Resumen
Este artículo explora la concentración territorial de los homicidios dolosos, los robos con armas y los procedimientos policiales por microtráfico de drogas en Gran San Miguel de Tucumán, en Argentina; el lugar que ocupan los barrios populares y las resistencias comunitarias que surgen entre 2015 y 2022. Con información del Sistema Nacional de Información Criminal se revela que, si bien los homicidios se concentraron en los barrios populares —lo que obedece a factores y violencia estructural—, los robos y los procedimientos por microtráfico tienen una distribución diferente, con mayor incidencia en otras áreas urbanas. No obstante, a nivel político y simbólico se asocia el cometimiento de cualquier delito con estos barrios y sus pobladores. Entre tanto, las organizaciones comunitarias buscan contener el microtráfico desde la prevención y reducción de las adicciones en los jóvenes, y con medidas para contrarrestar los discursos estigmatizantes que vienen desde afuera.
Palabras clave: barrios populares, criminalización, Ley de Estupefacientes 23.737, Noreste Argentino, Sedronar, transas, violencia homicida, violencia delictual.
Abstract
This article explores the territorial concentration of intentional homicides, armed robberies, and police proceedings for microtrafficking of drugs in Greater San Miguel de Tucumán, Argentina; the place occupied by working-class neighborhoods; and the community resistance that emerged between 2015 and 2022. Information from the National Criminal Information System reveals that, although homicides were concentrated in low-income neighborhoods —due to structural factors and violence— robberies and microtrafficking proceedings have a different distribution, with a higher incidence in other urban areas. However, at the political and symbolic level, the commission of any crime is associated with these neighborhoods and their residents. Meanwhile, community organizations seek to contain microtrafficking through prevention and reduction of addiction among young people, and with measures to counteract stigmatizing discourses that come from outside.
Keywords: working-class neighborhoods, criminalization, Narcotics Law 23.737, Northeastern Argentina, Sedronar, transas, homicidal violence, criminal violence.
- Introducción
Existe cierto consenso de que la expansión del mercado de las drogas en América Latina durante la última década se encuentra asociada con la violencia homicida y delictual en contextos de disputa y competencia de grupos criminales (Durán-Martínez, 2015; Gutiérrez y Oviedo, 2018; Rivera y Pontón, 2016; Sobering y Auyero, 2019), especialmente en los barrios populares. Esta cuestión deriva en dos elementos que merecen atención: primero, desde un enfoque más antropológico, la violencia no puede entenderse como un evento aislado e individual (Ferrándiz y Feixa, 2004): forma parte de una red de riesgos y amenazas constantes, de un ecosistema de delitos complejos, interrelacionados y multicausales.
En segundo lugar, este tipo de violencia ha contribuido a la creación del relato de que América Latina es la región más violenta del mundo, que “los jóvenes negros y migrantes son asesinos por antonomasia” (Carrión, 2024, p. 120) y que los barrios populares son asideros de delitos. Es decir, sobre los barrios populares y jóvenes recae cometimiento de delitos en la que se generalizan todos los casos, sin evidencia empírica sobre esta consideración, y sin complejizar la discusión de que quien comete un delito no lo realiza por una ‘predisposición individual’, sino que obedece a una serie de factores y elementos estructurales como la exclusión social, falta de oportunidades y desigualdades que aumentan la probabilidad de que los conflictos se resuelvan por la fuerza o con violencia extrema. Para Briceño-León (2012), las instituciones del Estado contribuyen a la generación de esta violencia y falta de oportunidades.
Situada en una región con elevados niveles de pobreza (Pucci, 2014; Bolsi y Paolasso, 2009), la provincia de Tucumán y su aglomerado urbano más importante, Gran San Miguel de Tucumán (GSMT), atraviesan problemas de seguridad asociados a los homicidios dolosos, robos con armas y el microtráfico de drogas (Ministerio de Seguridad Nacional, ٢٠٢٣a, ٢٠٢٣b, ٢٠٢٤), en especial, alrededor de la pasta base o ‘paco’ (Boldrini, ٢٠١٨; Arrieta et al., ٢٠١٨). Lejos de pensarse que esta situación pudiera estar ocurriendo en todo el aglomerado urbano, son los barrios populares los depositarios de la peligrosidad y del delito, en especial, de la opinión pública (Universidad Torcuato Di Tella, ٢٠٢٣), de los medios de comunicación, las autoridades públicas, entre otros sectores (Decima, ٢٠٢٢).
El microtráfico de drogas, en particular, es un problema multidimensional que atraviesa a toda una red de actores indistintamente de la clase social y el territorio. Sin embargo, la atención se ha centrado en los jóvenes consumidores donde “cada quiosco de narcomenudeo es un enclave delictivo, una célula delictual instalada en un barrio popular” (Toledo, 2025, página web). No obstante, esto ha abierto las posibilidades de contención y de autogestión comunitaria en algunos barrios —aunque no es una respuesta generalizada— (Decima y Boldrini, 2021; Boldrini y Decima, 2023, 2024) que, mediante diversos mecanismos, busca prevenir el consumo y reducir adicciones, y evitar que niños y jóvenes se conviertan en víctimas de la violencia como respuesta a un Estado que no logra balancear sus políticas de seguridad con políticas de salud integral.
Este artículo explora la concentración territorial de los homicidios dolosos, los robos con armas y microtráfico de drogas en el GSMT, entre 2015 y 2022; el lugar que ocupan los barrios populares en las narrativas que suelen asociarla con tales delitos y las resistencias comunitarias con miras a la prevención y reducción de las adicciones en los jóvenes a partir de la violencia estructural, política y simbólica que atraviesan estos sectores. El artículo genera conocimiento situado que permite comprender la distribución de los delitos en el GSMT para así no asociar su cometimiento con los barrios populares de manera sesgada y sin fundamentación empírica. Se considera que la violencia homicida y delictual se produce en y sobre los territorios bajo contextos estructurales y políticos determinados, y no lo contrario, que los barrios populares y habitantes generan delitos y más violencia.
