Políticas del duelo en tiempos de guerra: legado de Judith Butler en México

Politics of Mourning in a Time of War:
Judith Butler’s Legacy in Mexico

Roque Urbieta Hernández1

Doctor en Antropología Social y Etnología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales roque.urbieta83@gmail.com https://orcid.org/0009-0002-8258-5606 Francia

Recibido: 23-mayo-2025

Aceptado: 16-agosto-2025

Publicado: 15-enero-2026

Cómo citar este artículo:

Urbieta Hernández, R. (2026). Políticas del duelo en tiempos de guerra: legado de Judith Butler en México. Estado & Comunes, 1(22), 159-178. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.417

Estado & comunes

Revista de políticas y problemas públicos.

N.° 22, vol. 1, enero-junio 2026, pp. 159-178

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

Quito-Ecuador.

ISSN impreso: 1390-8081 - ISSN electrónico: 2477-9245

https://doi.org/10.37228/estado_comunes.417

Resumen

Este artículo realiza una lectura interpretativa de la guerra contra el narcotráfico en México a la luz de los aportes teóricos de Judith Butler sobre la guerra, las políticas de seguridad y de duelo. Mediante una revisión documental que incluye notas de prensa, información oficial y fuentes académicas como metodología, se considera que la ‘guerra’ es una construcción política que perpetua la hegemonía de la política de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio. Por tanto, el marco de guerra utilizado para combatir el terrorismo es el mismo para analizar el narcotráfico en México, lo que conlleva, junto con el concepto de economía de la guerra, una discusión profunda sobre los límites de la soberanía y la gobernabilidad. Finalmente, el Estado mexicano elabora políticas del duelo que jerarquizan la vida y la muerte: los familiares de personas desaparecidas y fallecidas quedan en un duelo suspendido ante la ausencia de un cuerpo para llorar, por las circunstancias de la muerte o por la constante impunidad.

Palabras clave: economía de guerra, desapariciones, duelo nacional, gobernabilidad, narcotráfico, soberanía, terrorismo.

Abstract

This article offers an interpretive reading of the war on drugs in Mexico based on Judith Butler’s theoretical contributions on war, security policies and mourning. Through a documentary review that includes press reports, official information and academic sources, it is argued that the “war” is a political construct that perpetuates the hegemony of U.S. security policy in the hemisphere; that the framework of war used to combat terrorism is the same one used to designate drug trafficking in Mexico, which leads, together with the concept of the war economy, to a discussion about the limits of sovereignty and governance. Finally, the Mexican State develops policies on mourning that prioritize life and death: the relatives of missing and deceased persons are left in a state of suspended mourning due to the absence of a body to mourn, the circumstances of death, or constant impunity.

Keywords: war economy, disappearances, national mourning, governance, drug trafficking, sovereignty, terrorism.

1. Introducción

El 31 de enero de 2019, durante una de sus conferencias matutinas, el entonces presidente de México, Andrés López Obrador, aseguró que en el país “oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz, vamos a conseguirla” (Muñoz y Urrutia, 2019). El discurso, que formaba parte de su estrategia de seguridad frente a la guerra contra el narcotráfico, tuvo por trasfondo un cambio de marco que estaba lejos de concretarse. No solo porque la guerra continuaba o porque la violencia homicida y las agresiones tuvieron un repunte durante su gobierno (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía [Inegi], 2025), sino, además, porque mantuvo, como en gobiernos anteriores, el despliegue de las fuerzas militares mediante la creación de la Guardia Nacional para el mantenimiento de la seguridad pública (Salazar y Araujo, 2024).

La guerra contra el narcotráfico en México se enmarca en lo que Chinkin y Kaldor (2013) denominaron ‘nuevas guerras del siglo XXI’, entendida como un conflicto que alberga a otros tipos de amenazas, como los delitos conexos del crimen, la militarización de la seguridad, los ataques a la ciberseguridad, las tácticas de terror y el miedo, entre otros. Las nuevas guerras destacan por su capacidad de adaptación, como ocurre con el negocio criminal, semiempresarial y semiprofesional (Fernández, 2010) del narcotráfico, que logra permear la actuación de otros países para hacerle frente y que integra lo ilegal con lo legal por medio de un ecosistema en red y una economía depredadora que infiltra a los Estados, a la sociedad, al sistema financiero y bancario y a la infraestructura estratégica, por nombrar los espacios comunes. Es decir, se trata de un fenómeno multidimensional (Núñez, 2019).

Dicho esto, la guerra, en su sentido clásico, ya no se distingue por su ocurrencia entre dos o más Estados o por el control del territorio soberano —en sentido westfaliano—, sino entre el Estado y actores no estatales y redes criminales transnacionales, que incluso mantienen enfrentamientos internos por el control del negocio ilícito (Chalton, 2013). En las nuevas guerras, el daño no consiste en disminuir la capacidad del Estado ni de sus ejércitos, sino en dominar y atacar a la población civil, a las mujeres y a las personas vulnerables como principal objetivo estratégico, así como en controlar sus territorios e identidades.

El permanente estado de guerra, que se ha profundizado en México desde 2006 en adelante (Inegi, 2025), ha derivado en la discusión de los efectos de las intervenciones militares en la seguridad pública, los derechos humanos y el valor de la vida humana. Asimismo, en la pertinencia de adoptar una mirada feminista en los estudios de seguridad que enfatice en el reconocimiento de las personas (más allá de privilegiar el focus en el Estado) y proteja la ciudadanía desde una dimensión interseccional y de género (Fajardo, 2023).

