Transformación del Estado y retos para la función administrativa

Transformation of the State and challenges for the administrative function

María José Narváez Álvarez

Profesora de la Escuela de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador

Correo electrónico: narvaezmariajose@gmail.com

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0016-2870

José Rafael Belandria García

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España

Correo electrónico: joserbelandria@gmail.com

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1526-2420

El presente número de la revista Estado & comunes propuso una reflexión sobre el funcionamiento de la Administración pública. Para ello, se invitó a especialistas del derecho, administradores de justicia, funcionarios públicos e investigadores académicos a examinar el ejercicio de la función administrativa de los Estados mediante el dosier titulado “Transformación del Estado y retos para la función administrativa”.

Los artículos seleccionados que se acotan a continuación sugieren propuestas o alternativas que dilucidan aspectos pertinentes acaecidos durante la última década en la región latinoamericana, en la cual se han generado transformaciones institucionales como resultado de diferentes causales, entre otras: procesos de interrelación económica, jurídica, innovación tecnológica sobre información y comunicación; y que en los diversos Estados se expresan en grados preocupantes que ameritan la adopción de medidas que apunten a superar obstáculos jurídicos complejos, como la judicialización de los actos administrativos, la crisis del principio de legalidad y los principios generales del derecho administrativo como fuente de derecho. Además de otros aspectos vinculados con la capacidad del Estado para satisfacer las demandas derivadas de los derechos sociales y la tecnologización de la función administrativa.

En este número se publican seis artículos de la sección de Tema central y una entrevista de la siguiente manera: Andrés Moreta y Juan Francisco Cárdenas abordan la judicialización de los actos administrativos viciados de nulidad absoluta, cuya impugnación en el ámbito jurisdiccional puede ejercerse tanto en la vía constitucional, mediante la acción de protección por violaciones a los derechos constitucionales, como en la vía ordinaria contencioso-administrativa por medio de la acción subjetiva o de plena jurisdicción. Esto procura el control de legalidad de los actos administrativos. Los autores resaltan que la línea jurisprudencial que promueve que la interposición de la acción de protección no interrumpe la caducidad de la acción subjetiva ante la justicia ordinaria configura violación al derecho a la tutela judicial efectiva de las personas ciudadanas.

Ricardo Andrade, por su parte, describe los principios que nacen en el seno de la teoría general del derecho administrativo pero que no se encuentran recogidos en los ordenamientos jurídicos nacionales ni internacionales. No obstante, el autor promueve la incorporación de los mismos al ejercicio de la función administrativa, como una de las fuentes de derecho previstas en el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo de Ecuador.

En la línea de la garantía de los derechos sociales, María Laura Vecinday y Yoana Carballo realizan un recorrido por las políticas socioasistenciales y los programas de transferencia de rentas en América Latina desde la década de 1990, como antesala de los retos que han afrontado los Gobiernos de la región para el combate a la pobreza, en un escenario de transformaciones institucionales y tecnológicas para el ejercicio de la función administrativa. Las autoras concluyen que la evolución hacia el Estado social digital y la inclusión de las tecnologías en los procesos de gestión de la política asistencial promoverían la provisión de bienestar a un mayor número de personas que, en efecto, requieren del apoyo estatal y que a la vez dotaría de transparencia a los resultados de dichos procesos.

Bajo la perspectiva de los derechos sociales, Lenin Andara y Angello Peña retoman la tesis que en el año 2000 promovieran Sunstein y Holmes sobre el costo de los derechos de libertad. En esta ocasión los autores lo hacen desde el enfoque de los derechos sociales emplazados en los Estados sociales y constitucionales. En este artículo se analiza la insuficiencia de la constitucionalización de los derechos sociales como instrumento de concreción de los mismos en el momento en que los Estados no cuentan con disponibilidad presupuestaria para su satisfacción.

Desde una perspectiva filosófico-jurídica, Jonás Aponte cuestiona la flexibilidad que el neoconstitucionalismo latinoamericano ha introducido al principio de legalidad que rige en el Estado de derecho y cuyo resultado es, según el autor, la pérdida de la seguridad jurídica que dota de predictibilidad a los efectos de las relaciones jurídicas y las decisiones que emanan de la Administración pública. Sin embargo, Aponte observa la teoría de Alejandro Nieto, quien preconiza la desconfianza hacia la ley y la legalidad, y encuentra en ella algunos puntos relacionados con la garantía de los derechos sociales que ameritan continuar el debate para robustecer el principio de legalidad, lejos de promover su reducción en el mundo jurídico.

Cierra esta sección el artículo de Xavier Barragán, quien observa los nuevos escenarios en los que el Estado ecuatoriano ha entrado en acción a partir de la pandemia del covid-19 y marcados por la globalización, la tecnología, el internet y la demanda de nuevos servicios públicos. Barragán aboga por la implementación del modelo de Gobierno abierto y las mejores prácticas devenidas de la gestión privada, que, sumadas a las innovaciones tecnológicas y la participación ciudadana, coadyuvan a desarrollar la democratización de la gestión pública con resultados más satisfactorios para la atención de las necesidades sociales.

En la entrevista al profesor Luis Martín Rebollo, realizada por uno de los coordinadores de la revista, se destaca que los cambios que se han producido en las Administraciones públicas y en su actividad han dependido, en algunos casos, de las peculiaridades sociales y políticas de cada país y de su evolución histórica. Pero otros han sido más o menos comunes en la medida en que se deben a fenómenos tales como la globalización, la generalización de valores democráticos más o menos homogéneos, la irrupción de las nuevas tecnologías y otras cuestiones de similar sentido.

Refiriéndose a la hipernormatividad de los Estados latinoamericanos, el entrevistado enfatiza que no por muchas leyes que se aprueben mejora la sociedad. De igual manera reitera que si la norma complica la gestión y la hace menos eficaz, y si hay un exceso de leyes, se pueden producir con facilidad interpretaciones contradictorias que generan imprevisibilidad, es decir, inseguridad jurídica, que es uno de los males que puede producir el derecho. Como se puede apreciar, el profesor Rebollo insta a debatir una temática que ha sido y sigue siendo de trascendental importancia en el campo del derecho administrativo.

Por último, de la lectura de los textos que conforman el dosier, se evidencia un diálogo académico que profundiza el problema del Estado desde perspectivas teóricas y metodológicas múltiples. Esta pluralidad nos lleva a comprender la complejidad que reviste el ejercicio de la función administrativa, e incluso, legislativa y judicial.

Desde la coordinación académica de este dosier expresamos el reconocimiento a los miembros del Equipo Editorial, evaluadores y demás personas que han hecho posible la publicación del presente número. En igual forma, extendemos el agradecimiento a las personas autoras por su aporte intelectual, significativo para el debate sobre la transformación del Estado y los retos para la función administrativa. Aspiramos que quienes lean este dosier puedan enriquecerse de los contenidos expuestos y, a la vez, retroalimentar con sus valiosos criterios en función de continuar optimizando este esfuerzo institucional.