Para dar respuesta, el artículo se estructura en seis apartados. Luego del abordaje metodológico y conceptual, se ofrece un recorrido por los antecedentes y contexto sobre la violencia vinculada con las drogas en América Latina —en general— y Argentina —en particular—. El tercer apartado expone los hallazgos sobre la concentración territorial de los tres delitos abordados, para luego, en la cuarta parte, profundizar sobre las violencias que recaen en estos barrios, así como aquellos casos en los que las resistencias comunitarias hacen frente al consumo y las adicciones. Para finalizar, constan las conclusiones.
- Aproximación conceptual y metodológica
La violencia, desde su definición más exigua, hace referencia al uso intencional de la fuerza para producir daño material o físico contra una persona, siendo esta la que registran las estadísticas y datos oficiales. No obstante, hay otros tipos de violencia como la estructural, política y simbólica que, aunque no causan este tipo de daño, también atraviesan a determinadas personas y territorios. Así, el cometimiento de cualquier delito no puede entenderse como un hecho desconectado de estas violencias multicausales (Ferrándiz y Feixa, 2004; Bourgois, 2002).
Este artículo considera que todo delito es el resultado de varias violencias, de un proceso, una estructura que produce y sostiene su cometimiento. El modelo de Bourgois (2002) sobre los tipos de violencia ayuda a dilucidar esta cuestión en el caso del GSMT:
- Violencia estructural: surge de las desigualdades sociales, económicas y políticas que limitan los derechos y oportunidades de ciertas personas y territorios como la pobreza, la segregación y desigualdad en los barrios populares.
- Violencia política o institucional: uso del poder del Estado para reprimir o ejercer control punitivo mediante detenciones o allanamientos, que en muchas ocasiones es desproporcionado, con ingreso forzado a los domicilios, golpes e intimidaciones.
- Violencia simbólica: basada en Bourdieu (1989), se refiere a las formas de dominación que operan mediante estereotipos y prejuicios —en este caso, a los jóvenes de los barrios populares del GSMT— por su apariencia, por cómo visten o su procedencia.
- Violencia cotidiana: violencia que ocurre a diario, como los homicidios o tráfico de drogas, y que tiene efectos acumulativos como la percepción de inseguridad, el uso conflictivo del espacio público, temor de caminar en las noches, entre otros.
Entonces, la violencia cotidiana forma parte de un círculo causal que se conecta con otros tipos de violencia. Como sostuvo Briceño-León (2012), la violencia no solo está influenciada por la pobreza, también por las instituciones del Estado que motivan esos comportamientos violentos. Así, la evolución de la violencia cotidiana va a depender de la capacidad del Estado y de las políticas públicas de intervenir en los factores de riesgo. Es decir, una acción integral sobre estas cuatro dimensiones de la violencia puede generar un cambio sostenible en la convivencia y la seguridad local. No obstante, una propuesta de este tipo no constituye el objetivo de este artículo.
Por otro lado, Goldstein (1985) ofreció tres modelos que permiten comprender, en su dimensión criminológica, por qué ocurren los homicidios relacionados con las drogas. El autor explicó que la droga por sí misma no genera homicidios, sino por las circunstancias que ocurren alrededor.
- Modelo psicofarmacológico: el homicidio y las riñas son un efecto directo del consumo de drogas o su abstinencia, debido a que la reducción del autocontrol y el aumento de la agresividad propician comportamientos violentos.
- Modelo económico-compulsivo: la violencia surge de la necesidad económica de obtener dinero para la compra de droga. Esto puede desencadenar en robos con armas que tienen un potencial directo para la comisión de homicidios.
- Modelo sistémico: los homicidios son consecuencia del funcionamiento del mercado de las drogas, es decir, de los conflictos (búsqueda de poder, deudas o ajustes de cuentas) que surgen entre los vendedores, distribuidores y otros actores, que se resuelven con el uso de la fuerza o las armas (Collins, 1990; Del Olmo, 1997).
Este último modelo es el más usado para abordar al aumento de los homicidios, con la novedad de que deja por fuera factores multicausales que la componen (Vilalta et al., 2016). Y aunque el número de homicidios no es un indicador totalizante sobre la violencia, no menos cierto es que “el conteo del número de muertes violentas suele ser más confiable que otros hechos violentos” (Bachelet, 2015, 2.do párrafo).
Por ende, este artículo no solo explora las cifras sobre homicidios, sino que incorpora cifras sobre los robos con armas e incautaciones de droga por microtráfico, que son los otros dos delitos de mayor ocurrencia en Tucumán —de un listado de 30 delitos entre 2021 y 2022 a los que se tuvo acceso— de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad Nacional (2023a, 2023b, 2024). El SNIC recolecta información sobre los hechos presuntamente delictuosos registrados por las fuerzas policiales, fuerzas federales de seguridad y otras entidades oficiales de recepción de denuncias en todo el territorio nacional.
Los datos se procesaron con el software R y se dispusieron en el programa Qgis para su análisis espacial. Para esta labor contamos con el apoyo del Laboratorio de Cartografía del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH), coordinado por la licenciada Lucía Zarbá.
Para complementar el análisis se abordaron las violencias estructural, simbólica y política que atraviesan los barrios populares desde la voz de sus actores, y las resistencias comunitarias frente al microtráfico de drogas en los barrios Costanera Norte y Los Vázquez del GSMT; Diagonal Norte, del municipio Yerba Buena; y Antena del municipio Alderetes. Las entrevistas fueron realizadas de manera intencional desde 2015 a referentes barriales, representantes de organizaciones sociales y técnicos del Estado que tienen vinculación directa con las necesidades y problemas que atraviesan estos barrios. Los testimonios forman parte de un proceso de vinculación liderado por el grupo Mejora del Hábitat Participativo, al que pertenecen las dos autoras. Se cuenta con consentimiento informado para el uso de la información recabada con fines académicos y se garantiza el anonimato de las personas entrevistadas a lo largo del artículo.