Por todo lo anterior, este artículo realiza una lectura de la guerra contra el narcotráfico en México desde los aportes de Judith Butler sobre la mise-en-scène de la guerra, las políticas de seguridad y las políticas de duelo2 desde la disciplina de las Relaciones Internacionales (RR. II). Se incorpora su enfoque a esta discusión debido a que su teoría y filosofía política en el campo de los estudios internacionales no ha sido abordada por la comunidad académica como pensamiento crítico (Antillón y González, 2019; Canseco, 2018; Posada, 2017). Más aún, sus contribuciones en RR. II. a los estudios queer y la teoría feminista en México han tenido un camino distinto y ha sido abordadas de múltiples maneras.

La propuesta de Butler ha sido incorporada a la teoría social crítica en RR. II en dos momentos. En primer lugar, a los estudios de género y teorías feministas, principalmente en la literatura anglosajona3. Un segundo momento, pero menos explorado, es su legado a la teoría política feminista en el campo de las RR. II. (Schippers, 2014), desde los marcos de guerra que se producen a partir de un hecho internacional concreto —como los atentados del 11 de septiembre de 2001—, la dolorabilidad y performatividad estatal que transforma la política y la seguridad internacional. Se trata, según Zaharijevic (2023, p. 3), de un “giro ético, giro humanístico, un cambio desde lo performático a la precariedad”.

Además, Butler aporta luces para comprender la guerra desde otro ángulo: desde los marcos de guerra, la performatividad del Estado, las vidas que cuentan y las políticas de duelo. Por temas de espacio —pero sin desconocer que esto hubiese sido útil—, este artículo no incluyó los aportes de pensadoras que, desde el género, la colonialidad y la economía política han contribuido a entender el marco de violencia y guerra en México, como Segato (2016, 2018), Lagarde (2012, 2016), Lugones (2007, 2008), Reguillo (2013, 2000), entre otras. Además, porque este artículo se inscribe en los subcampos de los estudios de la guerra y la seguridad en RR. II y, por eso, se aleja de enfoques antropológicos, sociológicos o de estudios criminológicos, aunque son campos y disciplinas que se cruzan en ciertos momentos.

El artículo argumenta que la guerra contra el narcotráfico se ha construido desde un marco de guerra (o ‘enmarcado’, según Butler) y con políticas del duelo, muchas veces impulsadas por el Estado con fines estratégicos, orientadas a fortalecer las políticas de seguridad. Estas políticas, que permiten la construcción de la guerra y del enemigo común desde un anclaje internacional, están mediadas por una visión liberal de la ‘ontología social de la vida’ que define y colisiona el significado de lo humano. El marco de guerra permite comprender el duelo como un proceso derivado del dolor y el sufrimiento de la sociedad.

Se trata de un esfuerzo por interpretar el pensamiento de Butler —que ha sido mayormente aplicado a marcos occidentales— al contexto mexicano, el cual puede servir de iniciativa para analizar otros contextos de guerra en América Latina en futuras investigaciones. Entonces, la selección de Butler como una de las pensadoras feministas más influyentes en el ámbito de la teoría política del siglo XXI se atribuye a la necesidad de entender la guerra contra el narcotráfico desde otros ángulos.

1. Metodología

Este artículo, mediante una metodología cualitativa y un análisis interpretativo, recurrió a la revisión y selección documental que incluyó notas de prensa y fuentes académicas, como libros y artículos indexados centrados en la guerra, la seguridad y violencia, como subcampos de las RR. II. (Butler, 1997; Laffey, 2000), pero también en los impactos en el tejido social. Se seleccionaron las principales contribuciones de Butler sobre la guerra y las políticas de duelo que constan en sus libros Life: The Power of Mourning and Violence (2004), Frame of War. When Is Life Grievable? (2009) y La fuerza de la no violencia (2021). Asimismo, constan referencias de otros autores que abordan a dicha autora desde esa dimensión.

México es el laboratorio de análisis, por lo que textos académicos con hallazgos empíricos desde el lente de la seguridad y la violencia se centran en este país, junto con informes de instituciones oficiales como el Inegi, la Casa Blanca, el Instituto para la Economía y la Paz y el Departamento de Estado, que aportan datos y definiciones al respecto. También fueron incluidos informes de la sociedad civil y centros de pensamiento, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, Friedrich Ebert Stiftung, Red Lupa y Transnational Institute, que se complementaron con notas de prensa seleccionadas intencionalmente y que aportan narrativas y discursos, como Infobae, La Jornada, France 24, El Economista, entre otros.

No se desconocen las limitaciones señaladas por la perspectiva crítica del feminismo negro, de las corrientes decoloniales y de la periferia de América Latina sobre el sujeto del duelo como causa de la guerra, así como las escasas herramientas operativas o capacidades materiales que ofrece Butler para comprender los resultados de la guerra y la seguridad. Por eso, se evita dialogar sobre la experiencia de las mujeres para no caer en enfoques reduccionistas (Urbieta, 2020; Suárez y Hernández, 2008) y, por el contrario, nos enfocamos en el análisis e interpretación del poder y control ejercido por el Estado mexicano y los narcos en esta guerra, a partir de evidencias concretas.

