Seguridad en América Latina:
desafíos y amenazas

Security in Latin America: challenges and threats

Karina Furtado Rodrigues

Docente en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército Brasileño, Brasil

Correo electrónico: karinafrodrigues@gmail.com

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9330-6399

Johanna Espín Moscoso

Docente en la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador

Correo electrónico: johanna.espin@iaen.edu.ec

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0442-1331

La seguridad, tanto del Estado como de la ciudadanía, ha sido un tema central en los debates de América Latina durante décadas. Alejadas de la probabilidad de adentrarse en guerras interestatales, las fuerzas de seguridad y defensa se enfrentan a amenazas como el narcotráfico, el crimen transnacional, la minería ilegal, el lavado de activos y una serie de delitos que perturban el desarrollo de los países. Esto ha generado dos preocupaciones: la militarización de la seguridad y, por el otro, la ausencia de una política de seguridad integral (por diferentes razones, incluidas la corrupción, ausencia de coordinación en niveles de Gobierno, intereses contrapuestos, presupuesto limitado, entre otros). Al mismo tiempo, se asume a las políticas de seguridad como respuestas directas a un “problema perverso”, pero que debería ser comprendido desde su complejidad y multicausalidad.

Dado que las amenazas que enfrenta en la actualidad América Latina se encuentran más cercanas a temas no tradicionales en las agendas de seguridad, tales como vulnerabilidades vinculadas con el ambiente y desastres naturales, asimetrías económicas, fragilidad institucional, además del surgimiento de actores no estatales ilegales, cada vez más contestatarios a la autoridad de los Estados; una respuesta efectiva a estos problemas debe ser transversal y con estrategias desde lo económico-formal, educativo, servicios de salud, contexto socio-familiar, entre otros.

Sin embargo, la coordinación de acciones entre diferentes organismos es un gran desafío, al igual que la ausencia de una visión compartida de un mismo problema, el liderazgo civil y los mecanismos de financiación. Además, los organismos públicos en diversas esferas de la seguridad tienen competencias limitadas (y duplicadas en ocasiones), así como escasez de personal y cualificación. En ausencia de directrices transversales, es común que los organismos de seguridad y defensa intenten trazar cursos de acción de manera aislada, respondiendo de manera parcial a problemas puntuales.

Incluso, en los casos en que se han establecido redes de cooperación, persiste la dificultad de definir cuáles serían estas amenazas, delimitar la frontera entre amenazas de seguridad y defensa, y comprender hasta qué punto securitizar las amenazas pueden reducir el poder de los Estados. En este sentido, una condición ineludible en el campo de los estudios de seguridad es, por un lado, realizar una reflexión constante que atienda a las transformaciones en su objeto de estudio. Por otro lado, fomentar el desarrollo de nuevas contribuciones que demuestren capacidad de diálogo y actualización, especialmente para la construcción e implementación de políticas que puedan garantizar de manera efectiva la seguridad del Estado y sus ciudadanos.

Bajo el contexto anterior, la decimoctava edición de Estado & comunes ofrece a sus lectores insumos que nos permiten comprender y avanzar en estas discusiones. La revista inicia con un artículo de interés para la historiografía argentina y expertos en los estudios migratorios: “Securitización de las migraciones y tecnologías de vigilancia en Argentina, 1981-2001”. Ante la ausencia de estudios que aborden este problema en este período de tiempo en particular, su autor destaca que, durante la dictadura militar y los Gobiernos de Alfonsín y Menem, se generaron políticas públicas enfocadas en controlar y securitizar el Estado (lo que el autor denomina “legibilidad estatal”) mediante la adopción de tecnologías biométricas y bases de datos digitales. Durante estas décadas, se construyó un discurso de riesgo y amenazas de los “inmigrantes limítrofes” que provenían de la región.

El segundo artículo, “Estrategia Multisectorial Barrio Seguro: inseguridad, crimen y violencia en Huacho, Perú”, propone la evaluación de una política pública que data de 2017 y que se enmarca en el paradigma de la seguridad con enfoque territorial, preventivo y comunitario. Los resultados de la evaluación (a nivel de articulación, implementación de espacios, factores de riesgo, participación ciudadana, modernización y administración de justicia) sugieren que este tipo de políticas más incluyentes tienen un efecto positivo en la percepción de la ciudadanía. Con más retos que respuestas, los autores consideran que el efecto de la política puede potenciarse con una institucionalidad más fuerte, mayor confianza hacia las autoridades y participación orgánica de la sociedad civil.