Vale destacar que parte de la información que resultó de las entrevistas ha sido utilizada en varias producciones científicas previas sobre las formas de participación comunitaria en condiciones de alienación (Boldrini, 2018), estigmas producidos por los medios de comunicación (Decima, 2022), uso del espacio público como ámbito de intercambio (Boldrini, 2024) y gestación de las organizaciones populares de resistencia en torno al microtráfico de drogas (Boldrini y Decima, 2024). Las entrevistas ofrecen información, esta vez, para comprender la violencia estructural, política y simbólica que atraviesan los barrios y jóvenes desde el microtráfico de drogas.
- Algunos antecedentes y contexto para la discusión
Desde la década de 1990, América Latina experimentó una serie de transformaciones asociadas con la implementación del modelo neoliberal (Janoschka, 2002) que a nivel urbano trajo efectos negativos como el crecimiento desordenado de la periferia y de los asentamientos informales sin acceso a servicios básicos, informalidad y pobreza urbana (Mertins, 2011; Portes et al., 2005). El resultado: una región altamente urbanizada con más del 80 % de su población viviendo en las ciudades (Banco Mundial, 2014) que en la actualidad sigue reproduciendo esas desigualdades mediante procesos socioespaciales como la gentrificación y la segregación urbana.
Según Jusidman et al. (2016), la violencia urbana es otro de los fenómenos contemporáneos que resulta de la urbanización acelerada y desordenada, por la pérdida de identidades comunitarias y normas de convivencia, entre otros. En este contexto, el microtráfico de drogas es una de las expresiones de esa degradación que, según Durán-Martínez (2018), debe comprenderse desde la red de actores involucrados (tanto víctimas como perpetradores), los métodos utilizados para el cometimiento del delito y las condiciones geográficas del negocio. Los enfoques sistémicos centrados en las disputas entre bandas delictivas o contra el Estado corren el riesgo de minimizar el impacto estructural del problema, así como los enfoques que consideran que la violencia es solo estructural pueden sobreestimar su alcance causal y restarle utilidad operativa.
Existen diferencias en la frecuencia, los métodos y la visibilidad de la violencia relacionada con el microtráfico de drogas, visibilidad que depende de las estrategias de exposición adoptadas por los grupos criminales como el terror, el bajo perfil, el control social, entre otros. Muchas veces, la violencia ejercida como forma de disciplinamiento comunitario es menos visible que la letal o la homicida, pero igual de efectiva para silenciar a la población y disuadirla de cooperar con las autoridades. Esta violencia política (vigilancia o actos de intimidación) no tienen el mismo impacto que un homicidio, en la que “la destrucción definitiva de la integridad de la víctima, es más importante que la destrucción de la vida” (Viscardi y Tenenbaum, 2023, p. 7).
Las acciones y omisiones del Estado también forman parte de esta violencia política relacionada con las drogas. En algunos casos, la connivencia del Estado (mediante sus fuerzas de seguridad, policías, empleados públicos y otros) con actores ilegales puede contribuir a la reducción de los delitos mediante acuerdos ‘informales’ que desincentivan los enfrentamientos visibles (Sampó, 2021). Por el contrario, el uso de políticas represivas, la militarización y el enfrentamiento de facto puede ayudar a intensificarlos, como ocurre en México (Lafuente y Dammert, 2024). Las políticas más eficaces parecen ser aquellas que, además de ejercer acciones de control y represión, abordan la prevención en materia de educación, empleo, seguridad (Durán-Martínez, 2018).
Las violencias derivadas del consumo y comercialización de drogas involucran a una red amplia de actores que no solo son ‘delincuentes’, sino también agentes estatales, funcionarios públicos y ciudadanía. En el caso de Argentina, que no dista mucho de otras realidades de la región, hay vendedores minoristas, intermediarios y jóvenes empleados como soldaditos (Del Frade, 2014). Además, mientras grupos criminales recurren a amenazas o ataques selectivos contra quienes consideran enemigos o informantes, el Estado, por mostrar eficacia con resultados cuantificables en capturas o incautaciones, puede incurrir en violencia política con prácticas arbitrarias y desproporcionadas que afectan y criminalizan a personas inocentes, particularmente en contextos de vulnerabilidad (Lafuente y Dammert, 2024).
- Violencia por drogas en América Latina
El crecimiento de la violencia homicida y delictual en América Latina excede factores grupales o individuales, y está más relacionado con aspectos estructurales, sociales e institucionales. Las drogas actúan como un factor facilitador, no causal, de la violencia social o cotidiana (Briceño-León, ٢٠٠٧). En este sentido, ni el comercio ni el consumo de las drogas ‘ilegalizadas’ son, por sí mismos, una variable indispensable para entender la violencia y la comisión de hechos delictivos en la región.
Briceño-León (2007) distinguió los factores que originan, fomentan y facilitan la violencia: uno de ellos, el tráfico de drogas. Otros estudios vinculan el consumo de drogas, especialmente en el ámbito doméstico, con una mayor incidencia en la violencia interpersonal (Saldivia y Vizcarra, 2012; Musayón et al., 2007), donde el endurecimiento de las penas y el aumento de la actividad policial y penal, con énfasis en los eslabones bajos del negocio (distribuidores y consumidores), puede agravar la violencia. Las políticas de control de drogas, concentradas en los sectores más vulnerables y territorios empobrecidos, intensifican la violencia política, alteran el equilibrio de los grupos criminales y elevan los conflictos (Snyder y Durán-Martínez, 2009).
