Enfoques, metodología y panorama actual de la calidad de la democracia en la región

Approaches, methodology and current difficulties of the quality of democracy in the region

Entrevista a Simón Pachano

Profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Sede Ecuador

Correo electrónico: spachano@flacso.edu.ec

Entrevistado por:

Bolívar Lucio Naranjo

Director Editorial del Instituto de Altos Estudios Nacionales

Correo electrónico: bolivar.lucio@iaen.edu.ec

Javier Monroy Díaz

Editor de Estado & comunes

Correo electrónico: estado.comunes@iaen.edu.ec

Simón Pachano

Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, máster en Sociología del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. En la actualidad, es coordinador del programa de Estudios Políticos y del doctorado en Estudios Andinos de la Flacso-Ecuador, institución en la cual también es docente. Es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas y miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Entre sus distinciones se encuentra Visiting Fellow del Kellogg Institute en University of Notre Dame, Visiting Research de la Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli y miembro honorario del Instituto de Iberoamérica. Posee una amplia trayectoria académica y de investigación como exdirector de la Fundación Ecuatoriana para la Democracia y del Instituto de Estudios Ecuatorianos, profesor invitado en el Instituto Ortega y Gasset, Universidad de Salamanca, University of Hradec Kralove, entre otras no menos importantes.

¿Considera usted que la percepción de la democracia ha cambiado en términos de relevancia y que comunidades y personas pueden optar por regímenes menos democráticos a cambio de estándares más aceptables de bienestar?

La pregunta apunta a la percepción de la ciudadanía, que es uno de los criterios para evaluar la democracia. No obstante, eso implica cierta complejidad, porque las preguntas que se formulan en esas encuestas deben estar acompañadas de otras preguntas que no se formulan. Por ejemplo, es necesario preguntarle a la ciudadanía qué entienden ellos por democracia, partiendo de que no todos comprenden lo mismo. Por eso, es usual que en las encuestas las personas respondan positivamente porque lo que evalúan no es la democracia en sí, sino el entorno en el que se desenvuelven; por ejemplo, la situación económica o condiciones que resultan del ejercicio político. No siempre se evalúa a la democracia propiamente dicha, sino a las condiciones que la rodean.

¿Qué actores (políticos, sociedad civil) y desde qué instancias (instituciones, academia) pueden hacer propuestas para mejorar la calidad de la democracia? ¿En qué consistirían los ajustes normativos/institucionales que lleven a ese objetivo?

Creo que la respuesta a esta pregunta se encuentra enlazada con la inquietud sobre cómo medimos la calidad de la democracia. Básicamente hay tres maneras de medirla: la primera, con encuestas, consultando a la ciudadanía sobre qué tan satisfechos se encuentran o no con la democracia de sus países; la segunda, acudiendo a la opinión de expertos cuyos datos sirven de insumo para la construcción de diversos índices, como el de Freedom House, The Economist o Varieties of Democracy; la tercera, que como investigadores tengamos una definición muy precisa de la democracia, de cuáles son sus componentes, investiguemos y luego evaluemos. Esta última me parece la más confiable, pero la más difícil de hacer.

En relación con las dificultades, vemos que la primera manera se encuentra vinculada a la percepción de las personas. Las respuestas, por supuesto, están sujetas a las condiciones de vida, la situación económica y social que atraviesan las personas encuestadas. La segunda manera va a depender de quiénes son y a qué tipo de expertos les estamos consultando, de sus tendencias y preferencias políticas. Una cosa es que se consulte, por ejemplo, a dos, tres personas de cierta tendencia política y otra que no se consulte a ninguno de la oposición. Eso generará ciertas dudas.

Respecto a los componentes o criterios que debe tener toda democracia, creo que son cinco: 1) Estado de derecho, es decir, si existe o no una vigencia de la ley, la norma, si hay o no limitaciones para el ejercicio del poder; 2) derechos políticos que, aunque se encuentran en el Estado de derecho, abordan cuestiones más específicas, como el derecho al voto, la inclusión de sectores marginados en la toma de decisiones; 3) procesos electorales con sus variados adjetivos (elecciones limpias, libres, equilibradas, efectivas, frecuentes), ya que de las elecciones se elige quién va a gobernar y generar leyes; 4) división y balance de poderes (accountability horizontal); y 5) control de la ciudadanía a los políticos, aquí entra en juego las formas de democracia directa, como el plebiscito, las consultas.

