Estados Unidos y la instrumentalización de la asistencia antinarcóticos en América Latina:
de la Guerra Fría a la competencia con China

The United States and the Instrumentalization of Counter-Narcotics Assistance in Latin America: from the Cold War to Competition with China

Tamara Lajtman

Investigadora posdoctoral de la Universidad de Santiago de Chile tamara.lajtman@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-0356-9473 Chile

Christian Arias Barona

Becario doctoral en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ch.arias@uba.ar https://orcid.org/0000-0001-8553-4244 Argentina

Aníbal García Fernández

Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México gafa1989@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-4778-3324 México

Recibido: 30-mayo-2025

Aceptado: 13-agosto-2025

Publicado: 15-enero-2026

Cómo citar este artículo:

Lajtman, T., Arias Barona, C., & García Fernández, A. (2026). Estados Unidos y la instrumentalización de la asistencia antinarcóticos en América Latina: de la Guerra Fría a la competencia con China. Estado & Comunes, 1(22), 19-46. https://doi.org/10.37228/estado_comunes419

Estado & comunes

Revista de políticas y problemas públicos.

N.° 22, vol. 1, enero-junio 2026, pp. 19-46

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

Quito-Ecuador.

ISSN impreso: 1390-8081 - ISSN electrónico: 2477-9245

https://doi.org/10.37228/estado_comunes.419

Resumen

Este artículo examina la asistencia antinarcóticos de Estados Unidos a América Latina como dispositivo de intervención geopolítica, militarización y acumulación de capital, a partir de tres ejes: 1) la caracterización de la asistencia como mecanismo del imperialismo y la dependencia; 2) su arquitectura institucional y financiera; y 3) el discurso de la ‘guerra contra las drogas’ en el contexto de la competencia entre Estados Unidos y China, en particular frente a la emergencia del fentanilo como amenaza para la seguridad global. Los hallazgos se sustentan en la base oficial ForeignAssistance.gov —que centraliza información sobre la asistencia exterior de Estados Unidos—, documentos gubernamentales, literatura especializada y fuentes periodísticas. Más allá del enfoque prohibicionista, la ‘guerra contra las drogas’ ha funcionado como instrumento geopolítico para reforzar el control de Estados Unidos en la región, mediante modelos de seguridad militarizados.

Palabras clave: Comando Norte, Comando Sur, Departamento de Estado, fentanilo, guerra contra las drogas, Iniciativa Mérida, Oficina de Antinarcóticos, Plan Colombia

Abstract

This article examines U.S. counternarcotics assistance to Latin America as a device for geopolitical intervention, militarization, and capital accumulation along three axes: 1) characterizing such assistance as a mechanism of imperialism and dependency; 2) its institutional and financial architecture; and 3) the discourse of the “war on drugs” within the context of U.S.–China competition, particularly in light of the emergence of fentanyl as a threat to global security. The findings draw on the official ForeignAssistance.gov database—which centralizes information on U.S. foreign assistance—together with government documents, scholarly literature, and journalistic sources. Beyond prohibitionism, the “war on drugs” has functioned as a geopolitical instrument to consolidate U.S. control in the region by promoting militarized security models.

Keywords: U.S. Northern Command, U.S. Southern Command, U.S. Department of State, fentanyl, war on drugs, Iniciativa Mérida, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Plan Colombia.

1. Introducción1

La ‘guerra contra las drogas’ (GCD), declarada oficialmente por Richard Nixon en 1971, ha sido uno de los pilares de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe (ALC) durante las últimas cinco décadas. Lejos de limitarse al combate del tráfico de sustancias ilícitas, es un dispositivo geopolítico de intervención, militarización y control regional, bajo un enfoque securitizado con impactos significativos sobre la soberanía de los países ‘socios’, con escasos resultados que han sido cuestionados por sectores del gobierno estadounidense, la academia y los centros de pensamiento (Western Hemisphere Drug Policy Commission, 2020; Walsh, 2022; Loveman, 2010; Isacson, 2017).

Durante la década de 1980, con el gobierno de Ronald Reagan, la narrativa del narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional se consolidó y sirvió de fundamento legal y político para un mayor intervencionismo de Estados Unidos sobre la región. La ley federal Anti-Drug Abuse Act de 1988 y la Estrategia Andina de 1989 permitieron que el Departamento de Defensa, entrenara y equipara a las fuerzas armadas de distintos países para la erradicación de cultivos ‘ilícitos’ y la interdicción aérea y marítima. Estas actividades se profundizaron en la década de 1990 e inicios del siglo XXI con la creación del Plan Colombia y la consolidación de un modelo de asistencia securitizada replicado en México, Centroamérica y el Caribe. Pero, el 11 de septiembre (11-S) de 2001 fue un punto de inflexión en la política internacional, pues la agenda de la GCD se articuló y potenció con la ‘guerra global contra el terrorismo’, lo que otorgó a Estados Unidos un margen de acción mucho más amplio en la región.

Durante la presidencia de Donald Trump, entre 2017 y 2021, la GCD permaneció como un eje de la política de seguridad hacia ALC. Tanto que, en medio de la emergencia sanitaria por la covid-19 y pocos días después de anunciar un “Marco para la transición democrática de Venezuela” (para forzar la salida del presidente Nicolás Maduro de Venezuela), Trump informó un megaoperativo antinarcóticos en el Caribe y el Océano Pacífico con el argumento de que los cárteles de la droga se estarían aprovechando de la crisis por covid-19 para aumentar el tráfico de drogas a territorio estadounidense (U.S. Southern Command, 2020).

Con la administración de Joe Biden, entre 2021-2024, pese al discurso de priorizar la salud pública y la reducción de daños, persistió la lógica prohibicionista de las drogas (Walsh, 2022). Entonces, la Iniciativa Mérida –enfocada en la militarización– fue sustituida por el Acuerdo Bicentenario con México (con enfoque en justicia, salud y cooperación) y se reafirmó el estatus de Colombia como Aliado Principal no perteneciente a la OTAN o Major Non-NATO Ally (The White House, 2022). Pese al discurso renovador, las estrategias continuaron privilegiando métodos tradicionales como la interdicción y las detenciones selectivas de personas, mientras en Colombia se destinaron fondos para mantener los operativos de erradicación forzada de cultivos ‘ilícitos’. Durante su segunda administración (2025 en adelante) Trump ha intensificado la narrativa securitaria del narcotráfico y el terrorismo, con un componente adicional: su asociación con la migración irregular (Lajtman, García y Romano, 2024).

