Crisis climática: de los
compromisos a la acción

Climate crisis: from commitments to action

Entrevista a Carola Mejía

Consultora para la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Perú

Correo electrónico: caromejia5@hotmail.com

Entrevistada por:

Andrea Carrión

Decana de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador

Correo electrónico: andrea.carrion@iaen.edu.ec

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3817-3815

Paúl Cisneros

Docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador

Correo electrónico: paul.cisneros@iaen.edu.ec

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0562-283X

Carola Mejía

Economista de la Universidad Católica Boliviana San Pablo en Perú y máster en Desarrollo Económico con especialidad en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente por el Instituto de Estudios Sociales en Holanda. Cuenta con más de quince años de experiencia como asesora y consultora de organizaciones públicas, privadas y de cooperación internacional, como el Banco Mundial, en proyectos técnicos sobre cambio climático, desarrollo urbano sostenible y financiamiento climático. Fue coordinadora de redes regionales, entre las cuales está el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) y el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), en el que continúa apoyando y realiza seguimiento ciudadano al cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por los países de la región en el marco del Acuerdo de París. En la actualidad es consultora para la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Fundación Avina.

En el contexto de la crisis múltiple y la guerra entre Rusia y Ucrania se ha dejado de lado la priorización de la agenda climática tanto nacional como internacional. Si bien, los países avanzaron en la formulación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) estamos tarde, considerando el corto plazo de menos de tres años que plantea la comunidad científica para hacer una rápida transición hacia nuevos modelos de desarrollo. En un contexto pospandemia tampoco se ha aprovechado la oportunidad de acelerar la transición hacia modelos más verdes, sostenibles y justos. La acción por el clima requiere alta voluntad política y el compromiso de diversos sectores. También es importante una mirada latinoamericana que contribuya con propuestas, debates e insumos técnicos, basados en evidencia científica, pero también, con saberes ancestrales. Estos, y otros temas relacionados con los mecanismos de incidencia, como las campañas, pronunciamientos, redes sociales y trabajo directo con los tomadores de decisión, hacen parte de la siguiente entrevista realizada por las personas coordinadoras de este número de Estado & comunes a Carola Mejía.

¿Qué aspectos de las agendas, estrategias y políticas climáticas han avanzado desde la adopción del Acuerdo de París? ¿Ha existido algún retroceso?

Desde 2019 en el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC) hemos realizado seguimiento a los compromisos climáticos, a la política climática regional y a la agenda climática internacional. Costa Rica, Colombia o Chile demuestran más avances. México y Brasil han presentado compromisos similares a los anteriores. El resto de países está muy por debajo. Esperábamos más impulso a las políticas climáticas en 2020 pero con la llegada de la pandemia se dejó de priorizar dicha política y se perdió fuerza en la actualización de los compromisos climáticos. Si bien, hay algunos avances, estos han sido lentos y con el contexto de pandemia se ha ralentizado aún más la implementación de tales medidas.

¿Cuáles son las prioridades de las políticas climáticas nacionales y hacia dónde se han redirigido dichas políticas en el marco de la pandemia?

Con la pandemia y la subsecuente crisis económica se priorizó la generación de ingresos a corto plazo a través de las industrias extractivas, orientando la inversión pública a infraestructura gris, hidrocarburos, minería y agroindustria, en desmedro de las NDC. Se ha dejado de lado o no se avanzó en esa transición energética, y no se aprovechó esa oportunidad de acelerar la transición hacia modelos más verdes, más sostenibles y justos. Esta situación se profundiza en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual está afectando los precios de la energía. Desde el Norte global se está invirtiendo en combustibles fósiles para subsanar la ausencia del gas de Rusia en Europa.

