Tecnologías en las políticas públicas sociales en América Latina

Technologies in social public policies
in Latin America

Xavier Barragán Martínez

Docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador

Correo electrónico: xavier.barragan@iaen.edu.ec

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2671-6555

Rafael Martínez Puón

Director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública, México

Correo electrónico: rmartinez@inap.org.mx

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0710-4534

El reto nada infrecuente de cualquier ejercicio de gobierno es el fortalecimiento de las políticas sociales que signifiquen bienestar, equidad, acceso a servicios, en especial para grupos vulnerados. Las nuevas tecnologías son una herramienta que permitiría al Estado lograr tales fines, brindar información eficiente y eficaz, agilizar los trámites, optimizar la gestión pública, mayor coordinación, sistematización y focalización de los programas y, además, otorgar valor público a la gestión.

El décimoquinto dosier de Estado & comunes invita a repensar de qué manera las herramientas tecnológicas han incidido o podrían incidir en las políticas públicas de protección social en América Latina. Además, pretende analizar la injerencia de las tecnologías en la búsqueda de tales objetivos y los avances institucionales en materia de desarrollo social, sostenible, inclusivo y con igualdad para todas las personas.

Este volumen publica cuatro artículos de la sección de Tema central, tres de la sección de Coyuntura y una entrevista en la que se aborda cómo las Administraciones públicas aprovechan las TIC para su gestión. Los artículos publicados pueden convertirse en un insumo para impulsar la transformación digital de la función pública, el diseño, implementación y control de políticas públicas sociales basadas en la tecnología.

En términos generales, los autores señalan cómo las tecnologías contemporáneas permiten al Estado brindar información eficiente y eficaz, agilizar la asistencia gubernamental en línea y mejorar la protección de datos personales, lo que optimiza la gestión pública, ya que permite una mayor coordinación, sistematización y focalización de los programas de protección social. No se requiere automatizar la Administración pública, sino disponer de instrumentos tecnológicos y de experiencias que permitan replicar soluciones de manera profesional y mejorar, más allá de los resultados inmediatos, la calidad de vida de las personas.

Es necesario analizar las prioridades y necesidades que en materia de gestión pública les permiten a las instituciones proveer productos y servicios a la ciudadanía y optimizar la gestión de tales procesos mediante soluciones tecnológicas. Hacia esto apunta el artículo de René Peña, quien presenta de manera práctica, y mediante el uso de una encuesta digital, la evaluación del cumplimiento de la norma de administración estratégica establecida en las Normas de Control Interno expedida por la Contraloría General del Estado (CGE), aplicada en los procesos que lleva a cabo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Ecuador (CEE). El autor considera que es necesario que el CEE implemente soluciones tecnológicas en su gestión a fin de salvaguardar la información y posibles pérdidas de los medios físicos.

Por su parte Alejandro Mariatti analiza las transformaciones de la política socioasistencial en Uruguay y centra su atención en la génesis y reconfiguración de las asignaciones familiares desde 1943 y hasta inicios del siglo xxi, cuando dicha política fue modificada en el marco de la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el primer Gobierno del Frente Amplio. Señala que dicha política fue perfilada mediante la incorporación de un instrumento tecnológico y base de datos denominada Índice de Carencias Críticas, la cual modificó sus principios originales y “despolitizó” la pobreza.

El tercer artículo es desarrollado por Guido Moncayo, Laura Ortiz e Isabel Rodríguez, quienes abordan de qué manera se llevó a cabo la implementación y cuál fue el alcance de la edición regional del Barómetro de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe del año 2020. Mediante entrevistas semiestructuradas dirigidas a los consultores responsables de Chile, Colombia, Perú y Ecuador, los autores logran sintetizar los principales hallazgos en materia de preparación, implementación e impacto. Concluyen que el Barómetro, que es un insumo para la toma de decisiones públicas, debe tener en cuenta el contexto propio de cada país, conseguir nuevas fuentes de financiación y seguirse construyendo sobre la base de un equipo con alta capacidad técnica, multidisciplinar, colaborativo y con perspectiva de género.

Cierra la sección de Tema central el artículo escrito por Luis Ordóñez, Liliana Correa y Andrea Correa, quienes exponen cómo las políticas públicas en el marco de la protección de datos personales en Ecuador avanzan conforme lo hace la tecnología y la globalización. Manifiestan los autores que las políticas públicas deben encaminarse a la efectiva prevención y concienciación sobre el correcto uso y tratamiento de datos, con el fin de reorientar y difundir una cultura de seguridad y respeto sobre el derecho a la protección de datos. Frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19, la garantía de este derecho advierte la necesidad de contar con políticas que hagan efectivos los derechos de las personas sobre la base de la dignidad humana y de los riesgos que implica compartir información sensible, sin el consentimiento del titular.

Por último, compartimos con ustedes la entrevista realizada al Dr. J. Ignacio Criado, docente de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ofrece un panorama amplio sobre la consolidación de la digitalización y las tecnologías en las Administraciones públicas y las relaciones desiguales y las brechas digitales que se generan en los trámites administrativos y en la prestación de servicios públicos. En este diálogo con uno de los coordinadores de la revista, el Dr. Criado propone que la gobernanza algorítmica y el procesamiento de datos e información ciudadana por parte de las grandes empresas tecnológicas serán los nuevos paradigmas de la gestión pública.

En la lectura de los artículos que conforman el presente número se muestra una reflexión académica y profunda respecto a cómo las políticas públicas son tanto llanos instrumentos para ejecutar planes como también nudos de negociación y de disputa. Las políticas públicas pueden ser vulnerables si las estructuras del Estado no están preparadas para situaciones emergentes, como una crisis sanitaria global. Junto con la disponibilidad de información debe tomarse en cuenta si los datos existentes permitirán formular políticas públicas de manera efectiva y eficiente; aparte de los agentes y los mecanismos de determinadas líneas de acción.

Desde la coordinación académica de esta edición, es pertinente expresar la estima y consideración a quienes integran la Dirección Editorial del IAEN y a las personas evaluadoras. De igual manera, este reconocimiento es extensivo a las y los autores por el aporte académico al debate de la modernización del Estado con base a la trasformación digital y los retos que esta representa. Es nuestro deseo que quienes accedan a este número reflexionen sobre los contenidos y sobre la forma en la que las políticas públicas en las TIC pueden alentar al desarrollo social en nuestra región.