En suma, Butler ofrece un punto de vista feminista psicoanalítico desplegado culturalmente en materia de seguridad y política internacional, tomando como unidades de reflexión política “las normas y los marcos que constituyen las dos primeras bisagras del análisis; la tercera sería el sufrimiento propiamente dicho en el contexto de la guerra” (Butler, 2010, p. 111). Por ende, los contenidos de este artículo se organizaron en función de estas tres fuentes; es decir, cómo entender la guerra (marco), los elementos de la guerra contra el terrorismo en la lucha contra el narcotráfico (normas) y políticas de duelo (sufrimiento). Por último, constan las conclusiones.

2. El concepto de ‘guerra’

En 2004, Butler reflexionó por primera vez sobre el dolor y la violencia en el marco de las nuevas guerras del siglo XXI en su libro Precarious Life: The Power of Mourning and Violence4. El libro despertó el interés de la comunidad académica, especialmente de las activistas y pensadoras feministas (Sylvester, 2005), y permitió, posteriormente, entender la guerra como una producción cuyo lenguaje deshumaniza al ‘enemigo’, legitima las leyes y permite la implementación de castigos y excepciones: Butler consideró que los cuerpos dolibles que resultan de la guerra —incluyendo los ‘enemigos’— son dignos y merecedores de duelo.

El libro era oportuno para los estudiosos internacionalistas de la guerra, la seguridad y la violencia porque ofrecía un abordaje metodológico de la realidad contemporánea a partir de cómo las nuevas guerras han redefinido las soberanías y la gobernabilidad. Un ejemplo de esto es la sugerencia de usar la segunda o tercera persona del sujeto en vez del yo, debido a que el yo es parcial, incompleto, alude a roles y normas dominantes. Hablar desde el yo es hacerlo desde el relato hegemónico del Estado performado y no da cuenta del nosotros en el que hay vulnerabilidades compartidas. Butler (2004) propone el ‘recentramiento’ del yo narrativo porque esto evidenciaría que las vidas de las personas están relacionadas con la vida de otros.

Butler consideró que los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y la declaratoria de guerra contra el terrorismo del gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, son un dispositivo político que reetiqueta a las amenazas bajo la narrativa del terror y el miedo: “el secuestro de aviones con pasajeros inocentes y ajenos a lo que sucedía para usarlos como enormes bombas contra edificios llenos de personas normales, fue sin lugar a dudas un hecho horroroso e impactante” (Bennis, 2002). Entonces, desde 2001 hasta la fecha, la humanidad se encuentra en esta guerra que trasciende fronteras: es la guerra global contra el terrorismo (incorporada a la guerra contra las drogas, que data de 1970) que genera más vidas dañadas, deshumaniza el dolor y propicia un conjunto de excepcionalidades (militarización de áreas, vigilancia, uso de tecnologías, presupuestos).

El llamado de Butler es a instaurar políticas de duelo, reparación y verdad que les permita a las personas víctimas de la guerra convertir su dolor en derechos exigibles. Esto permitiría que la vida del migrante, del pescador, del campesino y del joven pobre que muere en la guerra no sea tratada como una vida no llorable, punible o como un ‘enemigo’ del Estado o del resto de la sociedad, sino como una víctima de la guerra y de su propia vulnerabilidad. En suma, la política exterior de Estados Unidos colaboró con la construcción de la narrativa sobre un enemigo público, que además se tradujo en la producción mediática del sujeto peligroso con “puntos de vista prejuiciosos y [que además refuerzan] miradas y juicios racistas en nombre de la seguridad nacional” (Butler, 2004, p. 107).

La obra de Butler no explicitó en aquel momento una unidad metodológica que permitiera establecer comparaciones y trascender el marco de la guerra a nivel internacional. Fue hasta 2009, con el libro Frame of War. When Is Life Grievable?5, cuando expuso la noción de marco o enmarcado para aludir a la producción y clasificación de la amenaza, el daño o las víctimas, es decir, de las “distintas maneras de repartir selectivamente la experiencia como algo esencial a la conducción de la guerra”. Según Butler, los ‘marcos’ confieren una estructura normativa a la vida condicionada de las personas.

Bajo este escenario, los marcos generan palabras, imágenes, discursos y demás que definen qué es la guerra, qué tipo de guerra es, quién es el enemigo, cuáles son los daños, qué es lo aceptable y qué hechos son repudiables. En este contexto, los marcos de guerra jerarquizan la vida, designan qué personas son merecedoras o no de la condición humana6 y quiénes pueden ser mayormente regulados frente a otros. “Los marcos que deciden realmente qué vidas serán reconocibles como vidas y qué otras no lo serán, deben circular a fin de establecer su hegemonía” (Butler, 2009, p. 28).

Para legitimar la incursión militar en Irak y Afganistán luego de 2001, el marco de guerra fue promocionado desde la autodefensa militar y el antiterrorismo en el extranjero mediante una coalición de países aliados (Bennis, 2002); se trataba de un “futuro abierto de guerra interminable en nombre de la ‘guerra contra el terrorismo’” (Butler, 2009, p. 55). Por ende, el concepto de ‘guerra’ tiene una doble connotación: todo acto terrorista puede generar una declaración de guerra, mientras que la guerra —unilateral de Estados Unidos, entre otras cosas— es un acto que prolonga la capacidad de intervención del Estado y, para Bush, “una oportunidad para consolidar su tambaleante credibilidad nacional e internacional y poner en práctica, sin llamar la atención de los medios, los viejos objetivos republicanos de derecha” (Benni, 2002).