Si tenemos claridad de esos componentes, como investigador puedo delimitar las variables e indicadores. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, que el Estado de derecho incluye varios subelementos, tales como legislación, comportamiento de las instituciones públicas, cifras de seguridad, eficacia de las instituciones para perseguir hechos delictivos. Lo mismo sucede en cada uno de los otros cuatro componentes. Entonces, si podemos identificar dónde están las dificultades y fallas de cada componente podemos afirmar si la democracia funciona o no, en dónde hay que actuar y qué actores deben encargarse de solucionar cada una de esas fallas.

¿A qué tipo de rediseño o ajuste de procedimiento podría recurrir el presidente Gustavo Petro para resolver los problemas y reducir el conflicto?

Complejo. Petro en realidad es un fenómeno sorprendente en Colombia, ya que, si observas la historia, resulta que es el primer presidente de izquierda que ha tenido este país. Me parece que esta pregunta es más de coyuntura política, de acciones de gobierno y del rol de la oposición que de calidad de la democracia. No obstante, Petro tomó una decisión muy sorprendente, que fue conformar una gran coalición de gobierno con representantes de todos los sectores políticos, incluyendo hasta el uribismo. Pero, luego de una serie de decisiones y, quizás, de evaluaciones de parte de él y de sentir que no estaba avanzando al ritmo que él quería, se encarga de romper la coalición. De cierta manera, patea el tablero y dice: “Me voy a ir a mis raíces y voy a hacer un gobierno más radical”. Petro se encuentra en esa transición.

El caso de Colombia es muy diferente al de Chile, ya que Boric comenzó con un gobierno más radical, con los planteamientos que mantuvo desde su liderazgo estudiantil, pasando por los estallidos de 2019 y el primer intento por redactar una nueva Constitución. El malestar y el rechazo de la ciudadanía ante la gestión del Gobierno se materializó en las urnas, en la derrota del plebiscito que buscaba una nueva Constitución. ¿Hacia dónde va Boric ahora? Boric le apunta a algo que él siempre había rechazado totalmente: busca una alianza con La Concertación de Partidos, en la cual incluye la posesión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, al nuevo canciller, Alberto Van. Incluso, esto se refleja en hechos simbólicos como, por ejemplo, su participación en el homenaje que se le hizo a Patricio Aylwin, primer presidente de la transición hacia la democracia, en donde tuvo unas palabras afectuosísimas.

Es decir, Boric pierde popularidad y pierde el plebiscito constitucional. ¿Qué pasó? ¿Por qué no gana nada?

Yo creo que Boric se encuentra con una sociedad chilena que es bastante conservadora. No quiere decir que sea de derecha, sino conservadora en términos de estabilidad, de valorar las instituciones. Por supuesto que en Chile las instituciones son muy fuertes y, quizá solo en ese sentido, se parece más a Colombia, que también posee cierta institucionalidad que es muy valorada por la ciudadanía. Con una gran diferencia, y es que en Colombia históricamente la institucionalidad no ha tenido presencia en todo el territorio. Hay espacios del territorio nacional que no son controlados, lo que significa que el Estado no logra controlar un montón de actividades, como el narcotráfico, la guerrilla.

En fin, este no es el caso chileno, donde la institucionalidad es muy fuerte en todos los sentidos. Esto hace que su sociedad tema a los cambios bruscos; una sociedad que tiene muy presente, además, la historia de la dictadura de Pinochet. Entonces, difícilmente pueden cuajar propuestas de cambio como la de Boric y su coalición política. Algo que no es del gusto de Boric es este desplazamiento hacia el centro que empezó a darse desde la derrota en el referéndum y que seguramente va a seguir profundizándose si es que quiere mantenerse en el Gobierno y tener posibilidades hacia adelante.

¿Cuál es su lectura de la muerte cruzada en Ecuador y qué perspectivas existen sobre ajustes en las instituciones y los cuerpos normativos que mejoren el bienestar general de la población?