Los países de la Unión Europea que tenían sus compromisos muy verdes están realizando inversiones y aprobando normativas que “hagan parecer” que las inversiones son “verdes”. La agenda climática está pasando a un segundo momento de pérdida de fortaleza o de debilitación por la guerra y por el cambio de prioridades en los países del Norte global. Además, se está destinando mucho dinero al armamento, lo que pone en riesgo el financiamiento climático internacional. Los países desarrollados se habían comprometido a movilizar $100 000 millones anuales al 2020 hacia países en desarrollo para mitigación y adaptación. Hasta ahora no lo han cumplido, recién llegaron a $83,5 mil millones. Tampoco hay mecanismos para cubrir los daños y pérdidas de eventos climáticos extremos, como incendios forestales, pérdida de glaciares, sequías prolongadas, inundaciones, entre otros.

¿Ha existido algún cambio en el interés, capacidad de movilización y prioridades de la ciudadanía en las políticas climáticas en la última década?

El último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) nos dice que tenemos hasta el 2025 para llegar al máximo de emisiones y bajar la curva para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y reducir 45 % de emisiones. Es preocupante, y quienes estamos en sociedad civil lo vemos con desesperación. Nos quedan solo tres años para actuar, no son diez como se decía antes. Ha sido bastante frustrante porque en las negociaciones, año tras año, los acuerdos son insuficientes, muy tibios. En 2021, en la Conferencia de las Partes (COP), en Glasgow, por primera vez se incluyó la palabra “combustibles fósiles” en los acuerdos oficiales, cuando sabemos que es el principal factor del cambio climático.

Muchos movimientos de activistas, de manos de la ciencia, han tomado medidas más radicales. Los jóvenes han tenido un rol fundamental a través del movimiento Fridays for Future, ya que exigen justicia intergeneracional y acciones concretas. Eso hace que no sea tan fácil mirar a un lado para los tomadores de decisión, se lo están tomando un poco más en serio —o al menos quisiera creer que es así—. La sociedad civil cumple un rol fundamental movilizando, dando información pública y promoviendo la participación social.

¿Cuáles son las estrategias concretas de activismo por el clima en espacios regionales e internacionales, como la Semana por el Clima o la COP?

Estos espacios, como la Semana del Clima o la COP, son un poco sesgados, la gente hace lo que puede para participar. En Egipto va a ser mucho más difícil llegar por los costos altos; además, el tema cultural y político va a restringir el derecho a la protesta. En cuanto a acción climática y seguimiento a las NDC, funciona hacer alianzas. Por ejemplo, OLAC trabaja de cerca con GFLAC, CAN-LA, WWF y otras redes. En la COP25 en Madrid se delineó una estrategia para incidir mejor en la actualización de los compromisos climáticos. Con la pandemia se ha redirigido el activismo a redes sociales, a través de campañas, pronunciamientos, tuitazos y otros mecanismos, como la Reactivación Transformadora. Había siete iniciativas de reactivación sostenible o pactos eco-sociales en la región para contribuir con propuestas, debates, e insumos técnicos. Nunca es sencillo, pero los gobernantes están escuchando más a la población, incluso, con movilizaciones.

A nivel regional se viene trabajando en el posicionamiento del Acuerdo de Escazú, en el movimiento de daños y pérdidas, y en financiamiento climático. Se ha fortalecido el tema de justicia climática desde todas las perspectivas —de género, intergeneracional, decolonial—. Desde la campaña Reactivación Transformadora hemos tratado de llegar a los tomadores de decisión, invitándolos a espacios de discusión, enviándoles cartas y propuestas. Por ejemplo, yo formo parte de Compromisos por el Clima Bolivia, que incluye setenta organizaciones de sociedad civil; allí hemos logrado que el Gobierno considere nuestra propuesta para la actualización de la NDC. Ese es un cambio de estrategia: no solamente atacar o criticar sino sentarse a la mesa con los gobernantes y tomadores de decisión, e invitar a parlamentarios para incluir leyes o políticas climáticas en el radar. Es un trabajo de hormiga incansable; todavía no se ha perdido esa esperanza, pese a todas las limitaciones.