Esto nos lleva a confirmar que la guerra es un fenómeno producido, continuo y circular (Enríquez, 2020) —así como el concepto de terrorismo— que redunda en la vaguedad de su significado histórico. Es decir, se trata de un régimen, una práctica militar, pero también informacional, política y de enmarcado que opera de manera selectiva. Según Butler (2009, p. 81), esto ocurre “para socavar las bases de una democracia sensata, restringiendo lo que podemos sentir, disponiéndonos para sentir repulsa e indignación frente a una expresión de la violencia y frialdad justificada frente a otra”.

Dicho esto, en las nuevas guerras del siglo XXI, lideradas por el Estado, convergen grupos de ‘insurgencia’ y ‘contrainsurgencia’ que son otras etiquetas performativas. En este marco surge la narrativa del ‘terror’ propiciada por el enemigo que, según el imaginario colectivo, fragiliza, menoscaba o burla la seguridad nacional. Entonces, el enemigo no es el Estado, pese a que se trata del ente productor de la guerra, sino, que son los grupos terroristas que se infiltran en ese Estado, en los aeropuertos, en el espacio público, en la vida cotidiana. Partiendo de esto, el ‘terrorista’ no es un actor, sino un frame que denota a ciertas personas que atentan contra el orden y la seguridad, generan resistencia y adolecen de protección de derechos. Se trata de un rótulo que justifica la performatividad del Estado para poder actuar contra ese ‘enemigo’.

En ese enmarcado, se optó por no calificar ni clasificar las incursiones militares de Estados Unidos en territorio extranjero como actos de naturaleza terrorista. Desde la gramática, el concepto se reduce a “actos injustificados de violencia contra naciones del Primer Mundo” (Butler, 2009, p. 38); no obstante, desde la excepción permanente: “la guerra contra el terrorismo como una guerra sin fin se justifica incesantemente en relación con la infinitud espectral de su enemigo” (Butler, 2009, p. 60). Entonces, el discurso amplía el mapa de las amenazas y decide hasta dónde prolongar las intervenciones militares. Esto sugiere que existe cierta predisposición del Estado a actuar en contra de los derechos humanos de ese ‘enemigo’ en cuestión.

3. De la guerra contra el terrorismo a la guerra contra el narcotráfico

El marco de guerra contra el terrorismo puede emplearse para analizar la guerra contra el narcotráfico en México desde la producción del enemigo, las excepcionalidades y las jerarquías de la vida. De hecho, se ha dicho que la violencia ocasionada por los ‘terroristas’ es equiparable a la violencia y conducta extrema de los narcos en México (Dondé, 2015). No obstante, en enero de 2025 la Casa Blanca emitió una orden para crear un proceso que designara como organizaciones terroristas extranjeras a varios carteles de la droga (White House, 2025a) “bajo la lectura de que los cárteles controlan, mediante una campaña de terror y fuerza, todo el tráfico ilegal en la frontera México-EE. UU. y funcionan como entidades cuasigubernamentales en porciones del territorio mexicano” (Peniche, 2025).

Fue así como el Departamento de Estado designó a seis organizaciones de origen mexicano bajo este rótulo: los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noroeste, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. También se incluyeron en la lista a otros dos carteles del hemisferio: el Tren de Aragua, de Venezuela y la Mara Salvatrucha, de origen estadounidense (U.S. Department of State, 2025).

Para la Casa Blanca, las herramientas con las que se combate el terrorismo pueden aplicarse en la lucha contra las drogas: restricciones migratorias y congelamiento de activos, lo cual incluye la persecución judicial a quienes les brinden asistencia, financiamiento o recursos (Ruiz-Healy, 2025). Esto, desde el enfoque de Butler, constituye una expansión del marco de la guerra del terrorismo hacia el narcotráfico, lo que generaría un reordenamiento de las vidas que cuentan y de las excepcionalidades (más vigilancia, más castigo). Para la Casa Blanca, esta designación es necesaria porque los carteles de la droga —especialmente de México— son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y de sus países aliados y, por tanto, su tratamiento debe ir más allá de los criterios con los que se combate la delincuencia organizada.

Los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental, que no solo ha desestabilizado países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado Estados Unidos con drogas mortales, delincuentes violentos y pandillas despiadadas. (White House, 2025)

Esto significa que ‘enemigos’ con agendas políticas e ideologías explícitas como Hamás, Hezbolá o Al Qaeda comparten con los narcos de México el mismo cerco conceptual. De acuerdo con Ruiz-Healy (2025), esto abre la posibilidad de que Estados Unidos tome acciones unilaterales en territorio mexicano —lo que conlleva a una discusión mayor sobre los conceptos de soberanía y gobernabilidad— al alegar defensa propia y cuidado de sus intereses nacionales. De modo que este cambio de marco, de grupos delictivos organizados a grupos terroristas extranjeros, ejerce presión para que el gobierno de México muestre resultados concretos en la lucha contra el terrorismo sin injerencia de Estados Unidos. “Esto podría enmarcarse en la lógica discursiva de las amenazas y la negociación que ha caracterizado la política trumpista. Se trata, en definitiva, de un intento más de arrinconar al gobierno de México. La pregunta es con qué objetivo ulterior” (Pérez, 2025).

Desde el derecho internacional humanitario, Rojo (2020, p. 1427) distingue que la guerra contra el terrorismo se ajusta a características jurídicas propias de un conflicto armado internacional, ya que en este “se enfrentan dos o más Estados, o los casos de ocupación total o parcial del territorio de una alta parte contratante”. Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico en México se enmarca en “conflictos armados no internacionales [porque están integrados] entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales”. Entonces, surge la inquietud sobre los alcances que tiene para la soberanía y gobernabilidad de México desde el derecho internacional, esta clasificación de Estados Unidos.