Este artículo aporta una lectura crítica de la asistencia antinarcóticos de Estados Unidos a ALC entendida como un dispositivo del imperialismo para la intervención geopolítica, la militarización y la dependencia. La arquitectura institucional y financiera de estos programas ofrece insumos para examinar los flujos de asistencia y su distribución geográfica y evaluar el discurso de la GCD, particularmente con la incorporación del fentanilo como amenaza para la seguridad global, en el marco de la competencia entre Estados Unidos y China.

El artículo está estructurado así: tras la metodología que sigue, consta, en primer lugar, un apartado teórico y una breve revisión de la literatura desde el campo de la economía política internacional. El segundo apartado caracteriza la asistencia antinarcóticos como dispositivo del imperialismo, la dependencia y militarización; el tercero contiene una revisión de la arquitectura financiera e institucional de la asistencia antinarcóticos con agencias proveedoras, montos y países receptores, y el cuarto, examina la renovación de la agenda de la GCD y destaca al fentanilo como herramienta geopolítica en el marco de la competencia de Estados Unidos con China. Finalmente, las conclusiones.

1. Consideraciones metodológicas

Este artículo emplea metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) con enfoque en la economía política internacional crítica. El diseño de la investigación se apoya en la triangulación de fuentes para garantizar la robustez y validez de los hallazgos, a partir de tres variables que siguen en el gráfico 1:

Gráfico 1

Variables de investigación

Fuente: elaboración propia (2025).

A nivel cualitativo se seleccionaron y analizaron informes oficiales, literatura académica y fuentes periodísticas. Los documentos oficiales provienen de agencias clave de Estados Unidos vinculadas con la política exterior y la seguridad, como el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el Congreso, cuya centralidad institucional garantiza la autoridad y confiabilidad de la información. La selección de las tres primeras agencias se basó en su vinculación directa con la asistencia antinarcóticos, la política exterior y la securitización del tráfico de drogas. Se seleccionaron e incluyeron resoluciones, estrategias regionales, leyes, memorandos de la Casa Blanca, informes presupuestarios, reportes al Congreso y comunicados relacionados con el objetivo de investigación.

Respecto a las fuentes periodísticas, se priorizaron los medios con trayectoria en la cobertura de la política internacional como The Washington Post, The New York Times, Reuters y La Jornada, que aportan información contextual, testimonios y filtraciones relevantes para el objeto de estudio. El criterio de inclusión se basó en su cobertura específica de hechos vinculados a programas de asistencia, cooperación antidrogas y declaraciones oficiales.

El enfoque cuantitativo partió de la recolección y sistematización de datos sobre asistencia exterior y montos desembolsados (disbursements) que constan en la plataforma oficial del gobierno de Estados Unidos, ForeignAssistance.gov, considerada por la literatura especializada y analistas del Congressional Research Service como la fuente más completa y detallada al respecto (Morgenstern y Brown, 2022). Los autores de este artículo han utilizado dicha base para realizar abordajes sobre la asistencia militar y de seguridad de Estados Unidos, por lo que cuentan con conocimiento al respecto (Lajtman, García y Romano, 2024; Lajtman y García, 2022).

Para esta investigación se utilizó la información de ForeignAssistance.gov mediante la extracción y depuración de datos clasificados como ‘asistencia antinarcóticos’. Se aplicaron filtros sobre el financiamiento entregado por tres agencias: la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Oficina de Antinarcóticos del Departamento de Defensa y la Administración para el Control de Drogas (DEA) 2. Además, se consideraron los dólares constantes (sin inflación), lo que permite tener series históricas del volumen de la asistencia con mayor rigor.

Los datos fueron desagregados por agencia emisora, país receptor, programa (como International Narcotics Control and Law Enforcement –Incle–) y monto asignado. Se aplicaron filtros por región (ALC) y subregión (México y Centroamérica, Andina, Gran Caribe) y por destinatario (Estados u organismos). En el caso de los montos desembolsados por la DEA, se tuvo en cuenta información institucional que consta en Drug Enforcement Administration Data.

Para el tratamiento de los datos de ForeignAssistance.gov se empleó una estrategia descriptiva y comparativa que permitió identificar patrones, continuidades y cambios según administración presidencial, país receptor y destinatario. Entre las limitaciones de la base de datos constan posibles inconsistencias interanuales, subregistro de operaciones encubiertas o asistencia canalizada por vías no declaradas y cambios en la codificación de los programas en los años de estudio. Por eso, los datos obtenidos fueron contrastados con relatos institucionales y hechos empíricos. En síntesis, se hizo vigilancia epistemológica de las fuentes, como lo propuso Bourdieu (2008), para controlar el proceso de producción del conocimiento científico de toda influencia deformante o con sesgos.

2. Consideraciones teóricas

Desde la crítica a la economía política se considera que la asistencia en seguridad es una dimensión de la política exterior de Estados Unidos concebida para maximizar el poder, sostener el patrón de acumulación –articulado a la estructura militar– y consolidar su hegemonía, y no tanto como un mecanismo neutral de cooperación (Foster et al., 2008; Chomsky y Herman, 1981; Melman, 1972; Gill, 2004; Sweezy y Magdoff, 1972). Desde este enfoque, la asistencia no es un mecanismo de ayuda, sino una pieza clave en la consolidación de relaciones centro-periferia y profundización de la dependencia (Cox, 1996; Dos Santos, 2003).

Aunque las razones públicas para otorgar asistencia han variado con el tiempo y las situaciones, la razón de ser y la manera en que funciona permanecen intactas. Durante la Guerra Fría fue usada como una herramienta de contención para evitar la expansión de la influencia soviética a los países latinoamericanos (Magdoff, 1969), mientras que en la posguerra Fría fue justificada para combatir a los actores no estatales —terrorismo, narcotráfico, redes transnacionales ilícitas—. Actualmente, cobra fuerza la idea de que, sin la ayuda estadounidense, los países latinoamericanos se acercarían a China y Rusia.

Según Sweezy (1973), el propósito de la política exterior bajo las condiciones del ‘capitalismo monopolista avanzado’ consiste en proporcionar una respuesta al mantenimiento de un amplio y creciente sector militar. En este marco, el complejo militar-industrial estadounidense3 funciona como un instrumento regulador del ciclo de acumulación de capital. Su vínculo con las políticas gubernamentales ha incentivado la militarización, opera como mecanismo de ganancia para los monopolios y es una herramienta de hegemonía económica y política a escala global (Melman, 1972; Morales, 2019). La asistencia en seguridad —incluida la de antinarcóticos— debe estudiarse como un engranaje de esa dinámica.