Estudios evidencian que gran parte de la actividad policial y judicial vinculada con delitos contra las drogas recae en el microtráfico y la tenencia de dosis para consumo personal (Binder, 2021). Las entidades y autoridades públicas transmiten estos hechos como un mecanismo de validación de sus protocolos y dispositivos de penalización y castigo bajo la idea de que las personas están expuestas y que la droga genera ‘peligro’ y ‘riesgos’. Es allí cuando el posicionamiento jurídico se vuelve un producto mediático, donde la opinión pública responde en consecuencia (Rodríguez, 2023).
En resumen, la violencia en América Latina está más vinculada a la violencia estructural, esto es, exclusión social, debilitamiento del tejido social, proliferación de armas, erosión institucional y penetración de las redes delictivas en estructuras estatales (Zubillaga, 2007; Arias y Goldstein, 2010; Briceño-León, 2012). La relación entre drogas y violencia se modula por cómo las drogas ‘ilegalizadas’ (tanto para consumo y comercialización) interactúan con estos factores de fondo que, en contextos de exclusión social, violencia y consumo pueden convertirse para los jóvenes excluidos en mecanismos para la obtención de reconocimiento simbólico o acceso a recursos materiales bloqueados.
- ¿Qué sucede en Argentina?
Los orígenes de la institucionalidad y legislación actual respecto a la ilegalidad de las drogas en Argentina se remontan a la década de 1970 bajo los lineamientos del régimen internacional de control de drogas liderado por Estados Unidos en el contexto de la ‘guerra contra las drogas’ (Arrieta et al., 2020; Touzé, 2006; Sain, 2009). La influencia de Estados Unidos en la configuración de las políticas represivas y punitivas durante las dictaduras cívico militares en Sudamérica (Musto, 2021) permitió en Argentina, por ejemplo, la actualización de la Ley 20.771 ‘Estupefacientes’ de 1974, que aumentó las penas por producir, traficar y comercializar drogas ilegales (Rodríguez, 2023), el uso de las fuerzas armadas y la policía militarizada para tareas de control de drogas, la criminalización de ciertos sectores (Durán-Martínez, 2015), entre otros.
En línea con estas políticas prohibicionistas, Argentina ratificó en 1973 el Acuerdo Sudamericano de Estupefacientes y Psicotrópicos que, liderado por Estados Unidos, motivaba a la colaboración e intercambio de información regional sobre la lucha contra las drogas, entre otros objetivos. Asimismo, en 1989 fue creada la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), dependiente del Gobierno nacional, encargada de formular, coordinar y evaluar políticas de prevención del consumo de drogas y de combatir al narcotráfico. Entre los efectos de esta política, destacan las dificultades de acceso a los servicios de salud y tratamiento para las personas en situación de consumo (Epele, 2007) que, clasificadas y gestionadas como ‘adictas’ e ‘ilegales’, pasaron a ser sujetos punibles que debían ser ‘normalizados’ (Touzé, ٢٠٠٦; Cunial, ٢٠١٣; Llovera y Scialla, ٢٠١٧).
Desde la década de 1990, el Estado argentino actuó con más represión, justificó la persecución policial con arbitrariedades y criminalización hacia sectores y jóvenes ‘sospechosos’ (Varela-Cid, 2015; Cravino y Bachiller, 2021; Decima, 2022, 2023; Kessler y Dimarco, 2013; Centro de Estudios Legales y Sociales, 2016). Esto ocurrió después de la firma de la Convención de Viena contra el Tráfico Ilegal de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas en 1988, y la entrada en vigor de la Ley de Estupefacientes 23.737 de 1989 bajo el argumento de que la penalización de las drogas resolvería el problema de fondo (el consumo) y que la persecución de los escalones más bajos de la cadena (consumidores y vendedores) conduciría al desmantelamiento de las redes criminales (Arrieta et al., 2020).
Un giro significativo en este tipo de políticas tuvo lugar en 2008 con la creación —en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros— de la Comisión para el Estudio de la Problemática de la Drogadicción y el Narcotráfico que, bajo un enfoque técnico, situado y multidisciplinar, propuso que el consumo de drogas y sus soluciones deben abordarse desde una dimensión socioterritorial con estrategias centradas en la atención de la salud. Este fue uno de los antecedentes para el Fallo Arriola en 2009 (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2019) y la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 en 2010 (Souto et al., 2019).
Entonces, resulta una disputa entre dos modelos de política pública que, en materia de tráfico y consumo de drogas, posee implicaciones en el diseño institucional y legislativo en Argentina. Por un lado, el modelo prohibicionista que prioriza la abstinencia, la represión y criminalización (Touzé, 2014) y cuyo diseño no distingue a los productores de distribuidores y consumidores. El modelo promueve la desintoxicación de los sujetos ‘adictos’ y erradicación de la droga como generadora del problema (Ehrenberg, 1996).
Por otro lado, se encuentra el paradigma de la reducción de daños que pondera la moderación del consumo y la venta y abre otras posibilidades para el cuidado de los sujetos adictos. Se trata de una política integral (Llovera y Scialla, 2016) e interdisciplinaria que reemplaza la concepción del sujeto consumidor-usuario por el de sujeto de derecho. Como explicaron Llovera y Scialla (2017), este paradigma impactó el ámbito médico-sanitario e instaló un modelo de atención socio-comunitario distanciado del ámbito jurídico. Este enfoque debilita el sistema manicomial, posterga la internación como último recurso y pone de relieve la adicción como un problema de salud mental.
En tal sentido, el problema del consumo requiere de una compleja atención ambulatoria, enfoque interdisciplinario, articulada a redes comunitarias, laborales y vínculos familiares y afectivos que garanticen prácticas de salud respetuosas de los derechos humanos de personas consumidoras. Así, en el marco de la Ley de Salud Mental 26.657 de 2010 fue sancionado el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos bajo la dirección de la Sedronar en 2014, plan que contempló la creación de los Centros Preventivos Locales de Adicciones (Cepla) y las Casas Educativas Terapéuticas (CET) que, distribuidos a escala nacional, buscan promover el desarrollo personal y comunitario en sectores vulnerables. Sin embargo, durante 2015–2019 estas medidas entraron en contradicción y conflicto con el retorno de las medidas punitivas (Llovera y Scialla, 2017).