Para Dondé (2015), la violencia, el objetivo inmediato y la intención final son características que definen un acto terrorista. Es el caso de los ataques perpetrados en el Centro Histórico de Morelia (Michoacán), el 15 de septiembre de 2008, en la que dos granadas son lanzadas hacia la multitud, lo que resultó en la muerte de ocho personas y cien personas heridas. El ataque tenía por intención sembrar terror y enviar un mensaje político durante la celebración del Grito de la Independencia que aquel día tenía lugar. Algo similar ocurrió con el ataque incendiario perpetrado por integrantes de Los Zetas contra el Casino Royale de Monterrey, en la que murieron 52 personas por inhalación de humo, dirigido a presionar a los dueños por no pagar una extorsión.

Además, el uso de explosivos y gasolina para generar miedo e intimidar, el ataque hacia la población civil y los actos de conmemoración por las víctimas como reclamo por la verdad y la justicia que no llega forman parte de este marco de guerra. Mientras tanto, Enríquez (2020, p. 175) considera que categorías como insurgencia criminal y narcoterrorismo, así como la misma categoría de guerra contra el narcotráfico, no logran explicar por completo la situación que atraviesa México porque “las bases sociales que les nutren y legitiman no abrazan o defienden alguna ideología política, ni usan las armas y la violencia para reivindicar una causa y hacerla valer”.

Entonces, los criterios con los cuales se entiende a un ‘terrorista’ parecen ser los mismos que para un ‘narcotraficante’7, al menos para justificar la aplicación de políticas de protección y seguridad pública (Dondé, 2015). Este tratamiento conlleva el riesgo de criminalizar a las personas y colectivos en función de criterios raciales, étnicos, de clase social o de género, lo que constituye una transgresión de las normas jurídicas internacionales respecto a la protección de los derechos humanos. Pereyra (2012, p. 432) afirmó que el momento en que el Estado pierde monopolio de la fuerza y la violencia, el control del territorio y “la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte”, es cuando “las mafias, los cárteles de la droga y los distintos grupos criminales asumen de facto funciones de soberanía”. Butler denominó a esto una suerte de “poder soberano que resurge con la tenacidad de un espectro en el seno de la gobernabilidad” (Butler, 2004, p. 89).

El narcotráfico es un fenómeno multidimensional y una compleja red socioeconómica que, aunque afecta con violencia al Estado y a la población, posee lógicas y estructuras distintas a las del terrorismo, cuyo fin es más político o religioso. De acuerdo con Hurtado y García (2022), el narcotráfico es una empresa criminal orientada al lucro mediante la producción y venta de drogas, en cuyo afán coapta las instituciones del Estado. Por otro lado, para lograr el máximo beneficio y el control de los mercados, el narcotráfico es un fenómeno anómalo en el ámbito de la soberanía que establece sus propias normas y regulaciones de excepción al margen de la legalidad.

Pese a la evidencia que apunta a una crisis de seguridad, el Estado de México ha rechazado categóricamente que los narcos sean considerados como terroristas (Peniche, 2025), debido a que dicha decisión contiene implicaciones jurídicas que cuestionan su propia soberanía, teniendo en cuenta que México y Estados Unidos comparten unas de las fronteras terrestres más extensas del hemisferio “en donde se desafían y negocian reglas del juego estatales y del mercado” (Peniche, 2025). Sin embargo, ya existe una discusión sobre la soberanía en el momento en que el Estado empieza a ceder terreno mediante una crisis de seguridad y los narcos comienzan a controlar territorios y comunidades.

Por otro lado, la economía bélica brinda las condiciones para que la ‘guerra’ exista e, incluso, se prolongue mediante estrategias de financiamiento y logística, pero también con arreglos institucionales y cooperación. En este sentido, la guerra es un negocio del cual se lucran quienes producen, financian y sostienen el conflicto (Teja e Islas, 2021). El Estado mexicano forma parte de esta economía que tiene connotaciones prohibicionistas: entre 2007 y 2021, por ejemplo, el gasto público para la contención de la guerra aumentó un 78,5 %, siendo el financiamiento a las fuerzas militares el rubro más alto frente al gasto público en seguridad pública y sistema judicial, lo que sugiere que la militarización es el recurso más recurrente para abordar el fenómeno (Instituto para la Economía y la Paz, 2025), pero que revela “de manera exponencial la violencia directa ejercida hacia la población civil” (Durin, 2018, p. 4).

Los narcos también producen una economía de la guerra mediante un amplio portafolio criminal que incluye extorsión, minería ilegal, tráfico de personas, mercados y redes de protección, lavado de activos, marketing del miedo y el terror y monopolio de los territorios para poder financiarse y gobernar. “Los cárteles de hoy no sólo se enfrentan violentamente entre sí, sino que imponen un modelo de expoliación económica y control social sobre comunidades enteras, ‘socavando la autoridad del Estado’ y transformando el modo de vida local” (Sosa, 2025). La cercanía de estos actores con instituciones del Estado evidencia que el ejercicio del poder estatal actúa en el marco de lo ilegal (Núñez, 2019).

Este fenómeno ha generado una crisis de desapariciones forzadas, violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, extrema violencia y víctimas sin reparación. De acuerdo con la iniciativa Datos y Ubicación de Conflictos Armados (2024), esta situación de conflicto bélico llevó a México a convertirse, en 2024, en “el país sin una guerra regular más peligroso y violento del mundo” donde el gobierno tiene el poder, mas no el control del territorio. Se trata de una ‘violencia política’ continua caracterizada por una ‘guerra civil entre carteles’ que dejó más de 8000 muertes en 2024, con un aumento del 25 % de los hechos de violencia respecto a 2023 (Datos y Ubicación de Conflictos Armados, 2024).