Las teorías del imperialismo en el campo de la economía política han tomado fuerza para explicar la expansión y dominación de las potencias capitalistas más allá de sus fronteras nacionales (Amin, 2010; Foster, 2015; Ghosh, 2021; Smith, 2024), así como su comportamiento (Merino et al., 2024). El imperialismo es la subordinación económica, política, tecnológica y militar que garantiza la reproducción del capital y la hegemonía de la potencia dominante sobre otro Estado. Se trata según Magdoff (1969) de exportar capital, mercados y rutas mediante mecanismos de dominación, entre ellos, la financiarización.

La preocupación por los impactos del imperialismo en las periferias ha alentado la actualización de las teorías de la dependencia en un contexto de globalización y militarización (Arias, 2022b; Katz, 2018; Osorio y Reyes, 2020). Estas lecturas contemporáneas brindan un lugar destacado a las periferias como espacios de intensificación de la extracción de valor y de recursos naturales (Borón, 2014; Rodríguez, 2017; Smith, 2024).

Al respecto, Borón (2014) señaló que ALC ocupa un lugar destacado en la política exterior de Estados Unidos desde la Doctrina Monroe en 1823, debido a su proximidad territorial y presencia de recursos naturales y materias primas estratégicas. Además, la región posee un valor geopolítico y una arquitectura hemisférica multidimensional que, sin ser omnímoda, asegura una influencia significativa para Washington. En este sentido, la fragmentación y reconfiguración multipolar en bloques globales ha hecho que Estados Unidos busque primero asegurar a su ‘vecindario’ y luego proyectarse hacia regiones más lejanas (Rodríguez, 2017).

Hay, al menos, tres elementos esenciales para entender por qué la región sigue siendo estratégica para Estados Unidos: la oferta energética de petróleo y gas, la presencia de minerales críticos y la ubicación de la región en rutas marítimas importantes, como el océano Atlántico, mar Caribe y el canal de Panamá. Debido al alto consumo energético, Estados Unidos rompió con la dependencia de petróleo importado y aumentó su producción interna mediante el shale oil y el fracking, pese a que mantuvo las importaciones desde Venezuela (Blackwill y O’Sullivan, 2014) y Canadá. Por otro lado, las tecnologías de la información, la electromovilidad y la industria militar requieren de minerales críticos como litio, cobre, cobalto y tungsteno, disponibles en el triángulo Argentina-Bolivia-Chile, como lo declaró el U.S. Southern Command (2025). La confrontación de Estados Unidos con China se intensifica por el acceso a estas materias primas.

China afianza sus relaciones con ALC en materia comercial, infraestructura y extracción de minerales (Viola y Mora, 2025), lo que reconfigura el mapa geopolítico y cuestiona la hegemonía de Estados Unidos en la región (Merino et al., 2024; Merino, 2025). No obstante, la prelación en materia comercial es insuficiente para afirmar que hay un cambio de hegemonía, más aún cuando Estados Unidos sigue liderando el sistema interamericano de seguridad hemisférica, incrementa la actividad e involucramiento del área de responsabilidad del U.S. Southern Command sobre ALC y sigue siendo un proveedor privilegiado de armamentos y doctrina militar en la región (Tokatlian, 2024).

En este marco, la asistencia antinarcóticos, lejos de orientarse al combate del narcotráfico, ha sido instrumentalizada como una herramienta de control geopolítico y dependencia estructural. Si bien hay otras interpretaciones que enfatizan en el fortalecimiento institucional, el carácter cooperativo y las respuestas que brinda Estados Unidos a problemas transnacionales, en este artículo interesa abordar la GCD y la arquitectura institucional y financiera de la asistencia antinarcóticos a fin de evaluar si los resultados se corresponden con dinámicas de intervención geopolítica, militarización y acumulación de capital.

1. Contribuciones desde la economía política internacional

Los estudios pioneros en el ámbito de la economía política internacional crítica caracterizaron la asistencia extranjera —en especial la militar y en seguridad— como dispositivos del imperialismo estadounidense, instrumentos de intervención que buscan una serie de objetivos, entre ellos, lo que constan en el gráfico 2:

Gráfico 2

Objetivos de los instrumentos de intervención del imperialismo

Fuente: elaboración propia (2025) con base en Magdoff (1969).

Autores como Chomsky y Herman (1981), Melman (1972), Sweezy (1973) y Sweezy y Magdoff (1972) revelaron que los recursos militares son transferidos al complejo militar-industrial, el cual, a su vez, estandariza doctrinas y prácticas sobre GCD, lucha antiterrorista y otros, a las fuerzas armadas en la región. Baines (1972) y Maniruzzaman (1992) revelaron que la transferencia de armas y la asistencia militar favorecieron las tendencias autoritarias y el rol político de los militares. Por su parte, Gill (2004) indicó que la violencia política y el adoctrinamiento promovidos por instituciones como la Escuela de las Américas consolidaron la dependencia militar y doctrinaria de la región hacia Estados Unidos.

Diversos estudios han evidenciado los impactos contraproducentes de la asistencia antinarcóticos. Loveman (2010) la caracteriza como una estrategia ‘adicta al fracaso’ cuyos resultados magros en la reducción del narcotráfico solo han sido eficaces para justificar la expansión militar de Estados Unidos en la región y concretar una agenda de liberalización económica. Paley (2018), por su parte, apunta a que la intervención militarizada en la GCD ha incrementado la violencia hacia la sociedad civil, ha despojado a las comunidades locales de sus territorios para introducir nuevos procesos de acumulación y ha fomentado la inversión extranjera directa bajo un ‘capitalismo antidrogas’.

La literatura identifica al Plan Colombia y a la Iniciativa Mérida como modelos de intervención estadounidense mediante tres visiones: quienes sostienen que se trató de una intervención pactada (García Pinzón, 2015; Tickner, 2007; Tokatlian, 2010; Vega, 2015); quienes enfatizan el carácter militarizado de la política exterior de Estados Unidos (Pizarro y Gaitán, 2010; Rojas, 2015); y quienes plantean que, aun con la medicación de élites colaboradoras, predomina una subordinación derivada de la asimetría de poder impuesta por la potencia imperialista (Arias, 2022; Delgado y Romano, 2011).

3. Caracterización de la asistencia antinarcóticos como mecanismo del imperialismo y la dependencia

La asistencia para el desarrollo se consolidó como un instrumento del poder y componente de las relaciones centro-periferia, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos emergió como potencia central en el sistema internacional. Desde sus orígenes, con el Punto IV de Truman de 1949 y la Alianza para el Progreso de 1961, esta asistencia proporcionó ayuda y préstamos económicos, asesoramiento para la organización de la estructura estatal e insumos para la definición de políticas públicas en torno a las nociones de democracia y desarrollo liberal planteadas por Estados Unidos (Romano, 2018; Tellería y Gonzáles, 2015; Jonas, 1979).