- Hallazgos cuantitativos y espaciales en el GSMT
- Homicidios dolosos
De acuerdo con los informes del Ministerio de Seguridad Nacional (2023a, 2023b, 2024), la tasa de homicidios en Tucumán en 2020 fue de 9 por cada 100 000 habitantes, mientras que en 2021 hubo una disminución del 31,7 %, tendencia que se mantuvo en años posteriores. Pese a ello, Tucumán sigue siendo la provincia con mayor número de homicidios del Noroeste Argentino, donde más del ٥٠ ٪ de los casos se concentraron en el GSMT: ٤٨ de ١٠٥ en ٢٠٢١ y ٤٦ de ٨٢ en ٢٠٢٢. Como se observa en el mapa ١, los hechos se produjeron mayoritariamente en zonas urbanas de la provincia en sentido sureste, con una concentración muy alta en el GSMT — centro-norte— evidenciada por la mancha de color rojo en el mapa.
Mapa 1
Homicidios dolosos en la provincia Tucumán, 2021-2022
Fuente: Laboratorio de Cartografía del INTEPH, con base en datos del SNIC y de la Dirección General de Catastro de Tucumán.
El segundo mapa contiene la concentración de los homicidios dolosos en el GSMT (escala de tonos rojos) y la ubicación de los barrios populares (fondo púrpura). Se advierte que las zonas de tono rojo más intenso coinciden con la ubicación de los barrios populares situados principalmente en el sur y suroeste que bordean la franja metropolitana. Los homicidios también se concentran, pero en menor proporción, en el centro del aglomerado, donde se advierte presencia de algunos barrios populares. De acuerdo con el cálculo, el 58 % de los homicidios ocurrieron en estos barrios, por lo que —en principio— existe un anclaje territorial de los homicidios en entornos vulnerables, con condiciones de pobreza y exclusión urbana.
Mapa 2
Homicidios dolosos ocurridos en el GSMT, 2021-2022
Fuente: Laboratorio de Cartografía del INTEPH, con base en datos del SNIC.
- Robos con armas
Durante 2021, la tasa de robos registrados en Tucumán fue de 949,1 por cada 100 000 habitantes, mientras que en 2022 la tasa aumentó a ١٢٨٩,٤. En cuanto a los robos, hay un patrón similar al de los homicidios: una marcada concentración en las comunas y municipios de la provincia en sentido sureste, especialmente en el GSMT. El mapa ٣ ilustra esta distribución:
Mapa 3
Robos con armas en la provincia de Tucumán, 2021-2022
Fuente: Laboratorio de Cartografía del INTEPH, con base en datos del SNIC.
En relación con la situación intrametropolitana (mapa 4), los robos con armas denunciados no se concentraron en los barrios populares: solo el 35 % de los casos ocurrieron en estos sectores —en el sur y suroeste, principalmente— mientras que el 65 % restante ocurrieron en el microcentro y sobre corredores viales principales. Esta situación puede explicarse mediante la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson (1979), quienes consideraron que, para que ocurra un delito, debe coexistir tres elementos: los delincuentes motivados (por necesidad u oportunidad), objetivos adecuados (persona que tenga una propiedad visible) y ausencia de guardianes capaces (controles, policías, cámaras u otros). En consecuencia, los robos con armas podrían considerarse como delitos de oportunidad que se concentran en zonas comerciales y de alta circulación peatonal y vehicular del GSMT.
Mapa 4
Robos con armas en el GSMT, 2021-2022
Fuente: Laboratorio de Cartografía del INTEPH, con base en datos del SNIC y Renabap.
- Microtráfico de drogas
Es necesario exponer los tipos penales que establece la Ley de Estupefacientes 23.737 para así entender el accionar de la policía provincial y las fuerzas federales en la incautación de drogas. El primer párrafo del artículo 14 de la ley establece que la tenencia simple de droga es sancionada. Esta figura residual se aplica cuando la persona no logra demostrar que la tenencia tiene por destino el consumo personal o la comercialización. El mismo articulado también sanciona la tenencia para consumo personal, tipificada cuando existe ‘escasa cantidad’ y un juez determina las circunstancias de uso personal.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia con el Fallo Arriola en 2009, resolvió que la sanción por la tenencia para el consumo personal es inconstitucional cuando ocurre en el ámbito privado y sin riesgos para terceros. Esta protección no aplica para el consumo en lugares públicos. Por otro lado, el artículo 5 de la ley contempla los tipos penales relacionados con las materias primas, la producción, comercialización, transporte, suministro y aplicación de drogas.
Los datos evidencian que existe un aumento constante en Tucumán de los hechos de violación a la Ley de Estupefacientes 23.737 —categoría utilizada por el SNIC para aglutinar todos los delitos tipificados por la ley— que pasaron de una tasa de 31,1 en 2020 a 32,3 en 2021 y llegaron a 39,3 en 2022. Se advierte, además, un aumento del 23,1 % de los procedimientos policiales por incautaciones de droga entre 2021 y 2022, es decir, pareciera que, a mayor registro y control, mayor es la ‘efectividad’. Sin embargo, al desagregar la información, observamos que gran parte de los procedimientos se centraron en los consumidores: para tenencia simple pasaron de 181 casos en 2021 a 338 en 2022 —con un aumento del 86,7 %—, mientras que los casos por comercialización y distribución pasaron de 193 en 2021 a 116 en 2022; por ende, se produjo una disminución del 40 %.
Además, los datos policiales revelan que las mayores intervenciones se dieron hacia consumidores o vendedores; esto puede deberse al nuevo rol provincial en el abordaje de este fenómeno y al interés por mostrar respuestas rápidas a la sociedad asumidos a partir de la sanción de la Ley Provincial 9188 en 2019, que adhiere a la desfederalización de la Ley 23.737 de Estupefacientes. Esto significa que los casos en donde se encuentre escasa cantidad de sustancias (microtráfico) pasaron a ser abordados por el Estado provincial a través del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y la Policía Provincial. El propósito de la ley es descomprimir de tareas a la justicia federal, que tenía a su cargo todas las investigaciones y procedimientos de estupefacientes.