El narcotráfico en México, en el marco de estas economías de la guerra, plantea inquietudes acerca de la soberanía y la gobernabilidad, debido a que hay una afectación del Estado en su capacidad para controlar y ejercer su autoridad en ciertos territorios, condicionada por un entramado de poder complejo (Pereyra, 2012). Asimismo, actores como Estados Unidos pueden influir en la soberanía mexicana mediante políticas de seguridad como vimos en el apartado anterior. En este caso, Butler (2009) plantea que existen pequeñas soberanías o soberanías menores en los bordes del Estado, en las que se ejerce el poder por fuera de todo derecho.

Tales soberanías resultan de la ingobernabilidad del Estado mexicano, de su incapacidad por producir y ejecutar decisiones que, según Romero (2019), parten de la descomposición que atraviesa el Estado desde hace más de treinta años para aplicar la ley, con la venta de protecciones particulares y redes clientelistas basadas en un sistema de incentivos, entre otros factores. Para Núñez (2019), entonces, la guerra no solo obedece a factores externos como la presión política de Estados Unidos o la demanda de drogas, sino que también tiene origen interno. Las disposiciones en materia de seguridad entre los distintos y consecuentes gobiernos federales no tienen continuidad o se encuentran ausentes, lo que afianza las redes de corrupción, cooptación y disfunción de las instituciones (Luna et al., 2021).

Por eso, el enfoque de Butler (2006, p. 81) conduce a una reinterpretación de la soberanía, entendida como “un modo de poder relacionado con el mantenimiento y el control de los cuerpos e individuos, con la producción y regulación de individuos y poblaciones y con la circulación de cosas en tanto mantienen y limitan la vida de la población”. En ese análisis, identifica una correlación entre soberanía, estado de derecho y garantía para representar el poder estatal. La gobernabilidad, en tanto Estado capaz de gestionar eficazmente su sistema político y administrar sus políticas públicas, fortalece las formas de soberanía, ya que surge de su interior. El debate sobre el significado de la soberanía y la gobernabilidad se inserta en un escenario de violencia permanente, lo que implica considerar quién ejerce el control, quién regula el territorio y quién ostenta la soberanía en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

4. Políticas del duelo por la pérdida del Estado

En 2020 fue publicada la obra The Force of Nonviolence: An Ethico-Political Bind, que en 2021 se tradujo bajo el título La fuerza de la no violencia, en la que Butler propuso que la no violencia puede ser un proyecto político colectivo en el que es preciso reconocer, en primera instancia, que todas las vidas son llorables y todas cuentan. Desde el marco de la guerra y la violencia ocurre lo contrario: las vidas son jerarquizadas y clasificadas como protegidas, sacrificables y matables, mientras que otras, mediante un régimen desigual del duelo y la perdida, son lloradas públicamente y otras invisibilizadas por ser ‘terroristas’ y ‘enemigos’ del Estado.

Butler (2020) indicó que la guerra conduce a la disolución de la política (salida negociada o deliberada), en la que solo resta el sufrimiento y la violencia8 —como forma de organizar la vida— y, dado que el ser humano se desenvuelve en este marco que lo deshumaniza, hay vulnerabilidades compartidas que lo exponen al daño o que privilegian su protección. En este sentido, hay una lucha por la rehumanización, por salvar la vida:

Las acciones en pro de la verdad, de la justicia, ante la violencia de Estado y la violencia criminal, son formas de resistir la deshumanización […] que deriva de las formas crueles de privar de la vida y del ocultamiento de las violaciones perpetradas por los agentes estatales y no estatales responsables. (Durin, 2018, p. 8)

La pérdida de soberanía por parte del Estado puede interpretarse como otra parte del duelo nacional, en la que hay un quiebre del pacto simbólico de la ciudadanía con el Estado, que demuestra incapacidad de garantizar seguridad, justicia y preservar los territorios. Butler (2020), en este aspecto, aborda el duelo desde una perspectiva política y simbólica como la pérdida del sujeto en dos sentidos. Por un lado, como parte de la producción de una unidad interna que perpetúa la guerra bajo un supuesto nacionalismo afectivo y, por el otro, desde los duelos reconocidos y no reconocidos, es decir, la jerarquización de la ‘dolorabilidad’.

Para concretar su propuesta, Butler contribuyó a crear y definir un método basado en una cartografía del valor de la vida y la vulnerabilidad corporal, que le permitió identificar qué vidas son protegidas y sacrificables —por ende, lloradas o no merecedoras de duelo— y qué cuerpos están expuestos al daño y la vulnerabilidad por razones de género, territorio, raza, entre otros. Aunque este aspecto no ha sido explorado por la literatura, esta cartografía sería útil para conocer, por ejemplo, por qué ciertos cuerpos son politizados y cómo la muerte de algunos ‘enemigos’ es celebrada con ritos como ocurrió, por ejemplo, con la muerte en 2009 de Arturo Beltrán, líder del cartel Beltrán Leyva, cuyo cuerpo impactado por las balas fue expuesto públicamente mediante una fotografía en la que aparece desnudo y encima un rosario y billetes ensangrentados puestos por los militares en símbolo de victoria (Reyes, 2011).