En este mismo contexto, se consolidó la asistencia en seguridad con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947 —primer tratado de defensa colectiva del hemisferio occidental— y la promoción de acuerdos bilaterales de seguridad desde 1951, orientados a la estandarización de las fuerzas armadas de la región como marco de contención ‘duro’. Frente a la creciente influencia tecnológica y operativa de Estados Unidos sobre los ejércitos latinoamericanos, se construyó una institucionalidad ramificada de asistencia militar —y posteriormente en seguridad— con agencias de gobierno, entre las que destacaron la Oficina de Asistencia Militar del Departamento de Defensa y la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado en la década de 1940, así como la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (actual INL), creada en 1978.

A partir de la década de 1970, los ejes de esta asistencia se enmarcaron en la GCD, articulada con las estrategias de contrainsurgencia. El peso de esta experiencia significó el incremento del 82 % del presupuesto estadounidense destinado a este rubro entre 1988 y 1992 (Rodríguez, 2017). No obstante, sus efectos trascendieron el ámbito militar: alcanzaron esferas gubernamentales, del tercer sector y la sociedad civil, lo que incluye la participación de inversionistas empresariales de Estados Unidos en el exterior (Morray, 1970). La imposición de esta asistencia ha funcionado de la misma manera que las condicionalidades económicas del Fondo Monetario Internacional. Es decir, Estados Unidos establece un régimen de dependencia a cambio de que países ‘socios’ subordinen sus políticas públicas, de seguridad y defensa conforme a los intereses estratégicos y económicos de Washington (Tellería y González, 2015; Romano, 2012).

Tras el 11-S, la asistencia antinarcóticos fue reforzada con la creación, en 2002, en Estados Unidos, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que buscó proteger al país mediante la coordinación interinstitucional de amenazas internas y externas, entre ellas del tráfico de drogas. Así, el DHS sustentó institucionalmente la narrativa del ‘narcoterrorismo’ de la década de 1980 durante el mandato de Reagan, esto es, vincular la GCD con la lucha contra el terrorismo (U.S. Department of State, 2003).

El Plan Colombia —gestado en 1999— es un ejemplo paradigmático del vínculo entre asistencia extranjera y militarización de la seguridad en la región. Aunque se presentó como una estrategia integral para combatir el narcotráfico y fortalecer el Estado, en la práctica se enfocó en dotar a las Fuerzas Armadas de Colombia de medios y tácticas para enfrentar a las guerrillas, clasificándolas como ‘organizaciones narcoterroristas’. Esto permitió que los fondos antinarcóticos también fueran usados en operaciones de contrainsurgencia (Pizarro y Gaitán, 2010). La Iniciativa Regional Andina (ARI), impulsada por la administración de George W. Bush en 2002, fue una ‘expansión’ del Plan Colombia hacia los países vecinos de Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil (Delgado y Romano, 2011; García Pinzón, 2015).

Tras dos décadas de implementación del Plan Colombia, los magros resultados respecto de la GCD se deben a tres factores: los condicionamientos de la asistencia extranjera, la mercantilización de la guerra y el desvío de recursos antinarcóticos hacia la lucha contra las guerrillas (Arias, 2022). El país ganó prestigio y posicionamiento geopolítico, tanto que en 2017 fue reconocido como socio global de la OTAN. Las Fuerzas Armadas de Colombia han calificado para proveer adiestramiento y medios a otras fuerzas de seguridad de la región, en un modelo de tercerización (outsourcing) de la asistencia (Arias, 2022).

Otro caso paradigmático es la Iniciativa Mérida, acuerdo bilateral —sin aprobación legislativa en México— que replicó el modelo del Plan Colombia y canalizó más de 1600 millones de dólares en asistencia antinarcóticos hasta 2017 (Seelke y Finklea, 2017). Esta iniciativa formó parte del armazón político-económico-militar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Comando Norte (Saxe-Fernández, 2015) al combinar seguridad con economía. Una derivación de la Iniciativa Mérida fue la Central America Regional Security Initiative (Carsi) aplicada a países de Centroamérica y vigente desde 20084.

La asistencia proporcionada por Estados Unidos legitima diversas formas de acumulación del capital. Por ejemplo, Mark Feierstein hizo una revelación de política exterior cuando, en 2011, siendo administrador auxiliar de la Oficina para ALC de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), reconoció que la asistencia para el desarrollo no respondía a motivos altruistas, sino a intereses estratégicos. Se trata de una inversión que genera un beneficio económico: “cuando ayudamos a la estabilización y crecimiento de otras economías vinculadas a la nuestra, ayudamos a generar mercados para nuestros productos” (Feierstein, 2011, p. 16). De modo que, los recursos se otorgan para expandir la posición del gobierno y el sector privado de Estados Unidos. Aunque el tráfico de drogas como negocio capitalista transnacional es, en su segmento de circulación, rentable por su especificidad criminal.5 La GCD encubre procesos de apropiación en otros circuitos económicos.

1. Provisión de armamentos

La militarización refuerza la dependencia armamentista y promueve la estandarización de valores, prácticas y procedimientos operativos. Los ‘socios’ de Estados Unidos adquieren armamentos a las empresas que pertenecen al complejo militar-industrial, armamento que está sujeto a suministro de repuestos, licencias, soporte técnico, restricciones tecnológicas y condiciones que limitan su uso. Es decir, se trata de una estrategia deliberada de venta para mantener su influencia sobre los ‘socios’ militares. Esto explica por qué más de la mitad de los sistemas de armas adquiridos por Sudamérica tras el fin de la Guerra Fría son de origen estadounidense, francés e israelí (Stockholm International Peace Research Institute, 2024).

La provisión armamentista y asistencia antinarcóticos generan un circuito financiero cerrado que beneficia los ciclos de acumulación de capital, directa e indirectamente, de Estados Unidos. Los mecanismos directos funcionan mediante fondos y programas de asistencia en seguridad, como el financiamiento militar-extranjero, donde el gobierno estadounidense canaliza recursos a sus socios mediante las empresas que conforman el complejo militar-industrial, siguiendo el procedimiento que sigue a continuación:

Gráfico 3

Procedimiento directo para la entrega de fondos y programas en asistencia

Fuente: elaboración propia (2025).

De manera indirecta, aunque el diseño del Incle prioriza la contratación con empresas de Estados Unidos, los recursos favorecen a las empresas proveedoras locales de cada socio que funcionan como eslabones del aparato de seguridad. Estas empresas transnacionales militares son Northrop Grumman Corp. y DynCorp Aerospace Technologies —así como sus subsidiarias—, que consolidan un circuito de acumulación indirecta mediante productos y servicios para la defensa y la seguridad en cada país.