En el tercer artículo, “Estados Unidos y la asistencia militar y en seguridad hacia América Latina y el Caribe: abordaje crítico, 2010-2022”, los autores se insertan en las discusiones sobre la necesidad de aumentar la asistencia militar y seguridad que Estados Unidos proporciona a la región. Con una mirada crítica a la agenda de securitización, se realiza una reclasificación de los rubros de asistencia (económica y militar) que constan en la base de ForeingAssistance.gov. Los autores evidencian un “ocultamiento” de las cifras, pues, bienes y servicios vinculados a la seguridad son incluidos en el rubro de asistencia económica, pese a que, por objetivos y origen, pertenecen al ámbito de lo militar.

Sin duda, Estados Unidos ha ejercido una fuerte participación e influencia en la región, no sólo en términos de asistencia. En “Diplomacia militar y ‘nuevas amenazas’: Estados Unidos en la Conferencia de Ejércitos Americanos, 2008-2015”, cuarto artículo, vemos cómo este país se valió de la diplomacia militar para construir una visión hegemónica de la seguridad hemisférica centrada en las “nuevas amenazas” luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta visión fue instrumentalizada en la Conferencia de Ejércitos, escenario de encuentro militar que sirvió para promocionar los ejercicios y guías de entrenamiento Panamax, FA-Hum y PKO-A, liderados, organizados y financiados por Estados Unidos.

Culmina esta sección el artículo “Ampliando el concepto de soberanía: Fuerzas Armadas del Ecuador frente al crimen organizado transnacional”, en el que se argumenta que la inefectividad de las fuerzas militares en la lucha contra el crimen organizado y los delitos conexos en Ecuador guardan sintonía con las atribuciones que le fueron asignadas y la conformación misma del Estado. Desde un enfoque westfaliano, los cuerpos castrenses están encargados de defender la soberanía, el territorio y las fronteras como amenazas externas convencionales, lo cual no se encuentra en sintonía con fenómenos recientes que amenazan el país, pero que siguen siendo percibidos como amenazas no convencionales. El autor propone la revisión de la política de defensa y del enfoque de soberanía que les permita a los militares avanzar con efectividad en la lucha contra el crimen.

La revista incorpora también cuatro artículos en la sección de Coyuntura, relacionados con las discusiones sobre seguridad y preocupaciones actuales en la región latinoamericana. El primero, sobre las representaciones sociales y las vulnerabilidades que atraviesan jóvenes universitarios en el estado de Colima en México. En segundo lugar, una discusión teórica sobre el concepto de “Estado fallido” en el ámbito del derecho, a propósito de las protestas sociales de 2019 y 2022 y del aumento de la violencia criminal en Ecuador. El siguiente artículo indaga las razones que no permiten que la Comunidad Andina de Naciones logre estrategias concretas de seguridad para los países miembros; este organismo está más enfocado en su agencia técnica y el fortalecimiento del mercado común. Por último, una propuesta conceptual jurídica sobre el “metaderecho de la seguridad ciudadana” y la rendición de cuentas como medio para salvaguardar estos derechos.

En la sección de entrevista, la Dra. Katalina Barreiro nos ofrece elementos para comprender el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado. La entrevistada subraya la carencia de políticas estandarizadas a nivel global para castigar el delito del lavado de activos, así como la existencia de naciones en las que tal tipo penal no figura dentro de sus marcos legislativos. La cooperación fronteriza entre Colombia-Ecuador, los desafíos del presidente Noboa en materia de seguridad, los ciberataques a la infraestructura informática del sector público y su postura frente a conflictos geopolíticos como el de Rusia-Ucrania e Israel-Palestina forman parte de este diálogo con los editores.

Esperamos que el esfuerzo presentado en este número contribuya a enriquecer el debate propuesto sobre las particularidades que ofrece las políticas de seguridad en Argentina, Perú y Ecuador, además de la influencia que ejerce Estados Unidos en la diplomacia y asistencia en la región. En última instancia, se espera que las contribuciones puedan ser ampliadas, discutidas y sirvan de base para la toma de decisiones políticas y estratégicas de la región, para comprender qué tanto hemos avanzado y qué desafíos y retos quedan pendientes por resolver.