En un ejercicio sobre los ritos del duelo, Diéguez (2018) aborda la idea de brindar ‘cuerpo al ausente’ mediante representatividad simbólica. Alejándose del enfoque liberal propuesto por Butler sobre el Estado como agente que apela al duelo nacional para legitimar políticas de seguridad e intervención militar en nombre de la lucha en contra del terrorismo, Diéguez (2018) consideró que, en los casos de desaparición forzada, no hay posibilidad de realizar un duelo o cerrar la pérdida debido a la ausencia de cuerpo dolible, así como, hasta que no se aclare la causa de la muerte, de sus responsables o mientras siga habiendo impunidad.

De acuerdo con reportes oficiales, en México hay más de 128 000 personas desaparecidas (Red Lupa, 2025), de las cuales el 90 % desapareció entre 2006 y 2024 (San Juan y Guillén, 2025), es decir, en los años de mayor violencia criminal en México. Se sabe de casos de “jóvenes que eran reclutados forzosamente mediante ofertas falsas de empleo” (Naciones Unidas, 2025) y que no volvieron a aparecer ni llegaron a sus casas.

La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes: hay 40 000 desaparecidos entre 20 y 34 años. A la gran parte de las mujeres se las llevan todavía con menos edad, entre 15 y 19 años. Hay municipios de 30 000 habitantes con casi 1000 mujeres desaparecidas y zonas metropolitanas, como la de Guadalajara, que acumulan 9500 personas sin localizar. (San Juan y Guillén, 2025, página web)

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (2020), se localizaron entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 del mismo mes de 2019 un total de 873 fosas, de las que se exhumaron 1124 cuerpos: se identificaron 395 y solo 243 se entregaron a los familiares, lo que representa solo el 21,61 % del total. Entre 2016 y 2018 se identificaron 2835 fosas (Jiménez, 2025), ubicadas en territorios donde operan grupos delincuenciales. Esto, en clave butleriana, significa que, mientras no haya un dead bodies, no habrá un lugar de sepultura, por lo que las familias quedan atrapadas en un duelo suspendido, están ‘muertos en vida’ (Durin, 2018), sin posibilidad de que el cuerpo sea llorado.

Otros hechos de dominio público ilustran el duelo cómo un proceso social interminable: la masacre en 2010 durante una fiesta de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar (Ciudad Juárez) por parte de Los Zetas; la masacre de 72 migrantes cerca de San Fernando (Tamaulipas) en 2010, que luego fueron enterrados en fosas clandestinas. Recientemente, durante el gobierno de López Obrador, el ataque en 2020 a un centro de rehabilitación en Guanajuato, que dejó cerca de 28 personas muertas, o la ejecución en 2022 durante un velorio de 17 personas, cuyos cuerpos fueron retirados por los agresores.

En este contexto, la discusión se traslada a qué hacer con estos cuerpos: ¿se activa el duelo o se declara a esas personas víctimas de la guerra? ¿cuáles son las emociones y sentimientos causados? Alianzas como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (s. f.) —una de las más emblemáticas de México—, que agrupa sesenta organizaciones de familiares, víctimas y defensores de derechos humanos, han generado un espacio de lucha que permita la elaboración de una ley en materia de desapariciones en México desde:

• La búsqueda de sus seres queridos, “hacemos todo lo que el Estado, hasta hoy, no ha hecho”.
• La lucha por su derecho de conocer quién, cuándo y cómo desaparecieron sus familiares.
• El acceso a la justicia como mecanismo para combatir la impunidad y la violencia.
• La búsqueda de medidas de reparación y no repetición (Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, s. f.).

Vale indicar que esta visión del duelo, desde los colectivos de la sociedad civil, no ha sido desarrollada ni evidenciada por Butler. No obstante, el duelo es una expresión colectiva y posee sentidos políticos, con actos de reclamo público y pedidos de justicia social, y proporciona un conjunto de herramientas conceptuales que permite reinterpretar la idea de comunidad, empatía y solidaridad. En efecto, Butler propone la construcción de vínculos internacionales igualitarios y la formación de una coalición feminista internacional en un esfuerzo por promover la no violencia en la política internacional.

5. Reflexiones finales

El presente artículo expuso los aportes conceptuales sobre la guerra, la seguridad y las políticas de duelo de la pensadora feminista Judith Butler desde el ámbito de las relaciones internacionales, y cómo estos contribuyen a comprender la guerra contra el narcotráfico en México. Mediante una revisión documental se encontró que las ideas políticas de Butler abren el espacio para conceptualizar la guerra y el duelo nacional en el marco de los estudios de seguridad. Se trata de una aproximación innovadora, tanto en términos conceptuales como metodológicos, que aborda aspectos subestimados en los estudios internacionales y que, en el caso de México, permite repensar el poder del duelo desde el paradigma feminista de la seguridad.

Desde una perspectiva metodológica, el texto evidencia la aplicación de diversos métodos críticos que resultan pertinentes para las RR. II. A modo ilustrativo, se pueden mencionar el análisis de discursos, la interpretación de la guerra, la construcción del yo narrativo como elemento definitorio de la guerra y las estrategias para construir el rol del enemigo. Los marcos, asimismo, operan como un método político y discursivo que pone en juego el valor de la vida humana.

El aporte teórico de Butler posee limitaciones conceptuales cuando descuida, por ejemplo, la manera en la que se origina el sistema económico ilegal que sostiene las nuevas guerras del siglo XXI o el rol de los colectivos de la sociedad civil en la elaboración del duelo. En este sentido, la obra Butler contribuye a identificar a los agentes globales que intervienen en el negocio del narcotráfico en sus diferentes niveles de interacción. Su comprensión sobre la etiqueta de ‘terrorista’ proporciona una perspectiva esclarecedora que permite identificar cómo se entiende la guerra del narco en México. Las actividades ilícitas y el comportamiento violento son rasgos comunes entre la figura del terrorista global y el narco mexicano.