2. Financiarización

La GCD no es solo una política de seguridad, sino también un nuevo patrón de reproducción del capital (Osorio, 2014) en el que la ganancia financiera alcanza ventajas extraordinarias respecto de la producción de mercancías. En la mayoría de los modelos económicos latinoamericanos, las reformas estructurales de la década de 1990, que propiciaron el predominio de las exportaciones de materias primas, la inversión extranjera en sectores minero-energéticos y el extractivismo, y la expansión de servicios privados y financieros, llevaron al incremento de la informalidad laboral, favorecieron la concentración de los ingresos y estrecharon la desigualdad con la pobreza.

Finalizada la Guerra Fría y sin una lucha anticomunista de por medio, Estados Unidos redefinió su posicionamiento estratégico en ALC mediante la promoción del libre comercio y la lucha contra el narcotráfico (Loveman, 2010). Así, durante la gestación del Plan Colombia, el gobierno de Bill Clinton sostuvo que la GCD constituía una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, siendo este el marco para canalizar ayuda militar y, al tiempo, avanzar en una agenda comercial y de atracción de inversiones (Arias, 2022).

Esta agenda se tradujo en un Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2012 entre ambos países, que, una década después, presentó señales de profundización de la dependencia, teniendo por logro de la potencia estadounidense que la balanza comercial pasara a ser deficitaria para Colombia, luego de que fuera superavitaria (Cedetrabajo, 2022). Además, pese al fracaso del Área de Libre Comercio de las Américas durante la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005, la agenda comercial de Estados Unidos se mantuvo activa con la firma de tratados comerciales no solo con Colombia, sino, además con Chile, Perú, Panamá, República Dominicana y México.

Como señaló Chomsky en un discurso de 2012 (citado por Paley, 2012, 8.vo párrafo): “decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender algo […] uno tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta evidencia de que no funciona lo que dicen que están intentando lograr”. Las intenciones radican en la construcción de un sistema de dominación que instrumentaliza la GCD a favor de Estados Unidos. La asistencia antinarcóticos es un pilar de este sistema; es un canal de transferencia de recursos públicos hacia el complejo militar-industrial que, respaldado por el capital privado, sostiene las relaciones de producción militarizadas.

4. Arquitectura financiera e institucional de la asistencia antinarcóticos

Desde 2001 hasta 2024, la asistencia militar y en seguridad de Estados Unidos hacia ALC fue de 26 026,6 millones de dólares (constantes de 2023) de los cuales 21 076,8 dólares, equivalente al 80,9 %, estuvo orientada a la asistencia antinarcóticos. El 19,2 % restante se ha destinado a programas tradicionales del Departamento de Defensa, como el International Military Education and Training (IMET), Foreign Military Financing (FMF) y otras cuentas de cooperación militar y, en menor medida, programas del Homeland Security. Entonces, la GCD es el eje central de la asistencia militar y en seguridad, pero hay que hacer precisiones sobre los montos suministrados por cada administración ejecutiva.

Entre 2001 y 2008, con George W. Bush en la presidencia, los niveles de asistencia fueron altos y sumaron 7,6 mil millones de dólares. No obstante, con las dos administraciones de Barack Obama, entre 2009 y 2016, se obtuvieron los picos más altos de este compromiso financiero durante los más de veinte años de estudio, con un desembolso de 8,7 mil millones de dólares. Incluso, 2015 fue el año con mayor desembolso histórico anual, con 1,6 mil millones, cifra que superó los 1,5 mil millones alcanzado por Bush en 2003, pos11-S.

Entre 2017 y 2021, con Donald Trump, hubo un descenso moderado de la asistencia que mantuvo su proporción dominante dentro del total, mientras que, con Joe Biden entre 2021 y 2024, hubo una caída, probablemente por la atención que merecieron las guerras ruso-ucraniana e Israel-Hamás. Según el Kiel Institute for the World Economy (2025), a junio de 2025, Estados Unidos asignó a Ucrania 64,6 mil millones de euros en asistencia militar, mientras que Israel recibió 22,6 mil millones de dólares entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 (Bilmes et al., 2024).

Cabe señalar que, por experiencia en trabajos previos (Lajtman, García y Romano, 2024), los datos de años más recientes en ForeignAssistance.gov suelen estar incompletos al momento de realizar la consulta, por lo que es probable que la información correspondiente a 2024 hubiese sido cargada de manera posterior. Los resultados del histórico anual constan en el gráfico 4.

Gráfico 4

Asistencia antinarcóticos y asistencia militar y de seguridad de
Estados Unidos en ALC, 2001-2024

Fuente: elaboración propia con base en Foreign Assistance (2025).

La región Andina (conformada por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador) fue la principal receptora de la asistencia antinarcóticos, con un total acumulado de 13 107,2 millones de dólares por encima de las regiones de México y Centroamérica y el Gran Caribe. Colombia destaca como el principal receptor individual, no solo de la región, sino también de ALC, con cerca de 9801,7 millones de dólares en asistencia, con un empuje inicial proveniente del Plan Colombia entre 2002 y 2003. Los otros países receptores de la región Andina fueron Perú (1876,6 millones), Bolivia (882,6 millones) y Ecuador (546,2 millones).

A la región de México y Centroamérica se asignaron 6,5 mil millones de dólares, de los cuales México recibió 3747,8 millones. Esto lo convierte en el segundo país de mayor recepción de asistencia en ALC por detrás de Colombia, pero el primero de su región. Los picos de asistencia en 2011 y 2012 para México y Centroamérica están asociados con el incremento de la violencia criminal (Gobierno de México, 2025), mientras que, en 2015, con la consolidación de la Iniciativa Mérida y la Carsi.

Gráfico 5

Asistencia antinarcóticos de Estados Unidos en ALC, según regiones, 2001-2024

Fuente: elaboración propia con base en Foreign Assistance (2025).

Por su parte, la región del Gran Caribe (que incluye a México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela, Antillas y Bahamas)6, objeto del despliegue del expansionismo estadounidense, tuvo un total de 17,5 mil millones de dólares, lo que refleja el peso de otros programas de asistencia como la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), además de la importancia geoestratégica e histórica de la región, que alberga nueve de los catorce TLC que Estados Unidos mantiene a nivel global (García Fernández, 2024).

1. Agencias proveedoras de asistencia antinarcóticos

La arquitectura institucional que sostiene los flujos de la asistencia antinarcóticos merece especial atención, ya que mantienen su continuidad operativa más allá de los cambios de presidente y partido en la Casa Blanca. Los programas están anclados a agencias del Estado. Los porcentajes de asistencia otorgada por cada una durante el período de estudio fueron los siguiente:

• INL: destinó 15 876 millones de dólares para ALC, equivalente al 75,33 %.
• Oficina de Antinarcóticos: brindó 5177 millones de dólares, que equivale al 24,57 %.
• DEA: destinó 22,6 millones de dólares, es decir, 0,11 % del total.

