria. Un país que busca la paz. Defensoría del Pueblo. https://n9.cl/wx2uk3

   El Financiero. (2017, 7 de marzo). El Pacífico, la ruta favorita del narco para llevar drogas a EU. https://n9.cl/9u0v9

   El Heraldo. (2018, 17 de abril). Cártel de Sinaloa tiene ‘outsourcing’ en Barranquilla para envío de coca. https://n9.cl/7uu3g

   Expansión. (2009, 25 de julio). Colombia da golpe al cártel de Sinaloa. https://n9.cl/6v0px

   Emmerich, N. (2015). Geopolítica del narcotráfico en América Latina. IAPEM.

   Fernández, A. (2010). Las pistas del crimen organizado: Finanzas paralelas y orden internacional. Catarata.

   Fernández, J. (2018). La noche de Iguala: Secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero. Cal y Arena.

   Fiscalía General de la Nación. (2021, 10 de abril). Estrategia “Argenta” permitió ocupar bienes por más de 83 mil millones de pesos a una organización narcotraficante que tendría nexos con el ELN, “Los Pelusos” y el cartel mexicano de Sinaloa. Boletín 38630. https://n9.cl/zw2ie

   Fiscalía General de la Nación. (2023). Informe de gestión 2023. En la calle y en los territorios. https://n9.cl/y5am5

   Fregoso, J. (2017, 11 de junio). Tercerización narco: Los grupos sin fama que hacen el trabajo sucio para los grandes cárteles mexicanos. Infobae. https://n9.cl/jd44k0

   Fundación Paz y Reconciliación. (2018, 6 de septiembre). Los cárteles mexicanos que financian el conflicto en el Pacífico. https://n9.cl/5iu3t

   Fundación Paz y Reconciliación. (2020). Radiografía de la ominosa presencia de los cárteles mexicanos. Fundación Paz y Reconciliación. https://bit.ly/3kQUVe7

   Garay Salamanca, L. J., y Salcedo-Albarán, E. (2013). Narcotráfico, corrupción y Estados: Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México. Debate.

   García-Perilla, J., y Rodríguez-Beltrán, C. (2018). “Clan del Golfo”, una amenaza para el acuerdo de paz con las FARC-EP: Un acercamiento desde el fenómeno de la convergencia. Entramado, 14(2), 132–146. https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.4748

   Garzón, J., y Cajiao, A. (2019, 21 de enero). Narcotraficantes mexicanos en Colombia. Razón Pública. https://n9.cl/szaos

   Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). (2023). Índice global de crimen organizado 2023. GI-TOC. https://acortar.link/z7M4zr

   Gobierno de México. (2023). Ayotzinapa. Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada (septiembre 2023). Gobierno de México. https://n9.cl/y0egb

   Guerra, E. (2022). Territorios violentos en México: El caso de Tierra Caliente, Michoacán. UAM; Editorial Terracota.

   Hacemos Memoria. (2019). Organizaciones sociales denunciaron desapariciones forzadas ante la CIDH. https://n9.cl/px1k1

   Indepaz. (2020, octubre). Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia: Actualización 2018-2 y 2019. Indepaz. https://n9.cl/1nlqk

   Infobae. (2022a, 7 de abril). Por qué el Cártel de Sinaloa y el CJNG están llevando ingenieros agrónomos a Colombia. https://n9.cl/w6tn1r

   Infobae. (2022b, 9 de mayo). El Clan del Golfo mueve el 60 % de las drogas que exportan los grupos ilegales desde Colombia. https://n9.cl/5xt61

   Infobae. (2020, 12 de diciembre). Narcosubmarinos de Colombia, el “taxi” preferido de cárteles mexicanos para transportar droga. https://n9.cl/2294o

   Infobae. (2022c, 14 de julio). Bienes del mayor socio del Chapo Guzmán en Colombia fueron ocupados por la Fiscalía. https://n9.cl/91ner

   InSight Crime. (2023, 5 de diciembre). Los Gaitanistas—Clan del Golfo. https://n9.cl/fg0u2

   InSight Crime. (2025, 19 de mayo). El cártel de Sinaloa. https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-mexico/sinaloa-cartel-perfil/

   Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. (2024). La expansión y diversificación de cárteles mexicanos: Nuevos actores y mercados dinámicos. https://n9.cl/q6wxnj

   International Crisis Group. (2020). La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México. https://n9.cl/mw10xq

   Kenney, M. (2007). From Pablo to Osama: Trafficking and terrorist networks, government bureaucracies, and competitive adaptation. The Pennsylvania State University Press. https://doi.org/10.1515/9780271033167

   Lantia Intelligence. (2020). Mapa criminal de México 2019–2020. https://n9.cl/6ktcm

   La Silla Vacía. (2019, 9 de enero). Sin las FARC, el narcotráfico tiene más acento mexicano. https://bit.ly/46F3QY7

   Logan, S. (2013, April). The Sinaloa Federation’s international presence. CTC Sentinel, 6(4). https://bit.ly/46DiaAf

   Manjarrés, J. (2020, 2 de diciembre). Semisumergibles, la opción preferida de traficantes en Colombia. InSight Crime. https://n9.cl/y7snb

   Martínez, A. (2024, 10 de mayo). ¿Cuáles son los puertos marítimos que controla el Cártel de Sinaloa, según la DEA? Infobae. https://bit.ly/432OABV

   Mayen, B. (2024, 11 de mayo). Mapa del narcotráfico en Guerrero: Estos son los grupos criminales que se disputan el estado. Infobae. https://n9.cl/922q27

   Morselli, C. (2009). Inside criminal networks. Springer.