El mapa 5 da cuenta de los procedimientos policiales en allanamientos, secuestros, patrullaje o requisas en los que se encontró algún tipo de sustancia. El hallazgo de sustancias se concentra en las áreas urbanas y zonas de fronteras intraprovincial, donde la policía de Tucumán y las fuerzas federales operan con puntos de control, donde realizan el escaneo y revisión de camiones, colectivos y vehículos que transitan por la provincia y que pudieran estar trasladando drogas entre sus cargas. Los casos se concentran en los puestos de control de ٧ de Abril, Los Mistoles y Cabo Vallejo.
Mapa 5
Procedimientos de microtráfico de drogas en Tucumán, 2021-2022
Fuente: Laboratorio de Cartografía del INTEPH, con base en datos del SNIC y datos de acceso público de la Dirección General de Catastro de Tucumán.
Del total de procedimientos de microtráfico de drogas realizados por la policía provincial en el GSMT (mapa 6), el 37 % se produjo en los barrios populares, con una concentración de los casos en la zona norte, particularmente en el Penal de Villa Urquiza, en donde hubo 40 procedimientos en el penal y en sus alrededores. Este es el establecimiento carcelario más importante y el único de la provincia en esos años. Esto podría estar relacionado con alta presencia policial en la zona, así como concentración del mercado ilegal por fuera de los barrios populares.
Mapa 6
Procedimientos de microtráfico de drogas 2021-2022 en el GSMT
Fuente: Laboratorio de Cartografía del INTEPH, con base en datos del SNIC.
Se puede concluir en este apartado que los hechos de homicidios, robos con armas y microtráfico de drogas en el GSMT no tienen el mismo comportamiento espacial y están asociado a distintas causas: mientras el robo con armas obedece a la búsqueda de oportunidades económicas, el microtráfico va a depender de lógicas de mercado como la demanda y accesibilidad, por lo que el cometimiento de ambos delitos no puede asociarse tácitamente a los barrios populares. Por su parte, los homicidios están vinculados a contextos de exclusión y vulnerabilidad y factores institucionales que afectan a los barrios populares.
- Resistencias comunitarias y violencias en torno
al microtráfico de drogas- Violencia estructural y política, y resistencias comunitarias
Las consecuencias de los tres delitos abordados se propagan mediante mecanismos estructurales, políticos y simbólicos sobre los barrios populares, en la que se asocia delincuencia —de cualquier tipo— con pobreza. Entonces, los costos sociales recaen en estos barrios por lo que la violencia —sea letal o no— termina territorializándose, aunque hayamos evidenciado que esto no ocurre en todos los delitos. Dichos efectos se acumulan sobre estas poblaciones debido a su posición desigual en el contexto urbano y social.
Partiendo de esto, la violencia estructural en los barrios populares del GSMT se evidencia, por un lado, con la segregación, la desigualdad y pobreza del entorno urbano: “solo un 2 % de los barrios posee conexión a la red de gas natural, mientras que el 93 % se abastece con gas de garrafa” (Observatorio de la Pobreza, 2021, p. 3). Además, la principal forma de abastecimiento de agua es la conexión irregular con el 74 %, seguido de un pozo comunitario con 14 %; si bien el 79 % tienen energía eléctrica, no cuentan con un medidor particular por vivienda, mientras que “un 80 % de los barrios arroja sus desechos a un pozo ciego u hoyo, mientras que sólo un 7 % presenta conexión a la red cloacal” (p. 3). En Tucumán, la pobreza por ingresos afecta al 41,5 % de la población en la que el grupo más afectado son los jóvenes menores de 17 años con el 44 % (p. 3).
La violencia política sobre estos barrios opera mediante el Ministerio de Seguridad Nacional, que mantiene una política represiva mediante las razias (La Gaceta, 2025) que consisten en megaoperativos policiales que afectan a los jóvenes con detenciones arbitrarias sin vínculos comprobados contra el microtráfico o algún delito (vecino del barrio Los Vázquez, comunicación personal, 5 de mayo de 2020). Estos operativos, según algunas autoridades, se amparan en estadísticas sobre delitos que indican en dónde actuar y que son necesarios para reducir el índice de homicidios (Delgado, 2024). En las razias hay violaciones de derechos humanos que incluyen, además, allanamientos sin orden judicial y robo de bienes por parte de los agentes policiales (Brunetto, 2024).
Hay denuncias penales sobre razias: el que ocurrió en los barrios Mariano Moreno, Los Pocitos y Tafí Viejo en donde hubo 143 personas detenidas y 90 vehículos secuestrados —entre bicicletas, motos y autos—. Otro operativo ocurrió en el barrio Yerba Buena, en el que policías aprehendieron a 200 personas. “En los barrios, a los operativos ya le pusieron un nombre popular. Se trata del ‘trencito’, por el modo en que los policías se colocan en hilera, uno detrás del otro, y van pasando casa por casa sin ningún motivo que lo justifique” (Brunetto, 2024, página web). Esta violencia estructural y política se refuerza en los discursos que justifican a las razias como un mecanismo de ‘prevención’ o que los pobladores de estos barrios ‘delincuentes nacen y mueren delincuentes’ o ‘van a terminar muertos cuando enfrenten a la policía” (Brunetto, 2024, página web).
Las respuestas estatales se manifiestan con toques de queda o el aumento de los operativos y las detenciones por delitos menores, que no siempre resuelve los problemas de fondo (Binder, 2021; La Gaceta, 2024). De acuerdo con una de las personas entrevistadas (anónimo, Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, 2 de julio de 2020), la inelasticidad de la demanda provoca la regeneración de las redes delictivas y esto se resuelve con políticas públicas integrales, más allá de la lógica punitiva de ejercer control sobre los consumidores y vendedores.