En este punto, las reflexiones de Butler encuentran eco con la clasificación realizada por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, que categorizó a seis grupos criminales de origen mexicano, que pasan de ser carteles internacionales a organizaciones terroristas que atentan contra la soberanía de Estados Unidos y de los países aliados. Esta clasificación, más allá de las implicaciones jurídicas en la materia, conlleva una discusión mayor sobre la soberanía y la gobernabilidad del Estado mexicano.

Como se evidencia en el presente texto, las guerras contemporáneas tienen la capacidad de originar soberanías anómalas, pero también un quiebre del pacto simbólico entre el Estado y la ciudadanía, por la imposibilidad del primero de garantizar seguridad, justicia y vidas llorables. Desde un punto de vista jurídico, la guerra contra el narcotráfico en México no se ajusta a las definiciones de un conflicto internacional, ya que —en esencia— no se trata de un enfrentamiento entre Estados. El narcotráfico, como agente universal, se desplaza en contextos locales y se vincula con escenarios a menudo distantes, distorsionando la realidad concreta en un mundo globalizado.

La contribución teórica de Butler no ha recibido la atención adecuada por parte de los internacionalistas mexicanos. Esto se debe —quizá— al descuido de la reescritura acerca de la soberanía y la gobernabilidad en tiempos de guerra, agendas conceptuales incluidas en las RR. II. Ello ayudaría al reconocimiento de la responsabilidad de quienes diseñan e implementan las políticas de seguridad en la perpetuación de la violencia en nombre de la guerra contra el narcotráfico. Esta responsabilidad se extiende a la necesidad de establecer políticas de duelo ante acontecimientos que revelan vidas meritorias de llorar o aquellas silenciadas. Esa es una de las principales contribuciones ontológicas al estudio de la guerra como un camino alternativo para implementar mecanismos de reconciliación entre la sociedad mexicana afectada por la violencia.

Por último, el duelo nacional es producto de la guerra. Frente a ello, se impone la necesidad de adoptar una postura política y normativa que se erija como el conducto institucional que propicie la coalición internacional feminista que propuso Butler. Una alianza que reimagine la conformación de comunidades basadas en el reconocimiento de la vulnerabilidad y la pérdida. Tales comunidades deberían dotar de significado histórico a cualquier tipo de pérdida sin limitar el duelo del grupo.

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1. 1 También es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Este artículo fue presentado en una mesa redonda durante las Jornadas de los Jóvenes Americanistas 2024, “Guerra y paz en las Américas: de la prehistoria a nuestros días”, realizadas entre el 1.º y el 3 de julio de 2024 en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, en Ciudad de México. Agradezco el valor crítico, el rigor y las lecturas sugeridas por los dos dictaminadores, que permitieron realizar una reescritura de este texto.

2. 2 Dicho paradigma forma parte del pensamiento posestructuralista integrado en la década de 1980 al campo de las Relaciones Internacionales, influido, principalmente, por la teoría marxista para entender la vida social: se preocupa por conceptualizar las relaciones entre estructura, agencia y poder, así como problemas sobre la ideología, el lenguaje, el rol de la representación, poniendo el acento en la identidad, la subjetividad, las instituciones, las organizaciones y la democracia (Howarth, 2013).

3. 3 Destaca el libro de Lauren Wilcox, que “rearticula el nexo de cuerpos/sujetos/violencia a través de la teoría feminista, particularmente comprometido con el trabajo de Judith Butler [ y sus] implicaciones tanto para la teoría constitutiva y la teoría crítica en RR. II.” (Wilcox, 2015, pp. 15-16). Otros textos que siguen esa misma línea son Shinko (2023) y Wilcox (2017).

4. 4 Aunque el título original se publicó en inglés en 2004, para los fines de este artículo se consultó la edición traducida, publicada en 2006, como Vida precaria: el poder del duelo y la violencia.

5. 5 Para la redacción de este artículo se consultó la versión en castellano del libro, publicado en 2010, titulada Marcos de guerra. Las vidas lloradas.

6. 6 El lenguaje de la deshumanización es un marco dominante tanto en términos críticos como conceptuales. Walker (2015) retoma la discusión sobre la teorización de las políticas de lo humano para comprender los crímenes de esclavitud, las detenciones por tortura, así como el uso indiscriminado de ataques con drones.

7. 7 Existe una distinción conceptual sobre las motivaciones e impulsos de la violencia causada por el terrorismo y la generada por el narcotráfico. Mientras que el primero se distingue por ejercer la violencia bajo una ideología política o religiosa, el segundo lo hace por el usufructo económico. Es necesario trazar historias de vida de tal manera que contemos con bases empíricas que permitan clarificar las fuentes de las pulsiones violentas de los actores sociales, como método para enmarcarlos en la dimensión global de la guerra.

8. 8 En una conferencia que Butler ofreció en 2010 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona desarrolló el método llevado a cabo por los Estados para representar la guerra a través del control de los medios de comunicación, estableciéndose, con su manipulación, la construcción “de cierta realidad mediante nuestro propio acto de recepción pasiva, ya que se nos solicita que aceptemos cierto marco de la realidad, tanto por lo que hace a su construcción como a su interpretación” (Butler, 2011, p. 13).