La muerte cruzada es el intento de superar las circunstancias que acarrearon las caídas presidenciales, porque fueron golpes de Estado “tapiñados” [transiciones presidenciales articuladas desde el Congreso en 1997, 2000 y 2005]. Solo que, al instituir esta figura, lo hicieron muy mal. En primer lugar, trasladaron una figura del régimen parlamentario al régimen presidencial y, segundo, porque para hacerlo tenían que analizar las características de esta figura y ver qué era lo mejor para el país. Se trata de un error. En Ecuador se va a elegir a un presidente y a una asamblea para un período de dieciocho meses, lo que sugiere que estamos institucionalizando la inestabilidad. Lo que debieron hacer es convocar a elecciones para un período nuevo, de cuatro años, como ocurre en el parlamentarismo. ¿Qué hubiese pasado si el presidente disuelve la Asamblea y convoca a elecciones el último día de su tercer año de mandato? ¿Íbamos a elegir nuevo Gobierno y asambleístas solo por seis meses? Ese es además otro error de la ley de Montecristi, no define cuánto tiempo estará el nuevo Gobierno, solo se establece que el presidente puede convocar a elecciones anticipadas.

Lo otro importante es que para afrontar a las elecciones anticipadas se requiere de partidos políticos fuertes que puedan enfrentar ese escenario. Lo que estamos viendo es una serie de candidatos buscando partido político y de partidos que andan buscando candidato. Es una cosa insólita: candidatos que se pasean por todo el espectro político buscando quién les apoye. Insisto, fue un error en cómo lo hicieron, se pudo haber pensado en la muerte cruzada, pero adecuadamente.

El último informe del Democracy Index revela o señala que países como Uruguay y Costa Rica tienen las mejores democracias de la región. ¿Qué ocurre en estos países que resulta en esta lectura? ¿Se pueden replicar estas experiencias en otros países latinoamericanos?

Yo creo que estos dos países poseen ciertas condiciones, unas bases sociales y económicas que les permiten mantener una estabilidad institucional. Son países donde tempranamente se constituyó una clase media bastante amplia, con poca concentración de la riqueza, al menos –no en el mismo nivel que en otros países de la región–, cierta homogeneidad social y étnica, lo cual es importante, porque no hay conflictos y luchas de este tipo, son países con población pequeña. Costa Rica, de forma concreta, resolvió su problema de la tierra con una muy temprana reforma agraria con propietarios medios y pequeños de la economía cafetalera que permitió la ampliación de la clase media. Por su parte, Uruguay centró su desarrollo en su capital, Montevideo, con instituciones republicanas muy tempranas, como el partido Colorado y el Blanco, que datan del siglo xix. Chile tenía una tradición relativamente similar de construcción del Estado que se rompe con el golpe de Estado de 1973. Creo que, en la base social, económica y la formación de las instituciones de Estado se encuentra la respuesta del por qué países como Uruguay y Costa Rica tienen mejores índices de calidad de la democracia que el resto en la región.

Para finalizar esta entrevista, ¿cuál es su lectura respecto al retorno del presidente Lula en Brasil en el marco de la política internacional?

Primero, Lula tuvo dos gobiernos con indicadores sociales y económicos muy buenos. Puso a Brasil en el panorama mundial con los Brics, estuvo presente en la geopolítica mundial, en general. Claro, esto fue opacado con los casos de lavado de activos, corrupción, el tema de Odebrecht, el Lava Jato. Segundo, Lula pensó y promovió la idea de la Unasur, idea que fue captada hábilmente por Chávez, que se convirtió prácticamente en el líder, ante un Lula que dejó de hacer las cosas en su momento. Lula en este tercer gobierno retoma la idea de la Unasur, pero luego de ver la ausencia de un liderazgo latinoamericano. Entonces, tiene un espacio abonado en el cual puede convertirse en un líder fuerte, en el único líder. Desea volver a situar a Brasil en el panorama mundial, entonces, lo de Unasur sería el fortalecimiento de la cooperación, pero en casa propia.

Él quiere ser una figura que, por ejemplo, pueda mediar entre Rusia y Ucrania. Pero, en mi opinión, creo que lo hace mal, porque entiende este conflicto como una guerra y no como lo que es: una invasión. Creo que en eso le está yendo mal a Lula. Igual con Venezuela, quiere ayudar a resolver el tema, pero con la misma respuesta. Entiende la grave crisis de los derechos humanos en ese país, la migración de 4 millones de personas, como una narrativa construida. Entonces, allí hay un problema serio. Me parece que entonces está cometiendo errores en todos estos aspectos, pese a que la intención de ayudar pueda ser interesante.