Gráfico 6

Arquitectura institucional mínima de la asistencia antinarcóticos

Fuente: elaboración propia (2025).

El gráfico anterior muestra la estructura institucional que sostiene la asistencia antinarcóticos. En la cúspide constan la Casa Blanca —representante del Ejecutivo que define las estrategias— y el Congreso —del Legislativo, que asigna presupuesto—. Los fondos son canalizados por tres agencias: el Departamento de Estado, por intermedio de la INL, que los distribuye a las Narcotics Affairs Section (NAS) de cada embajada de Estados Unidos en los países socios; el Departamento de Defensa, por medio de la Oficina de Antinarcóticos, que coordina el Comando Sur/Norte y con las Fuerzas Armadas de cada país; por último, el Departamento de Justicia, que, por intermedio de la DEA, despliega oficinas país y regionales encargadas de operaciones directas de interdicción e inteligencia.

La INL

La antecesora de la INL fue la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes, creada en 1978 para coordinar la lucha contra las drogas, con atención en ALC, considerada la principal ofertante de cocaína, marihuana y opioides hacia Estados Unidos. En la década de 1990, la oficina incorporó esfuerzos de estabilización diplomática, comercial y de seguridad en los Balcanes y Asia Central, la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional. Este cambio de enfoque llevó a su reestructuración en 1995, cuando fue renombrada como INL. Los países de ALC con mayor financiamiento antinarcóticos por la INL entre 2001 y 2024 han sido Colombia (6989 millones), México (2903 millones) y Perú (1639 millones).

A nivel operativo, la INL funciona mediante la NAS, presente en las embajadas de Estados Unidos en los países socios, como plataforma de coordinación y ejecución de los recursos de asistencia. Brinda apoyo técnico y logístico a las fuerzas militares en la interrupción y reducción de mercados de drogas ilícitas y crimen transnacional, con programas de erradicación e interdicción. Asimismo, administra el programa Air Wing, con una flota de más de 80 aeronaves destinadas a operaciones antinarcóticos, antiterroristas, seguridad fronteriza y transporte diplomático. Además, desarrolla actividades de prevención y tratamiento de las adicciones, combate el ciberdelito y el tráfico de vida silvestre, programas de recompensas, acciones de anticorrupción, lucha contra el lavado de dinero y fortalecimiento de la justicia penal mediante cooperación interinstitucional y diplomacia de alto nivel (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, s. f.).

La INL del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Defensa, ofrece capacitación, entrenamiento y equipos destinados a fortalecer las instituciones de seguridad y aplicación de la ley en la región, especialmente en Colombia y México. De acuerdo con U.S. Department of State & Department of Defense (2018, II-3, traducción propia), “en países como México, donde el narcoterrorismo continúa siendo una amenaza, dicha asistencia se brinda a una gama más amplia de policías y militares, incluidas las unidades y el personal antidrogas”.

Hasta 2014 gran parte de los fondos de la INL se concentraron en la Iniciativa Andina contra las Drogas (ACI), programa que funcionó como una continuación del Plan Colombia en Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá. Pero desde 2013, hubo un desplazamiento geográfico de los intereses de Incle hacia Centroamérica, lo que significó una menor concentración del programa en la región Andina. En este marco, la Iniciativa Mérida también se amplió a Centroamérica y, a partir de 2015, la INL reforzó la cooperación con el Caribe mediante los programas de la Carsi y CBSI. Este ajuste de la política antinarcóticos ocurrió durante la administración de Obama, especialmente durante su segundo mandato.

El año con mayor financiamiento de la INL fue 2015 con 1427 millones de dólares. Este financiamiento se debió, entre otras razones, al incremento del 146 % en los fondos destinados a Colombia que pasaron de 220 millones de dólares en 2014 a 541 millones en 2015;7 al aumento del 122 % en los fondos para México, de 119 millones a 264 millones de dólares; y al alza de 5423 % en los recursos dirigidos a Perú, de 4,4 a 243 millones en el mismo período. Luego, inició la asistencia del Incle para la Carsi y la CBSI, con asignaciones de 135 millones y 39 millones de dólares, respectivamente. Además, la INL distribuyó 439 millones de dólares a través de la ACI.

Hasta 2020 prácticamente toda la asistencia de la INL se canalizaba mediante el Departamento de Estado. A partir de 2021, con Biden, pasó a ser gestionada por otras agencias (departamentos de Justicia, Defensa, Energía, Ejército, Homeland Security, Interior, Agricultura, Usaid, U.S. Institute for Peace) y 42 instituciones del tercer sector (organizaciones internacionales y empresas). Del tercer sector, las que canalizan los montos más abultados son: PAE Government Services, Inc. (63 millones), AAR Corp. (27 millones), The Cherokee Nation (22 millones), OEA (19 millones) y United Nations Office on Drugs and Crime (10 millones) (Foreign Assistance, 2025).

Oficina de Antinarcóticos

Esta oficina, actualmente denominada Oficina del Subsecretario Adjunto de Defensa para la Lucha contra el Narcotráfico y las Amenazas Globales, es responsable de desarrollar la política de GCD y del crimen organizado transnacional del Departamento de Defensa. Sus misiones también abarcan el combate de los flujos financieros ilícitos y el tráfico ilícito de personas, vida silvestre, recursos naturales y armas. Estas tareas se llevan a cabo mediante el Programa Internacional contra las Drogas del Departamento de Defensa, cuya implementación en territorio está a cargo de los Comandos Sur y Norte. En ALC estas funciones recaen en el Comando Sur, mientras que el Comando Norte se encarga de supervisar las operaciones en México y Bahamas. Los países que recibieron de esta oficina los montos más altos en asistencia son Colombia (2806 millones), México (842 millones) y Ecuador (319 millones) (Foreign Assistance, 2025).

DEA

Dependiente del Departamento de Justicia, la DEA fue establecida en 1973 como la organización federal encargada de combatir el tráfico y consumo de drogas a nivel doméstico e internacional. Los principales socios de sus recursos en ALC son Colombia (6,0 millones), Perú (2,9 millones) y México (2,2 millones).8 Su presencia se materializó con oficinas regionales ubicadas en Bogotá, Ciudad de México, Lima y San Juan, además de oficinas nacionales en las embajadas de Argentina, Ecuador, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Trinidad, Paraguay y Uruguay. La DEA (s. f.) lidera cursos de capacitación, seminarios de investigación, ejecuta operaciones extranjeras y entrenamientos dirigidos a las fuerzas armadas de varios países de la región.