Por el contrario, el Ministerio de Desarrollo Social, mediante la Secretaría de Políticas Integrales sobre Adicciones de Tucumán, desarrolla estrategias preventivas (charlas y capacitaciones) y de asistencia en los Cepla, y en los Dispositivos de Salud en Adicciones (DSA). Los Cepla son dispositivos territoriales que ofrecen atención en la prevención y atención de las adicciones, de manera gratuita, con talleres, acompañamiento a las familias y articulación con los centros de salud. Financiados por el Estado nacional, estos nodos funcionan mediante un trabajo en red con escuelas, organizaciones sociales, madres, entre otros. No obstante, su efectividad en el abordaje de los consumos es limitada: en ciertos casos, operan como espacios de socialización de los adolescentes y jóvenes vulnerables, desvinculados de procesos terapéuticos (directora del Observatorio de Adicciones, comunicación personal, 5 de marzo de 2020).
En el GSMT también están los DSA conformados por equipos interdisciplinarios que promueven procesos terapéuticos ligados a la organización comunitaria en cinco barrios populares: Los Vázquez, Costanera, Las Piedritas, Antena Santa Inés. Pese al recorte de recursos entre 2015 y 2019, estos equipos lograron fortalecerse y articular acciones con los Cepla. No obstante, la cantidad de dispositivos (9 en total, en el GSMT) resultan siendo pocos con relación a la cantidad de barrios populares del aglomerado (más de 200, según la Renabap) y la expansión del microtráfico en la provincia. Es decir, la capacidad estatal de respuesta es limitada y estructural: reproduce las condiciones que impiden a las personas acceder a derechos básicos como la salud.
Al potencial transformador de estas iniciativas se suman proyectos de autogestión como el Club Social, Cultural y Deportivo “Los Vázquez” que resulta del trabajo mancomunado de jóvenes que pertenecen al grupo “Con Esperanza nos Fortalecemos”, vinculado a los DSA. Este club, situado en el barrio Los Vázquez, localidad afectada por el microtráfico, cuenta con iniciativas para brindar contención y acompañamiento a las personas con adicciones (Katz, 2023), es decir, para alejarlos de los entornos de riesgo. Sin embargo, la paralización de las obras de construcción tras el cambio de gobierno nacional dejó al descubierto la fragilidad de estas iniciativas comunitarias frente a los vaivenes institucionales. Es decir, la violencia política desarticula los procesos sociales de base e impiden a las poblaciones afectadas canalizar, mediante autogestión, su acceso a derechos, reconocimiento e infraestructura.
- Violencia simbólica y cotidiana, y otras resistencias comunitarias
Sobre estos barrios recaen los estigmas y la violencia simbólica. La ausencia de un empleo formal, que deviene en informalidad, afecta el acceso a los sistemas de protección como salud, crédito y otros (Observatorio de la Pobreza, 2021), profundiza las condiciones de pobreza y desestructura los ritmos y hábitos de la vida cotidiana. Bajo estas condiciones, los jóvenes no tienen una rutina determinada por proyectos ni actividades, sino ausencia de acceso a oportunidades que modelen su tiempo. Por eso, “los chicos no tienen mañanas o tardes, lunes o domingos, es todo lo mismo para ellos” (psicólogo del DSA del barrio Los Vázquez, comunicación personal, 5 de marzo de 2015).
La falta de actividades laborales o recreativas facilita el encuentro con el consumo o la venta de drogas, impulsa la venta de bienes personales, el robo intrafamiliar o el robo delictual. Entonces, la violencia cotidiana, siguiendo a Goldstein (1985), responde tanto a los efectos de las drogas como a la necesidad de conseguirlas. “Está el que va a salir a robar por el consumo y que tiene que ver con el circuito del chico enfermo; el que va a robar no para conseguir dinero sino para conseguir más dosis y eso va generando un sistema de esclavización, de ese chico y la dependencia con el transa” (psicólogo del DSA del barrio Los Vázquez, comunicación personal, 5 de marzo de 2015).
El impacto se extiende al tejido familiar: se generan conflictos, sufrimiento emocional e incluso suicidios motivados por la desesperación u hostigamiento de los vendedores de las drogas. Este fue el caso de “[…] un chico colgado, es el tercero en lo que va del año. Le debía mucha plata al dealer, estaba presionado y arruinado por la droga” (vecino del barrio Costanera, comunicación personal, 17 de octubre de 2018).
No obstante, en este contexto también surgen otras formas de resistencia comunitaria a favor de los jóvenes como el proyecto “Club Social, Cultural y Deportivo” del barrio Los Vázquez, la organización “Ganas de Vivir, Con Esperanza nos Fortalecemos y Hermandad de los Barrios” que, si bien no tienen incidencia en todos los barrios, logran articular en red el apoyo de familias y vecinos; y la organización “Madres del Pañuelo Negro”, que surgió tras el asesinato de un joven en manos de un transa:
Esta organización surgió cuando veíamos que la droga iba avanzando, avanzando, y bueno, hemos comenzado a ayudarse entre las madres, a ver cómo hacíamos. Porque en Tucumán no había un centro, así como para decir que nosotras íbamos a recuperar a nuestros hijos. (Referente de la organización “Madres del Pañuelo Negro”, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020)
Estas resistencias se replican en otros casos, como el desalojo comunitario de los dealers que impulsan vecinos organizados:
El odio que hay hacia los vendedores de drogas en el barrio es lo que permitió que los echaran sin que nadie reaccione o los defienda […] Entran a las casas, queman la droga que encuentran y se reparten las chapas. Una vez desocupado, entregan el lote a un vecino que sea conocido y de bien, para que viva ahí. (Vecina del barrio Antena, comunicación personal, 6 de mayo de 2015).