   Morselli, C., Turcotte, M., & Tenti, V. (2010). The mobility of criminal groups (Report No. 004). Public Safety Canada. https://www.publicsafety.gc.ca

   Observatorio de Política Criminal. (2025). Crimen organizado en Colombia: Estudio sobre factores, incidencias y acción estatal. Ministerio de Justicia y del Derecho; Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa; Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.

   Osorno, D. (2012). La guerra de los Zetas: El viaje por la frontera de la necropolítica. Editorial Grijalbo.

   Policía Nacional de Colombia. (2021, 11 de marzo). La lucha para desarticular los tentáculos del narcotráfico del “Clan del Golfo”, que se extienden a 28 países de 4 continentes. https://bit.ly/46ELtm4

   Policía Nacional de Colombia. (2025). Lucha contra el narcotráfico en América Latina: Políticas, instituciones, desafíos de Ameripol para una región más segura. Imprenta Nacional de Colombia; Policía Nacional de Colombia. https://bit.ly/3IXjFQy

   Prieto-Curiel, R., Campedelli, G., & Hope, A. (2023). Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico. Science, 381, 1312–1316. https://doi.org/10.1126/science.adh2888

   Reyes, G. (2023, 10 de noviembre). Se extienden los tentáculos de los cárteles mexicanos en Colombia. 070 Podcast. https://bit.ly/48j81do

   Rojas, J. C. (2018, 11 de noviembre). Los tentáculos de los cárteles mexicanos amenazan Nariño. El Tiempo. https://bit.ly/4nHdAqO

   Santiago, T., e Illades, C. (2020). La guerra irregular en Guerrero, 2007–2017. Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 40(157), 249–278. https://doi.org/10.24901/rehs.v40i157.363

   Simmons, B., Lloyd, P., y Stewart, B. (2018). The global diffusion of law: Transnational crime and the case of human trafficking. International Organization, 72(2), 249–281. https://doi.org/10.1017/S0020818318000036

   Skocpol, T., & Somers, M. (1980). The uses of comparative history in macrosocial inquiry. Comparative Studies in Society and History, 22(2), 174–197. https://doi.org/10.1017/S0010417500009282

   UNODC. (2012). Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una evaluación de las amenazas. UNODC. https://bit.ly/4pVi8Lw

   UNODC. (2019). Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018. UNODC. https://bit.ly/4mVZMHM

   UNODC. (2020). World Drug Report 2020 (Booklet 3: Drug supply). United Nations. https://bit.ly/4q57odR

   UNODC. (2023). Global report on cocaine 2023: Local dynamics, global challenges. UNODC. https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213626788

   U.S. Department of Justice and Drug Enforcement Administration. (2024). Drug Enforcement Administration National Drug Threat Assessment 2024. https://bit.ly/4nDjHwf

   U.S. Department of State. (2025a, 20 de febrero). Designación de cárteles internacionales. https://bit.ly/4nEnauD

   U.S. Department of State. (2025b). 2025 International Narcotics Control Strategy Report. Volume 1: Drug and Chemical Control. https://bit.ly/4obCgaS

   Vela, D. (2017, 7 de marzo). El Pacífico, la ruta favorita del narco para llevar drogas a EU. El Financiero. https://bit.ly/3Wp5nLL

   Villamizar, C. (2024). El Clan del Golfo: Violencia y Paz Total. Derecho y Realidad, 22(44), 133–156. https://doi.org/10.19053/uptc.16923936.v22.n44.2024.18859

   Zavaleta, N., & López, D. (2023, 24 de noviembre). Cártel de Sinaloa, un “outsourcing” mundial. La Opinión de México. https://bit.ly/42stigU

---

1. 1 Este artículo contiene insumos de uno de los capítulos de mi tesis de investigación para la obtención del Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, titulada Acciones colectivas transnacionales en contextos del narcotráfico. Casos comparados entre Colombia y México 2010-2020. El trabajo no se encuentra publicado por el momento.

2. 2 Este cártel también es conocido como el “cártel del Pacífico” (UNODC, 2012).

3. 3 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

4. 4 Ejército de Liberación Nacional.

5. 5 Esta colaboración se ha deteriorado debido a la sobreoferta de droga en Estados Unidos y conflictos entre cárteles por el territorio (Baldenea, 2024).

6. 6 Miembros de las FARC que no se acogieron al proceso de paz o que reincidieron después del Acuerdo de Paz.

7. 7 Ejército Popular de Liberación.