La DEA (s. f.) creó el programa Special Investigation Unit (SIU) en la década de 1990 para desmantelar y desarticular organizaciones del narcotráfico mediante la formación de unidades especiales en las fuerzas policiales extranjeras. El curso básico es impartido por la DEA en Quantico (Virginia), tiene una duración de cinco semanas y prepara a agentes de las fuerzas de seguridad para la participación en investigaciones complejas. El entrenamiento incluye técnicas de vigilancia, infiltración, identificación de drogas, manejo de laboratorios clandestinos, redadas, entrevistas e interrogatorios, manejo de pruebas judiciales, tácticas defensivas y primeros auxilios. Al finalizar el curso, los graduados tienen la oportunidad de integrarse a los equipos SIU en diversas regiones del mundo (U.S. Department of Justice Office of the Inspector General, 2007).

Tabla 1

Datos sobre el programa SIU en ALC

Países con SIU	Número de unidades	Número de miembros	Año de inicio
Bolivia	3	138	1997
Brasil	2	34	1998
Colombia	7	203	1997
República Dominicana	1	40	2001
Ecuador	2	59	1999
Guatemala	1	12	2005
México	2	184	1997
Perú	1	89	1997
Total	19	759

Fuente: elaboración propia (2025) con base en U.S. Department of Justice Office of the Inspector General (2007).

El curso avanzado del SIU complementa la instrucción básica al proporcionar formación adicional en operaciones encubiertas, planificación operativa avanzada, tácticas de entrada, administración de fuentes confidenciales y combate al lavado de dinero. Desde su creación, este programa ha capacitado a policías de Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Colombia ha sido uno de los principales receptores de entrenamientos de SIU mediante el Curso de Analista Avanzado de Wire Room y el Entrenamiento Táctico y de Respuesta a Emergencias (DEA, s. f.).

En 2022, el gobierno de López Obrador en México disolvió una unidad del SIU que trabajaba con la DEA desde 1997. Este grupo, conformado por más de 50 oficiales de élite —que participaron en la detención de Joaquín Guzmán, alias ‘El Chapo’— fue disuelto debido a que su comandante fue sentenciado por un tribunal de Brooklyn por haber aceptado un soborno del cartel ‘Seguimiento 39’ para el envío de drogas a Estados Unidos (García Fernández, 2025). En México, la DEA realizó 10 cursos de entrenamiento SIU por un monto de 701 543 dólares, entre 2019 y 2023 (Ibid.).

Otra iniciativa destacada de la DEA en la región ha sido las unidades FATS (Foreign-deployed Advisory and Support Teams) que, aunque fueron concebidas para suministrar protección armada y apoyo operativo a agentes de la DEA en Afganistán, el escuadrón fue desplegado en Honduras, República Dominicana, Haití, Guatemala y Belice para ejecutar misiones secretas (La Jornada, 2011). Sin embargo, su participación no ha estado exenta de controversias, como ocurrió en 2012 en Honduras, cuando agentes del equipo estuvieron involucrados en la muerte de civiles (Savage, 2017).

5. Renovación de la GCD en la competencia con China

En el contexto de la creciente disputa entre Estados Unidos y China, el fentanilo —opioide sintético altamente letal para la salud pública que causa muertes por sobredosis— fue situado en el centro de la agenda de seguridad nacional de los gobiernos de Trump y Biden quienes acusaron a China de ser la precursora de su trazabilidad (Gilroy, 2020) y no hacer lo suficiente para controlar su industria química que lo produce. Entonces, el discurso político y público consiste en que China es también responsable de la crisis de salud pública en Estados Unidos, lo que profundiza la rivalidad estratégica entre ambos países.

Algunas voces dentro del aparato de seguridad de la administración de Trump, propusieron que el fentanilo sea clasificado como un ‘arma de destrucción masiva’ (Caves, 2019) ya que cantidades mínimas (2 miligramos) pueden ser mortales. Por su parte, el gobierno de Biden estableció varios mecanismos de cooperación para abordar el problema, entre ellos el Comité Trilateral sobre el Fentanilo con México y Canadá (U.S. Department of State, 2023a), el Diálogo Estratégico sobre el Financiamiento Ilícito (U.S. Department of State, 2023b) y la Coalición Global para abordar las amenazas de las drogas sintéticas presentada durante la 78.ª Asamblea General de la ONU en 2023 (U.S. Department of State, 2024).

Vale precisar que el fentanilo es un fármaco legal y aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, utilizado bajo supervisión médica en el manejo de dolores severos y crónicos después de una cirugía, cien veces más potente que la morfina (DEA, 2024). Factores asociados a la oferta y demanda convierten estratégicamente este opioide en uso ilegal y recreativo: sus efectos en el sistema nervioso son más potentes que la heroína, su producción no depende de cultivos, facilidades para el contrabando, precios bajos, entre otros.

El fentanilo ilícito es fabricado en laboratorios clandestinos, sin controles de pureza, y mezclado con otras drogas para aumentar su potencia y la dependencia del usuario (DEA, 2024). También hay un mercado de pastillas que parecen ser “medicamentos recetados como la oxicodona o las benzodiacepinas, pero que en realidad contienen fentanilo” (National Institute on Drug Abuse, 2024, 5.to párrafo). Es esto lo que aumenta las sobredosis mortales.

De acuerdo con National Institute on Drug Abuse (2024b), las muertes por sobredosis de fentanilo ilícito en Estados Unidos en 2022 fueron de 73 838 personas y en 2023 de 72 776 (frente a 29 449 muertes en 2023 por sobredosis de cocaína). La DEA reconoció que desde 2021 la potencia de las dosis de fentanilo ha disminuido y, por ende, que las muertes por sobredosis han disminuido un 14,5 % entre 2023 y 2024, según información de los Centers for Disease Control and Prevention (2025).

Documentos del Departamento de Estado reconocen los esfuerzos regulatorios de Estados Unidos por reducir la exportación de precursores químicos de fentanilo mediante el Grupo de Trabajo contra los Narcóticos Estados Unidos-República Popular China (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2025). Por su parte, el gobierno chino sostuvo que ubicar el origen del fentanilo en su país omite los esfuerzos que han realizado desde 2019 para tener un mayor control de esta droga. Uno de estos radica en la centralización de la producción y exportación del fentanilo y sus derivados para fines médicos y de exportación legal con control y supervisión de la empresa Yichang Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd., y en un sistema de seguimiento digital (The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2025).

En el contexto del congelamiento y los recortes presupuestarios para la financiación de programas de asistencia antinarcóticos a inicios de 2025 en la segunda administración de Trump, hay críticas y temor de que Estados Unidos deje de ‘apoyar’ la GCD como problema transnacional compartido. Lo que ocurre, por un lado, es una serie de recortes y suspensiones a los programas antinarcóticos, lo que incluye los casi 1450 millones de dólares destinados al INL (Rand, 2025) que afectan los esfuerzos en la GCD mientras los grupos delictivos aprovechan esta fragilidad (Schmidt et al., 2025).