En relación con el monitoreo y evaluación de los compromisos internacionales, ¿qué roles ha tenido la sociedad civil?

El OLAC1 se conformó con el objetivo principal de hacer un seguimiento a las NDC. En estos casi tres años, venimos trabajando sin financiamiento, con el impulso voluntario de la gente que lo conforma. Actualmente, estamos por publicar el cuarto reporte que actualiza el informe sobre las NDC en diez países de América Latina desde la mirada de la sociedad civil. En este momento no se puede evaluar la implementación porque no hay mucha información, así que hemos priorizado el proceso de actualización de estos compromisos en términos de participación, aumento de la ambición climática y desafíos en un contexto de pandemia. Para ello se incluyen testimonios y casos de estudio, con un énfasis en la justicia climática, el Acuerdo de Escazú y el programa de acción por el empoderamiento climático (ACE), para generar capacidades, sensibilización, preparación y participación pública. Nos estamos articulando con la iniciativa denominada Independent Global Stocktake para hacer un seguimiento a la implementación y a los reportes que se presentarán en 2023. Queremos establecer una metodología para medir avances desde la perspectiva de sociedad civil, no necesariamente con las métricas que establece la Convención.

¿En qué medida la climatización de los temas ambientales hace que el activismo siga desconectado de lo que sucede en el resto de la sociedad?

El activismo ambiental se ha fortalecido por el sentido de urgencia en el discurso climático. Estamos viviendo una crisis de pérdida de biodiversidad, vinculada al cambio climático, que pone en riesgo la vida. Son dos agendas o crisis que están sumamente vinculadas, los temas ambientales son más generales. El tener datos científicos y evidencia que demuestren que tenemos tan poco tiempo para actuar nos da un sentido de urgencia un poco más claro para generar un activismo más efectivo. Sin embargo, vemos con preocupación que se están promoviendo falsas soluciones en el marco de los mercados de carbono y de los instrumentos de mercado. Una responsabilidad desde la sociedad civil organizada es descifrar esas conversaciones técnicas y llevarlas en términos muy sencillos a la población, para que se enteren, sepan, participen y puedan incidir en la toma de decisiones.

Por favor, ¿puedes profundizar un poco más sobre esas “falsas soluciones”?

En mi caso tengo una visión de activista climática, pero a la vez de activista por la justicia económica y social. Entre las “falsas soluciones” están los mercados de carbono, que fueron impulsados en el marco del Protocolo de Kioto, pero sin resultados positivos. No garantiza que se reducirán las emisiones. Las tecnologías para la absorción de carbono tampoco son, necesariamente, la gran solución, pues tienen algunos riesgos, son altamente costosas y profundizan las desigualdades. Las soluciones de mercado o las soluciones tecnológicas amplían las brechas, enriquecen a quienes tienen esas tecnologías o acceso a esos mercados, en desmedro de las poblaciones afectadas, generando más brechas económicas y más injusticia climática. También soy crítica de la “carbononeutralidad,” este es un término establecido en el marco del Acuerdo de París, que permite la compensación entre proyectos, sin impulsar a que se reduzcan las emisiones. Para mí eso no es solución, necesitamos reducir y no necesariamente compensar.

¿Cuáles han sido las prioridades para el financiamiento climático en la región?

En la región no hay mucho avance. Colombia, Chile y Ecuador tienen estrategias de financiamiento climático que pueden sentar las bases de las prioridades nacionales para gestionar financiamiento internacional. Brasil y México son los que más reciben, pero otros países no conocen la oferta de financiamiento climático. Hay recursos disponibles a escala global, pero la región aún no se beneficia, solicita o canaliza esos recursos. Los procesos para acceder a financiamiento climático son difíciles y los países tienen que desarrollar muchas capacidades. El Grupo de Financiamiento Climático (GFLAC) ha desarrollado metodologías y ha tratado de transversalizar el tema climático en el presupuesto para que esté presente en todos los sectores expuestos a los riesgos climáticos o evidenciando oportunidades de mitigación. Pero aún falta el costeo de las NDC: ¿cuánto nos cuestan y de dónde sacamos ese dinero?