No obstante, estas resistencias se quebrantan frente a la expansión de la violencia cotidiana, tanto que “el narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo de sustancias es de tal magnitud que hoy dificulta la organización entre vecinos, porque degradó tanto los vínculos comunitarios, que está más fragmentado el barrio” (psicólogo del DSA del barrio Los Vázquez, comunicación personal, 11 de noviembre de 2019). La ocupación del espacio público por redes y dinámicas del microtráfico —esquinas, plazas y canchas tomadas por jóvenes al servicio de los transas— tensiona los intentos comunitarios por rehabilitar estos espacios: son una expresión de la violencia institucional en la que no hay políticas para el uso seguro del espacio, la participación y seguridad. “Todos los días, a toda hora, se agarran a tiros, pasan con armas en la mano. Y los policías están mirando, y es normal que pase un pendejo de entre diez y quince años armado” (vecino del barrio Costanera, comunicación personal, 17 de octubre 2018).
Los barrios también atraviesan violencia simbólica mediante los estereotipos y prejuicios que reciben, incluso, de los medios de comunicación y las autoridades. “Una vez me paró la policía y me dijo: ‘¿De dónde sos?’ Le dije: ‘De la Diagonal’, y me dijo: ‘¿Vos sabés que esa es zona roja?’ ‘No, no sabía’, le contesté. ‘Bueno, andá con cuidado porque, si la próxima vez te pillo, te meto en cana por ser de la Diagonal’” (vecino del barrio Diagonal Norte, comunicación personal, ١٤ de julio ٢٠١٩).
Este entramado simbólico configura a los barrios populares del GSMT como espacios de miedo y peligro, y a sus habitantes —especialmente a los jóvenes— como enemigos y sospechosos. “Del barrio se habla como de los peores delincuentes, lo que escuchas en todas partes; como decís vos, por ejemplo, si vas a algún lado vos ya no querés decir que sos de la Costanera, o un remisero no te quiere llevar cuando le decís ‘yo vivo en la Costanera’” (vecina del barrio Costanera, comunicación personal, 7 de octubre 2018). Esto produce segregación y discriminación.
Dentro de otras resistencias, los habitantes apelaron a una serie de estrategias como la creación de sus propios canales de difusión de noticias e información, para desmitificar y contrarrestar los discursos estigmatizantes que vienen de afuera, con noticias positivas y de avances barriales. Fue el caso del programa de radio “Ganas de Vivir”, conducido por jóvenes en recuperación de las adicciones del barrio Costanera, o las crónicas producidas por los periodistas villeros del barrio Diagonal Norte de Yerba Buena publicadas en la revista La Garganta Poderosa.
El programa más que nada estaba dirigido a las madres que tenían problemas con sus hijos que tenían problemas de consumo, que estaban desesperadas y no sabían a dónde recurrir. El mensaje de reflexión era para ellos, para los adictos, que vean dónde estábamos, haciendo un programa de radio, difundiendo que sí se puede. (Vecino y locutor del programa radial “Ganas de Vivir”, comunicación personal, 7 de octubre 2018)
- Reflexiones finales
Este artículo, mediante una metodología cuanti-cualitativa y análisis espacial, puso en evidencia la concentración territorial de los homicidios dolosos, los robos con armas y microtráfico drogas en el GSMT, el rol que ocupan los barrios populares en esa distribución y las resistencias barriales frente a la expansión de las violencias, en especial, del microtráfico de drogas, entre 2015 y 2022. Como primer resultado significativo, es posible afirmar que los hechos de violencia vinculados con los homicidios se concentran en los barrios populares. En cuanto al robo con armas, los delincuentes optan por zonas con mayores oportunidades económicas y residenciales, es decir, hay dispersión territorial. Por su parte, la incautación de drogas ocurre mayoritariamente en las inmediaciones del penal de Villa Urquiza.
Entonces, pese a que hay diferencias a nivel territorial por tipo de delito analizado, las estrategias de seguridad y los discursos recaen sobre los barrios populares y sus habitantes jóvenes, debido a que los costos de la violencia se siguen territorializando en los barrios populares por la posición desigual en el contexto urbano y socioeconómico. Pese a que los homicidios, robos y el tráfico de drogas presentan patrones de localización diferenciados en el GSMT, la violencia homicida y delictual es asociada con estos barrios, bajo una narrativa estigmatizante y sospechosa hacia sus habitantes.
Mientras el discurso mediático parece focalizar el problema en estos barrios, la evidencia más cualitativa muestra otros elementos. Entonces, hay una perspectiva orientada a mostrar que los barrios son violentos, en la que habitan delincuentes, mientras que la segunda —contada por sus actores— muestra que su territorio es violentado por el despojo y abandono, es decir, las violencias se producen en y sobre los territorios. Una de ellas es la violencia estructural, simbólica y cotidiana, en la que la ausencia de un organizador de la vida cotidiana como el trabajo, la carencia de recursos básicos, los robos, la ruptura de lazos intrafamiliares, la presión de los transas, las razias policiales y la estigmatización son algunos de los acuciantes modos en que se conforma el escenario completo de la violencia barrial cotidiana. En este contexto, surgen resistencias comunitarias y barriales orientadas a revertir el consumo de drogas como respuesta a la violencia estructural que atraviesan sus barrios.
Por último, es necesario contrastar de manera sistemática e institucional los procedimientos de registro de datos que son traducidos a estadísticas por el SNIC con las condiciones de vida de la población que presuntamente comete delitos y que daría cuenta de la magnitud de la violencia. En este trabajo se evidencia la desconexión de los modos de registro, aunque sin ellos no hubiese sido posible complejizar ciertos elementos. Para eso, habrá que comprender y replantear los conceptos de violencia institucionalizados, en procesos investigativos que permitan entender, explicar y transformar la realidad a partir de una nueva narrativa sobre violencias y microtráfico de drogas en Tucumán.
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Becario doctoral de la Agencia I+D+i en el Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat
Argentina