Pese a los recortes y suspensiones, la lucha contra el fentanilo recibió exenciones presupuestarias; la administración de Trump ha “otorgado exenciones por 7,8 millones de dólares en fondos del INL para programas en México destinados a combatir la producción y el tráfico de fentanilo y desmantelar organizaciones criminales terroristas” (Schmidt et al., 2025, página web). Además, según Landay y Lewis (2025), de una lista de 243 excepciones presupuestarias aprobadas hasta el 13 de febrero de 2025, la mayoría de recursos —más de 4100 millones de dólares— fueron liberados a programas que administra la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado, que supervisa la venta de armas y asistencia militar a otros países. Es decir, la política antinarcóticos con Trump estaría siendo centralizada.

La priorización de la lucha contra el fentanilo también se reflejó en el informe sobre la solicitud de presupuesto discrecional para el año fiscal 2026, enviada por la Casa Blanca al Congreso el 2 de mayo de 2025. Allí se indica que los recursos de la DEA van para el combate del fentanilo, lo que incluye “redirigir el gasto de la DEA en el extranjero a regiones con organizaciones criminales que trafican cantidades significativas de drogas letales a Estados Unidos: México, Centroamérica, Sudamérica y China” (The White House, 2025, página web).

6. Conclusiones

La estructura institucional y financiera de la asistencia en seguridad diseñada por Estados Unidos, en particular la de antinarcóticos, y el poder de sus instituciones militares, no han tenido aciertos perdurables en el tiempo; por el contrario, existe inestabilidad. La actividad intervencionista de su política exterior en ALC, tanto a través de la asistencia para el desarrollo como de sus formas militarizadas, ha agudizado los problemas que prometió solucionar. Ha dejado una estela de perjuicios sociales que van desde violaciones a los derechos humanos por agentes extranjeros y locales hasta la diseminación de doctrinas. Colombia y México son ejemplos paradigmáticos: en ambos casos, los períodos de mayor asistencia coincidieron con picos notables de violencia —entre 2003 y 2008 en Colombia, y entre 2011y 2012 en México—, lo que evidencia que la asistencia, lejos de mitigar la violencia estructural, contribuyó a intensificarla.

La asistencia en seguridad es un mecanismo de acumulación del capital por dos vías: por un lado, crea mecanismos de transferencia de excedentes a las empresas del complejo militar-industrial tanto para la provisión de medios militares como para mantenimiento y adiestramiento, y, por el otro, impulsa procesos de apertura comercial y financiera. Esto ha incrementado la dependencia de algunos países de ALC en la asociación militar y económica con Estados Unidos.

El análisis de los flujos de asistencia antinarcóticos proporcionada por Estados Unidos a ALC entre 2001 y 2024 evidencia la centralidad de la GCD en la política regional de la Casa Blanca y su enfoque militarizado. De acuerdo con los datos recopilados de Foreign Assistance (2025), de los 26 026,6 millones de dólares transferidos en asistencia militar y de seguridad a ALC en ese período, el 80,9 % estuvo dirigido a programas antinarcóticos. Este porcentaje sugiere que, tras el diagnóstico de determinados sectores del gobierno estadounidense, centros de pensamiento y academia de que la GCD es fallida, los datos muestran que la estrategia antidrogas de Estados Unidos hacia la región permanece securitizada y militarizada.

La arquitectura institucional y de relaciones analizada es clave en un escenario de disputa con otras potencias, en una región que permanece bajo la hegemonía de Estados Unidos. Aunque la influencia de China se ha consolidado a nivel comercial y de inversión en infraestructura, Washington conserva su predominancia política y una fuerte asociación militar, de modo que, en la transición hegemónica, los requerimientos de ALC en materia de seguridad siguen siendo problemáticos, más allá de las prioridades que Estados Unidos asigne a la seguridad internacional en otras regiones del mundo.

La renovación de la GCD en el contexto de la disputa con China sugiere la instrumentalización de las estrategias antinarcóticos para fines geopolíticos. La lucha contra el fentanilo, lejos de ser una respuesta a una crisis de salud pública, se convierte en una pieza de la doctrina de seguridad de Estados Unidos y reproduce las lógicas imperiales y del capital bajo una nueva configuración de las amenazas. La continuidad de la GCD, ahora renovada y adaptada al escenario global, refuerza un patrón histórico: el uso de la asistencia antinarcóticos para preservar la hegemonía estadounidense en ALC, una región relevante para sus intereses estratégicos ante la pérdida de hegemonía global.

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1. 1 Este artículo contiene resultados de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile, bajo el programa Fondecyt de Postdoctorado n.º 3240088, “Estados Unidos ante la incidencia de China y Rusia en los asuntos de seguridad de América Latina y el Caribe (2010-2023)”, de 2024, cuya investigadora responsable es Tamara Lajtman.

2. 2 Aunque la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha desempeñado un rol complementario en este tema, particularmente mediante programas de desarrollo alternativo, sus datos no fueron considerados debido a las limitaciones en la disponibilidad y la consistencia de la información (Government Accountability Office, 2017).

3. 3 Alianza entre el Departamento de Defensa (el Pentágono), las corporaciones contratistas del sector defensa (industria armamentística) y miembros del Congreso.

4. 4 Esta expansión respondió tanto a intereses geopolíticos como geoeconómicos, al facilitar la inserción del capital estadounidense en economías frágiles y dependientes (Romano et al., 2020).

5. 5 El sostenimiento de la criminalización de comunidades cultivadoras e incluso de las personas consumidoras, así como de la producción y circulación de drogas ilegalizadas, redunda en un encarecimiento de la mercancía.

6. 6 La clasificación por regiones radica en diferencias geopolíticas, en el circuito del tráfico de drogas y en los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Así, la región Andina es considerada el epicentro de la oferta de drogas, mientras que México y Centroamérica son zona de tránsito y almacenamiento. Por eso, hay países integrados en dos regiones, como Colombia.

7. 7 Aunque esto ocurrió en medio de los Diálogos de Paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), coincidía con la estrategia del presidente Juan Manuel Santos de “negociar en medio de la guerra” e intensificar las hostilidades para obtener ventajas en la mesa de diálogo.

8. 8 En las bases de datos oficiales se registra asistencia desde 2008. Una posible explicación es que, hasta esa fecha, la agencia estaba enfocada en operaciones de inteligencia y persecución criminal, más que en programas de asistencia técnica y capacitación.