Desde la RED Latindadd hemos analizado la calidad y la forma como se canaliza el financiamiento climático. El 71 % del financiamiento climático público llega a nuestros países como préstamos con altos intereses que, en un contexto de pandemia y crisis económica, suma a la insostenibilidad de la deuda. El financiamiento climático no es una reparación de la deuda climática de los países del Norte con los del Sur; en realidad estamos pagando esa deuda climática a través de préstamos.

¿En qué sectores se está trabajando con mayor ambición o nivel de implementación?

El sector energético tiene ese enfoque de transitar hacia las energías renovables. En el sector transporte se promueve el transporte eléctrico y el transporte masivo como soluciones. El sector de medioambiente y conservación tiene más claridad respecto a algunas acciones climáticas. En el sector de agricultura y ganadería se está reconociendo que genera mucho del problema y a la vez se reciben muchos impactos, pero el cambio climático tiene que ser transversalizado en todo. En el sector de infraestructura deberíamos considerar los riesgos climáticos para hacer inversiones que sean más resistentes y resilientes. Por ejemplo, si todos los años la ciudad se inunda o el río crece, se necesita un puente resistente a estos efectos.

Para transversalizar el cambio climático es importante tener buenos mecanismos de coordinación intergubernamental, para poder discutir los proyectos grandes del país, como ocurre en Argentina con el Gabinete de Cambio Climático. Eso permite discutir cómo aportan las inversiones a los compromisos de cambio climático en los diferentes sectores. Además, se requiere una coordinación vertical entre el Gobierno nacional con los Gobiernos subnacionales y locales, incluyendo los mecanismos de articulación con el sector privado, la sociedad civil y la academia. En el marco de la gobernanza climática tenemos que generar mecanismos y desarrollar esos planes y políticas con participación.

¿Cómo se vinculan las prioridades regionales en materia de cambio climático con otras prioridades del desarrollo específicas de América Latina?

La Amazonía es algo que nos caracteriza. Por ejemplo, el Foro Social Panamazónico es una instancia en la que se intercambia sobre las problemáticas de los pueblos indígenas y las comunidades que viven en la Amazonía para promover la conservación y la revalorización de los conocimientos ancestrales; reconociendo la riqueza cultural de los pueblos indígenas que han sido custodios de la naturaleza con prácticas ancestrales que han permitido preservar sin depredar el bosque. También han surgido otras como corrientes de la cosmovisión andina en Ecuador, Bolivia y Colombia, que promueven ciertos patrones alternativos como el vivir bien, el buen vivir o el vivir sabroso. Son nuevos modelos de desarrollo vinculados a la convivencia en armonía con la naturaleza, a la cohesión comunitaria y al vivir sin acumular. Estas ideas se visibilizan en el Pacto Ecosocial desde el Sur, la campaña de Reactivación Transformadora y en el Ecofeminismo con una visión latinoamericana.

¿Cuáles son las prioridades para la COP27?

Previo a la realización de la COP27 en noviembre de 2022 se discutió lo relacionado con el financiamiento climático y se negoció una nueva meta global. También se habló del artículo 6 relativo a los mercados de carbono o los mecanismos para canalizar recursos para combatir el cambio climático. También se discutió sobre la nueva meta de adaptación, porque a diferencia de los temas de mitigación no hay una meta. Se está trabajando en transparencia con miras al Global Stocktake y en la perspectiva de género de manera transversal. Desde la sociedad civil queremos compartir los resultados del análisis de las NDC, cómo va la ambición en la región y cómo avanzar en la implementación. También estamos organizando eventos sobre ACE, el programa de acción de empoderamiento climático. El Hub de Justicia Climática también ha tenido mucha fuerza para debatir cómo transitamos hacia economías más justas, cómo hacemos esta transición más justa.

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